REDES-AT Uruguay ante Comisión Especial del Senado que analiza Ley de Urgente Consideración (LUC)

El viernes 15 de mayo REDES-Amigos de la Tierra Uruguay presentó sus críticas sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) ante la Comisión Especial del Senado que trata dicho proyecto de ley. En representación de REDES-AT asistieron Pablo Galeano, Silvana Machado y Martín Drago.

Como organización social sin fines de lucro, que trabaja desde hace 32 años por la justicia ambiental, social, de género y económica, nos preocupan profundamente estas modificaciones propuestas al marco normativo uruguayo, que no deberían tener un tratamiento urgente, ya que implican una reforma sustancial del papel del Estado, que atentará contra el ejercicio de derechos.

A nivel general consideramos que la LUC es un proyecto excluyente que debilita la democracia y lo público. Nos preocupa la restricción y represión previstas sobre el derecho a la protesta y el derecho a huelga, además del articulado que refiere a la «Seguridad Pública», cuyas críticas ya han hecho llegar varias organizaciones de derechos humanos.

Los contenidos de la LUC afectan directamente nuestra esfera de acción. Sus artículos van en desmedro de la participación social, del desarrollo de la agricultura familiar y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, de la defensa de la biodiversidad, y de la prioridad del bien común sobre los intereses particulares. De aprobarse este proyecto de ley, se reducirán las posibilidades de alcanzar una sociedad más justa desde el punto de vista social y ambiental.

Asimismo, la LUC fomenta el modelo agropecuario que beneficia al agronegocio y atenta contra el derecho a la soberanía alimentaria. Las modificaciones al Instituto Nacional de Colonización afectan el derecho a la tierra, mientras que en Uruguay hay por lo menos mil familias solicitando acceso a tierras para producir y garantizar una alimentación saludable para el pueblo.

Respecto a las Áreas Protegidas, las modificaciones que introduce la LUC priorizan los intereses privados en detrimento del bien público, lo que atentará contra la biodiversidad y contribuirá a la depredación de la naturaleza.

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