ENFOQUE SOBRE COMERCIO

No. 151, Mayo 2010

EN ESTA EDICIÓN: secuelas de “la batalla por Tailandia”, la justicia climática en Filipinas, la celebración de los diez años de la “guerra del agua”, y una evaluación de la conferencia sobre el clima en Cochabamba.

SECUELAS DE LA BATALLA: JUNTANDO LOS PEDAZOS

Jacques-chai Chomthongdi y Chanida Chanyapate

LA BATALLA POR TAILANDIA

Walden Bello

ATERRIZANDO EL DEBATE SOBRE EL CLIMA

Joseph Purugganan

UNA DÉCADA DESPUÉS DE LA GUERRA DEL AGUA EN COCHABAMBA: INSPIRACIÓN PARA LAS LUCHAS POR JUSTICIA EN LA ASIGNACIÓN DEL AL AGUA Y LA DEMOCRATIZACIÓN EN ASIA

Mary Ann Manahan

REFLEXIONES SOBRE LA CUMBRE DEL CLIMA EN COCHABAMBA

Edgardo Lander

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SECUELAS DE LA BATALLA: JUNTANDO LOS PEDAZOS

por Jacques-chai Chomthongdi y Chanida Chanyapate*

Al tiempo que los habitantes de Bangkok salían masivamente a las calles para ayudar a limpiar las zonas de Silom y Ratchprasong para que sus vidas volvieran a la normalidad, el gobierno de Ahisit Vejjajiva seguía dictando órdenes de arresto para mantener a los líderes y simpatizantes de los Camisas Rojas fuera de las calles. Pero las secuelas de 9 semanas de manifestaciones callejeras contra la dictadura realizadas por el Frente Unido de la Democracia (UDD por sus siglas en inglés), no se borrarán tan rápido. La última palabra de un simpatizante de las Camisas Rojas al pasar con su moto a un camión repleto de soldados que retornaban a los cuarteles resonó fuerte y clara “Nos vemos el próximo Songkran”. [Nota: Songkran: festividad del año nuevo tradicional de Tailandia que se celebra en abril]

En el momento en que el partido de oposición Puea Thai prepara una moción de censura al Primer Ministro por la forma en que enfrentó las protestas de los Camisas Rojas – que constituye su base electoral-- las ONG, académicos y grupos de la sociedad civil que convocaron al diálogo y que hicieron un llamado a que tanto el gobierno como el UDD adoptaran métodos pacíficos para resolver los conflictos políticos, enfrentan hoy la necesidad de diferenciar los hechos de la ficción, y en no menor medida, deben dilucidar qué es lo que hay que hacer de aquí en más para garantizar que la sociedad tailandesa pueda avanzar hacia una democracia representativa y de carácter popular.

Finalmente, el Partido Demócrata eligió la solución cortoplacista, la aplicación de medidas de fuerza violentas que los mantendrá en el poder por un tiempito más. Dejaron así claramente en evidencia que son aliados (o posiblemente que están bajo el control) de la elite del establishment tradicional. Sus manos están a todas luces manchadas de sangre.

Los militares pueden ahora argumentar que sólo se limitaron a llevar adelante las órdenes del gobierno, tal como le corresponde a cualquier ejército en el marco de un sistema democrático.

Las heterogéneas masas Rojas se movilizaron como un todo detrás de un único objetivo inmediato: la disolución del Parlamento. Aunque bien organizadas, no estaban preparadas para considerar otras opciones, y al parecer no habían evaluado los diversos escenarios y las distintas estrategias que ese objetivo implicaba; tampoco articularon una agenda política a largo plazo que abordara los temas de la injusticia y la desigualdad que aparecían reiteradamente en su discurso.

Una característica que distinguió las protestas callejeras de los Camisas Rojas de otras manifestaciones populares anteriores, fue la emergencia de un grupo bien armado y bien entrenado no identificado cuando los militares intentaron retirar a los manifestantes de la Avenida Ratchadamnoen el 10 de abril, lo que resultó en bajas importantes en ambos bandos, incluyendo la del comandante en jefe del operativo militar. Las protestas callejeras prolongadas implicaban entonces la posibilidad de más pérdidas de vidas humanas.

La dirigencia del UDD tenía los elementos para saber esto. También era razonablemente previsible que el gobierno utilizara la presencia de este grupo armado para justificar el empleo de métodos letales en confrontaciones posteriores. Al continuar con sus demandas de negociación, en lugar de dispersar la manifestación, la dirigencia del UDD (o al menos parte de ella, apoyada por parte de los manifestantes) estaba en efecto jugando con la integridad física de sus partidarios en un ambiente crecientemente hostil y peligroso. Por ese motivo, la dirigencia del UDD tiene también una cuota de responsabilidad por el derramamiento de sangre, aunque obviamente la mayor responsabilidad recae en quienes ordenaron y llevaron adelante la matanza.

Los ciudadanos de Bangkok que se oponían enérgicamente a las demandas del UDD, ya sea en las calles o en las redes sociales virtuales, describieron a las masas de los Camisas Rojas como una turba de personas sin educación e ignorantes, lo que refleja claramente una tendencia inherente a la sociedad tailandesa que es contraria a otorgar derechos políticos igualitarios a las clases pobres y con menor educación, en particular de las áreas rurales. Las clases medias y altas de Bangkok consintieron el uso de la fuerza por parte del gobierno para asesinar a los manifestantes.

La matanza de integrantes de los Camisas Rojas y paramédicos ha hecho crecer exponencialmente el odio y la ira entre los Camisas Rojas y sus partidarios, en tanto que la quema de propiedades que éstos han llevado adelante como venganza ha volcado a muchos ciudadanos de Bangkok no politizados en su contra; el resultado es sin dudas una división aún más profunda de la sociedad, alimentada en gran parte por una reacción emocional inmediata ante la pérdida de vidas humanas (en uno de los bandos) y la pérdida de propiedades (en el otro).

El gobierno de Abhisit tiene que asumir la responsabilidad legal y política que le cabe por los muertos y heridos que ha dejado este episodio. No se puede justificar de manera alguna la intervención de fuerzas de seguridad armadas a guerra para dispersar manifestantes sin haber agotado antes todos los medios para terminar el conflicto, especialmente cuando el gobierno había insistido, desde el comienzo, en que quería encontrar soluciones duraderas para la sociedad. Los líderes del UDD seguían reclamando negociar incluso hasta el último minuto antes de que las tropas derribaran sus barricadas.

La única salida es que el gobierno se someta a un proceso judicial conjuntamente con los líderes del UDD. Aunque las reformas políticas y sociales son imprescindibles y urgentes, el gobierno de Abhisit ha perdido toda legitimidad para ser el que lleve adelante ese proceso.

Es necesario conformar un organismo independiente con participación de representantes de todos los sectores y de todos los credos políticos, que reúna pruebas de todas las fuentes y establezca las responsabilidades que correspondan para impartir justicia. La gente debe saber qué sucedió, y todas las partes deben reconocer lo que sucedió; este es el primer paso imprescindible hacia una reconciliación nacional.

Cualquiera que visitara el campamento de los Camisas Rojas, podía constatar las penurias sufridas por los seguidores del UDD provenientes de las provincias del Norte y el Noreste. Ellos constituían la gran mayoría de los manifestantes que acamparon en las calles bajo el agobiante calor del verano durante las nueve semanas que duraron las protestas.

“Los habitantes de Isaan (región nororiental de Tailandia) están hartos de ser tratados como ciudadanos de segunda, como si no contaran. El problema es muy simple el gobierno de Abhisit no nos representa; Abhisit fue puesto allí por los poderosos para seguir controlando al país y sus riquezas. Es obvio que este gobierno no está a favor de los pobres. La única manera de resolver esto es disolver el Parlamento y convocar a elecciones”.

“En el Norte todo está demasiado caro para nosotros, los fertilizantes, las semillas, el agua, la maquinaria agrícola, la comida; hay una gran sequía, las provincias tienen que compartir el agua todos los meses. La carga que soporta la población rural es demasiado pesada. ¿Por qué los ricos no comparten esa carga con nosotros?”

“Nos hemos quedado sin bosques; el tiempo está cada vez más caluroso y la producción agrícola es cada vez menor; en todo el país perdemos recursos debido a la minería, la deforestación, y demás. Los que tienen los medios son cada vez más ricos, pero los pobres y quienes vivimos en el medio rural somos cada vez más pobres”.

Para que tenga lugar un proceso de reconciliación nacional a largo plazo, es necesario prestar atención a la marginación social y política de larga data, al crecimiento de la brecha en términos de ingresos y oportunidades, y a la inclinación pro – urbana de las políticas que se aplican, lo cual se ha visto exacerbado por la rápida integración económica global de los sectores empresariales de orientación urbana en las últimas dos décadas.

La gran interrogante es si el UDD tal como está organizado actualmente será capaz de transformarse en una fuerza que permita realizar un cambio estructural que dé respuesta a estos problemas.

Resulta obvio que la demanda clave planteada en las movilizaciones del UDD consistió en generar una oportunidad para que la base electoral del partido Thai Rak Thai eligiera su propio gobierno y, tras la afirmación de uno de sus líderes de que eran cerca de 20 millones, se sentían seguros de lograrlo.

A todas las preguntas sobre qué agenda política tenían en mente para solucionar los problemas socio-económicos que ellos señalaban respondían con una declaración similar: “Nuestra esperanza es que con un gobierno electo democráticamente estos problemas se resolverán. No sabemos todavía como se llevará a cabo, pero la dirigencia lo está discutiendo. Debemos ir paso a paso”.

Aunque una docena de líderes de la UDD se turnó para hacer uso de la palabra permanentemente durante toda la protesta, nunca se escuchó ninguna mención a cómo serían esas políticas favorables a los pobres, ni ninguna pista sobre las medidas de reforma social, económica y política para crear una mayor equidad. Parecía haber una fe absoluta compartida en que los políticos electos corregirían lo que estaba mal, especialmente los políticos como Thaksin Shinawatra.

No muchos de los que escuchaban los discursos eran conscientes de que los objetivos declarados del UDD, según versa en la parte de atrás de sus tarjetas de afiliación, expresan su respaldo a “un Estado capitalista libre en el cual se reduzca la brecha entre ricos y pobres” y que “avance hacia el progreso económico con un perfil económico competitivo en el escenario mundial”. Sus declaraciones ponían énfasis en que simplemente “queremos liberar al país y sus poblaciones de las garras de la oligarquía y transformarlo en un país de personas libres con orgullo nacional, libertad e igualdad”, y nada que fuera más allá.

Los problemas de la injusticia y la inequidad señalados por el UDD han sido incluidos en uno de los cinco puntos de la hoja de ruta para la reconciliación nacional que propuso el gobierno. La incapacidad de los líderes del UDD de considerar seriamente la propuesta, por ende, significó la pérdida de una gran oportunidad para asegurarse un espacio apropiado y el reconocimiento a la participación del UDD en términos de igualdad con la burocracia y otros sectores de la sociedad en los procesos de reformas económicas y políticas. Estas últimas ya han sido presentadas ante el Parlamento por algunos parlamentarios a nivel individual y por un grupo de ciudadanos, en la forma de propuestas de enmiendas constitucionales.

Si el UDD será capaz o no de transformarse en un movimiento social que cuestione de manera permanente a la democracia oligárquica/de elite y contribuya a un cambio social de largo aliento, dependerá de cómo se ha preparado la organización para permitir el surgimiento de nuevos liderazgos de cara al futuro.

Si la lucha persiste, es posible que se desarrolle una conciencia de clase entre los Camisas Rojas independientemente de Thaksin u otros patrocinadores. Sin embargo, este no es al parecer el objetivo de la dirección, al menos de los que constituyen el núcleo duro de la organización. La estrategia, por lo tanto, no parece ser la de empoderar genuinamente a los pobres ni desarrollar y fomentar las organizaciones de base y la movilización de los que han sido política y económicamente excluidos, sino avanzar directamente hacia un enfrentamiento para derrotar al sistema actual, algo que beneficiaría exclusivamente a Thaksin y sus acólitos.

Sería una contribución positiva para la sociedad tailandesa que grupos locales del UDD pudieran canalizar sus energías hacia la administración local y las elecciones locales, y a enfrentar el problema de la corrupción a nivel local y también nacional. Como forma de desafiar la hegemonía de la administración central de Bangkok podrían trabajar para garantizar que los representantes electos rindan cuentas a sus electores, de manera de devolver poder a los niveles sub-nacionales y locales, allí donde haya posibilidades de implementar cambios que incidan positiva y directamente en la vida de la población.

Tailandia se encuentra frente a una disyuntiva clave en lo social y lo político, y debe elegir los caminos a seguir en el futuro con enorme cuidado. Se ha roto de tal manera la confianza en ambos lados de la línea divisoria, que sea cual sea el gobierno probablemente quedará inmerso en una confrontación con una u otra parte de la ciudadanía.

* Jacques-Chai Chomthongdi es investigador asociado de Focus on the Global South y Chanida Chanyapate es la coordinadora de esa organización. Ambos están radicados en Bangkok, Tailandia.

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LA BATALLA POR TAILANDIA

por Walden Bello*

A casi una semana de los hechos, Tailandia sigue atónita por el asalto militar del 19 de mayo al campamento de los Camisas Rojas que ocupaba el centro turístico de su ciudad capital Bangkok. Los líderes y militantes Camisas Rojas que fueron capturados son tratados como prisioneros de guerra, y las masas pobres que constituyen las bases de los Camisas Rojas son tratadas como un país ocupado. No hay ninguna duda, el país está en estado de guerra civil, y las guerras civiles nunca son lindas.

Los hechos ocurridos en las últimas semanas reforzaron la visión de la clase media de Bangkok que considera a los Camisas Rojas como “terroristas” al servicio del depuesto Primer Ministro Thaksin Shinawatra, al mismo tiempo que convencieron a las clases bajas de que su mayoría electoral no cuenta para nada. “Pro-Thaksin” versus “Anti-Thaksin”: este es el discurso simplificado que oculta lo que en realidad es –tomando prestadas las palabras de Mao- una guerra de clases con características tailandesas.

Tragedia épica

Sin dudas se contarán numerosas historias sobre las ocho semanas de la “Comuna de Bangkok”. Como en todas las tragedias épicas, la verdad se entretejerá con el mito. Pero de algo no cabe la menor duda: que la decisión del gobierno de ordenar la intervención del ejército tailandés contra manifestantes civiles nunca podrá ser justificada.

Aún no se conoce cuántas fueron las víctimas de la última semana. Las fuentes gubernamentales hablan de unos 52 muertos como resultado de una semana de enfrentamientos cuyo punto más álgido fue el 19 de mayo. Sin embargo, siguen apareciendo cuerpos, incluyendo nueve que fueron descubiertos el viernes por los rescatistas en el gran centro comercial Central World en la intersección de Rlajprasong, que fue incendiado por los manifestantes. La cifra final probablemente sea mucho más alta. Un soldado, por ejemplo, sostuvo haber contado 25 cadáveres el 20 de mayo mientras avanzaba con su unidad en una operación casa por casa buscando a sospechosos de ser manifestantes Camisas Rojas en la zona de la Plaza Siam.

Los partidarios de los Camisas Rojas acusan a los militares de haber disparado indiscriminadamente, matando a seis personas, incluidos dos integrantes del personal médico asesinados con rifles de alto poder en las afueras del templo Wat Pathum Wanarm, donde miles de Camisas Rojas se habían refugiado. Un informe del académico tailandés Pipob Udomittipong documenta con lujo de detalles cómo una unidad militar disparó sin mediar provocación alguna a una camioneta médica en la zona tomada por los Camisas Rojas en Lumpini Park unos días antes del asalto del 19 de mayo.

Mientras los Camisas Rojas cuentan sus muertos, las clases medias de Bangkok hacen su duelo por los 39 establecimientos y edificios quemados el 19 de mayo. El Bangkok Post escribió en su editorial: “los habitantes de la ciudad deberán reconstruir y probar que el bien colectivo es una fuerza más grande que los terroristas que devastaron nuestros hogares y nuestras empresas”.

Guerra de clases

Los medios locales y nacionales han descrito a los Camisas Rojas como una turba de campesinos de clase baja, proveniente del empobrecido noreste del país, que invadió Bangkok. Pero muchos Camisas Rojas sostienen que esto no es así. Algunos estiman que los partidarios y simpatizantes de los Camisas Rojas que participaron de las manifestaciones durante la movilización que duró dos meses, eran en un 70 por ciento habitantes de Bangkok y las provincias vecinas, y que solo un 30 por ciento provenía del Norte y Noreste y otras zonas rurales. Quienes resistieron los asaltos armados en las fortificaciones clave de los Camisas Rojas y se negaron a aceptar el consejo de sus líderes de dispersarse pacíficamente antes de que sobreviniera la operación militar, eran fundamentalmente jóvenes de los distritos de clases bajas de Bangkok como Klong Toey. Es imposible negar que si bien puede no ser la clásica lucha de clases que probablemente se encuentre solo en los escritos teóricos marxistas, existe un fuerte elemento de clase en la lucha entre los Camisas Rojas y los Camisas Amarillas que constituyen la base social del gobierno.

Los taxistas son fundamentalmente pro Camisas Rojas, y después del 19 de mayo están ansiosos por arremeter contra el gobierno, la clase media y los ricos de Bangkok frente a cualquiera que esté dispuesto a escucharlos. Teniendo en cuenta la forma en que los Camisas Rojas y centenas de sus simpatizantes de las clases bajas, no solo en Bankgok sino en toda Tailandia, han sido atacados, perseguidos y llevados a prisión en la última semana, no hay razón para poner en duda las palabras de un taxista que sostuvo que “cuando se levante el toque de queda seremos testigos de hechos que nunca antes se habían visto en este país”.

¿Quién dio las órdenes a quién?

El Primer Ministro Abhisit Vejjajiva ordenó el asalto, pero la interrogante para muchos es quién le dio luz verde Abhisit -a quien ven como un mandadero de las figuras poderosas de la elite tailandesa. Aparentemente, el comando del ejército no estaba a favor de atacar a los civiles, y tampoco la policía, que más bien estaba a favor de los Camisas Rojas. Para muchos integrantes de los Camisas Rojas la respuesta es “Prem”, refiriéndose al General Prem Tinsulanonda, la figura más influyente del Concejo Privado Real. Algunos Camisas Rojas bien pueden creer que Prem, a quién ven como un maestro de la intriga, es el villano de la historia. Pero, según algunos analistas tailandeses, cuando otros Camisas Rojas dicen Prem, se refieren también a otras autoridades que ocupan posiciones importantes.

Cualquier sugerencia de que el anciano Rey, que según se informa está enfermo, tuvo algo que ver con el violento asalto, es vehemente rebatida por Anand Panyarachum, una figura política altamente respetada. Anand declaró que en su experiencia como Primer Ministro, cargo al que accedió dos veces, el Rey siempre cumplió con las normas constitucionales. Únicamente intervino dando consejo “cuando se le solicitó”, y siempre dejó a cargo de los actores políticos la decisión sobre el qué hacer. “Esto es lo que sucedió en mayo de 1992 cuando reunió a Chamlong y Suchinda (los líderes que estaban en guerra) y les dijo que sería deseable que ellos hicieran lo que satisficiera mejor los intereses del pueblo. Nunca especifica qué es lo que se debe hacer”.

Cualquiera haya sido el rol del Rey en la reciente tragedia –si es que efectivamente tuvo algún papel- existe hoy una discusión crítica más explícita sobre el rol de la monarquía, algo que solía estar siempre encubierto por vagas alusiones.

¿Cómo se llegó a esto?

La democracia y sus sectores descontentos

Quizá un buen punto de partida sea mayo de 1992, cuando la dictadura del General Suchinda Kraprayoon dio paso a una nueva era de gobiernos democráticos. Entre 1992 y 1997, las elecciones generaron tres coaliciones, pero éstas eran conformaciones parlamentarias dominadas por los jefes de los partidos tradicionales y las élites que determinaban cómo votar, en particular en las zonas rurales, debido al control que ejercían sobre las fuentes burocráticas y económicas de la riqueza. Poco se hizo para solucionar las injusticias sociales que afectaban los pobres en la ciudad y el campo.

Al tiempo que la democracia parlamentaria perdía su brillo, la economía despegaba con una rápida integración del área metropolitana de Bangkok a la economía global a través de las redes financieras y de producción. La tasa de crecimiento del PBI de 10 por ciento entre 1985 y 1995 –la más alta del mundo, según el Banco Mundial- provocaba admiración hasta que uno descubría que detrás de ella se ocultaba una profundización de las desigualdades entre Bangkok y el resto del país, entre la ciudad y el campo, y entre las distintas clases sociales. Entre 1988 y 1994 –el pico del boom que transformó a Tailandia en el “quinto tigre” asiático—los hogares pertenecientes al quintil más rico pasaron de percibir el 54 por ciento de los ingresos al 57,5 por ciento, en tanto que el porcentaje de los ingresos que recibió el quintil más pobre cayó del 4,6 por ciento al 4 por ciento.

Mientras en la década de 1960, los ingresos de un trabajador agrícola representaban un sexto del de los trabajadores de otros sectores, a comienzos de la década de 1990 habían caído a una doceava parte. La pobreza se transformó al decir de un economista, en un “fenómeno casi exclusivamente rural”.

El FMI y la crisis democrática

Sin embargo, al derrumbarse la economía del país durante la crisis financiera asiática de 1997-98, a las huestes de marginados compuestas por los pobres rurales se sumaron de repente casi un millón de tailandeses, en su gran mayoría integrantes de las clases trabajadoras urbanas. Y mientras se hacía visible el fracaso de la globalización, la democracia parlamentaria cayó en un serio descrédito ya que los gobiernos mostraron su impotencia para proteger del FMI al pueblo que los había elegido para que le sirvieran. A cambio de un préstamo de US$ 72 mil millones destinados a pagar a los acreedores extranjeros, el FMI impuso un programa de “reformas” muy severo, consistente en la reducción drástica del gasto público, declarar la quiebra de muchas empresas, la liberalización de las leyes de inversión extranjera, y la privatización de las empresas estatales.

Cuando el gobierno de Chaovalit Yongchaiyudh dudó en adoptar estas medidas, el FMI presionó para cambiar el gobierno. El segundo gobierno de Chuan Leekpai cumplió a cabalidad con el Fondo y durante los siguientes tres años Tailandia tuvo un gobierno que respondió no ante su pueblo sino ante una institución extranjera. No es de sorprenderse que el gobierno perdiera gran parte de su credibilidad, cuando las medidas de reducción de la demanda impuestas por el FMI hundieron al país en la recesión y el estancamiento económico.

Las dos caras de Thaksin

Fueron éstas las circunstancias en que Thaksin Shinawatra, un talentoso gerente, experto empresario político y un comunicador tremendamente efectivo, logró su ascenso. A pesar que como hombre de negocios había sacado provecho de la globalización gracias a la posición monopólica de su empresa en el sector de las telecomunicaciones privadas -uno de los sectores más globalizados de la economía- Thaksin percibió que la crisis financiera catalizaba el temor popular a la globalización del libre mercado, generando un creciente y profundo resentimiento contra las elites urbanas y rurales que eran las que parecían monopolizar las riquezas del país, y odio hacia las instituciones financieras internacionales. Al llegar al cargo de Primer Ministro en 2001, Thaksin hizo una serie de movidas asombrosas. Canceló los préstamos que tenía el país con el FMI y echó al Fondo Monetario de Tailandia, iniciando un sistema universal de cuidado de la salud que permitió el acceso a la atención por el equivalente de 1 dólar, imponiendo una moratoria al pago las deudas de los agricultores, y creando un fondo de un millón de Bahts para cada pueblo que sus habitantes podían invertir como quisieran.

Esta fue la cara de Thaksin que le permitió ganar el apoyo de las masas entre los sectores pobres, marginados y económicamente precarios del país. Pero hubo otra cara de Thaksin, la cara que la mayoría de sus seguidores en la ciudad y el campo decidieron ignorar. Dada su condición de millonario, Thaksin literalmente compró a todos sus aliados políticos, construyendo en el proceso una coalición parlamentaria obsecuente. Utilizó su puesto para enriquecerse y enriquecer a sus acólitos, mostrando una gran incapacidad para distinguir entre el interés público y las ganancias privadas.

Cuando todo hacía pensar que Thaksin había creado una fórmula que le permitiría mantenerse en el poder por un largo período gracias a su mayoría electoral, se extralimitó. En enero de 2006, su familia vendió su paquete accionario mayoritario en el conglomerado de telecomunicaciones Shin Corporation por la suma de US$1.870 millones, a un frente del gobierno de Singapur llamado Temasek Holdings. Antes de la venta, Thaksin se había asegurado de que el Departamento Fiscal interpretaría o modificaría las reglas de manera de exonerarlo del pago de impuestos. Esto provocó la salida a las calles de una enfurecida clase media que exigió su destitución. Sintiéndose mortalmente amenazado por el esfuerzo de Thaksin de remodelar el paisaje político tailandés, el establisment se subió al carro de la lucha anti corrupción. Incapaz de romper la mayoría parlamentaria de Thaksin ni de lograr una masa crítica en las calles que permitiera sacarlo del poder, el establishment impulsó un golpe militar contra Thaksin en septiembre de 2006.

El golpe y la continuidad de la crisis

La obstinada base de masas de Thaksin, conjuntamente con sus propios errores, les impidió a los militares re-estabilizar el país, llevándolo a un gobierno autoritario. Cuando el régimen auspiciado por los militares golpistas se retiró, las elecciones llevaron al poder a dos coaliciones parlamentarias pro-Thaksin. Al verse frustrada en la contienda electoral, la alianza de las clases medias y la elite volvió a recurrir a la acción directa, la más infame de las cuales fue la toma por parte de las Camisas Amarillas anti-Thaksin del Aeropuerto Internacional de Suvarnabhumi en diciembre de 2008. Al mismo tiempo, se recurrió a medidas judiciales para disolver el partido pro-Thaksin dominante y se usó la coerción para que algunos de sus integrantes lo abandonaran y se unieran a una nueva coalición generada alrededor de la minoría del Partido Demócrata encabezado por Abhisit.

En ese momento, los seguidores de Thaksin entendieron que solo montando un espectáculo de fuerza en las calles similar al de los Camisas Amarillas podían reinstaurar su posición política como fuerza mayoritaria en el país. La guerra en las calles en la primavera de 2009, que tuvo por resultado la vergonzante cancelación de la Cumbre de ASEAN en Pattaya, durante la cual algunos jefes de Estado debieron ser evacuados en helicóptero, no logró derrocar a Abhisit, pero demostró ser un valioso ensayo para la masiva puesta en escena de los Camisas Rojas que comenzó a conmover al país a mediados de marzo de este año.

¿A un paso de la victoria?

Para muchos observadores, los Camisas Rojas estuvieron a un paso de la victoria hace dos semanas, cuando lograron que Abhisit pusiera sobre la mesa un plan de reconciliación de cinco puntos que incluía la promesa de disolver el Parlamento en septiembre y elecciones en noviembre. El gobierno sostiene que la línea dura de los Rojos saboteó el acuerdo demandando nuevas condiciones que apuntaban a responsabilizar a líderes clave del gobierno por las 20 o más muertes que habían tenido lugar en un enfrentamiento previo del 10 de abril. La dirigencia de los Camisas Rojas por su parte, sostuvo que el apuro con el cual el gobierno retiró su oferta de la mesa y dio por finalizadas las negociaciones, demuestra que el plan no era más que un artilugio de negociación utilizado para ganar tiempo para preparar la acción militar que se llevó a cabo el 19 de mayo.

De lo que no cabe duda, es que la rendición de la dirigencia de los Camisas Rojas y la repatriación de miles de campesinos a sus provincias no pondrá fin al problema de los Camisas Rojas. Según un académico pro Camisas Rojas, los militares desafectados, la policía y los funcionarios gubernamentales que jugaron un papel prominente en las recientes movilizaciones crearán una red subterránea que generará el liderazgo necesario para la siguiente fase de la lucha.

Pero el principal impulso provendrá de la propia gente. Está claro que Tailandia nunca será la misma. Un taxista me resumió la situación de la actual coyuntura de la siguiente forma: “los ricos de Bankgok piensan que somos unos pobres estúpidos, a los que no se puede confiar la opción democrática. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Sí ellos dicen que Thaksin es corrupto. Pero el está a nuestro favor y lo ha probado. Los ricos y las clases medias de Bankgok nos ven como el enemigo. Creen que estamos muertos, deberían pensarlo dos veces. Este no es el fin sino el fin del principio”.

* Walden Bello, quien acaba de retornar de Tailandia, es analista de Focus on the Global South. Ha sido reelecto como Diputado en la Cámara de Representantes de Filipinas y es autor de A Siamese Tragedy: Development and Disintegration in Modern Thailand (Londres: Zed, 1998). Se le puede contactar en waldenbello@yahoo.com

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ATERRIZANDO EL DEBATE SOBRE EL CLIMA

por Joseph Purugganan*

Bajo un calor abrasador de 36.8 grados centígrados, el día más caluroso del año hasta el momento, los sectores y comunidades más vulnerables a los efectos del cambio climático se reunieron a orillas del río Marikina en vísperas del Día de la Tierra, para compartir historias personales sobre cómo lograron sobrevivir y sobrellevar los desastres, y para discutir y proponer soluciones a futuro que permitan enfrentar la crisis climática que continúa empeorando.

Cerca de 500 mujeres y hombres en representación de campesinos, pescadores, mujeres, Pueblos Indígenas, trabajadores, sectores pobres urbanos y jóvenes, se reunieron en la ciudad de Marikina el pasado 21 de abril de 2010 en una conferencia convocada bajo el lema: “Hagamos el cambio por la Justicia Climática: “Pagbabago para sa Katarungan sa Klima”.

La conferencia, organizada por el Movimiento Filipino por la Justicia Climática (PMCJ por sus siglas en inglés), fue una expresión de solidaridad de los movimientos sociales de Filipinas con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra que se realizó en la histórica ciudad de Cochabamba en Bolivia. Esta conferencia mundial, en la cual participaron casi 35.000 personas de 135 países, fue organizada por el Presidente boliviano Evo Morales en respuesta al fracaso de las negociaciones de cambio climático a nivel mundial y para “defender los derechos de la Madre Tierra”.

Inspirados en la iniciativa boliviana, la conferencia paralela de Manila apuntó a formular una lista de propuestas o demandas urgentes de la gente a ser presentada al gobierno filipino, respecto a los temas a priorizar en la política nacional del clima.

La lucha por la justicia

La conferencia se inició con una acción de protesta liderada por los pueblos indígenas de Nueva Vizcaya en el Norte de Luzón, conjuntamente con activistas y representantes de ONG que trabajan en temas del agua, que se llevó a cabo frente a la Dirección de Regulación Nacional de Aguas (NWRB por sus siglas en inglés) en la ciudad de Quezon. Al tiempo que llamaron al gobierno a amparar el derecho básico de las personas al agua, los líderes de los Pueblos Indígenas exigieron a la Dirección que no adjudique permisos de agua a proyectos mineros que exacerban la crisis hídrica y el cambio climático. Exigieron asimismo que el gobierno garantice un manejo y conservación adecuados de nuestros recursos de agua dulce, que deberán destinarse primordialmente al uso de las comunidades y las labores agrícolas.

La lucha de las comunidades indígenas contra la minería y por el acceso al agua es solamente una de las muchas luchas locales que se integraron al debate sobre el cambio climático en Filipinas. En la conferencia escuchamos hablar de la lucha de las comunidades urbanas pobres que han sido desplazadas de sus hogares por las inundaciones, a los pescadores que luchan contra un proyecto financiado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) que puede terminar con los medios de sustento de las comunidades costeras; también escuchamos cómo los trabajadores pierden sus puestos de trabajo a causa de los desastres; y sobre la lucha de los campesinos para impedir la conversión de las tierras agrícolas a la producción de agrocombustibles.

En la discusión sobre justicia climática, los líderes de los distintos sectores tomaron la palabra para compartir sus perspectivas y definiciones. Allan Alam, líder del movimiento indígena del Lago Sebu en Mindanao habló sobre las luchas de su comunidad contra la minería de carbón. Ruperto Alerzo del Movimiento de Pescadores Kilusang Magingisda afirmó que las luchas por los derechos de los pescadores a la gestión y control de los recursos es una lucha por la justicia climática. Agregó que no puede haber justicia si no se reconocen los derechos de los sectores populares. Lourdes Labadan habló de la injusticia que afecta a los habitantes de las ciudades que habitan viviendas precarias. Para Teody Navea, representante de los trabajadores, la justicia climática se logra si se cambia el sistema y se define un camino que permita un desarrollo más sustentable.

Su mensaje es claro –las comunidades más afectadas por el cambio climático están a la vanguardia de las luchas por la justicia climática en Filipinas.

Cambiar la correlación de fuerzas

Pero las exigencias que hacen los sectores populares de justicia económica, social y climática, brillan por su ausencia en las negociaciones mundiales del clima. En su lugar, las negociaciones transitan cada vez más por el camino de la protección de los intereses de los países ricos industrializados y las grandes empresas que los respaldan.

Lo sucedido en la 15ª Conferencia de las Partes (COP 15) en Copenhague es un testimonio vivo de este desequilibrio. El Entendimiento de Copenhague, un acuerdo político pergeñado por Estados Unidos a través de un proceso no democrático y para nada transparente, amenaza hoy con convertirse en la base sobre la cual continuar las negociaciones. Este Entendimiento ha sido criticado no solo por el proceso que lo gestó, sino también por permitirle a los países ricos evadir sus compromisos en las negociaciones, y por no estar a la altura de lo que se requiere con urgencia para evitar el empeoramiento de la crisis del clima.

Cambiar la correlación de fuerzas en las negociaciones del clima a favor de los intereses de los sectores más afectados es por lo tanto una prioridad máxima de la agenda política, tanto de la Conferencia de los Pueblos en Cochabamba como del evento paralelo realizado en Filipinas

Los procesos nacionales

A nivel nacional, el Entendimiento ha disparado una serie de debates dentro del gobierno y de la sociedad civil sobre la dirección que han tomado las negociaciones internacionales sobre el clima. Un mes después de la cumbre de Copenhague, el Secretario Heherson Alvarez, Asesor Presidencial sobre Cambio Climático, escribió una carta a la Secretaría de la CMNUCC expresando el apoyo de Filipinas al Entendimiento de Copenhague. Pero luego, como resultado de las críticas realizadas por otras agencias gubernamentales involucradas en el tema del cambio climático y por organizaciones de la sociedad civil, el Secretario Alvarez se retractó de asociar a Filipinas con el Entendimiento y llamó a nuevas consultas sobre el tema, antes de tomar una posición nacional respecto de asociarse o no al Entendimiento.

Las posiciones divergentes sobre el Entendimiento han dejado al descubierto las divisiones internas del gobierno respecto a cuál es la dirección que deben tomar las negociaciones sobre el clima y cuál debe ser el marco de políticas climáticas del país.

A fines de octubre de 2009, la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo promulgó la Ley de Cambio Climático de Filipinas de 2009 que le permitiría al país responder de mejor manera ante los desastres generados por el cambio climático. La Ley 9729 de la República tiene por objetivo posicionar el cambio climático como elemento prioritario transversal de la agenda política nacional mediante la creación de una Estrategia Nacional Marco y un Programa de Cambio Climático. Crea además una Comisión del Cambio Climático para coordinar, monitorear y evaluar los programas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

La recientemente constituida Comisión del Cambio Climático está encabezada por la Presidenta, y está integrada por el ex Asesor Presidencial sobre Cambio Climático Heherson Alvarez, el ex Subsecretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales Lucille Sering y Nadere Saño en calidad de representante de la sociedad civil (World Wide Fund For Nature-WWF).

En su presentación en la conferencia de la sociedad civil en Manila, Saño se refirió a las iniciativas de la comisión para el desarrollo de la Estrategia Nacional Marco sobre Cambio Climático que servirá de guía al gobierno para abordar los problemas del cambio climático. Según Saño “la estrategia marco establecerá las prioridades a la hora de dar respuesta a los desafíos del cambio climático como las sequías y las tormentas. Debe definir nuestras necesidades para estar preparados para los desastres, así como (los pasos que deben tomarse) para (que el país pueda) avanzar hacia un desarrollo sustentable”.

No obstante la Comisión ha enfrentado críticas al proceso de formulación del marco nacional. Algunos sectores, entre ellos el PMCJ, han objetado que no habido una amplia participación de los distintos sectores en el proceso de consultas y que el enfoque aplicado en la formulación del documento es disparatado e incoherente. Quizá para dar cuenta de estas críticas, Saño señaló que “el marco debe formularse a partir de un proceso consultivo participativo multisectorial”. Aseveró que “se trata de un proyecto nacional que debe reconocer la necesidad de una participación genuina”.

Amplificar las voces de las bases

El Movimiento Filipino por Justicia Climática (conocido anteriormente por el nombre de Climex) fue creado en junio de 2009 como plataforma para la participación de los movimientos sociales en cuestiones relativas al clima. En el contexto de Filipinas, en donde ya existen varias redes y grupos de la sociedad civil que trabajan sobre el cambio climático, el PMCJ define su rol específico como el de un movimiento que apuesta a amplificar las voces de las bases en el discurso sobre el clima. Esto involucra la creación de espacios que permitan a los diferentes grupos sectoriales y comunidades compartir ideas y discutir sobre el cambio climático, y facilitar acciones coordinadas en apoyo a las luchas existentes en el territorio. También significa generar capacidades para involucrar al gobierno tanto a nivel local como nacional en la política del clima.

Entre los espacios y procesos de intervención ante el gobierno identificados por el PMCJ están el llamado “examen climático” del Plan de Desarrollo a Mediano Plazo de Filipinas (2011-2016), el proyecto de redacción de las reglas y reglamentos de instrumentación de la nueva ley de Reducción de Riesgos de Desastres, y los procesos y políticas de la nueva Comisión de Cambio Climático.

El PMCJ también apunta a apoyar y fortalecer la resistencia popular contra proyectos clave asociados al carbón, el agua (incluidos proyectos específicos de grandes represas), de minería y energía, así como proyectos y políticas que estimulen la conversión de tierras agrícolas para la producción de agrodiesel.

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UNA DÉCADA DESPUÉS DE LA GUERRA DEL AGUA EN COCHABAMBA: INSPIRACIÓN PARA LAS LUCHAS POR JUSTICIA EN LA ASIGNACIÓN DEL AL AGUA Y LA DEMOCRATIZACIÓN EN ASIA

por Mary Ann Manahan*

Esta ponencia fue presentada durante la sesión plenaria de apertura de “10 años de la Guerra del Agua” durante la III Feria del Agua, el 15 de abril de 2010 en el Complejo Fabril en Cochabamba Bolivia, al celebrarse 10 Años de la Guerra del Agua.

Muchas gracias por invitarme a esta sesión plenaria. Me siento honrada por vivir esta experiencia con todos ustedes en este momento histórico, y ser parte de una reunión políticamente estratégica nos sólo para los movimientos por justicia en la asignación del agua sino para los movimientos por la justicia mundial. Leí y oí hablar de la guerra del agua de Cochabamba cuando era una joven activista en la Universidad de Filipinas. Fue también el año en el que comencé a participar activamente en la lucha del movimiento estudiantil para derrocar a un presidente corrupto e inmoral. Leer la historia de la guerra del agua me inspiró a ser más politizada, a ser más consciente de las cosas que pasan en todo el mundo y a trabajar por el cambio social.

Una década después, los significados y las lecciones de la Guerra del Agua de Cochabamba son hoy más relevantes que nunca. En Asia, una región diversa que comparte muchas similitudes con Bolivia en términos de historia y desarrollos políticos y económicos –sujeta a programas de ajuste estructural en la década de 1980 por las instituciones financieras internacionales (IFI) como el Banco Mundial y el FMI, y a las políticas neoliberales y los experimentos de privatización en la década de 1990; donde la pobreza generalizada es la realidad de cada día y la corrupción gubernamental está muy enraizada en la cultura del gobierno; y donde hay una tradición fuerte de movimientos populares y ciudadanos que se alzan para exigir sus derechos—estas lecciones y significados de la guerra del agua resuenan de muchas maneras.

Permítanme que les presente tres áreas o puntos que ponen de relieve las coincidencias entre la Guerra del agua de Cochabamba y las luchas de los movimientos por justicia en la asignación del agua en Asia en las que participa directamente mi organización, y compartir con ustedes la situación actual de las luchas por el agua en mi región.

Al igual que Bolivia, Asia tiene “movimientos por justicia en la asignación del agua” muy dinámicos y diversos que trabajan en diferentes temáticas relativas al agua, y que están creando espacios de resistencia, construyendo alternativas en diferentes áreas y haciendo revoluciones en el proceso.

En primer lugar, la Guerra del agua resuena en Asia en tanto que es una lucha por la vida—por la recuperación del agua como bien común, por justicia en la asignación del agua y por la democratización. Existen numerosas campañas que buscan proteger los medios de sustento, las cuencas, los ríos, los lagos, y defender el control de los pueblos sobre los recursos hídricos que les pertenecen. El proceso de privatización se ha generalizado y abarca la privatización de pesquerías y zonas de pesca comunales, como en el caso de la Cuenca del Lago Tonle Sap, amenazando la seguridad alimentaria, la economía y la identidad cultural de Camboya. Esto se complica aún más por el apoyo de las IFI y el gobierno a proyectos de mega infraestructura como las represas. En India, la controvertida represa de Sardar Sarovar ha desplazado y empobrecido a millones de pobladores indígenas, comunidades de pescadores y campesinos. Otro problema es la cuasi adicción de China a la construcción de represas –que se ha vuelto un problema transfronterizo.

Todos estos proyectos privatizadores y el nuevo cercamiento de las aguas como bien común han generado una creciente resistencia, y la búsqueda de enfoques innovadores para el cuidado de las aguas. Las comunidades afectadas por las represas, conjuntamente con ambientalistas, ONG, la academia y otras organizaciones de la región de Mekong, han resistido una y otra vez la avalancha de mega proyectos de infraestructura que amenazan con destrozar sus vidas y sus hogares. Hay también un movimiento anti-IFI vibrante y dinámico en el Sur y Sureste de Asia que denuncia los verdaderos impactos de los programas de privatización en sus comunidades y que exige que estas instituciones se retiren del continente. Otra área en la cual la resistencia es fuerte es la campaña contra las empresas embotelladoras de agua, como Coca Cola, que han estado extrayendo aguas subterráneas y desviándolas a sus fábricas a costa de las comunidades –en Plachimada, India, han logrado sacar a Coca Cola de su comunidad. Muchas comunidades en Asia luchan también contra las industrias extractivas y los agronegocios que contaminan las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Existen esfuerzos para establecer vínculos entre las diferentes luchas lideradas por los Pueblos Indígenas, las mujeres rurales, los pequeños agricultores, grupos diversos y grupos anti-minería en el Sureste, Este y Sur de Asia. Los ríos, que han sido contaminados con desechos de uso doméstico e industrial, están siendo recuperados para así recuperar las vidas y los medios de sustento de las personas.

En segundo lugar, las guerras del agua que se iniciaron 10 años atrás permitieron además poner de relieve un componente importante de nuestras luchas –la construcción y el desarrollo de alternativas. Tenemos ejemplos de alternativas en Asia que subsisten a pesar de que los capitales privados y las grandes empresas siguen siendo dominantes en nuestras vidas y sociedades, especialmente en lo que atañe al acceso, el control y la sustentabilidad de las fuentes de agua potable y el suministro de agua, tanto en las zonas urbanas como rurales. Un rasgo común de estas alternativas es la necesidad de soluciones y una gestión pública del agua centrada en las personas y de carácter progresista. Tenemos fuertes sistemas públicos de suministro de agua en Filipinas, Malasia, Hong Kong, Corea del Sur, Camboya y Japón, que incluyen la participación de los consumidores y las comunidades. Tenemos experiencias estatales, comunitarias y de democratización protagonizadas por los movimientos sociales en India e Indonesia, donde gran parte de la población aún no tiene acceso al agua y a los servicios de saneamiento, pero donde existen alternativas concretas y viables a la privatización. También tenemos asociaciones público-público, o asociaciones sin fines de lucro entre los operadores públicos del agua, comunidades, sindicatos y otros grupos. Los sistemas de agua de base comunitaria o de propiedad de los consumidores son alternativas igualmente importantes, que permiten salvar la brecha existente en el suministro de agua en muchas partes de Asia.

En tercer lugar, 10 años después de las Guerras del Agua, los desafíos que enfrentamos son aún mayores. Las múltiples crisis –alimentaria, climática, y del agua- han impactado de manera profunda nuestras vidas cotidianas. La crisis del agua se ha intensificado por el cambio climático y la degradación del medio ambiente, como resultado por ejemplo de la contracción de la superficie de bosques y pantanos que ha generado inundaciones y sequías crónicas. El calentamiento global acelera el derretimiento de los glaciares del Himalaya que alimentan los grandes ríos de Asia.

El cambio climático es un factor que exacerba los conflictos y problemas geopolíticos existentes, en la medida en que el agua se transforma en una herramienta para la ocupación. Esto está sucediendo en Palestina donde Israel limita el uso del agua de pozo a los palestinos para expulsarlos de sus tierras. La lucha por el agua está cada vez más intrínsecamente vinculada a la lucha por la autodeterminación y la liberación.

La respuesta de los gobiernos al cambio climático y los conflictos políticos tendrá impactos en la capacidad de los pueblos de acceder al agua. El agua, en tanto esencia de la vida en el mundo se ha vuelto un nuevo ámbito de cooperación, cuyo éxito exige y a la vez estimula la solidaridad entre los pueblos. Los desafíos son enormes pero nos presentan una gran oportunidad de imaginar, soñar y construir un mañana mejor, para nosotros, nuestras familias y las futuras generaciones.

Es por ello que esta Feria del Agua es tan significativa, la razón por la cual estamos aquí reunidos. Estamos unidos por un mismo deseo y una misma necesidad, la de recrear nuestras sociedades, dar vida de manera colectiva a un nuevo paradigma y a una nueva “visión” de cómo valorar y manejar el agua, y para prender la mecha en la ciudadanía politizada y la gente común para que defiendan el interés público a través de la acción colectiva. Nos hemos congregado aquí para unirnos en torno a nuestras luchas –sean estas en Asia, África, América Latina, Norteamérica o Europa.

Y en realidad es una tarea fácil, porque todos somos partes de la misma comunidad. A pesar de las diferencias existentes en nuestras historias y culturas, compartimos el mismo espíritu y las mismas aspiraciones, podemos alzarnos y lo haremos, para proteger este espíritu y hacer realidad nuestros sueños. Todos y todas creemos que otro mundo es posible.

Para mí, entonces, la Guerra del agua de Cochabamba, hace ya una década, sigue siendo un ícono y un ejemplo de las muchas posibilidades que tenemos por delante. Nos inspira y nos moviliza cruzando aguas y fronteras.

Los sueños no conocen límites ni geografías. Como comunidad que somos, la Feria del Agua es un momento que nos llena de inspiración y esperanza.

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

* Mary Ann Manahan es investigadora de Focus on the Global South.

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REFLEXIONES SOBRE LA CUMBRE DEL CLIMA EN COCHABAMBA

por Edgardo Lander* - Abril de 2010

Tras la Cumbre sobre el clima que tuvo lugar la semana pasada en Bolivia, los gobiernos podrán transmitir la agenda de los movimientos sociales y de los pueblos más amenazados del mundo en el marco de la siguiente conferencia oficial sobre el clima en México

El resultado final de la Cumbre de Cochabamba fue bueno. Por un lado, el gran número de personas que participaron en ella, ya que asistieron unas 33 000 personas, más del doble de lo que esperaban los organizadores, y de éstas, alrededor de 10 000 se desplazaron desde el extranjero hasta Bolivia.

Por otro, Cochabamba albergó también buenos debates. Fue una ardua tarea crear 17 documentos, uno por cada grupo, en tan sólo tres días, así como el documento final del Acuerdo de los Pueblos. Además de tomar decisiones de forma colectiva en vez de en pequeños grupos. Pero lo conseguimos y ahora tenemos el Acuerdo de los Pueblos como alternativa al llamado Acuerdo de Copenhague. De esta forma, los gobiernos (hasta ahora sólo los del ALBA, aunque se espera que se les sumen otros antes de la siguiente cumbre sobre el clima) podrán transmitir la agenda de los movimientos sociales y de los pueblos más amenazados del mundo durante la Conferencia oficial de Cancún.

Es casi imposible sobrestimar la importancia de los problemas medioambientales en el mundo. Me gustaría destacar simplemente dos razones. Por supuesto, la primera es el hecho de que nos estamos enfrentando a una crisis que amenaza la supervivencia del ser humano e, incluso, la vida en el planeta. La segunda, el hecho de que las luchas medioambientales han logrado conectar algunos de los problemas/luchas más importantes en las últimas décadas (como justicia/igualdad, guerras/militarización, libre comercio, soberanía alimentaria, agroindustria, derechos de los campesinos, luchas contra el patriarcado, defensa de los derechos de los indígenas, migraciones, críticas a los patrones de pensamiento dominantes eurocéntricos y coloniales, así como luchas por la democracia, etc.). En Cochabamba se debatió sobre todos estos temas y están, en cierta medida, presentes en el Acuerdo de los Pueblos.

Sin embargo, existen algunos asuntos que considero potencialmente peligrosos.

1. El primero es el hecho de que los movimientos de resistencia en el mundo han asumido la forma en que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU ha concebido los problemas medioambientales como problemas derivados del “cambio climático”. Personalmente creo que, una vez que el problema se define como “cambio climático”, es bastante fácil que el siguiente paso sea limitar los debates al aumento de la temperatura media. Esta situación tiende a reducir el tema de los debates a cómo limitar las emisiones de dióxido de carbono sin cuestionarse nada más. De este modo, no se discute sobre los límites (o crisis terminal) de una civilización patriarcal antropocéntrica debido a la separación radical entre los humanos y el resto de la vida en el planeta; un proyecto de civilización basado en la idea de un crecimiento ilimitado en un planeta limitado. Así, por ejemplo, en vez de discutir sobre la necesidad de eliminar un sistema de transporte basado en vehículos privados, los debates se centran en las energías alternativas, dejando intactas (pero dándoles un nuevo enfoque verde y lucrativo) las formas de transporte actuales que resultan insostenibles.

Esta situación ha hecho posible que tanto las grandes empresas como la gran mayoría de los gobiernos y de la comunidad científico-tecnológica se hayan lanzado a la búsqueda de ‘soluciones tecnológicas’ y de mercado para los problemas ‘técnicos’ que sufrimos en la actualidad. Es cierto que el cambio climático es un problema importante, pero éste forma parte de las extendidas consecuencias de carácter destructivo que tienen el desarrollo, el progreso y el crecimiento ilimitado en este mundo extremadamente desigual. Estos problemas no son, en esencia, ni tecnológicos o de mercado. No se puede esperar que esa misma ciencia/tecnología, esos mismos patrones de conocimiento dominantes, esos mismos sistemas de mercado causantes de la crisis actual nos puedan ofrecer alguna alternativa significativa.

Por este motivo, la lucha contra el cambio climático (“cambiemos el sistema, no el clima”) debe combatir al mismo tiempo esta concepción limitada y empresarial corporativa de lo que está en juego.

2. El segundo asunto es la forma en que los debates de Cochabamba definieron al capitalismo como la principal causa del cambio climático y la destrucción medioambiental. Estoy completamente de acuerdo con que el capitalismo y la preservación de la vida humana en la Tierra son incompatibles. El capitalismo sustenta un sistema de crecimiento ilimitado. No existe tal cosa como un capitalismo de Estado estable o un capitalismo con crecimiento negativo. Un crecimiento ilimitado no es posible dentro de un planeta de recursos limitados. Por eso, las únicas alternativas válidas serán las no capitalistas.

Sin embargo, cuando el debate se limita al “capitalismo” surgen dos problemas. El primero es que los gobiernos o proyectos llamados socialistas pueden aprovechar esta idea para lavarse las manos y evadir su responsabilidad. (Si el culpable es el capitalismo, el problema no es nuestro, ya que estamos construyendo el socialismo). Todos sabemos que el socialismo soviético fue, en muchos sentidos, más destructivo para la humanidad y el medio ambiente que el capitalismo. Por eso, es necesario que las alternativas sean tanto anticapitalistas como radicalmente críticas con los patrones de civilización dominantes. Esta dimensión crítica de los patrones de civilización tiende a ser poco clara cuando los problemas quedan encasillados en que la única responsabilidad reside en el capitalismo. Precisamente esto es lo que ocurre hoy en día en Venezuela, donde las consecuencias de un modelo de desarrollo de Estado socialista basado en la extracción del petróleo no quedan del todo claras debido al énfasis que se hace en responsabilizar al Norte, especialmente a los Estado Unidos.

Un segundo problema, relacionado con el anterior, es el hecho de que este énfasis unilateral en el capitalismo puede llevar a creer que sólo se puede lidiar con estos problemas en una sociedad no capitalista (es decir, socialista), después de una revolución, o después de que un gobierno progresista o socialista tome el poder. Tengo la impresión de que éste era el pensamiento circundante entre muchos de los asistentes a la cumbre de Cochabamba. Esto supondría un paso atrás en las enormes transformaciones políticas y culturales que han tenido lugar desde la caída del Muro de Berlín, desde el derrumbe de la Unión Soviética en la resistencia mundial ante capitalismo. Durante las dos últimas décadas han surgido en todo el mundo nuevas formas de hacer política, basadas en conceptos como pluralidad, diversidad y horizontalidad, así como en la idea de que, aunque sea importante, el poder estatal constituye sólo una de las múltiples dimensiones de las transformaciones sociales necesarias que tienen que ocurrir (no después de tomar el Palacio de Invierno, sino aquí y ahora). El proceso del Foro Social Mundial ha supuesto una enorme contribución a esta nueva cultura política. Si la adhesión al “socialismo” se convierte una vez más en el criterio mediante el cual se juzgan el valor o la contribución de los temas, luchas y movimientos sociales, la mayoría de esta valiosa experiencia reciente se perderá.

3. También es necesario ser consciente de los problemas que pueden surgir como consecuencia del llamamiento “a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra” que se hace dentro del Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba. Muchos movimientos sociales no ven esto como necesario, sino como una superposición con las redes y articulaciones ya existentes, e incluso como una amenaza potencial a la autonomía de los movimientos sociales, en caso de que los gobiernos del ALBA intenten controlar este Movimiento Mundial de los Pueblos. Este asunto requiere ser tratado con delicadeza para no perturbar el desarrollo de las alianzas necesarias entre movimientos y gobiernos en la lucha por la justicia climática y otros temas.

En lo que a la organización se refiere, algunos gobiernos latinoamericanos han hecho pública su inquietud ante la posibilidad de que los europeos quieran imponer el modelo del “Klimaforum” de Copenhague en las movilizaciones en Cancún; un modelo desconocido en la trayectoria de los movimientos sociales latinoamericanos. Esto no tiene que ser un motivo de conflicto, pero sí es necesario tener en cuenta estas susceptibilidades durante el proceso hacia Cancún.

* Edgardo Lander es Profesor de ciencias sociales en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, y socio del Transnational institute (TNI). Investiga y escribe sobre la sociedad venezolana; el medioambiente y los límites del planeta Tierra; desarrollo; movimientos altermundistas; epistemología y la crítica del euro-centrismo; el carácter colonial del pensamiento moderno hegemónico; y ciencia y tecnología como temas políticos. Se le puede contactar en elanderl@yahoo.com

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Enfoque sobre Comercio es un boletín electrónico periódico que ofrece información actualizada y análisis de las tendencias en el comercio y las finanzas regionales y mundiales, sobre la economía política de la globalización y la resistencia de los pueblos, y alternativas al capitalismo global. Nicola Bullard es la editora de Enfoque sobre Comercio. Sus aportes y comentarios serán bienvenidos. Por favor escriban a: n.bullard@focusweb.org

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2011-08-04T16:19:00

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