Uruguay se encuentra expuesto a las presiones y eventuales demandas de grandes empresas transnacionales, como lo está demostrando el conflicto creado entre la compañía belga Katoen Natie y nuestro gobierno, que pretende construir una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. Esta exposición se la debemos a todos los Tratados de Protección de Inversiones firmados por Uruguay en el pasado, que ahora -y en el futuro- pueden limitar nuestros márgenes de maniobra y nuestros derechos a aplicar políticas soberanas en el marco de un nuevo modelo de desarrollo.
Es imperioso para nuestra soberanía no firmar más estos tratados con otros estados, revisar los ya existentes y si es necesario revertirlos, y también abandonar el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), mecanismos hechos a la medida de las necesidades de las grandes corporaciones transnacionales, señala REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.
Katoen Natie, dueña del 80% de la Terminal Cuenca del Plata del puerto de Montevideo, anunció que inciará en la segunda quincena de julio un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por unos 500 millones de dólares, si el 9 de ese mes se aprueba el proyecto de ley para una segunda terminal de contenedores (lo que habilitaría una concesión a otra empresa). Para esto, Katoen Natie se amparará en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Bélgica en agosto de 1997, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.
Este jueves decenas de movimientos y organizaciones sociales, entre las que está REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y Amigos de la Tierra Internacional, organizan en la sede de Naciones Unidas en Nueva York una actividad en la que se analizará el accionar del CIADI, entre otras cosas. Estarán presentes allí los mandatarios de Bolvia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa respectivamente. Varias actividades más de denuncia del CIADI se realizarán en Nueva York hasta el sábado.
En una nota del 3 de julio de 2008 publicada en el semanario Voces del Frente, REDES alertaba que “en caso que el gobierno avance con su intención de concesionar una nueva terminal, todo enfila para que Katoen Natie se plante con una demanda invocando que no se le está disponiendo un ‘trato justo’ para su inversión, amparándose en el Tratado de Protrección de Inversiones de Uruguay – Bélgica”. Eso es exactamente lo que está argumentando Katoen Natie casi un año después, aunque siempre ha estado advirtiendo sobre este punto. “No es forzado ni ocioso -sino más bien muy necesario- reflexionar un poco sobre los fundamentos del modelo basado en atraer inversión extranjera directa, ya que todo este boom de emprendimientos de transnacionales que tanto se festeja (Botnia, Stora Enso, Portucel), está cubierto por una red de tratados de protección de inversiones hechos a la medida de sus necesidades”, agregó REDES.
El Tratado de Protección de Inversiones entre Uruguay y Bélgica establece que en caso de que se generen controversias entre las empresas y el país residente, el inversor puede presentar su demanda ante el CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, para que decida sobre el asunto. Eso es lo que casi seguramente hará Katoen Natie. La justicia uruguaya en estos asuntos no corta ni pincha. Uruguay firmó el Convenio del CIADI en mayo de 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, y lo ratificó en agosto de 2000, cuando Jorge Batlle era el mandatario. El CIADI eleva a las empresas a la misma categoría que los Estados.
REDES había presentado en febrero de 2008, junto a otras organizaciones, el libro “Soberanía de los pueblos o intereses empresariales”, que recoge estudios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Uruguay que analizan los mecanismos de arreglo de diferencias entre inversores y Estados (entre ellos, el CIADI) y sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
La presión ahora está sobre nuestro Parlamento y cuesta creer que se pueda tomar una decisión soberana cuando se corre el riesgo de afrontar un juicio internacional y de verse obligado a abonar una suma imposible para Uruguay: ¡500 millones de dólares!
Los Tratados de Protección de Inversiones cuidan los bolsillos de las empresas extranjeras bajo un supuesto beneficio mutuo, como si fuera tan corriente que Uruguay instale compañías en otros países. Y el CIADI les protege las espaldas. Con amenazas así Uruguay no parece tener opciones: o no firmamos más estos acuerdos y nos salimos del CIADI o nos declaramos en bancarrota luego de perder uno de estos juicios. Si nos salimos, lo cual alentamos, no seremos los primeros. Bolivia ya abandonó el CIADI, al tiempo que Ecuador y Venezuela anunciaron su rumbo en el mismo sentido: países tan pequeños como nosotros ya eligieron ese camino de autonomía y soberanía.
Por más información:
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Natalia Carrau
908 27 30 – 902 23 55
natalia@redes.org.uy
Para obtener información sobre el libro “Soberanía de los pueblos o intereses empresariales” en la web de REDES y ver o descargar el libro en formato pdf si lo desea, acceda al siguiente link:
https://www.redes.org.uy/2008/02/13/nuevo-libro-que-se-presenta-en-bolivia-cuestiona-mecanismos-de-proteccion-de-inversiones/
