WP_000937Marcel Achkar (representante de REDES – AT) y un balance de la situación de cuencas en Uruguay a una década de la Reforma Constitucional popular que quebró con las privatizaciones

A 10 años de la Reforma Constitucional que quebró con la privatización del agua en Uruguay, participantes de las jornadas de movilización que marcaron un hito en América Latina realizan un balance y señalan que la participación popular en la gestión y el control del recurso hídrico es el gran desafío aún por alcanzar.

A finales de octubre de 2004, coincidiendo con las elecciones presidenciales de Uruguay una década atrás, el 65 por ciento de la población uruguaya aprobó una enmienda constitucional que quebró con el acelerado proceso de privatización del servicio de agua potable y saneamiento en ese país.

El texto de la Reforma incluyó la declaración de agua como un bien público y la garantía por parte del Estado del acceso a este recurso de manera universal para toda la población, adelantándose a la declaratoria de 2010 de Naciones Unidas que lo caracterizó como un Derecho Humano.

Asimismo, planteaba la necesidad de una planificación, gestión y control participativos del recurso, lo cual se traduciría en la instalación de comisiones territoriales de cuencas, la aprobación de una legislación en materia de política nacional de aguas –concretada en 2009- y de un Plan Nacional de Recursos Hídricos. Esto último aún no se ha concretado, señaló en un espacio de intercambio público realizado con motivo del aniversario de la Reforma y en el marco de Octubre Azul, el doctor en ciencias geográficas y representante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, Marcel Achkar.

A su juicio, los espacios de participación contenidos en el texto de la reforma, se han tornado sensiblemente “figurativos” y el no haber avanzado en la legislación complementaria a la reforma ha permitido una privatización indirecta del recurso hídrico a través, puntualizó, de la creciente extranjerización de la tierra y de los territorios que sirven de fuentes a dicho recurso.

Dijo además el investigador, docente y activista ambiental que no se puede disociar la defensa del agua como un bien público del “conjunto de los bienes naturales que están asociados”. También criticó el hecho de que el control sobre el agua sea referido en general a mecanismos de “teledetección”, en lo cual es especialista, ya que “en Uruguay nos falta mucho para que esa herramienta sea suficiente y siempre es necesario el control territorial”.

Aunque coincidió con que la Reforma de 2004 marcó un hito en cuanto a colocar la gestión y control del agua en la agenda del movimiento popular y de los trabajadores, Achkar dijo que se podría haber sido más explícito en el texto aprobado con lo cual hoy se tendrían más herramientas y argumentos legales y políticos para proteger las cuencas hídricas de otras amenazas como la intensificación agrícola o la forestación a gran escala.

Publicado en Radio Mundo Real, accediendo al enlace se podrá escuchar una producción radiofónica sobre la actividad.