El complejo forestal celulósico ante el Tribunal de los Pueblos


Junto a otra veintena de empresas europeas, la empresa finlandesa Botnia fue acusada ante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Transnacionales europeas en América Latina, por violación al derecho al desarrollo y por los impactos de sus plantaciones forestales.

El Tribunal Permanente de los Pueblos a las Transnacionales Europeas en América Latina comenzó a sesionar este martes en Lima, Perú, como uno de los principales eventos de la Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas 3”, que se desarrolla en paralelo a la reunión de presidentes y jefes de gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe.Para esta sesión del Tribunal, REDES-AT Uruguay, ATTAC Argentina y la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) de Argentina, presentaron al modelo forestal celulósico en Uruguay -y especialmente a las empresas Botnia, ENCE y Stora Enso- como responsables directas de presionar, instigar y fortalecer un modelo productivo concentrador de la tierra, expulsor de pobladores del medio rural, desplazador de sistemas productivos locales y negativo desde el punto de vista social, económico y político.

En la presentación del caso se indicó que estas empresas son responsables de violaciones al derecho al desarrollo, expresadas fundamentalmente en el modelo del agronegocio forestal que concentra grandes cantidades de tierras para monocultivos de eucaliptos y pinos, provocando la extranjerización de la misma y el fortalecimiento del latifundio.

En el informe de presentación se señala que “Una de los principales responsabilidades directas de Botnia es el fortalecimiento de la forestación intensiva en tierras y agua para la producción de celulosa para la exportación. Además de la planta industrial de Botnia, se espera que para el 2009 también esté funcionando la planta de celulosa de la empresa ENCE; eso implica que las tierras destinadas a los monocultivos forestales van a ir aumentando año a año”.

Se señalaron violaciones a los derechos civiles y políticos, especialmente en relación al derecho al acceso a la información pública, pues las actividades de las empresas forestales y celulósicas acusadas están menoscabando este derecho contando con la complicidad del Poder Ejecutivo uruguayo a través del Ministerio de Economía y del Poder Judicial, negando información a la ciudadanía tal como sucedió recientemente con el pedido de informes que diversas organizaciones sociales realizaron al Estado -y que éste negó- sobre la inversión y el emprendimiento industrial que ENCE está impulsando en Conchillas.

Las organizaciones demandantes también señalaron que, para generar un clima propicio para su actuación, “Botnia está desarrollando una agresiva estrategia de Responsabilidad Social Corporativa a través de un fundación especialmente diseñada para implementar diversos programas de acción directa sobre las comunidades emplazadas en su zona de influencia. Esta estrategia incluye un “programa educativo”, un programa de “salud” y de “capacitación para la inserción laboral”, asistencia para personas con problemas de adicción, proyectos de recuperación de flora nativa, entre muchas otras cosas”.

Fue precisamente en esta área de acción que se constató por parte de las propias autoridades educativas la “violación a la laicidad” por la distribución en escuelas de una publicación infantil sobre forestación, sin permiso de las autoridades educativas del país. Con la entrega de la revista, se impartían “aulas especiales” a los niños por parte de empleados de Botnia, también sin permiso de las autoridades educativas.

Por más información:

Sebastián Valdomir (programa Justicia Económica – REDES-AT Uruguay) 098 965 135
Javier Palummo (abogado – REDES-AT Uruguay) (511) 980502898