¿Por qué el TISA es una amenaza para nuestro país?

https://www.flickr.com/photos/elentir/REDES – Amigos de la Tierra Uruguay reclama que los textos de negociación del Tratado de Comercio de Servicios (TISA) sean revelados por el gobierno uruguayo, ya que el país ha entrado finalmente en las negociaciones oficiales de ese acuerdo. Ratificamos una vez más nuestro rechazo al ingreso de Uruguay a este convenio comercial negociado hasta ahora “a oscuras”, que además amenaza empresas estatales uruguayas de sectores claves ya defendidas por la población en las urnas, entre varias otras consecuencias.

En relación a las palabras del Sr. Luis Almagro, ex canciller de la República, sobre las reuniones que mantuvo con REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y la central sindical PIT – CNT por nuestras preocupaciones ante la posible entrada de Uruguay al TISA, reconocemos y agradecemos el espacio que el ex jerarca abrió en varias oportunidades para escuchar nuestros argumentos.

En esas conversaciones Almagro explicó que no podía entregar los textos de negociación, porque al no haber ingresado Uruguay formalmente a las tratativas los documentos no estaban aún disponibles. De hecho, la propia Cancillería uruguaya reclamaba que se conocieran los textos de negociación para poder decidir sobre el ingreso a las tratativas. Pero ese derecho aparentemente no le fue concedido al gobierno.

El ex canciller aseguró entonces que cuando se tuvieran esos textos se consultaría al PIT-CNT y a la sociedad civil, a las cámaras empresariales y a las empresas del Estado. Sin embargo, ese paso aún no ha sido dado por el nuevo gobierno que asumió el 1º de marzo.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay reitera la preocupación porque Uruguay entró en las negociaciones del TISA sin que tuviera el país conocimiento previo de los textos de negociación y sin que hubiera un debate a nivel de la sociedad civil al respecto. Eso implicó aceptar los avances registrados en las negociaciones antes de la incorporación de nuestro país.

No coincidimos con el argumento esgrimido por CIACEX (Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior) de que lo ya aprobado coincide con lo acordado en el marco del GATS (Acuerdo General de Servicios de la Organización Mundial de Comercio), del cual Uruguay forma parte. Si fuera así, ¿para qué participar en estas negociaciones si no avanzan más que el GATS del cual Uruguay ya es signatario?

En los objetivos del TISA se establece en forma explícita que las negociaciones buscan alcanzar un acuerdo GATS plus, es decir, que si bien se basa en el GATS, se propone avanzar mucho más allá que el GATS en diversas áreas y se diferencia de ese convenio en varios aspectos importantes para los trabajadores/as y el pueblo uruguayo en su conjunto.

Del propio texto de objetivos del TISA, que tiene a Estados Unidos y Australia como principales promotores, se desprende que:

a) no hay exclusiones a priori de ningún sector de servicios ni ningún modo de suministro, es decir, que se asumen compromisos en todos los sectores y modos de suministro, excepto en aquellos que se especifiquen explícitamente; a diferencia del GATS, donde los países sólo asumen compromisos en los sectores y modos de suministro de su opción, quedando excluidos de compromisos en los demás. Específicamente, este enfoque de listas negativas (a diferencia de las listas positivas del GATS) aplica el Trato Nacional (o sea, que se le tendría que dar el mismo trato a las empresas transnacionales que podrían operar en el país), lo cual afecta en gran medida la posibilidad de establecer políticas nacionales diferenciales para promover a las empresas nacionales de servicios y fortalecer a nuestras empresas estatales de ese sector.

b) otra cláusula nueva, ausente en el GATS, dispone además que se asumen compromisos de liberalización en sectores de servicios que aún no existen. Si el TISA se firmara hoy, no podríamos excluir futuros servicios que aún no conocemos en la actualidad. Por ejemplo, en Suiza no existía seguro de salud en 1990. Si El TISA se hubiera firmado en 1990, Suiza no habría puesto el seguro público de enfermedad en la lista negativa. Uruguay no podría, por ejemplo, establecer el monopolio del Estado en nuevos sectores energéticos, hoy desconocidos.

c) el TISA establece una cláusula de mantenimiento del statu quo que no existe en el GATS, que significa que la densidad de normativas nacionales presentes al tiempo de firmar el acuerdo no podrá ser extendida posteriormente. Es decir, a manera de ejemplo, no será posible establecer nuevas reglamentaciones en el sector de la energía.

d) el TISA establece una cláusula de ‘trinquete’ inexistente en el GATS, que significa que una vez que el mercado de un sector está abierto ya no es posible nacionalizarlo de nuevo. Por ejemplo, si el TISA se hubiera firmado hace 12 años, Uruguay no podría haber devuelto a la órbita del Estado los servicios de abastecimiento de agua privatizados, como dispuso el Plebiscito del Agua en 2004 y la reforma constitucional que lo siguió ese mismo año.

e) el TISA propone disciplinas nuevas y más liberalizadoras/desreguladoras que las que existen en el GATS en materia de la reglamentación nacional y la normativa interna aplicable a las empresas de servicios nacionales o transnacionales. Esas nuevas disciplinas referidas muchas veces a aspectos que solo tienen que ver muy tangencialmente con el comercio, pueden potencialmente restringir las leyes y reglamentaciones nacionales –como los requisitos de seguridad para las y los trabajadores, las reglamentaciones ambientales, las normas de protección de los consumidores y las obligaciones de servicio universal–, incluso cuando estas reglamentaciones trataran a los servicios y a los proveedores de servicios extranjeros de la misma manera que a sus homólogos nacionales.

f) finalmente, contamos además en nuestro haber (y ya pusimos a disposición de Cancillería y la misión permanente de Uruguay ante la OMC, documentos disponibles para descarga en esta nota) con informes internacionales y estudios de expertos que explican los riesgos que implica el TISA para los servicios públicos, las potestades del Estado en materia de reglamentación para la protección de los derechos de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente, y en sectores específicos de servicios y la economía tales como salud, educación, transporte, finanzas, agricultura y otros.

Por más información:

Alberto Villarreal
098 556 360
comercio@redes.org.uy

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