Por Justicia Ambiental y Social

Agroecología semillas

Presentación oficial del Plan Nacional de Agroecología en Uruguay

El 5 de mayo se presentó en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento el Plan Nacional de Agroecología (PNA), con una convocatoria abierta a organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y la sociedad en general.

La antesala fue preparada con una gran diversidad de verduras, frutas y semillas cultivadas por productoras/es de algunas de las organizaciones sociales integrantes de la Comisión Honoraria del PNA, que estuvo a cargo de llenar de contenido la ley 19717 aprobada a fines de 2018 (incluyendo la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y la Red de Agroecología del Uruguay). También se realizó una intervención para denunciar la “muerte” del Sistema Participativo de Garantías (SPG), única experiencia participativa de certificación ecológica en la historia de nuestro país, que funcionó durante 25 años con respaldo de consumidoras/es y reconocimiento del Estado, y que el año pasado fue suspendida por el gobierno nacional. Además se mostraron videos informativos acerca de la construcción del PNA y de diferentes prácticas agroecológicas que se desarrollan hoy por hoy en Uruguay.

El panel de oradoras/es de la presentación del PNA en el Parlamento estuvo conformado por representantes de la órbita gubernamental, a través de las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes y el Senado, y los ministerios de Ambiente y de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). También participaron integrantes de la Comisión Honoraria por parte de las organizaciones sociales, la UdelaR y el presidente de la Comisión, Eduardo Blasina.

En la oratoria, la delegada de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Irina Aldabe, hizo referencia a los conceptos fundamentales del PNA presentes en el Artículo Nº 1, como el de “Soberanía Alimentaria”, “definida como el derecho de los pueblos a elegir las políticas y estrategias sustentables respecto a la producción, distribución y consumo de alimentos saludables y justos”.

Irina resaltó a la producción familiar como sujeto beneficiario del PNA. Por otro lado, reivindicó tres ejes transversales a todo el PNA: la conservación de los bienes naturales y ecosistemas; la perspectiva de género y generacional, partiendo del reconocimiento de las desigualdades presentes en el medio rural y la importancia del relevo generacional, así como el proceso civilizatorio mundial de Vuelta al Campo; y finalmente, el financiamiento. Al respecto, la productora familiar denunció que el presupuesto adjudicado al PNA es de apenas 1,5 millones de pesos uruguayos anuales, lo cual resulta obviamente insuficiente para una política territorial de tal magnitud. A lo que agregó: “esperamos que pueda verse reflejada la unanimidad que se mostró en esta casa al votar la declaración de interés general hacia la Agroecología”.

Por su parte, Natalia Bajsa, delegada de la Red de Agroecología del Uruguay, profundizó en la denuncia sobre la situación actual del SPG, luego de que la certificadora participativa ACAEU fuera inhabilitada el año pasado por parte del MGAP. La activista expresó que los Sistemas Participativos de Garantía son promovidos por el PNA como “forma accesible que permite el intercambio de saberes y la generación de vínculos, a diferencia de cuando lo hace una empresa certificadora”, y que “en esta situación lo escrito en el PNA no coincide con las políticas recientes”.

Cabe destacar también las menciones del delegado por parte de la UdelaR, Rafael Vidal, en referencia a la vasta trayectoria en Uruguay respecto a la investigación en Agroecología, llevada adelante tanto por la UdelaR como por organizaciones sociales. Resultado de la cual existen los indicadores suficientes para evaluar la situación de base para la agroecología. Por eso, Vidal expresó que «no precisamos buscar soluciones afuera sino hacer un viaje al interior del acumulado de nuestros conocimientos».

Luego de casi tres años de intenso trabajo en que la Comisión Honoraria del PNA elaboró la política, sumado al esfuerzo de más de cien personas que participaron del proceso en los grupos de trabajo, y de quienes aportaron a su construcción a través de las organizaciones sociales, es tiempo de rememorar los orígenes y premisas que movilizaron esta iniciativa popular.

Una reseña justa y necesaria

Alrededor de 2010, algunas organizaciones sociales comenzaron a proponer la pertinencia de una política pública en agroecología que fuera más allá de proyectos puntuales existentes y experiencias en algunas intendencias como la de Treinta y Tres, Canelones y Montevideo. Con esa meta, consiguieron que se contemplara un Plan Nacional para la promoción de la agroecología y la agricultura orgánica en el plan de gobierno del Frente Amplio para las elecciones de 2014.

Luego, en instancias con amplia participación de las bases, como fue la 6ta Fiesta Nacional de la Semilla Criolla, celebrada en 2015 en Guichón, Paysandú, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas comenzó a construir colectivamente el contenido para el proyecto de Ley. La intención principal fue plasmar caminos para garantizar el derecho a una alimentación saludable para el conjunto de la población uruguaya, a través de condiciones justas para las/os agricultoras/es familiares, responsables en gran parte de la producción de alimentos en nuestro país. A su vez, la idea fue promover la defensa de la tierra y el territorio, las semillas, la biodiversidad y el agua.

Desde entonces la Red de Semillas visualizó la necesidad de ampliar el trabajo junto a otras organizaciones, por lo que convocó a la Red de Agroecología del Uruguay y a la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) para avanzar en conjunto. También se intercambió con el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA) y el Movimiento Sin Tierra (MST) para aprender de la experiencia de Brasil.

El año 2015 estuvo repleto de actividades, encuentros, foros y conferencias, en las que se le dio difusión a la propuesta de Ley. Mientras tanto, se lanzó una campaña de recolección de firmas de apoyo a la propuesta, que logró juntar más de 4.000, que se presentaron junto a una carta al entonces presidente Tabaré Vázquez.

Durante los años siguientes se siguió alimentando el contenido a nivel de las bases al interior de cada una de las organizaciones, apropiándose del proceso, con elaboración de documentos y lineamientos, ideas, propuestas y soluciones en cada diálogo, visita, taller o encuentro. Emergió además la necesidad de mantener una perspectiva de igualdad para mujeres y jóvenes, especialmente en lo que refiere al acceso a la tierra y a los medios de producción. Y la premisa primordial fue siempre la soberanía alimentaria, la conservación de las semillas nativas y criollas en manos de las/os productoras/es familiares, y así generar las condiciones para asegurar el derecho a la tierra y protegerse de la contaminación transgénica.

Consideramos fundamental el rol de las semillas criollas en la adaptación a la crisis del clima y para la defensa del territorio. Reivindicamos su valor simbólico, cultural, alimentario y productivo, y especialmente el valor social de quienes las protegieron a través del trabajo en sus predios y en conjunto con las organizaciones y redes sociales. Asimismo, se puso énfasis en el papel de las mujeres como productoras de alimentos y en la construcción de la soberanía alimentaria.

Otras propuestas que surgieron en el proceso de creación de la Ley para el PNA como herramientas fundamentales fueron: apoyar el desarrollo de mercados locales y de cercanía, así como el protagonismo de las/os productoras/es en las compras directas por parte del Estado; abordar la agroecología en todos los niveles educativos, incorporándola en la formación técnica, social, agronómica y veterinaria; mejorar las condiciones para desarrollar una investigación científica comprometida, interdisciplinaria y participativa, así como el desarrollo a nivel local de insumos biológicos y maquinaria adaptada; y fortalecer a las organizaciones sociales que trabajan en agroecología, entre otras.

Piedras en el camino

La elaboración del texto en términos legales fue desarrollada por integrantes de la bancada del Frente Amplio en diálogo con las organizaciones. Se hizo un recorrido de diálogo a nivel institucional y parlamentario. Se presentó el texto ante diputados de todas las bancadas, las Comisiones de Presupuesto y Ganadería de Diputados y Senadores, la Agencia de Desarrollo Rural de Canelones, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y la Dirección General de Desarrollo Rural y la Dirección General de la Granja del MGAP.

El proyecto de Ley enunció: “Declárase de interés nacional la promoción y desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica -tanto en estado natural como elaborado-, con el objetivo de fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente, generando beneficios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la República”. Además, el texto sentenció: “Serán sujeto principal de estos sistemas de producción con bases agroecológicas los productores familiares agropecuarios, así como los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana”. Este es el corazón del PNA, según las organizaciones sociales que lo promovieron, y esta redacción se mantuvo en el texto aprobado en 2018.

Con esa aprobación (Ley de Agroecología, N° 19.717), se creó la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, cuyo cometido consistió en “elaborar, coordinar la implementación y monitorear la ejecución del plan para la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica”.

Sin embargo, el proceso fue lento. En setiembre de 2019 comenzó a sesionar esa Comisión Honoraria del PNA y transcurrieron seis meses de ardua labor en sesiones quincenales y grupos de trabajo, con el objetivo de llegar con un Plan elaborado para la discusión de la Ley de Presupuesto. Con el cambio de gobierno, el proceso se vio congelado por seis meses, tiempo en que las organizaciones sociales continuaron trabajando y reuniéndose con autoridades para que se reactivara el funcionamiento, hasta que el MGAP designó como presidente al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, también asesor del ministro y director de la consultora en agronegocios Blasina y Asociados.

En febrero de 2020, la Comisión Honoraria había logrado presentar públicamente el documento preliminar del PNA y fue considerado como no “laico” por Blasina, debido a que cuestionaba al modelo agroindustrial y evidenciaba las problemáticas socioambientales que genera. Estas declaraciones dejaron en claro el nuevo panorama al que se enfrentaba el Plan: sucesivos intentos desde el oficialismo por sustituir al sujeto principal de la Ley, la producción familiar, para poner el foco en el sistema agroexportador. Una secuencia interminable de hechos, desfinanciamiento e intentos de vaciamiento fueron dando forma a un camino lleno de peripecias hasta su publicación definitiva el 5 de mayo pasado, con un texto consensuado por todas las partes.

Sin embargo, en las bases, los talleres, las conversaciones, debates nunca se interrumpieron. Hoy esta nueva presentación es un hito más en este tejido de múltiples caras. Por su parte, las organizaciones sociales reafirman su compromiso de dar continuidad y fortalecer los procesos colectivos de construcción de la soberanía alimentaria y la agroecología, así como la defensa del derecho a la tierra, el territorio y las semillas.