Celulosa: la lógica de las corporaciones de espalda a los Estados


La decisión del directorio de la empresa finlandesa Oy Metsa Botnia Ab, que construye la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Rio Negro, Uruguay) de no suspender las obras como se había comprometido, es una muestra clara de la independencia de acción de la transnacional con respecto al gobierno uruguayo, al argentino y a la opinión de la ciudadanía, y de la relevancia que ésta otorga en cambio al mantenimiento de su imágen frente a los mercados internacionales. Tal actitud es acorde a las prioridades de estas empresas, que prometen un crecimiento económico rápido que finalmente atenta contra un desarrollo social, económico y ambiental sustentable.La acción de Botnia anticipa la nula capacidad de control que el gobierno de Uruguay tendrá frente a estos imprendimientos una vez entren en funcionamiento. El Estado no sólo no posee personal idóneo para la tarea de control estrictamente tecnológico, sino que a nivel jurídico encuentra un margen muy estrecho para obligar a la empresa a cumplir con lo pactado. Los últimos acontecimientos son una prueba en este sentido.

La paralización de las obras de construcción de la planta de Botnia, acordada a fin de contribuir a generar un espacio de diálogo entre los gobiernos de Uruguay y Argentina, fue postergada por segunda vez en dos semanas. El gobierno argentino solicitaba disponer de al menos 45 días para realizar los estudios de impacto ambiental, pero la empresa declaró que sólo suspendería la construcción de la planta por diez días, del viernes 7 de abril al 18. Detrás de esta decisión está también la consideración por parte de la empresa que la paralización de sus obras pondría en jaque los financiamientos que gestiona a nivel internacional.

El gobierno argentino entendió insuficiente este plazo propuesto por la empresa para que el equipo compuesto por tres técnicos de cada país llevara a cabo los análisis pertinentes, y por tanto anuló la reunión presidencial que permitiría alcanzar un acuerdo. Pero con esta actitud impidió, también, el reencauzamiento del debate en torno a las plantas de celulosa sobre las bases que organizaciones como REDES-AT vienen reclamando, esto es la discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo que se impulsa, y dejando así detrás los argumentos que de un tiempo a esta parte se manejan y que polarizan el debate sobre un eje nacionalista improcedente.

La capacidad de control de los gobiernos frente a las transnacionales ha sido largamente cuestionada por parte de las organizaciones y particularmente desde REDES-AT. En el caso uruguayo este problema se acentúa por la existencia del Tratado de Protección de Inversiones que Uruguay firmó con Finlandia, (país de donde provienen los capitales de Botnia) en 2004. A partir de este Tratado el Gobierno uruguayo se comprometió a darle a los inversores finlandeses el mismo tratamiento que le otorga a otros países (García Duchini, en Ortiz et.Alt., 2005) (1); se trata de un amparo jurídico a las acciones de Botnia en desmedro de nuestro país. Los directivos de la empresa ya le “recordaron” al gobierno uruguayo que si las negociaciones no les son favorables podrían recurrir a este Tratado para exigir resarcimientos económicos.

Esa es la lógica de las corporaciones transnacionales, que buscan consolidarse mediante la obtención de subsidios, con promesas de crecimiento económico a corto plazo que postergan las necesidades de un desarrollo realmente sustentable, y obviando la discusión ciudadana. Por ello los argumentos de los directivos de Botnia para no paralizar las obras han enfatizado en los beneficios económicos – la planta de celulosa de Fray Bentos aumentaría el Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay en un 1,6 por ciento y crearía un total de 8.000 empleos directos e indirectos- y en el estudio de impacto ambiental realizado por el Banco Mundial, estudio que carece de la imparcialidad indispensable.

La producción de celulosa se sustenta en la expansión de las plantaciones de monocultivos y esto, en el caso uruguayo, atenta contra todo un sistema productivo agrícola ganadero devastando los suelos de pradera de los que éste depende. Es a este modelo Forestal que REDES-Amigos de la Tierra (REDES-AT) viene cuestionando desde los años ’90.

Los monocultivos forestales en Uruguay se incrementaron un 2.857 por ciento en las últimas tres décadas (Achkar et alt. En Ortiz et. Alt., 2005:482) (2) A comienzos del siglo XX estaban articulados a la actividad agropecuaria. Sin embargo la liberalización del sector a partir de la implementación de la Ley de Promoción Forestal de 1987 (Nº 15.939) llevó a un crecimiento sostenido de los monocultivos que pasaron a ocupar áreas consideradas previamente de prioridad agrícola. Los impactos han sido la exclusión de los sistemas de pradera y monte natural, las modificaciones de las propiedades de los suelos, -ya que los monocultivos al ser de crecimiento rápido absorben mayor cantidad de nutrientes que otros cultivos-, y la disminución del agua disponible en los mismos.

A nivel de desarrollo social, por tanto, este modelo forestal amplia las diferencias estructurales, quitando las fuentes de sustento de las poblaciones vinculadas al agro y otorgando empleos a menos personas con mayores recursos socio culturales. Los monocultivos se “toman” el agua destinada a la producción agrícola y al alimento del ganado obligando a quienes dependen de la riqueza de los suelos para su producción a abandonar su actividad o procurarse los recursos hídricos por otras vías (Valdomir, en Ortiz et. Alt.:2005) (3). En cuanto a las fuentes de trabajo prometidas por las empresas, éstas estarían destinada fundamentalmente a especialistas, dejando al margen de este beneficio a las poblaciones más necesitadas. Según el Censo Agropecuario de 2000, las plantaciones ocupan menos trabajadores por hectárea que la ganadería extensiva. Además el trabajo en las plantaciones se realiza en condiciones de insalubrilidad e inseguridad que ya han sido objeto de denuncias (Contreras, en Ortiz et. Alt :2005) (4)

A todos estos argumentos se suma, finalmente, la contaminación ambiental producto del procesamiento de la pasta de celulosa. Uruguay ratificó el Convenio de Estocolmo en el que se plantea la eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, entre ellos dioxinas y furanos,sustancias que estas plantas emitirían.

Este es el contexto del actual conflicto y éstas algunas de las razones por las cuales REDES-Amigos de la Tierra se opone a la construcción de las plantas de celulosa en Uruguay.


(1) García Duchini, Guillermo, 2005, Una aproximación al significado y los efectos del Tratado de Protección de Inversiones Uruguay -Finlandia. EN: Ortiz, María Selva (et. Alt., editores) “Entre el desierto verde y el país productivo. El modelo forestal en Uruguay y el Cono Sur”. Edición Casa Bertolt Brecht y REDES-Amigos de la Tierra. Montevideo.
(2) Achkar, Marcel (et. Alt), 2005, Los cultivos forestales en Uruguay. Subsidios para la destrucción de paisajes. EN: Op. cit.
(3) Valdomir, Sebastián, 2005, Movilización social y justicia ambiental; resistencias locales a la forestación. EN: Op. cit.
(4) Contreras, Mariana, 2005, Empleos semiesclavos de la forestación. EN: Op. cit.