Seminario: Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales (parte 1)

Muchas veces el Estado ve la participación como algo que hay que dinamitar para poder privatizar. “Eso es lo que vimos con el proyecto Neptuno en el anterior gobierno. El estado mintió, desinformó, manipuló y dejó afuera de todos los espacios a la sociedad civil”, advirtió el director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Marcel Achkar.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay realizó un seminario titulado “Derecho al Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales”, el 28 de agosto en la Sala E del Espacio Colabora.

El objetivo fue reafirmar la importancia de los postulados del Convenio de Escazú, que contempla esos derechos y que Uruguay ratificó en 2019, y socializar las iniciativas regionales de políticas públicas y legislativas vinculantes para hacer justicia frente a las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales.

En un año en que se inauguró un nuevo gobierno, REDES – AT buscó contribuir al debate sobre cómo garantizar estos derechos fundamentales. Hubo tres mesas con numerosos/as expositores/as.

Principios y desafíos

Karin Nansen, coordinadora de REDES – AT, abrió la actividad destacando la importancia de informar sobre los derechos que tienen que ver con la justicia ambiental y las políticas públicas vinculadas a la salud de nuestros territorios y a garantizar los derechos.

“Es importante destacar que el acceso a la información, la participación y la justicia son derechos. Sino son unos pocos actores los que definen qué pasa con la gestión de los territorios”, manifestó Nansen.

En tanto, su compañera de REDES, María Selva Ortiz, recordó que Uruguay tiene una historia muy rica de herramientas ambientales, pero que hay dificultades para ponerlas en práctica.

Ortiz enfatizó que el Acuerdo de Escazú es vinculante, por lo que los gobiernos tienen la obligación de cumplir con los postulados del acuerdo. “Se debe garantizar el acceso a la información ambiental, se tiene que dar la mayor garantía para que que todos/as podamos acceder a la información y entender qué implica”, dijo. Además, “la participación tiene que ser desde las etapas iniciales; no puede pasar que las empresas hagan los estudios en zona y después consultar a la ciudadanía”.

En cuanto al acceso a la justicia, para Ortiz es donde existe el mayor debe. “En los conflictos ambientales en Uruguay nunca hemos podido acceder a la justicia. Nuestros recursos se han rechazado por temas de forma. En el caso Neptuno la justicia nunca llegó a poder expedirse sobre si pudimos acceder a la información o no, si el proyecto vulneraba la salud o el ambiente o no”.

Por su parte, Natalia Castagnet, del Área de Ambiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), destacó como dificultad para el acceso a la información que los privados se amparan en el secreto comercial. “No se puede alegar reservas de la información cuando esa información es relevante para investigar posibles violaciones de derechos humanos”, consideró.

Sobre la participación pública, Castagnet manifestó que es importante que el Estado informe cómo tuvo en cuenta las observaciones del público en relación con los temas ambientales. “Si se desestima la oposición abrumadora a un proyecto, el Estado debe poder argumentar muy bien por qué esa desestimación”, evaluó.

La integrante del INDDHH destacó otras dificultades: es muy difícil para las personas saber dónde hacer las denuncias sobre conflictos ambientales y cómo darles seguimiento. También hay desafíos para la efectiva reparación del daño ambiental y el cobro de multas muy pocas veces llega a ejecutarse, como se ve en las denuncias por contaminación con agrotóxicos.

“Se tiene que hacer efectiva la protección del ambiente. El derecho a vivir en un ambiente sano es una condición fundamental para poder tener acceso a los derechos humanos”, reclamó Castagnet.

Sobre la dificultad que crea escudarse en el secreto comercial volvió la representante de Amnistía Internacional en Uruguay, Valentina Torres, que consideró queel acceso a la información pública es condición necesaria para hacer posibles otros derechos. “Sin información pública no hay justicia social ni ambiental”, aseguró.

La activista denunció problemas existentes para la aplicación de las leyes. Primero habló del “uso excesivo o abusivo de excepciones”, dentro de la cual enmarcó al secreto comercial. “Con esta excusa se negó mucha información del proyecto Neptuno, se ocultó información sobre la salinidad del agua”. Agregó que las denuncias por afecciones con agrotóxicos y sobre la instalación del data center de Google también están bloqueadas por el secreto comercial.

Torres lamentó en segundo lugar las “respuestas incompletas o de baja calidad”. “También hemos recibido información global, sin desagregar, omitiendo información clave. Se niega el acceso al dato”, señaló. Y finalmente habló del “déficit de la transparencia activa”. Alegó que se necesitan datos abiertos, actualizados y comprensibles. “La opacidad prima. El Ministerio de Ambiente registra un 52 por ciento de déficit de transparencia activa”.

En representación de la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA) de la Universidad de la República, y de la Cátedra de UNESCO sobre Derechos Humanos y Ambiente, Daniela Guerra recordó que desde 2008 existe en Uruguay la Ley 18.381, sobre el derecho de acceso a la información pública. Destacó que por esa ley se debe garantizar acceso amplio y fácil a la información a los interesados, en cualquier formato, y que cualquier persona física y jurídica puede hacer un pedido de acceso a la información.

“No puede haber ninguna reserva cuando la información solicitada pueda ser importante para verificar la violación o no de los derechos humanos. Y en este sentido hay que recordar que Naciones Unidas reconoce el ambiente sano como un derecho humano fundamental (desde 2022)”, dijo Guerra.

A su turno, Lilián Celiberti, de Cotidiano Mujer, consideró que la participación real “amplía los niveles democráticos, orienta al pensamiento crítico”. Añadió que esa participación no se da en abstracto, sino que se da con otros actores que la posibilitan, y “por eso son espacios problemáticos, que no se resuelven con leyes”.

La referente feminista evaluó que es fundamental el rol que le asigna la cultura política a la participación de la sociedad civil. “Si la clase política no valora la participación ciudadana, la participación se limita a llenar encuestas numéricamente, a dinámicas que impiden debates, limitan el desarrollo de la palabra. La palabra es la única arma que tenemos para sacar las dinámicas ocultas de todos los temas”.

Celiberti lamentó que hay un menosprecio de la participación de la mayoría de los actores, y que eso plantea una problemática central para las organizaciones y movimientos sociales: “cómo nos apropiamos de un proyecto de sociedad en el que se integren todas las dimensiones y que seamos capaces de interactuar y problematizar”. “La pluralidad es un valor que tenemos que recuperar desde la sociedad civil, no es un valor para los partidos políticos”, aseguró.

La mirada obrera y desde la producción

Por su parte, Jorge Ramada, integrante de la Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, lamentó que a los/as trabajadores/as se les trata como si estuvieran “ejerciendo el derecho al pataleo”. Advirtió que no sólo hay incumplimiento de las normas por parte de muchas empresas, sino que además “las sanciones son tan ridículas que muchos prefieren seguir faltando a la ley y pagar la multa”.

Según Ramada, el problema básico es que se tiende más a preservar los intereses económicos detrás de los megaproyectos. “El poder e influencia de las empresas hace que se les permita iniciar intervenciones en el terreno antes de que los proyectos hayan sido evaluados desde el punto de vista ambiental. El interés de supuestos inversores se antepone al cuidado del ambiente y los pobladores”.

También dijo que hay falta de fiscalización y desmantelamiento de los aparatos de control. Aseguró que no hay solo insuficiencia de materiales, sino falta de coordinación, la información no se cruza.

Además, el dirigente sindical dijo que los/as trabajadores/as muchas veces tienen temor a denunciar. Aseguró que se han detectado situaciones de inseguridad para trabajadores/as y pobladores/as que viven cerca de las plantaciones que usan agrotóxicos. Dijo que tienen temor a quedar sin trabajo, a ser expulsados/as. “La presión que se ejerce sobre ellos/as es violatoria no solo de su derecho a denunciar daños ambientales, sino también de sus derechos laborales y a la salud”.

Para el dirigente sindical, es necesaria una mirada diferente que valorice la participación, que no sea un mero requisito que se haga para cumplir con una formalidad. “Debería haber una participación democrática real, y el Estado debería tener una acción proactiva, tanto para generar la información como para facilitar el acceso a ella.

Sobre el acceso a la justicia, Ramada dijo que el Poder Judicial también depende de la correlación de fuerzas. “Si queremos lograr justicia ambiental y social hay que pensar en otra forma de organización social, y en términos de ambiente, en otro modelo productivo”, aseguró, y puso como ejemplo el caso del trabajador rural Julio de los Santos, afectado por la industria arrocera.

En cuanto al acceso a la justicia, a su turno, el abogado Gervasio Dalchieli, integrante del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República, pero que habló a título personal, mencionó los desafíos que encuentra la defensa judicial de los/as afectados/as por el modelo de los agronegocios.

Dijo que la primera dificultad para las comunidades afectadas es que los abogados no son gratuitos, y que muchas veces son de hecho muy caros. Lo segundo es que es necesario tener argumentos técnicos fuertes, y a veces esa tarea no es tan sencilla. A veces ocurre que son un grupo de vecinos, tal vez decenas de familias afectadas, pero los abogados necesitan que haya una personería jurídica. Porque sino, pasa por ejemplo que si no van todas las personas a firmar se desestima la demanda. “Esto hace al éxito o fracaso de una acción. La justicia se pronuncia sobre aspectos procedimentales, cuestiones que no tienen que ver con la sustancia de la acción”.

María Flores, asalariada de Puntas de Maciel, en el departamento de Florida, integrante de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), manifestó que “los trabajadores rurales son la primera línea”.

Dijo que no es fácil denunciar las violaciones a sus derechos, porque “para venir a Montevideo el trabajador rural pierde 1200 pesos de su jornada laboral”. Al mismo tiempo, “no queremos que hablen por nosotros, porque solo nosotros sabemos lo que vivimos todos los días”, dijo.

Explicó que el sindicato es parte de la comunidad y de esa sociedad local, y saben lo que pasa en la escuela, en la comisaría, en las viviendas.

La dirigente contó sobre la vida en un contexto en el que se fumiga regularmente, los cuidados que hay que tener. “Dicen que no hacemos nada. ¡Cómo no vamos a hacer! Lo hacemos, pero no se nos da participación, no nos escuchan. Y estamos rodeados de agrotóxicos”.

Flores dijo que desilusiona pasar haciendo denuncias, e ir de una oficina a otra del Estado “sin que pase nada”. “Ningún trabajador rural merece ser conejito de indias. Dejen de hablar de negocios y hablemos de personas. En esto se nos va la vida. Queremos más ámbitos de discusión, por los chiquitos que están y por los chiquitos que vienen, queremos vida”.

Su compañero de UNATRA Juan Carlos Albano, agregó que uno de los problemas grandes en el sector rural es la falta de asesoramiento legal, porque para un trabajador rural es prácticamente inaccesible un abogado especializado en temas de contaminación.

Albano volvió sobre el tema del temor sobre el que alertó Ramada. “Te ‘tizan’ como se tiza una vaca y en esa zona no trabajas nunca más. Tenemos miedo a denunciar, a quedarnos sin trabajo, a no poder llevar un plato de comida a nuestros hijos”.

Albano lamentó que el sector rural está postergado, no llegan las fiscalizaciones, y que tienen también la dificultad para comprobar que fueron contaminados/as por algún tipo de agrotóxico.

Por su parte, Juan Pablo Carbone, de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, retoma algunas ideas de Celiberti y Ramada, cuando hablan de una participación que amplía los niveles democráticos, y que se da con otros actores. “Desde la Red venimos promoviendo que los espacios sean continuos, pero también promover encuentros reales para vernos, sentirnos, tomar mate, las cosas que nos hacen encontrarnos realmente”.

La Red de Semillas valora el acceso a la información, pero también a recursos que potencien a las organizaciones. Para Carbone, de alguna forma la participación de las organizaciones es para algunos organismos del Estado una forma de acceder a la información del pueblo, a lo que ocurre en los territorios. “Si las organizaciones no participamos esa información no llega a quienes toman las decisiones”.

Carbone contó sobre el proceso de creación del Plan Nacional de Agroecología (PNA), que surgió a partir de un proyecto de ley impulsado por las organizaciones sociales y aprobado en 2018.

El productor agroecológico alegó que el Estado debería promover y apoyar los encuentros de las organizaciones, para que hayan instancias de reflexión. “Y desde las organizaciones es importante tener instancias de formación, tanto interna como para participar en espacios públicos”, dijo. “La cultura de participación es algo que se construye y como organizaciones tenemos que apostar a seguir construyendo en los jóvenes esa capacidad de aportar y llevar ideas adelante”, concluyó.

La nota continúa en la parte 2.