Por Justicia Ambiental y Social

Derechos de Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales en Uruguay

REDES-AT saluda avances y advierte que debe garantizarse que esos derechos se apliquen estrictamente a tratados comerciales y de inversiones, y a contratos de inversión y participación público-privada.

El Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Ambiente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), del cual REDES – Amigos de la Tierra Uruguay es parte, presentó ayer su “Informe Final: Derechos de Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales”.

“Para que la justicia ambiental por la que luchamos se haga realidad en Uruguay y en todo el mundo es condición indispensable, aunque no suficiente, que se garanticen los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales”, consideró el ambientalista Alberto Villarreal, de REDES – AT. El activista participó en el proceso de trabajo del informe y ayer fue uno de los oradores en la presentación, como comentarista. La actividad virtual se realizó desde la sede de la INDDHH, por la plataforma Zoom.

El informe es el fruto de más de seis meses de trabajo y reuniones interinstitucionales del Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Ambiente de la INDDHH, antes y después que el Parlamento uruguayo ratificara en septiembre de 2019 el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” (“Acuerdo de Escazú”). Resta aún la reglamentación de esa nueva ley en Uruguay.

“Saludamos esa ratificación de Uruguay y saludamos también que a iniciativa de la Asamblea de la INDDHH de 2018 se haya establecido el Grupo de Trabajo Derechos Humanos y Ambiente”, dijo Villarreal. “El primer cometido de ese grupo fue justamente el análisis de las condiciones actuales en Uruguay respecto a estos temas”, contó.

Para Villarreal es fundamental que en el ordenamiento jurídico nacional “haya una concepción amplia de los asuntos ambientales”, de forma que se pueda acceder, por ejemplo, “a la información sobre los acuerdos y tratados comerciales y contratos de inversión y participación público-privada que se están negociando, para asegurar que esos instrumentos jurídicos no afecten el ambiente, la salud de la población ni la gobernanza ambiental”.

Los tratados firmados entre Estados, o entre Estados y empresas transnacionales, pueden, potencialmente, afectar el ambiente, o afectar la capacidad del Estado de velar por la protección del ambiente y de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.

Villarreal alertó: “Sin que quede claramente explícito en la reglamentación del Acuerdo de Escazú que los instrumentos jurídicos comerciales no deben afectar el ambiente ni prevalecer sobre la legislación ambiental y de derechos humanos, es muy fácil que eso ocurra. Y que así prevalezca el derecho de los inversionistas y la impunidad de las empresas transnacionales, gracias a instrumentos como los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones, e incluso los contratos Inversionista-Estado y de participación público-privada. Esos instrumentos usualmente habilitan a los inversionistas extranjeros a demandar al Estado por políticas públicas incluso de protección ambiental y de derechos humanos, que a su juicio puedan afectar sus ganancias e inversiones”.

REDES-AT manifiesta su compromiso a seguir trabajando y luchando, en el ámbito nacional e internacional, para que los derechos humanos y las legislaciones ambientales estén por encima de todo tipo de legislación comercial que beneficie a las transnacionales, en detrimento de los territorios, la soberanía y los derechos de los pueblos.

Por más información:

Alberto Villarreal

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