“El lado oscuro de los acuerdos de inversión”. Nuevo audiovisual alerta sobre graves consecuencias de tratados de inversión


El título de esta nota es el nombre de un video de animación elaborado por el Transnational Institute de Holanda, que revela cómo los acuerdos de inversión firmados por los gobiernos dan pie a las grandes corporaciones transnacionales para realizar demandas millonarias contra los Estados ante tribunales internacionales.

Es el caso por ejemplo de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones firmados entre Estados, con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano del Banco Mundial) como instancia legal internacional, estipulada en los acuerdos. También es el caso de los tratados firmados directamente entre corporaciones y gobiernos.

Los pueblos, especialmente de los países del Sur global, son los principales damnificados. Han habido diversos casos de enormes demandas de empresas contra Estados cuando los gobiernos han intentado implementar políticas en favor de la población, que las compañías han considerado nocivas para sus intereses. Algunos de esos ejemplos son relatados en el video.

El nuevo trabajo del TNI dura poco más de cuatro minutos y presenta un lenguaje claro. Alerta que los acuerdos internacionales de inversión, muchas veces firmados en secreto, son también una pieza clave del sistema económico global, “que está enriqueciendo a una pequeña élite corporativa a expensas de la ciudadanía”, según dice un parte de prensa de la organización.

El TNI explica, por ejemplo, que las demandas de corporaciones contra gobiernos han aumentado casi un 1200 por ciento desde 1990. Asegura que la factura que debe pagar Argentina para defenderse de las demandas corporativas asciende a los 912 millones de dólares. Esa cantidad equivale al salario medio anual en el país de 140 000 maestros o 75 000 médicos en hospitales públicos.

Asimismo, la organización con sede en Holanda estipula que los abogados de las corporaciones, que tienen sus estudios principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, cobran unos 800 dólares por hora y animan a las empresas a presentar demandas.