Nuevas contradicciones sobre políticas ambientales en el Poder Ejecutivo

Mientras el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca anunció medidas para cumplir con las prescripciones del Convenio de Estocolmo en materia de «contaminantes orgánicos persistentes», la Dirección Nacional de Medio Ambiente aprobó el proyecto de la Planta de Celulosa de ENCE en M’Bopicuá, reconociendo que duplicará la emisión de estos mismos contaminantes.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) anunció la prohibición del «registro y aplicación de hormiguicidas a base de dodecacloro para todo uso agrícola» y «revocar el registro y autorización de venta de todo producto fitosanitario a base de dodecacloro para todo uso agrícola» en un remitido de prensa con fecha 22 de junio de 2004, firmado por el titular de la secretaría de estado, el Ing. Agr. Martín Aguirrezabala.La justificación que aparece en la misma publicación que la sustancia activa -los dodecacloros- integra la nómina de sustancias incluidas en el Anexo A del Convenio de Estocolmo.

Este anuncio es contradictorio con otras medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia ambiental. Por ejemplo no se anuncia la realización de estudios de los efectos de los dodecacloros sobre el agua, el ambiente y los trabajadores en todos estos años.

«Seguimos como movimiento ambiental exigiendo un estudio de impacto ambiental de los monocultivos forestales sin que esto se produzca» manifestó María Selva Ortiz, de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.

Además, mientras el MGAP toma medidas a largo plazo para instrumentar el Convenio de Estocolomo la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) autoriza una planta de celulosa que generará una emisión -según el informe de la propia DINAMA- «sin duda muy superior a la emisión total actual del sector las emisiones de dioxinas y furanos», lo que va en contra del Convenio de Estocolmo.

Este Convenio que ha sido ratificado por Uruguay[1], es el compromiso del país a reducir y eliminar las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes.

«La demanda de madera de una planta de celulosa reafirmaría un modelo de monocultivos forestales que es ambiental, social y económicamente insustentable» agregó Ortiz.

La decisión del MGAP confirma las denuncias que vienen realizando ambientalistas y trabajadores sobre los impactos de los monocultivos forestales sobre el ambiente y la salud de las personas, sin embargo continúan sin realizarse estudios que midan el impacto en este sentido.

Sulfluramina y fipronil: falsas soluciones
En el «Resultando II» del remitido de prensa del MGAP se dice que «en la actualidad existen posibilidades reales de enfrentar los problemas fitosanitarios con otros productos autorizados menos persistentes, como son la sulfluramina y el fipronil».

«El fipronil es un insecticida descubierto y desarrollado por Rhône-Poulenc entre 1985 y 1987 y puesto en el mercado en 1993. Aunque es efectivo contra diversas plagas, existe preocupación acerca de sus efectos en el ambiente y la salud humana. Su venta ha sido promocionada activamente en muchos países industrializados y en vías de desarrollo y su utilización a nivel mundial está aumentando», según afirman Carrere y Cárcamo en el libro «Hormigas, agrotóxicos y forestación»[2].

Según consta en esta pubicación en febrero de 2004 se suspendió la venta de insecticidas a base de fipronil en Francia debido a la muerte de millones de abejas por la aplicación en cultivos agrícolas. «Pero el fipronil no sólo es tóxico para las abejas, sino que también tiene efectos adversos sobre la salud humana y la agencia ambiental norteamericana (EPA) identifica al fipronil como un posible cancerígeno» sostienen Carrere y Cárcamo.

O sea, lo contradictorio es que levantando el compromiso con el Convenio de Estocolmo se esté proponiendo sustituir «organoclorado persistente» (los hormiguicidas a base de dodecacloro) por otro organoclorado persistente (el fipronil).

La sulfluramida, fue registrada en los Estados Unidos en 1989. Según la investigación de Carrere y Cárcamo «la agencia ambiental de Estados Unidos (EPA), ha informado que en animales de laboratorio, exposiciones múltiples a dosis relativamente bajas de sulfluramida pueden causar efectos adversos en materia de reproducción y desarrollo».

«A ello se suma que la sulfluramida es áltamente tóxica para las aves y tóxica para animales acuáticos. (…) Más interesante aún resulta saber que en los Estados Unidos todos los productos que contengan sulfluramida deberán ser retirados del mercado a más tardar en el 2016. El principal motivo de preocupación de la EPA se relaciona con la larga vida de estos agroquímicos y sus posibles efectos a largo plazo en materia de reproducción e impactos ambientales (en particular por su alto potencial para bioacumularse en organismos acuáticos)».

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1 El Convenio de Estocolmo fue ratificado a través de la Ley 17.732 del 31 de diciembre de 2003.

2 Carrere, R. y Cárcamo, M.I. «Hormigas, agrotóxicos y forestación», Montevideo, Nordan, 2004.

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