La Ley Reglamentaria del Artículo 47 de la Constitución nacional (reformado en el plebiscito de octubre de 2004 y que declara al agua como derecho humano fundamental) fue aprobada el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados por unanimidad, lo que había ocurrido antes en la de Senadores. La reglamentación de ese artículo es una clara victoria de los movimientos y organizaciones sociales uruguayos, luego de más de cinco años de trabajo.
La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), que reunió a esas agrupaciones sociales, fue la impulsora del plebiscito de octubre de 2004. El 64 por ciento de los votantes en esa instancia decidieron por el SI a la reforma del Agua.
Uruguay fue el primer país del mundo en declarar en su Constitución (Artículo 47) que el agua es un derecho humano fundamental. El 15 de septiembre Diputados aprobó la Ley Reglamentaria de ese artículo y convirtió en políticas de Estado los principios contenidos en él. Hay que destacar el rol fundamental que los movimientos y organizaciones sociales han tenido en todo este proceso.
Con la reforma de 2004 se dispuso además que los servicios de agua y saneamiento del país deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales y que se debe priorizar el uso humano del agua por encima de los intereses de las corporaciones. También se estipuló la participación de la ciudadanía en la gestión y control de las fuentes de agua.
Gran parte de la importancia de la actual reglamentación se refiere a ese punto: implementar los mecanismos que garanticen la participación de la gente. En esta línea, la CNDAV afirma que seguirá trabajando por la participación de los habitantes locales (los principales protagonistas en el territorio) en la planificación, gestión y control de la Política Nacional de Aguas. La Comisión considera que la gran batalla que se ha librado en Uruguay ha logrado ubicar el modelo participativo en la gestión del agua por encima del mercantilista, dando prioridad al abastecimiento a las poblaciones. Pero esa lucha debe continuar, afirma, al tiempo que asegura que seguirá reclamando la reestatización total de los servicios de agua y saneamiento en Maldonado y la detención de la expansión de monocultivos en el país, que amenazan las fuentes de agua.
En tanto, el director Nacional de Aguas y Saneamiento, José Luis Genta, subraya en un comunicado oficial que el Gobierno Nacional, apoyado por el Parlamento, logró luego de la reforma que los servicios de agua potable y saneamiento que estaban gestionados por empresas privadas pasaran a ser manejados por el Estado (esto aún no se ha concretado 100 por ciento en Maldonado), sin costos adicionales por demandas.
Genta también resalta algunas cuestiones referidas a la actual Política de Aguas del país, que incluyen el dominio de las fuentes, la gestión por cuencas y la integralidad del ciclo hidrológico: “En la Ley de Presupuesto 2005-2010 se crea la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (DINASA) y la Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento (COASAS), dando cumplimiento a que exista una mayor coordinación en el Poder Ejecutivo para el establecimiento de políticas y asegurar la participación de todos los actores: gobiernos, usuarios y sociedad civil”, señala. Genta destaca que la COASAS, en la cual participó la CNDAV, elaboró la propuesta de Ley Reglamentaria.
Su aprobación marca un mojón más en esta lucha impulsada por los movimientos sociales. No obstante, la elaboración de la ley y su reglamentación es el fruto de un proceso compartido con el Gobierno Nacional, que garantizó la participación necesaria de las entidades sociales y las comunidades locales que decidieron sobre el futuro de un bien público, para que satisfaga las necesidades de la población en general.
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