Uruguay vs. Philip Morris


Uruguay tiene un caso “sólido” en el juicio internacional que mantiene contra la tabacalera estadounidense Philip Morris, dijo el abogado y licenciado en Economía argentino Carlos Correa.

El especialista alertó, no obstante, sobre los “peligros” de firmar tratados de protección de inversiones, como el signado entre Uruguay y Suiza, que dio base a Philip Morris para iniciar el juicio contra el estado sudamericano. Muchas veces se firman sin estudios de sus consecuencias y con el argumento de que atraen inversiones, lo que no está comprobado, señaló el jueves en Montevideo, la capital uruguaya.

La organización REDES – Amigos de la Tierra Uruguay realizó ese día en la tarde un taller para periodistas denominado “La demanda de Philip Morris a Uruguay: contexto y consecuencias potenciales de los tratados de inversiones”. Allí hablaron Correa y el colombiano Germán Velásquez, los dos investigadores del South Centre, institución intergubernamental de países en desarrollo con sede en Ginebra (Suiza). Radio Mundo Real estuvo en la actividad y grabó las exposiciones. A la noche otra organización uruguaya, FESUR, se unió a REDES – AT para hacer una actividad pública con idéntico nombre y expositores.

El primer gobierno del Frente Amplio en Uruguay (2005-2009), encabezado por el oncólogo Tabaré Vázquez, implementó varias políticas de salud destinadas a bajar el consumo de tabaco en el país. Entre las medidas se destacaron la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintas presentaciones de una misma marca de cigarrillos, y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros.

Philip Morris argumentó que esas políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Según su punto de vista, se expropió indirectamente su inversión sin el pago de una compensación. Por eso la empresa presentó en marzo de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial. La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones. El juicio está en marcha.

En el taller de periodistas del 26 de julio, Correa alertó que el CIADI (tribunal con fuerte presencia en los tratados de protección de inversiones) generalmente falla en favor de los inversores, porque su función es defenderlos. En ese sentido, Argentina tiene una “vasta experiencia de fallos adversos del CIADI”.

El abogado del South Centre centró su exposición en un resumen de la defensa legal de Uruguay en el caso contra Philip Morris. Esa defensa “se articula sobre la base de la falta de jurisdicción” del CIADI para decidir en el caso, con tres argumentos fuertes.

El primer punto de los abogados que defienden a Uruguay, según la explicación de Correa, es que Philip Morris no cumplió con el procedimiento establecido en el propio acuerdo de inversiones entre Uruguay y Suiza para casos de disputas. El convenio explica que debe haber primero una “fase de discusión amigable de la controversia”, y luego, en caso de que esa discusión fracase, el inversor debe recurrir a los tribunales nacionales del país donde se realizó la inversión. Philip Morris se salteó los dos pasos y fue directo al CIADI. “La tesis del gobierno (uruguayo) es una tesis que tiene un fundamento bastante importante y razonablemente debería ser atendida por el tribunal arbitral”, consideró Correa.

El segundo punto tiene que ver con la jurisdicción. “Hay una disposición interesante en el acuerdo de inversiones (Uruguay – Suiza) de acuerdo con la cual las partes contratantes reconocen el derecho de la otra parte de no permitir actividades económicas por razones, entre otras, de salud pública”, comentó el abogado. “Es una exclusión entonces a los derechos de los inversores”, agregó. Esto plantea una cuestión de competencia: “¿puede un tribunal arbitral invalidar una medida adoptada por un Estado por razones de salud pública, cuando existe una norma expresa en el acuerdo de inversiones que dice que si la medida obedece a esas razones está fuera del ámbito del acuerdo?”. Se trata de una cláusula muy clara en el convenio Uruguay – Suiza, que no es común en los tratados de inversiones. “Parecería ser que también en este caso existe un fundamento bastante fuerte por parte de Uruguay para sostener que no es una cuestión judiciable”, evaluó Correa.

El tercer argumento de Uruguay plantea el dilema de qué inversiones son protegibles en los tratados de inversiones. El planteo de sus abogados sugiere que para hacer protegible una inversión debe tener un determinado efecto positivo en el territorio del país en que se realiza. “En este caso lo que se argumenta es que está muy claro que los costos vinculados con el hábito del consumo de cigarrillos son muchísimo más altos que cualquier beneficio que se pueda acreditar vinculado con su venta”, dijo Correa. El planteo de Uruguay apunta a que la inversión de Philip Morris no es, por tanto, protegible.

De 2004 a 2009 el Estado uruguayo gastó 783 millones de dólares para el tratamiento de salud de personas con enfermedades asociadas al tabaquismo, según información de Alberto Villarreal, de REDES – AT. Unas 5000 personas mueren anualmente en el país por esas enfermedades.

Para escuchar el audio de la entrevista: http://radiomundoreal.fm/5818-uruguay-vs-philip-morris