Por Justicia Ambiental y Social

La denuncia de la Cumbre de la ONU sobre Sistemas Alimentarios y la resistencia a los retrocesos del gobierno multicolor en las políticas rurales

Cumbre ONU

Luchas globales, luchas nacionales: el correlato criollo de la nueva avanzada global del agronegocio

Este 23 de septiembre se realizará en Nueva York la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas (ONU), fruto de un acuerdo firmado con el Foro Económico Mundial (FEM), que con el discurso de atender las crisis climática y del hambre, promueve una gobernanza global liderada por las empresas transnacionales y paquetes tecnológicos funcionales al agronegocio y a su estrategia de cooptación de la agroecología.

Por su parte, el gobierno de Uruguay está recorriendo un camino que en lugar de avanzar hacia la soberanía alimentaria, ha llevado al estancamiento del Plan Nacional de Agroecología (PNA), nacido de la Ley 19.717 de diciembre de 2018, impulsada por las organizaciones sociales. Pero además, existen otras iniciativas gubernamentales que amenazan la producción familiar de alimentos y a las organizaciones sociales del sector, como las políticas que atentan contra el Instituto Nacional de Colonización (INC), la casi nula existencia de políticas diferenciales para la producción familiar y los recientes cambios en la certificación de la producción orgánica a partir de la notificación a la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) de la suspensión de su Sistema Participativo de Garantías.

Lo cierto es que hoy asistimos a nivel global a una gigantesca disputa política y de sentido sobre qué es la agroecología y cuáles son las soluciones verdaderas a las múltiples crisis sistémicas socio-ambientales, que tiene su correlato nacional. A nivel mundial, movimientos y organizaciones sociales que desde hace 25 años construyen y defienden la soberanía alimentaria se enfrentan a las transnacionales del agronegocio, instituciones intergubernamentales y otros aliados políticos promotores de un sistema de producción de commodities agropecuarios organizado para generar lucro y beneficiar empresas, no para alimentar a los pueblos.

En Uruguay, aún vivimos los ecos de las movilizaciones que la semana pasada se realizaron en varias partes del país en defensa del INC, y que tuvieron su punto más alto en la marcha a caballo y la participación multitudinaria de trabajadores/as del campo y la ciudad que el 15 de septiembre llegaron frente al Palacio Legislativo, en el marco del paro general convocado por el PIT-CNT.

Las organizaciones de la agricultura familiar, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), los grupos de colonos y aspirantes a tierras de diversas partes del país, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la RAU, entre otros actores, exigen detener la política de debilitamiento o desmantelamiento del INC, que ha demostrado ser una herramienta fundamental para el desarrollo de sistemas alimentarios agroecológicos y justos, así como la implementación del PNA en consonancia con el espíritu y el texto de la Ley 19.717.

La Cumbre de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios es una farsa”

Centenas de organizaciones y movimientos sociales de los cinco continentes cuestionan y manifiesta su oposición a la instancia de este jueves. “La Cumbre de la (ONU) sobre los Sistemas Alimentarios es una farsa”, dijo a Radio Mundo Real la co-coordinadora del Programa de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional (ATI), Kirtana Chandrasekaran.

Ya en marzo de 2020 casi 550 organizaciones expresaron sus preocupaciones sobre los planes de la Cumbre de ONU en una carta enviada al Secretario General del organismo, António Guterres. En julio de 2021, esas organizaciones emitieron un comunicado de prensa en el que alertaron que la Cumbre de ONU “en realidad facilita una mayor concentración empresarial, fomenta cadenas de valor globalizadas insostenibles y promueve la influencia de la agricultura industrial en las instituciones públicas”. Entre las falsas soluciones promovidas por los organizadores de la Cumbre, destacaron: las soluciones “positivas para la naturaleza”, planes voluntarios de sostenibilidad empresarial, los transgénicos y la biotecnología, y la intensificación sostenible de la agricultura.

En el marco de la Cumbre, la agroecología es una de las muchas “soluciones transformadoras” y queda reducida a una estrategia de innovación técnica que deberá coexistir con la agricultura de precisión, el Big Data, la biotecnología, la inteligencia artificial y otras falsas soluciones funcionales al agronegocio.

Así, no se abordan las injusticias estructurales como el acaparamiento de tierras, territorios y recursos, y la pérdida de biodiversidad, y se coopta el debate sobre cómo transformar los sistemas alimentarios y cuáles serán los sujetos socioeconómicos y políticos claves para dicha transformación

Además, las centenas de organizaciones sociales de los cinco continentes que rechazan la Cumbre de ONU, la consideran una pieza clave en el avance de las empresas trasnacionales hacia la privatización del sistema multilateral de gobernanza global, en favor de un régimen de múltiples partes interesadas (“multistakeholderismo”), que debilita el papel de los Estados en la toma de decisiones a nivel mundial y las políticas públicas.

Cumbre ONU

Los retrocesos en Uruguay

La cooptación de la agroecología en ONU y su correlato uruguayo: el empantanamiento del PNA

No debe haber mejor forma de explicar este punto que citar las declaraciones brindadas a La Diaria en junio por el presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (CHPNA), Eduardo Blasina, nombrado por el gobierno de la coalición multicolor. “Un plan de agroecología no puede discriminar a los exportadores, no puede hablar del neoliberalismo”, dijo, y agregó que el PNA presentado en 2020 por la CHPNA no era “laico” y que debía “centrarse en el agro”, en la “ecología” y en cómo “lograr una producción mejor”.

En abril de este año Blasina informó a la CHPNA (integrada por organizaciones sociales, la academia e instituciones de gobierno) que no estaba de acuerdo con varios puntos del documento preliminar del PNA presentado por la Comisión en febrero de 2020 y que recomendaría al Ministro que no los avalara si no se atendían sus objeciones.

Según información de La Diaria, Blasina cuestionó el apartado de análisis de antecedentes y fundamentos, ya que consideró que responde a una lógica de enfrentamiento que no comparte. Discrepó, entre otras cosas, con la visión que prima en el plan sobre las exportaciones del sector agropecuario, ya que se señalaba que se han basado en un “número reducido de productos primarios, con predominio del capital financiero y la promoción de empresas transnacionales”. La gran mayoría de los puntos presentados por Blasina fueron rechazados por las distintas comisiones de trabajo de la CHPNA.

En junio, el licenciado en Bioquímica Pablo Galeano, integrante de REDES-AT y que participa en representación de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas en la Comisión de Síntesis designada por la CHPNA, consideró en entrevista con La Diaria que la agroecología hace un “cuestionamiento al sistema agroalimentario dominante”. Eso implica naturalmente una crítica al sector agroexportador controlado por las transnacionales. “Se está dando un proceso de cooptación del concepto de agroecología, confundiéndolo con otros como la agricultura inteligente, agricultura sostenible, etc. Es ponerle enmiendas al sistema de agricultura industrial para que sea ambientalmente más sostenible. La agroecología no plantea eso”, añadió Galeano.

De hecho, para el movimiento mundial por soberanía alimentaria, la agroecología es una ciencia, una práctica y un movimiento, que exige desafiar y transformar las estructuras de poder en la sociedad.

En otra muestra de desconocimiento del papel de la CHPNA, en diciembre pasado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) le pidió a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) que realizara un convenio con un instituto de investigación privado para trabajar en la implementación del PNA, sin consulta ni previo aviso a la CHPNA.

El trabajo de Blasina y sus operaciones políticas erosionaron la confianza y el funcionamiento de la Comisión. Además, las organizaciones habían presentado un presupuesto anual a la CHPNA de 15 millones de dólares para desarrollar el PNA, lo que incluía redireccionar y priorizar el uso de recursos ya existentes. Sin embargo, el gobierno destinó 2 millones de pesos anuales en la ley de presupuesto.

En junio la RAU y la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas concurrieron a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados a dar sus versiones sobre el estado del PNA. En este contexto de dificultades para avanzar, la CHPNA acordó la creación de una Comisión de Síntesis (con tres representantes de las organizaciones sociales y tres por la institucionalidad), que está haciendo una actualización del Plan en función de los aportes más recientes y enviará el documento a la CHPNA para decidir cómo seguir.

En los hechos, lo que ocurre es que hay un PNA empantanado, y por lo tanto existe el temor de que no avance de la forma esperada. Lamentablemente, el gobierno está poniendo en riesgo el PNA con su intento de cooptación del sentido de la agroecología, y de esa forma comprometiendo el espíritu de la norma legal que lo creó y por la que tanto lucharon varias organizaciones sociales del país.

El desmantelamiento del INC

En defensa de la tierra y del INC, varios sindicatos y organizaciones sociales uruguayas vinculadas a la lucha por la tierra realizaron varias actividades y movilizaciones del 10 al 18 de septiembre, en Melo, Guichón, Montevideo y Bella Unión. Se destacó la participación del PIT-CNT, la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO), la UNATRA, los grupos de colonos y aspirantes a tierras de todo el país, Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.

¿El motivo? La amenaza de desmantelamiento del INC por el gobierno de Luis Lacalle Pou. La Ley de Urgente Consideración (LUC) del oficialismo sacó miles de hectáreas de tierra de la órbita del Instituto y modificó las obligaciones de los colonos, que ya no tendrán que vivir en los predios, lo cual llevará a un cambio de las y los sujetos que tienen derecho a acceder a tierras del INC, beneficiando a sectores empresariales.

Además, en junio de este año el gobierno anunció que los fondos que el INC tiene para la compra de tierras serían destinados para la regularización de asentamientos urbanos. Al respecto la UNATRA expresó en un comunicado: “se pretende convertir una política social justa en una guerra por migajas entre pobres de la ciudad que no tienen techo contra pobres del campo que no tienen tierra para trabajar”.

La lucha por el acceso a la tierra hoy pasa por la defensa del INC, que es una herramienta política fundamental para posibilitar un acceso equitativo a la tierra a productores/as y trabajadores/as del campo y la ciudad, que permita así avanzar en la implementación de proyectos productivos en el marco de la soberanía alimentaria y la agroecología.

Como dice la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, “las experiencias que hoy se desarrollan en tierras públicas significan un proceso de transformación material de las condiciones de vida de cientos de familias, y representan un aporte fundamental para la construcción de un proyecto territorial de soberanía alimentaria”.

La suspensión de la certificación de producción orgánica a la RAU

El 14 julio el gobierno le anunció a la RAU que suspendían completamente las actividades de su sistema de certificación participativa ACAEU-RAU (Asociación Certificadora de la Agricultura Ecológica del Uruguay – Red de Agroecología del Uruguay). La RAU lanzó en respuesta una campaña para defender su trabajo.

Su sistema tenía varios años funcionando bien y era el único medio de certificación en Uruguay, enmarcado en un registro creado por la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) en el que se inscribió la RAU, y que como figura jurídica tuvo el nombre de ACAEU-RAU. La certificación de la RAU se basa en un Sistema Participativo de Garantías. Este tipo de sistemas están reconocidos internacionalmente por IFOAM (Organics International), institución de referencia en certificación orgánica a nivel mundial, que mediante una misiva a las autoridades uruguayas respaldó el sistema de certificación de la RAU.

Según Sudestada, el MGAP informó a fines de julio que en adelante se aplicará a los sistemas de producción orgánica que se comercializan en el país las normas del Reglamento de la Comunidad Europea (CE Nº 834/2007). Se convocó a las entidades certificadoras a postularse para obtener su inscripción en el registro oficial y, transitoriamente, la DGSA otorgará las certificaciones, mientras no haya entidades habilitadas.

A modo de cierre

Varias políticas y definiciones del gobierno multicolor atentan contra el derecho a la tierra, la producción familiar de alimentos, la soberanía alimentaria, la agroecología y la participación real de las organizaciones sociales en las definiciones sobre qué modelo de desarrollo rural queremos para el país.

El empantanamiento del PNA, el debilitamiento del INC y la suspensión de la certificación participativa de la RAU, afianzarán al agronegocio en el control de la tierra y de las definiciones sobre qué se produce, cómo y de qué forma se comercializa. Mientras, además, el agronegocio y sus defensores políticos se apoderan de los espacios multilaterales de toma de decisiones globales sobre la alimentación e intentan cooptar la agroecología y el debate sobre cuáles son las políticas públicas y los sujetos políticos que deben protagonizar la necesaria transformación de los sistemas alimentarios.

REDES – AT se suma a las voces que denuncian a nivel nacional este debilitamiento de la agroecología y la producción familiar, que pone en riesgo a la soberanía alimentaria. Mientras, a nivel internacional, seguiremos unidos/as a las organizaciones de campesinos/as, Pueblos Indígenas, personas sin tierra, mujeres, trabajadores/as rurales, pescadores/as artesanales, pastores/as y consumidores/as, entre otros, en la construcción de alternativas reales para combatir el hambre y las crisis climática y de la biodiversidad a nivel mundial. Como siempre, lo haremos en el marco de nuestras luchas por justicia ambiental, social, económica y de género, y de la mano de la soberanía alimentaria y la agroecología.