El TISA y “la ley del más fuerte”


Carga con haber formado parte del gobierno que puso a Uruguay en la negociación del TISA, pero se aleja de ese paso, porque alega que en su momento como ministro de Industria marcó su negativa luego de recibir información “de manera fragmentada y tardía”. La posición de Roberto Kreimerman es clara: “Lo más conveniente es que Uruguay no siga”.

Que Uruguay necesita un acuerdo para los servicios es claro para el socialista Roberto Kreimerman, porque hay nuevas pautas mundiales de comercio y una nueva división del trabajo. Sin embargo, aclara enfático: “Pero no con las características del Tisa”. Junto a Daniel Olesker son los únicos dos ministros del gobierno de José Mujica que firmaron una carta pública en contra del tratado, y aunque formó parte de aquella administración se rehúsa a ensayar una explicación de por qué Mujica pidió en 2013 ingresar a la negociación. Admite que en aquel momento le hicieron una consulta sobre el monopolio en las telecomunicaciones y la concentración de los medios de comunicación. Su respuesta se explayó en el impacto negativo que iba a tener sobre esas áreas el ingreso a la negociación. Esa fue la información “fragmentada y tardía” que recibió sobre el Tisa, porque revela que no hubo un Consejo de Ministros donde se hablara del asunto.

Según el ex secretario de Estado, “las presiones de organizaciones de servicios” sobre el gobierno de Estados Unidos explican en parte este tratado. En la entrevista con Brecha, Kreimerman, con su perfil de ingeniero especializado en temas industriales, hace un análisis detallado del Tisa, y resalta que detrás de éste hay “una cuestión ideológica” que “defiende la desregulación a ultranza”. No vacila en sostener que es “preocupante” que Uruguay esté en la negociación. Y frente a quienes dicen que se está en una etapa de escuchar y que más vale estar que no estar, golpea con la frase: “estar no es inocuo”.

—Usted firmó una carta pública en contra del Tisa donde se plantean ideas como “secretismo”, “falta de debate público”, “peligros para el país”, “práctica antidemocrática”, ¿cuáles son los argumentos que sostienen estos conceptos?

—Para responder la pregunta hay que tener en cuenta el contexto, el sistema económico mundial que ha evolucionado en los últimos años, principalmente los sectores productivos de bienes o servicios. Y dentro de esos contextos, que hacen que los roles de los países cambien y también los de las empresas con intereses diferentes, es que este acuerdo se negocia al margen de la Organización Mundial de Comercio (Omc). Y ahí vamos a encontrar algunos elementos de por qué la negociación de este acuerdo está siendo secreta por parte de sus impulsores. Estamos viendo desde hace un par de décadas lo que es la extensión de las llamadas “cadenas de valor”, o sea, la desintegración de las unidades productivas ubicadas en un país para pasar a un esquema de producción con muchos eslabones, desde la materia prima hasta la producción final. Eslabones de producción y eslabones de servicios que a su vez les dan a esas cadenas servicios de marketing, de diseño, industriales, de todo tipo. Entonces en ese esquema de cadenas de valor, que nace fundamentalmente a partir de la deslocalización industrial de los años ochenta en busca de mano de obra más barata en el sudeste asiático o en regiones de América Latina, se busca localizar cada eslabón de acuerdo a la ventaja que ofrece cada país. Eso que se inicia con algunas industrias, como la automovilística o la electrónica, hoy es el 70 por ciento de la producción mundial. El comercio internacional es hoy fuertemente intraindustrial. En este esquema de producción se obtiene la ventaja de manejar menores costos en cada una de las etapas. Ahora hay todo un esquema donde se mantiene el subdesarrollo para muchos de los países, y que hace crecer la importancia de los servicios no tradicionales.

—¿Cuáles son los impactos que provocan estos cambios?

—Esto produce una nueva división internacional del trabajo. Incluso algunos autores han hecho una taxonomía de las distintas fases: hay países que tienen producciones más básicas; otros que producen insumos intermedios con cierta tecnología propia; luego están los países más desarrollados que tienen el dominio de la tecnología, o de las industrias nuevas, o que tienen empresas multinacionales que dominan los mercados finales y con eso logran establecer hacia atrás un control importante de la cadena de valor. Por eso en la Omc, por el distinto rol que están teniendo, se han enfrentado países que son preferentemente agrícolas con los países desarrollados.

A través de las presiones de las organizaciones de servicios en una coalición que formaron en Estados Unidos, aparece un esquema de negociación que va por fuera de la Omc, que apunta a desarrollar servicios con una definición amplia. Porque se incluye una cantidad de disciplinas, desde la educación, la salud, los servicios financieros, el transporte y hasta el turismo. La amplitud que abarca este tratado es muy grande. El acuerdo tiene un primer aspecto: rompe el esquema de negociación donde los países en desarrollo podían tener ciertas ventajas, y sólo trata los temas en que los países desarrollados son más competitivos. Cada uno puede tener su ideología, y creo que hay un tema ideológico, porque hay un intento de desregulación a ultranza en este tratado. Pero por fuera de eso ya hay un primer aspecto práctico y es que estamos negociando los países en desarrollo en las condiciones más desventajosas y además permitiendo romper esa posibilidad de negociación en un tema que tanto interesaba. Con este tratado se busca disminuir los costos, ingresar incluso en las áreas más sensibles, disminuyendo la soberanía de regulación de los propios países, en telecomunicaciones, correos, etcétera. La carta dice que las negociaciones son secretas, porque incluso algunos países quieren establecer que los documentos sólo pueden ser dados a conocer cinco años después de finalizada la negociación.

—En ese contexto, ¿cuáles son los peligros para Uruguay?

—Los borradores del tratado especifican algunas cláusulas generales que hacen que todo tienda hacia que prime la ley del más fuerte.

—¿Cuáles son esas cláusulas?

—Se pretende, por ejemplo, brindarle trato nacional a todas las empresas de los países miembros del grupo en las licitaciones públicas. En segundo lugar, una vez que se adhiere al tratado y se firma, no se puede avanzar con regulaciones hacia el futuro. Otra cosa: la “cláusula de diferendo” de la Omc determina que los conflictos se dirimen Estado a Estado, pero ahora se intenta –con los Tlc– que una empresa extranjera pueda demandar directamente a un Estado. Es al estilo de lo que pasó con Philip Morris, por un tratado firmado en su momento.

Hay más cláusulas generales que hacen que países muy importantes en los servicios y que tienen para ganar en el rubro, como la India, no estén dentro de este tratado, porque se va en contra de la soberanía nacional y el desarrollo del país. El segundo capítulo es el de la regulación doméstica, que impone dificultades sobre todo lo que tenga que ver directamente con educación, salud, ambiente, calificaciones técnicas. El Estado con estas regulaciones estará expuesto a los juicios de las empresas, no sólo si se obstaculiza el comercio, sino porque se disminuyen sus beneficios. Se afecta la parte pública y privada. O por ejemplo, si se le da un subsidio a una rama de la educación pública, debería darse ese subsidio también a las empresas privadas.

Cuando repasamos los 15 sectores que están en juego en el Tisa, prácticamente en todos tendría que haber lista negativa, porque prácticamente en todos hay problemas para el país. Porque no hay mucho para ganar en este acuerdo. Además, lo que se incluya o se exceptúe se coloca en las listas de una vez para siempre. Si hay temas de interés nacional o surgen cambios tecnológicos, no se puede actualizar. Esto también es preocupante. Por ejemplo, en el sector financiero, la tendencia es hacia la desregulación, disminuyendo la capacidad normativa de los estados. En el tema de las telecomunicaciones, aparte de todo lo que concierne al monopolio estatal, podría debilitarse la normativa anticoncentración prevista en la ley de servicios audiovisuales, que es tan importante para la democracia y la difusión de la industria nacional. La fibra óptica puede ser un tema de los atacables, de los expuestos.

—¿Cuánto cuesta estar o no estar, en esta etapa?

—Queda claro que estar no es inocuo. Estar significa perder y haber abandonado la primera batalla táctica, que es negociar en la Omc y negociar los intereses para los cuales Uruguay tiene mejores posibilidades. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la “cláusula cremallera”, que lleva a que una vez que se hace un cambio en el sentido del acuerdo, luego no se puede volver hacia atrás. Por ejemplo, si un país privatiza un sector y después esa privatización resulta negativa, no puede dar marcha atrás.

—Usted fue ministro entre mayo de 2010 y mayo de 2014. El pedido de ingreso al Tisa el gobierno de Mujica lo hizo en setiembre de 2013, es decir que formaba parte del gabinete cuando se tomó esa decisión. ¿Qué información manejaba?

—Nosotros tuvimos información fragmentada y algo tardía sobre estos temas. La verdad es que nos preocupamos enormemente en el medio de 2014 por el monopolio en las telecomunicaciones y por la normativa uruguaya que busca evitar la concentración de los medios. Incluso una empresa estadounidense (se refiere a Direct TV) había objetado este tema y esa fue justamente la parte que nos tocó manejar.

—¿Quién tomó la decisión?

—No hubo un Consejo de Ministros donde se discutiera el tema.

—¿Quién llevó adelante el pedido de ingreso?

—El Ministerio de Relaciones Exteriores.

—¿Cómo puede reaccionar el Mercosur si Uruguay firma el Tisa? En especial, Argentina y Brasil…

—Está claro que ellos no han ingresado ni han pedido ingresar. Si Uruguay siguiera adelante –nosotros pensamos que lo más conveniente es que Uruguay no siga– evidentemente estaríamos firmando fuera de la región. Sería muy negativo para la región también.

Discusiones con Economía
Impulsos y frenos

—En mayo de 2014 usted estuvo dispuesto a renunciar, y así se lo hizo saber al entonces presidente José Mujica, si no se cumplía con un aumento salarial para los funcionarios del Ministerio de Industria. Hubo diferencias con el Ministerio de Economía, ¿se produjeron otros diferendos con ese ministerio durante su gestión?

—En ese momento se resolvió bien por la intervención del presidente. Nuestro punto principal era mantener las capacidades del gobierno en el nivel de los funcionarios técnicos y administrativos. Después, lógicamente, hubo negociaciones en esa línea de trabajo. En conjunto las diferencias fueron subsanadas. Quizá algún proyecto de ley haya quedado por el camino en esas discusiones, pero en líneas generales logramos resolverlas, a veces con la intervención del presidente. Pero son discusiones normales entre diferentes ministerios, más en el caso de una visión muy productiva, como la nuestra. El tema de avanzar fuertemente en normas e inversiones fue una de las cuestiones.

—¿Qué quedó por el camino?

—Esto es un proceso. Nosotros avanzamos fuertemente en la transformación energética. Todavía falta y lo seguirá el actual gobierno. Avanzamos en telecomunicaciones también. La gente lo visualiza menos, porque los aerogeneradores se ven en los parques eólicos. Pero vive ese avance permanentemente en sus celulares, en sus casas, y los rankings mundiales también lo indican. Nos falta más en la transformación productiva. Uruguay avanzó en esa especie de escalera para el desarrollo y comienzan a coincidir las capacidades para superar una estructura simple basada en bajos salarios y en las materias primas. Por eso el Tisa es como patear la escalera. Si uno se retrotrae a las actividades primarias de bajo nivel tecnológico, la competencia de países tecnológicamente más fuertes no nos permitirá avanzar en las capacidades nacionales. En la escalera avanzamos, pero necesitamos avanzar más en la industria de base, en el plan industrial, en la generación de servicios tecnológicos, seguir diversificando. El mundo está basado en el sistema capitalista, con ciclos de crecimiento y crisis. Una estructura diversificada y con empleos de mayor calidad es importante para ese contexto.

Las inversiones de las empresas públicas
“No creo que haya habido descontrol”

—Usted ha dicho que las empresas públicas son clave como motor del desarrollo. ¿Qué opina sobre las recientes medidas del gobierno de Tabaré Vázquez para que haya un mayor control de sus inversiones y que las empresas aporten a Rentas Generales?

—Estamos viviendo un tiempo particular a nivel mundial, por los cambios en la estructura económica y de producción. Lo que uno haga en estos años va a ser determinante para la cantidad de trabajo, el nivel de vida de la población y el éxito de las empresas. En un momento determinante, el rol de las empresas públicas es fundamental en el cambio productivo, por sus propios cometidos. Sin más energía, por ejemplo, habría sido imposible pensar en inversiones productivas, ya sea en el agro, la industria o los servicios. Además, está el rol de las empresas públicas como motor de desarrollo, al generar capacidades técnicas y contribuir con la mediana y pequeña empresa en la generación de energía. Por ejemplo, en parques eólicos pasamos de una participación nacional en proyectos del 20 por ciento a un 35 por ciento. Esto significa mucha mano de obra y mucha inversión, si no todo es importado. Tuvimos muchas décadas sin inversiones, y ya vimos lo que es tener falta de energía o baja velocidad de Internet. Hemos pasado a ser otro país en pocos años. Ha sido un gobierno muy fructífero en ese sentido, y yo creo que el actual gobierno va a seguir por esa línea.

—Pero se piden inversiones más controladas…

—Las inversiones son necesarias en cualquier empresa, y más en un país que crece. No creo que haya habido descontrol, pero lógicamente tendrán que regularse los planes de acuerdo a los objetivos estratégicos de cada empresa. Si no invierte, no compite y no desarrolla al país.

Fuente: http://brecha.com.uy/el-tisa-y-la-ley-del-mas-fuerte/