No da tregua: la reforma del agua avanza


http://www.flickr.com/photos/23868590@N03/Las obras de saneamiento del departamento de Maldonado ya están en marcha y en manos de OSE, mal que le pese a todos quienes antes del plebiscito de 2004 alertaron que la empresa estatal no podría hacerse cargo de esos trabajos con dineros públicos y que la inversión privada era inevitable. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) saluda el nuevo logro, que supone otro paso adelante en el trabajo iniciado hace más de cinco años para que el agua y el saneamiento pasaran a manos públicas.

El 13 de noviembre en Maldonado, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce, el presidente de OSE, Martín Ponce de León, entre otros representantes del gobierno, e integrantes de la CNDAV, inauguraron las obras de saneamiento del departamento. El Estado uruguayo dio un paso fundamental en los trabajos de saneamiento que restan por hacerse en el país e inauguró las obras en el departamento de Maldonado, lo que tanto había prometido la empresa de capitales españoles Uragua y nunca cumplió. Como parte del compromiso de la reforma constitucional aprobada por el pueblo uruguayo en octubre de 2004, los dineros públicos se ponen a la orden del interés de la población, en clara contraposición a los intereses empresariales que en medio de falsedades sólo buscaban el lucro económico.

Varias argumentaciones en defensa de las grandes corporaciones, contra el manejo por parte del Estado de los bienes naturales, el cual no podría -decían- hacerse cargo de costos de agua y saneamiento, versiones que aseguraban el retiro del país de las empresas privadas y de las instituciones financieras, quedaron por el camino. Fundamentaciones que llegaron desde el partido gobernante en 2004, el Partido Nacional y el Partido Independiente.

Esta última agrupación política emitió propaganda contra la reforma del agua argumentando que “el SÍ deja medio país usando pozos negros”, “lo que la nueva reforma somete a un estatismo radical es tanto al agua como al saneamiento”. Citó al Banco Interamericano de Desarrollo: “el BID ha advertido públicamente que el Uruguay no avanzará hacia niveles civilizados de saneamiento si el plebiscito gana”; “el BID pronostica que ninguna institución financiera en su sano juicio proveerá al Estado de fondos para realizar las obras”. Por eso el Partido Independiente concluyó “los independientes no apoyamos el llamado ‘plebiscito del agua’”.

El vicepresidente de la República en ese entonces, Luis Hierro López, aseguró que la reforma solidificaba “una hostilidad contra la inversión extranjera”, “es la ruptura más dura que hay en materia de certidumbre jurídica en este país”, según estipula una nota publicada en Brecha el 11 de junio de 2004. En otra nota difundida el día anterior por Búsqueda, el precandidato colorado Guillermo Stirling decía sobre la reforma del agua que era “uno de los peores mensajes que el país puede emitir para los inversores”. Y el precandidato blanco Luis Alberto Lacalle, hoy disputando nuevamente la presidencia del país, alertaba que “hay que proteger el recurso y administrarlo con cuidado, pero lamentablemente el proyecto le quita al gobierno instrumentos para la utilizacón del agua de una manera absolutamente totalitaria”.

Este discurso de la derecha uruguaya es más que conocido y repetido hasta el hartazgo, hoy por el mismo Lacalle que busca asociar al Frente Amplio con la inseguridad jurídica para las inversiones, lo cual estuvo lejos de ocurrir en el período de gobierno 2005-2010. Tampoco le faltó dinero al Estado uruguayo para hacer las obras. Hoy en el entorno del 55 por ciento de los uruguayos tienen saneamiento (casi el 100 por ciento tiene agua), cifra aún muy baja, pero claramente las obras avanzan y se hace hoy lo que se prometió antes y no se cumplió.

Definitivamente hay avances a pesar de todos los pronósticos, incluyendo los de Lacalle y los de “instituciones que tanto bien le han hecho a América Latina como el BID”. Y más que nada, en materia de agua hay trabajo coordinado entre el gobierno y las organizaciones sociales para satisfacer las necesidades de la población.

Por más información:

Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV)
Adriana Marquisio
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