En los últimos años, por la vía de los hechos se ha ido construyendo un sistema jurídico de protección de los intereses de las grandes empresas transnacionales, avasallando los derechos humanos y ambientales.
Llamados Tratados de “Protección de Inversiones” o de “Libre Comercio”, estos sistemas han relegado a un segundo plano las disposiciones consagradas en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos o de Medio Ambiente; aunque en la teoría estos tratados se encuentran a un mismo nivel jurídico, en la práctica son los grandes actores económicos, o quienes defienden sus intereses, quienes realmente pueden poner en marcha estos mecanismos.