Seminario: Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales (parte 2)

Esta nota es la continuidad de la nota anterior, sobre el seminario titulado “Derecho al Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales”, que REDES-AT realizó el 28 de agosto en la Sala E del Espacio Colabora.

Política de agua y participación

El director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Marcel Achkar, relató que a inicios de este siglo se crearon espacios de participación para generar un política nacional de aguas. Comenzó con la reforma constitucional del 2004, siguió en 2009 con la Ley de Aguas, que creó espacios participativos, consejos regionales, comisiones de cuenca. Pero luego “el Estado comenzó a ver la participación como un problema, porque es polisémica, para ellos era informar a lo sumo, pero las organizaciones sociales entienden la participación como estar activos/as en todas las instancias de gestión, acceso y control”.

En 2017 se logró un Plan Nacional de Aguas, tibio, con dificultades, pero con algunas fortalezas. Porque estableció que el principal destino del agua es para consumo humano, como factor para el desarrollo sustentable y que debe ser gestionada en paralelo con los riesgos asociados. Se identificaron cuatro grandes problemas: el agua y los agrotóxicos; el agua y usos problemáticos del suelo (forestación); el agua y los sistemas de riesgo; el agua y los megaemprendimientos. El Plan Nacional se aprobó en 2019.

Achkar, también doctor en Ciencias Agronómicas y Ciencias Ambientales e integrante de REDES – AT, consideró que “hoy estamos en un período de reconstrucción de los espacios de participación. Esos espacios son de la sociedad, el Estado los administra pero no propone las reglas de juego y se da una tensión permanente entre sectores. Eso tenemos hoy, espacios de tensión creados por ley, en los que las instituciones del Estado están presionadas por las empresas transnacionales fundamentalmente, que llegan a Uruguay porque hay amplia disponibilidad de bienes naturales (agua, biodiversidad, suelo fértiles)”.

Achkar agregó que “la mayor parte de esos espacios de participación son iniciativas de la sociedad organizada”, y que las organizaciones sociales deberán presionar para la “definición de una hoja de ruta del funcionamiento de esos espacios” que las contemple. “No será un proceso fácil”, aseguró.

Carmen Sosa, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, evaluó que se ha avanzado poco en términos de participación en los últimos 20 años. Sin embargo, la activista reivindicó los espacios de participación como “aglutinadores de vecinos”, los lugares a donde “los vecinos recurren a plantear problemáticas”. Siempre que se han logrado avances en la protección del derecho humanos al agua ha sido “gracias a la presión de los vecinos”, dijo. “Hay que tener claro que todo esto más que un problema ambiental es un problema político, que requiere de decisiones políticas”, resumió Sosa.

En tanto, el representante del Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, Marcelo Fagúndez, evaluó que los instrumentos de ordenamiento territorial son grandes herramientas desarrolladas por las organizaciones sociales, “pero después hay que ver cómo se aplican”.

El activista manifestó preocupación por la calidad del agua de las comunidades que están expuestas al modelo productivo de los agronegocios, con fumigaciones sobre las unidades potabilizadoras de agua. Dijo que no tienen información.

Fagúndez subrayó la necesidad de que se revise el decreto 188 de 2011, para que no se fumiguen escuelas. “Hemos visto fumigaciones a pocos metros de escuelas. Debe haber una distancia que proteja a las escuelas. Hoy se puede fumigar a 10 metros de un curso de agua”, alertó.

El Tratado Vinculante de ONU sobre derechos humanos y empresas y las leyes marco nacionales

En tanto, Iván González, de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, centró su exposición en las luchas por la conquista de derechos para los/as trabajadores/as y los pueblos, y en especial habló del Tratado Vinculante que se negocia en Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales.

El dirigente explicó que a veces las transnacionales tienen un poder incluso superior al de los Estados. “La discusión es difícil porque los Estados consideran a las empresas transnacionales como agentes de desarrollo, para que los países avancen, generen empleo, y tienen miedo de catalogar a las empresas cuando violan derechos”. Lamentablemente, “los Estados tienen límites para asegurar y obligar a las empresas a cumplir con lo que la ley establece”, advirtió.

De ahí surge la importancia de una ley de carácter vinculante, obligatoria, e internacional, para legislar sobre las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. “Es tanto el poder, tantos los crímenes, que es necesario construir una jurisdicción internacional que cree mecanismos que permitan la vigilancia de estas empresas y que existan instancias donde puedan ser denunciadas y procesadas”.

González defendió el proceso del Tratado Vinculante de ONU en un contexto de crisis del sistema global, de “la crisis más extrema del capitalismo, cuya agenda principal ahora es la muerte, la violencia y la guerra”, que amenazan el sistema multilateral. El representante de la CSA llamó a que Uruguay avance en el proceso de construcción de una regulación nacional para enfrentar el poder transnacional, como lo han hecho Brasil y Colombia por ejemplo.

Por este mismo camino fue la activista Viviana Tacha, de la organización Siembra – Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial, que participó en el seminario vía online para contar sobre el proyecto de ley colombiano que busca frenar la impunidad de las empresas transnacionales.

Tratándose de derechos humanos y actores transnacionales, los marcos voluntarios y de debida diligencia han sido ineficaces para controlar las violaciones corporativas. “Necesitamos avanzar hacia mecanismos, instituciones efectivas que nos permitan obligar y hacer responsable a las empresas por sus violaciones de derechos humanos”, dijo.

Tacha contó que en Colombia las organizaciones sociales desarrollaron una estrategia para llegar a una ley nacional en materia de empresas y derechos humanos, que incluyó la discusión de los contenido, el análisis de contextos, y cómo se daría la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades afectadas, académicos/as, aliados/as, expertos/as, congresistas. El camino tuvo dos resultados: el proyecto de ley y la campaña nacional “El proyecto del siglo”, que alude a un siglo de impunidad de presencia de actores transnacionales en el territorio colombiano.

La campaña tiene distintos enfoques: pedagógico, comunicativo, incidencia y jurídico, el de incidencia y jurídico es básicamente la creación del proyecto de ley. Luego de dos años, la iniciativa se presentó el 28 de julio ante el Congreso colombiano, en un proceso que “dialoga con el proceso del Tratado Vinculante en ONU pero que aterriza en el contexto colombiano”.

La opacidad en la inserción internacional

Finalmente, la licenciada en Ciencia Política e integrante de REDES – AT, Natalia Carrau, se refirió al “déficit democrático” en los procesos de negociaciones de Tratados de Libre Comercio o Tratados de Protección de Inversiones negociados por Uruguay. “Estos temas en la órbita del Ministerio de Economía y en Cancillería son hostiles para la participación, y opacos, porque son protegidos por la confidencialidad y el secreto. Esto choca de frente con la tradición de diálogo social”.

Carrau explicó que ni siquiera el Parlamento tiene acceso a información sobre las negociaciones comerciales y de protección de inversiones. Y cuando a los legisladores les toca votar reciben esos acuerdos como paquetes cerrados, a los que votan si o no, la única opción es aceptar o refrendar.

La especialista dijo que además es difícil entender los impactos ambientales de los acuerdos de libre comercio e inversiones, y que desconocen la integralidad de cómo ocurren las opresiones y los abusos de derechos. Explicó que no se puede separar los impactos, el impacto social, el cultural, territorial, de salud, de género y ambiental. “Se evita decir que las negociaciones comerciales son sobre cuestiones que no tienen que ver con aranceles, tratan sobre mercantilización, propiedad intelectual, servicios públicos, normativas de estados, incluso de la regulación doméstica. Esto se ignora, no se los considera como temas sensibles a la población y por tanto que debieran ser accesibles para la gente”.

Carrau también adviritó que no existen estudios de impactos de los TLC confiables. Los que hay son de privados que tienen otros intereses y que no responden a las realidades locales. “Hemos pedido estudios una y otra vez y no hay. Es información clave para el país y no existe”, lamentó.

Según la integrante de REDES-AT, es necesario ver cómo como se configura la participación social. No solo su existencia sino la forma, ahí tenemos muchos problemas. “Durante los últimos cinco años no existió”. Hay que “radicalizar la democracia”, reclamó, porque “la participación tiene que ver con las herramientas de rendición de cuentas que tiene una sociedad”.