Derechos Humanos
Alberto Villarreal en el plenario del grupo de trabajo que negocia el Tratado Vinculante. Palacio de Naciones de la ONU, Ginebra, Suiza. Foto: Amigos de la Tierra Internacional.

REDES – AT en actividades rumbo a la VII ronda de negociaciones del Tratado Vinculante (25-29 de octubre)

El tercer borrador revisado del Tratado Vinculante que se negocia en Naciones Unidas (ONU) sobre transnacionales y sus violaciones de los derechos humanos no establece la primacía de esos derechos sobre los acuerdos comerciales y de inversiones, y tiene un carácter “Estado céntrico”, sin obligaciones directas para las empresas, alertó el integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal.

En un conversatorio realizado el 13 de octubre en Montevideo por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay (INDDHH), titulado “Empresas transnacionales y obligaciones de derechos humanos: propuestas hacia un tratado internacional jurídicamente vinculante”, Villarreal enumeró varias de las críticas que movimientos sociales de todos los continentes realizan al tercer borrador revisado del Tratado Vinculante, presentado el 17 de agosto.

En la actividad participaron representantes de organizaciones sociales, políticas, de entidades de gobierno, de Presidencia, instituciones de derechos humanos, de la Universidad de la República y de la central obrera PIT-CNT, entre otras.

Pocos días después, el 19 de octubre, en una presentación para América Latina y el Caribe de un análisis del tercer borrador revisado del Tratado Vinculante, realizada por la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y Poner Fin a la Impunidad, Villarreal aseguró que los Tratados de Libre Comercio (TLC), los Tratados Bilaterales de Inversiones y los mecanismos de resolución de controversias inversionista-Estado garantizan la impunidad de las transnacionales.

En este webinario hubo representantes de movimientos y organizaciones sociales de varios países que integran la Campaña Global, luchan por el Tratado Vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales, y cuestionan el tercer borrador revisado del instrumento.

En ambas actividades los numerosos exponentes, entre ellos/as la diputada Lilián Galán, del Movimiento de Participación Popular (MPP, Frente Amplio), y expertos legales del sindicalismo, como Hugo Barreto de Uruguay, reflexionaron sobre las implicancias de este Tratado Vinculante que se negocia en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, desde 2014. El tercer borrador revisado del Tratado será analizado en detalle durante la séptima ronda de negociaciones, que se celebrará del 25 al 29 de octubre próximos.

¿Por qué el debate sobre el Tratado Vinculante debe interesar a Uruguay?

Durante el conversatorio del 13 de octubre en Montevideo, Alberto Villarreal, que también integra y (co)coordina a nivel regional de América Latina y el Caribe el programa de Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, destacó la relevancia que tiene esta discusión para Uruguay, ya que la economía del país y sus cadenas de valor son parte de las cadenas de valor de grandes empresas transnacionales, especialmente de los sectores de la agricultura, la forestación y la industria del papel. Por este motivo, garantizar que en el funcionamiento de estas empresas se respeten los derechos humanos, incluidos los derechos de los/as trabajadores/as y de las comunidades que viven en los territorios afectados, es de suma importancia.

Villarreal hizo especial referencia a los privilegios que detentan las empresas transnacionales tanto a nivel internacional como a nivel nacional, a través de los regímenes de promoción de las inversiones y los TLC, y en el marco de la Organización Mundial del Comercio, sumados a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado que se incluyen en la mayoría de estos tratados. Uruguay, de hecho, ha enfrentado demandas internacionales de empresas transnacionales, o al menos la amenaza de realización de demandas en su contra, que es otro mecanismo de presión que usan esas empresas. “Hay una asimetría de poder entre las empresas transnacionales, la ciudadanía y los Estados”, declaró.

En el webinario del 19 de octubre Villarreal amplió sobre este punto. Dijo que es fundamental que el Tratado Vinculante sea internacional, “porque puede ayudar a nivelar a nivel mundial las exigencias a los inversionistas globales cuando operan en nuestros países”. “Eso nos evitaría en nuestros países tener que estar siempre rebajando nuestras exigencias para así atraer inversiones, que es lo que ocurre actualmente”. El ambientalista reconoció que el Acuerdo de Escazú es importante, y ya está vigente, pero es regional.Derechos Humanos

No obstante, Villarreal alertó que el tercer borrador revisado del Tratado Vinculante “no tiene mecanismos de aplicación y exigibilidad fuertes”, y que es urgente “operacionalizar en el Tratado la primacía de los derechos humanos sobre otros instrumentos del derecho internacional, incluidos los acuerdos comerciales y de inversiones, para re equilibrar la asimetría de poder entre empresas, ciudadanía y Estados”. “Hoy hay una primacía absoluta de las transnacionales. Es imposible garantizar mediante este tercer borrador revisado del Tratado que los TLC y los Tratados de Inversiones se implementen de acuerdo a las normas de este instrumento”, sentenció.

El integrante de REDES-AT explicó que casi todos los artículos del TLC entre el MERCOSUR y la Unión Europea, por ejemplo, más allá de estipular el comercio de bienes, “se dedican a limitar la capacidad regulatoria del Estado en todos los ámbitos de la vida en sociedad, incluso en materia de ambiente y derechos humanos”. “Cuando hablamos de servicios públicos, en primer lugar son derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. Y en los TLC son una mercancía más”, cuestionó.

En tanto, Lilián Galán, dijo que los/as parlamentarios/as deben participar en el proceso de negociaciones del Tratado Vinculante en la ONU porque “somos los/as representantes de esos pueblos que muchas veces se ven afectados por la intervención de las transnacionales”.

Galán integra la Red Interparlamentaria Mundial por el Tratado Vinculante, que existe hace varios años y reúne a legisladores de numerosos países. “Tenemos que trabajar estrechamente con las organizaciones sociales y de derechos humanos de los diversos países. Desde el Sur global como parlamentarios/as tenemos que unir fuerzas y voces en el seno del Grupo de Trabajo en la ONU, dar nuestras opiniones sobre los distintos borradores, sobre cómo se viene trabajando, para tener incidencia”.

Para la legisladora, en Uruguay es la INDDHH la que debe liderar el proceso de diálogo e intercambios sobre el Tratado Vinculante, incluyendo al PIT-CNT y a las organizaciones sociales.

Un proceso más democrático

En 2014, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se aprobó la Resolución 26/9 que creó el Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de negociar el Tratado Vinculante. A partir de ese entonces comenzaron las tratativas para determinar las características del nuevo instrumento bajo la presidencia ecuatoriana del grupo. Al respecto, Villarreal comentó: “Este ha sido un proceso controlado por la presidencia, sin que se reflejen y se tomen en cuenta las posiciones que han presentado las distintas delegaciones en el proceso de negociación, ni tampoco de las organizaciones de la sociedad civil acreditadas ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)”.

La diferencia este año es que tras reiterados reclamos de las delegaciones gubernamentales y las organizaciones y movimientos sociales, las negociaciones que inician el próximo lunes adoptarán el régimen usual en ámbitos multilaterales, es decir, en el que el tercer borrador se proyectará en una pantalla y allí se propondrán los cambios y modificaciones que presente cada delegación. “Este es un proceso mucho más democrático, inclusivo y participativo de lo que ha sido hasta ahora y le damos la bienvenida. Creemos que va a ser de gran ayuda para garantizar una mayor transparencia y que se pueda avanzar hacia los consensos necesarios para llegar a un Tratado Vinculante que sea ambicioso, efectivo y eficaz”, agregó Villarreal.

Sin embargo, a pesar de que el tercer borrador revisado del Tratado incluye menciones sobre algunas de las cuestiones planteadas por las delegaciones y la sociedad civil, tales como mecanismos de quejas colectivas y de ayuda jurídica para el acceso a la justicia, y un fondo de apoyo a las comunidades afectadas: “si no se subsanan los retrocesos y el empobrecimiento que ha sufrido el texto desde 2017 a la fecha, todas estas menciones y avances positivos son simplemente reformas cosméticas”, alertó el integrante de REDES – AT.

Estos cambios superficiales quieren aumentar la legitimidad del texto propuesto pero realmente fallan en solucionar los problemas estructurales señalados por los movimientos sociales y las comunidades afectadas”, afirmó la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, que presiona por el Tratado Vinculante y que REDES – AT integra, en este comunicado publicado el 7 de septiembre.

Entre las críticas que plantean las organizaciones sociales se destaca el hecho de que no se incluya en el texto del tercer borrador revisado la primacía de los derechos humanos y los intereses de las personas afectadas sobre cualquier otro orden e instrumento jurídico internacional, como los TLC y los Tratados Bilaterales de Inversiones. Villarreal lamentó que el texto del borrador no establece obligaciones a las empresas transnacionales, más allá de la obligación de la debida diligencia, que es una obligación de proceso y automonitoreo, pero no de resultados.

Ámbito de aplicación

En el análisis sobre el texto del tercer borrador, cabe destacar lo relativo a su ámbito de aplicación. Si bien la Resolución 26/9 pone claramente el foco en las empresas transnacionales y otras empresas con carácter transnacional, el texto actual se refiere a todas las empresas en general. “Todas las empresas es igual a ninguna empresa. Hay un gran desequilibrio de poder. Es importante que este instrumento responsabilice a quienes controlan las cadenas de valor”, reclamó Villarreal.

Por último, el ambientalista destacó la importancia que de cara a la próxima sesión de negociaciones del Tratado Vinculante, en 2022, en Uruguay pueda haber un espacio de diálogo para intercambiar reflexiones sobre la temática en general y este proceso de negociaciones en particular, que reúna al gobierno, el ámbito parlamentario, el académico, las organizaciones sindicales y la sociedad civil, convocado por la INDDHH.