La (In) Justicia Ambiental en el Foro Social Uruguay


En el marco del Foro Social Uruguay, REDES-Amigos de la Tierra y Uruguay Sustentable convocan a un Foro sobre la (In) Justicia Ambiental en Uruguay. En la actividad se expondrán diferentes casos de lucha por justicia ambiental en nuestro país, al mismo tiempo que se presentará el la Actualización del Diagnóstico Socioambiental del Uruguay.

El Foro de (In) Justicia Ambiental tendrá lugar el 19 de setiembre en el Colegio Divina Providencia sito en Dionisio Coronel 1012 (La Teja), dentro de la zona Oeste de Montevideo donde se centralizarán las actividades del Foro Social Uruguay 2004.A lo largo de la actividad se presentarán diferentes conflictos ambientales, y se realizará el encuentro de las diferentes organizaciones nucleadas en la red “Alertas Ambientales” de Uruguay, cuyo motivo común es enfrentar diversas “injusticias” ambientales.

En ese contexto se ha articulado la resistencia a la liberación de cultivos transgénicos, las luchas locales contra una planta de cromo (Libertad) y una incineradora de residuos hospitalarios (Paysandú), el movimiento contra los monocultivos forestales y su más reciente prolongación en la propuesta de instalación de plantas de celulosa (Fray Bentos).

También en esta red se ha apoyado a organizaciones locales que se oponen a la instalación de un puerto de la secta Moon en Montevideo, así como la denuncia de la contaminación con plomo en uno de los barrios de la capital del país (precisamente en la zona oeste de Montevideo).

La Justicia Ambiental se entiende como un conjunto de principios y prácticas que permitan asegurar que; ningún grupo social (étnico o de clase) soporte una parte desigual de las consecuencias ambientales negativas de operaciones económicas, de decisiones políticas tanto como de la ausencia de tales políticas; un acceso justo y equitativo a los recursos ambientales del país; un libre acceso a las informaciones sobre el uso de los recursos ambientales y la localización de las fuentes de riesgo ambiental, así como procesos democráticos y participativos en la definición de políticas y proyectos de desarrollo; y por último, la constitución de sujetos colectivos de derecho, movimientos sociales y organizaciones populares para ser protagonistas en la construcción de modelos alternativos de desarrollo, que aseguren la democratización del acceso a los recursos ambientales y la democratización de su uso.