Debate ambiental: un componente insoslayable en la agenda de un Uruguay que gana derechos y profundiza los cambios


La Vía CampesinaA instancias de las Naciones Unidas, cada 5 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Medio Ambiente, aunque desde su primera edición, en 1972, la fecha ha adquirido una importancia creciente en las agendas gubernamentales, de un lado, pero también en el movimiento ambientalista y social y las organizaciones populares en general, de otro.

Este 5 de Junio, Uruguay lo vive en un cruce de caminos y desde Redes – Amigos de la Tierra Uruguay compartimos públicamente la convicción de que el debate ambiental resulta insoslayable en el preámbulo de una nueva etapa política y social del país, pero también en un contexto regional y planetario acuciantes.

Nuestra organización celebró en 2013 sus 25 años de existencia en una historia que nos encontró en el camino junto a otros colectivos populares en batallas que delinearon algunas aristas de nuestra realidad actual; con un fuerte compromiso movilizador y transformador de la realidad y desde un principio del ambientalismo social que no admite una justicia ecológica o ambiental sin justicia social y económica.

Soberanía Alimentaria y compras públicas a la producción familiar

El principio de la Soberanía Alimentaria, construido por las organizaciones campesinas, de mujeres rurales y pueblos originarios hace ya casi dos décadas y que postula el derecho de los pueblos a decidir soberanamente sobre la producción de sus alimentos, incluyendo componentes de acceso a los medios de producción (tierra, aguas, semillas, especies animales criollas), los derechos laborales en el medio rural, la mirada de género, la comercialización directa y la no especulación, entre otras hoy se ha convertido en un Derecho Humano, que abarca al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, consagrado por las Naciones Unidas en 1992.

Si una de las características de la última década en el país ha sido la firme agenda de recuperación de derechos, el de la Soberanía Alimentaria debe alcanzar mayor visibilidad y esfuerzo en políticas públicas y debate popular.

En ese sentido, preocupa la acelerada transformación del Uruguay en un enclave sojero-forestal y en esta etapa minero, procesos que se contraponen a la Soberanía Alimentaria, acarrean el creciente uso de agrotóxicos –con sus consecuencias ya visibles, aunque no suficientemente visibilizadas por las acciones estatales-, la pérdida de biodiversidad y privatización de la riqueza fito-genética que implica el empleo masivo de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en la agricultura.

La “desaparición” marcada en censos oficiales de familias productoras de alimentos conforma buena parte de la contracara de estas transformaciones que deben colocarse en tela de juicio en una perspectiva de modelo de país al que las fuerzas populares apostamos, cada una desde su historia y su lugar en el tejido social.

Nada esperamos de las dos estructuras partidarias tradicionales del país en cuanto a problematizar esta situación, salvo un uso demagógico de la misma, aunque sin cuestionar las bases causales del problema; por ello mismo creemos que se trata de un tema obligado en la agenda de las fuerzas de cambio, de la izquierda política y social, del medio rural y urbano, académico y de militantes sociales que hacen la base social de cualquier intención transformadora.

La reciente iniciativa de establecer por vía legal una “reserva de mercado” para el acceso de los productores familiares organizados a los suministros públicos centralizados abre un espacio para este debate, que debe realizarse en clave de Soberanía Alimentaria. Y coloca la necesidad de crear condiciones en las organizaciones de productores para acceder a los beneficios que dicho proyecto prevé, así como apoyar decididamente la producción agroecológica sustentable social y ambientalmente y procesos de transición de la agricultura tradicional, necesarios tanto para la sustentabilidad ambiental de esa producción como para la salud de la población consumidora.

Comités participativos de cuenca y el agua como Derecho Humano

En momentos en que se cumple una década de la Reforma Constitucional que declarara el agua como un bien público y reconociera el Derecho Humano a la misma para la población toda, procesos como la incidencia hegemónica del agronegocio sojero-forestal-latifundiario y la apuesta a la minería de gran porte con matriz transnacional arroja nuevos desafíos para recuperar un tema estratégico que nucleó diversas fuerzas sociales y políticas en un triunfo histórico.

El trabajo de los Comités Participativos de Cuenca, aunque con matices y sin una presencia protagónica de las organizaciones de base, asentadas en las cuencas que sufren los embates de ese modelo, son sin embargo un camino mediante el cual se ha logrado influir en acciones estatales que evaluamos positivamente.

Reglas hechas para perder

La experiencia internacional demuestra que estos procesos de apropiación de la Naturaleza por parte del capital se sustentan necesariamente en esquemas de acuerdos de “libre” comercio y protección de las inversiones mediante los cuales las corporaciones transnacionales se aseguran la renta de sus inversiones en perjuicio de la economía, la salud pública y ambiental y los derechos de las poblaciones afectadas, así como de la soberanía económica de las naciones del Sur que las albergan.

La crisis económica que afecta a parte del mundo central, así como los movimientos dentro de nuestro continente plantean la necesidad de recuperar el debate desde una perspectiva de derechos y de justicia ambiental y social, la política de integración, cuestionando las bases sobre las cuales se negocia un Acuerdo de Asociación (otra denominación para un TLC) entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (UE-Mercosur) y rechazar de plano la inclusión de Uruguay en la Alianza del Pacífico. En este sentido, Redes – AT celebra la creación por parte de la Cancillería uruguaya de un espacio que permitirá la participación de la sociedad civil en estos debates, al tiempo que se congratula por la política soberana de Uruguay en el reconocimiento de estados como el Palestino o la reivindicación de la soberanía del Pueblo Saharaui respecto a la monarquía colonial marroquí.

Los Tratados Bilaterales de Inversión, en su mayoría adscriptos al Comité Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por su sigla anglosajona) y dependientes por extensión de Instituciones Financieras Internacionales (por ejemplo Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo) representan una plataforma desde la cual se condicionan las acciones estatales y la voluntad democrática de las poblaciones. Por ello, también deben colocarse en debate tanto en forma retroactiva como desde una perspectiva de mediano y corto plazo futuro.

La apertura de un juicio usurario contra Uruguay por parte de la transnacional Phillip Morris International a partir de las medidas de salud públicas asumidos en el quinquenio anterior son un ejemplo que podría repetirse dramáticamente con la minera Zamin Ferrous, en Uruguay “Aratirí”, que ayudada por la ”industria de juicios al Estado” conformada por un grupo de bufetes legales a nivel internacional podría acogerse a los beneficios de los TPI signados entre nuestro país y países en los que cuenta con sede.

Insistimos: si la recuperación de una agenda de derechos puede considerarse una señal descriptiva de las transformaciones atravesadas por el país en la última década, de manera indisociable de la obtención del control del Estado por la izquierda política y la movilización popular, los derechos ambientales se incluyen entre los postergados en su concreción. Este hecho desafía al conjunto de las organizaciones sociales a colocarlo en las plataformas, explicitando la injusticia ambiental como limitante de la justicia social y desplegando estrategias que permitan la internalización y desarrollo de la agenda de derechos ambientales.

Países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador han recorrido caminos participativos en ese sentido, llegando a ser ejemplo a nivel mundial por el reconocimiento en sus constituciones de los Derechos de la Naturaleza y su imbricación con la redención de las clases sociales explotadas, contradicción que se encuentra en la base de la injusticia ambiental.

En este Día Internacional del Medio Ambiente, Redes-Amigos de la Tierra Uruguay reafirma su compromiso en el aporte al debate de las fuerzas populares para profundizar una agenda ambiental popular, transformadora y soberana.

Red de Ecología Social (Redes)
Amigos de la Tierra Uruguay
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