Finalmente, el gobierno resolvió enviar a un funcionario diplomático a la reunión de ministros de los países que integran las negociaciones del Acuerdo de Liberalización de Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés), que se realizará en París la semana próxima. Estados Unidos pretendía que los representantes tuvieran calidad de ministros, para dar una señal política sobre la importancia de las negociaciones. Pero el representante uruguayo no será el canciller, Rodolfo Nin Novoa, sino Gustavo Vanerio, quien actualmente integra la representación diplomática del país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y fue jerarca de la cancillería en los gobiernos de Julio María Sanguinetti y de Jorge Batlle.
Mientras tanto, mañana el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio comenzará a intercambiar opiniones sobre el tema. Sectores como Asamblea Uruguay y Alianza Progresista se pronunciarán a favor de que Uruguay esté presente en las negociaciones, mientras que otras agrupaciones, como Casa Grande y el Partido Comunista, son contrarias al TISA. Mientras tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Socialista (PS) no tienen todavía una postura definida y además su interna es complicada, con posiciones divididas.
En el PS, mientras que dos ex ministros y algunos legisladores se pronunciaron en contra del TISA, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, valoró que es “muy importante estar sentado en esa mesa y estar viendo qué acontece”. “Ahora, de ahí a estampar una firma en un acuerdo que vaya a traer retroceso para cosas que entendemos muy importantes para nuestro desarrollo hay una distancia importante”, manifestó García el lunes de noche, en un foro organizado por la Fundación Vivian Trías.
En el MPP, el diputado y presidente de la Cámara Alejandro Sánchez se expresó públicamente en contra del acuerdo, mientras que el ex canciller Luis Almagro defiende la presencia de Uruguay en las negociaciones. Almagro había enviado una carta al PIT-CNT el 21 de abril de 2015 en la que explicitaba su postura sobre el acuerdo. En la misiva, Almagro sostiene que “con el PIT-CNT siempre estuvimos de acuerdo en los temas de sustancia de las negociaciones y en las sensibilidades que las mismas podían tener para Uruguay”. Agrega que para Uruguay es “imposible hacer concesiones” en una serie de puntos, que detalla. En primer lugar, señala que al trabajarse en las negociaciones sobre listas negativas -se incluyen todos los servicios en la liberalización salvo que se indique lo contrario-, esto “puede afectar en gran medida la posibilidad de establecer políticas nacionales diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios”, y por lo tanto “la posición de Uruguay debe ser de mantener el establecimiento de esas políticas diferenciales”. Agrega que debe “evitarse la liberalización de sectores no existentes dado que ello limitaría las posibilidades, por ejemplo, del establecimiento de monopolios estatales en sectores energéticos hoy desconocidos”, que “no es aceptable la cláusula de trinquete que impide la nacionalización de un sector que ha sido abierto al mercado” y que “la negociación no puede de ninguna manera implicar modificar la legislación nacional existente al presente”. No obstante, Almagro defiende en su carta la necesidad de estar presente en las discusiones, porque una negociación que incluya a Estados Unidos y la Unión Europea “indudablemente va a producir normas en materia de comercio de servicios que van a regir el mismo en los próximos años” y asegura que los “intereses vitales” del país “pueden ser perfectamente defendidos por nuestro gobierno y por sus negociadores”.
Natalia Uval
