En el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, las organizaciones abajo firmantes desean dar a conocer al Estado y a la opinión pública su preocupación frente al avance de un modelo forestal que atenta contra los intereses nacionales y proponer alternativas social, económica y ambientalmente sustentables.
Los resultados del modelo forestal hasta ahora promovido con gran intervención del Estado están a la vista:
1) La creciente concentración y extranjerización de la tierra en manos de grandes empresas nacionales y en particular extranjeras; mientras cada vez se ve más ganado pastoreando al borde de las carreteras por falta de tierras, ya que los pequeños productores ganaderos van perdiendo campo como consecuencia del alto costo de los arrendamientos, tres empresas extranjeras son propietarias de más de 500.000 hectáreas. 2) El vaciamiento del campo y la desaparición de pequeños agricultores, acompañados del cierre de escuelas rurales y la proliferación de taperas.
3) Una disminución en la producción de alimentos, por la sustitución de esos suelos por plantaciones de árboles para madera, celulosa y otros rubros controlados por el agronegocio, como la soja.
4) Una grave afectación de los principales recursos naturales del país -agua y suelo- que en el caso del agua impacta sobre la producción familiar, forzándolos en muchos casos a la migración y en el caso del suelo con un constatado proceso de degradación de difícil reversión.
5) La escasa generación de empleos, caracterizados por el trabajo a destajo, bajos niveles salariales, inseguridad laboral, subcontratación y bajo nivel de sindicalización.
6) La escasez y el encarecimiento de madera para leña y para el abastecimiento de aserraderos locales por la concentración de la materia prima por grandes empresas que la destinan a la producción de celulosa y/o a la exportación.
Este modelo de forestación ha beneficiado a un puñado de grandes empresas, en su mayoría con capitales extranjeros, en tanto que para la mayoría de la población rural ha resultado en muchos más perjuicios que beneficios. Al mismo tiempo, los grandes monocultivos de pinos y eucaliptos han impactado sobre los principales recursos naturales del país, poniendo en cuestión la sustentabilidad a largo plazo.
Por esa razón, las Organizaciones abajo firmantes proponemos:
1) La suspensión inmediata de los permisos para plantaciones de pinos y eucaliptos, salvo aquellas de pequeña escala para abrigo, sombra, leña o insumos de auto-abastecimiento del predio rural.
2) El inicio de un proceso de revisión de la actual legislación forestal (ley 15939 y decretos acompañantes) con la más amplia participación de sectores de la sociedad civil, especialmente los más perjudicados.
3) El inicio de un proceso de evaluación de los impactos sociales y ambientales de las áreas actualmente forestadas y la adopción de medidas para eliminar o mitigar dichos impactos, incluyendo la erradicación de aquellas áreas plantadas cuyos impactos así lo ameriten.
4) La aplicación al sector forestal del artículo 47 de la Constitución, que restableció la soberanía del país sobre la gestión de los recursos hídricos.
5) La adopción de un marco legal que impida la concentración de la tierra poniendo un tope a la tenencia de la misma.
6) La adopción de políticas nacionales para garantizar la permanencia y mejora de calidad de vida del productor familiar.
En definitiva, hacemos un llamamiento para que el Uruguay Productivo pueda convivir con el Uruguay Natural y para que ambos resulten en el Desarrollo del Uruguay social y ambientalmente justo al que todos aspiramos. Ello implica la necesidad de un cambio sustancial en el rumbo hasta ahora seguido en materia forestal y que, de la misma forma que el Estado brindó en su momento su apoyo a dicho sector (más de 400 millones de dólares), se hace imprescindible e impostergable que ahora vuelque sus recursos económicos y técnicos hacia la concreción de un modelo de desarrollo basado en los pequeños y medianos productores agropecuarios, con particular énfasis en la producción familiar.
Para ello, es imprescindible que se reconozca formalmente la Función Social de la Tierra y que las políticas agropecuarias se centren en el siempre vigente principio artiguista de que “los más infelices sean los más privilegiados”.
Comisión Nacional de Fomento Rural
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
Grupo Guayubira
Rapal – Uruguay
REDES – Amigos de la Tierra
Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación
