ENFOQUE SOBRE COMERCIO

No. 141, Julio 2008

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EN ESTA EDICIÓN: ESPECIAL SOBRE EL G8

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COMUNICADO DEL G8 SOBRE EL CLIMA: RETROCESO EN VEZ DE AVANCE

Declaración de organizaciones afiliadas a la Red de Acción sobre el G8 (G8 Action Network)

WALDEN BELLO EN SAPPORO:

Las opciones de la sociedad civil en la cumbre del G8: ¿el camino de Génova o el de Gleneagles?

Japón tras los pasos de Singapur en su actitud frente a los activistas extranjeros

CULPABLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO: NEGOCIANDO EL PLANETA A CAMBIO DE SUS GANANCIAS

Joseph Zacune

DESAFÍO A LOS GOBIERNOS DEL G8

Declaración para el G8 firmada por más de 150 movimientos, redes y organizaciones

LOS PELIGROS DE UN ACUERDO SOBRE SERVICIOS EN LA RONDA DE DOHA

Walden Bello

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Esta edición de Enfoque sobre Comercio está disponible para descargar en la página www.redes.org.uy en 4 formatos: OpenOffice.org (.sxw y .odt), PDF y HTML. Para suscribirse o dejar de estar suscrito, dirigirse a pablo.cardozo@redes.org.uy . Consultar ediciones anteriores en www.redes.org.uy

También puedes descargar el original en inglés, Focus on Trade, directamente en:

http://www.focusweb.org/focus-on-trade-number-141-july-2008.html

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COMUNICADO DEL G8 SOBRE EL CLIMA: RETROCESO EN VEZ DE AVANCE

Declaración de organizaciones afiliadas a la Red de Acción sobre el G8 (G8 Action Network)

Sapporo, Hokkaido, Japón, 9 de Julio de 2008: El comunicado del G8 con respecto a su acción sobre el cambio climático no hace más que disfrazar como un avance lo que en realidad es inacción. Se trata de un gran fraude contra la comunidad mundial, que verá reducida significativamente su capacidad para detener el cambio climático. Estamos totalmente de acuerdo con la Declaración del Gobierno de Sudáfrica que dice que: “A pesar que la Declaración [del G8] hace pensar que han habido avances, nos preocupa que en los hechos puede resultar un paso atrás respecto de la contribución significativa que es necesario realizar para enfrentar los problemas del cambio climático”.

Un paso atrás respecto de Bali

El anuncio del acuerdo entre los integrantes del G8 para reducir a nivel mundial las emisiones de gases de efecto invernadero al 50 por ciento para el año 2050, es en realidad un paso atrás respecto de la exigencia mínima planteada por la comunidad internacional durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en Bali el pasado mes de diciembre. En Bali, la oposición de Estados Unidos, Japón y Canadá prácticamente terminó con un proceso de consenso para que los países industrializados (países del Anexo 1) se comprometieran a una reducción de sus emisiones de entre 25 y 40 por ciento respecto de los niveles de 1990 para el año 2020. El consenso en proceso proyectaba también para el año 2050 la necesidad de una meta mínima de reducción de un rango entre el 80 y 90 por ciento, para poder mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados durante el siglo XXI.

La fórmula del 50 por ciento del G8 es objetable por varias razones:

En primer lugar, establece una fórmula global y no una específica para los países del Anexo 1, por lo que los grandes contaminadores como Estados Unidos pueden zafar de sus obligaciones a costa del resto del mundo.

En segundo lugar, no establece un punto de partida claro. Resulta revelador que al anunciarlo, el Primer Ministro de Japón Yasuo Fukuda dijera inicialmente que se tomarían como punto de partida los niveles de 1990, luego se retractara de esta declaración y mencionara como punto de partida el año 2000.

En tercer lugar, esta declaración no es vinculante, y no hay nada en ella que indique que el G8 esté dispuesto a “comprometerse” plenamente en las negociaciones sobre el clima en el marco de las Naciones Unidas, lo cual obligaría a los signatarios a asumir sus resultados. Por este motivo, este anuncio reafirma al G8 como ámbito para la acción climática que rivaliza con el proceso de Naciones Unidas y que en los hechos lo subvierte. No es sorprendente entonces, que la declaración del G8 surja como parte de un proceso paralelo conocido como “Encuentro de las Grandes Economías”. Se trata de una iniciativa de Estados Unidos que busca privar al marco y el proceso de Naciones Unidas de toda capacidad de decisión en los temas climáticos.

En resumen, el anuncio del G8 significa un alejamiento enorme respecto de las reducciones obligatorias y un aumento significativo de las posibilidades de que el planeta se deslice hacia un cambio climático incontrolado.

Apoyo a la agencia equivocada

Otro factor negativo para una acción efectiva sobre el cambio climático es el respaldo que le brindó el G8 a los Fondos de Inversión en el Clima promovidos por el Banco Mundial, el cual, según el comunicado, ya cuenta con contribuciones de algunos países que ascienden a US$6 mil millones. Las organizaciones de la sociedad civil que vigilan el programa de medio ambiente del Banco ya habían advertido al G8 su preocupación de que estos fondos se destinen fundamentalmente a financiar grandes usinas de generación eléctrica a carbón. No habiendo una definición clara de tecnología limpia, los fondos pueden destinarse a proyectos que no mitigan claramente el cambio climático, o pueden capturar recursos que solamente impliquen un cambio menor o tangencial en momentos en que se necesitan cambios sustanciales.

De la misma manera en que el G8 socava a Naciones Unidas en su papel de ámbito para la acción climática, el Banco Mundial también subvierte un mecanismo financiero ya establecido por Naciones Unidas. La conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que tuvo lugar en Bali en diciembre de 2007 creó un Fondo para la Adaptación destinado precisamente a proporcionar asistencia tecnológica a los países en desarrollo. En vez de financiar este mecanismo, los países del G8 ahora pueden traspasar sus contribuciones a los Fondos de Inversión en el Clima administrados por el Banco Mundial, y así mantener el control del proceso de transferencia de tecnología. No es de sorprender que los países en desarrollo hayan criticado el mecanismo del Banco Mundial, tildándolo de amenaza para los esfuerzos serios de asistir al Sur global en su lucha contra el cambio climático.

Tras haber fracasado como banco de desarrollo, el Banco Mundial intenta ahora crear la imagen de que es el “Banco del clima”. Esto es verdaderamente el sumum de la hipocresía. Con US$2 mil millones ya invertidos en proyectos de carbón, petróleo y gas en el último año, el Banco Mundial ha roto su propio record como el mayor financiador multilateral de iniciativas de energía emisoras de gases de efecto invernadero. Incluso aunque pretende enfrentar el cambio climático con sus Fondos de Inversión en el Clima, el Banco no hace más que exacerbarlo con sus préstamos a la extracción masiva de combustibles fósiles.

Hay que llamar a las cosas por su nombre. La declaración del G8 no constituye un paso adelante sino un paso atrás en las posibilidades de la comunidad mundial de enfrentar el cambio climático. Decir que es mejor algo que nada, o que hay que ser realistas y tener en cuenta la oposición de la administración Bush a cualquier acción significativa, sólo sirve para legitimar una charada muy peligrosa.

El G8 ha hecho honor una vez más a su reputación de ser un real obstáculo para los esfuerzos de la comunidad mundial de hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Reiteramos nuestro llamado a la disolución de este organismo no electo de los gobiernos ricos que actúa como si fuera el gobierno del mundo.

Red de Acción G8 - G8 Action Network

Lista parcial de firmantes:

Attac Japón

CADTM
ESK-País Vasco

Focus on the Global South

Freedom from Debt Coalition

Amigos de la Tierra Internacional

FSU-Francia
Institute for Policy Studies, EE.UU.

Sustainable Energy and Economy Network

Vía Campesina

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LAS OPCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CUMBRE DEL G8: ¿ELCAMINO DE GÉNOVA O EL DE GLENEAGLES?

por Walden Bello*

El Grupo de los Ocho surgió en 1975 como G7, en un momento en que el mundo atravesaba una crisis económica profunda, muy parecida a la actual. Su principal objetivo era coordinar las políticas macroeconómicas de los países ricos en una época de estanflación y generar una estrategia común frente al mundo en desarrollo, que había disminuido su dependencia económica y política respecto del Primer Mundo durante los impetuosos días de la descolonización, las luchas por la liberación nacional, y el surgimiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como poderoso bloque económico.

El G7 no tuvo éxito en coordinar sus políticas, ya que en el gobierno de Ronald Reagan Estados Unidos aplicó agresivamente una política tendiente a mantener el dólar bajo, lo cual desencadenó una recesión en Alemania y Japón. No obstante, si consiguieron presentar un frente unido contra los países en desarrollo, que puso todo su peso para respaldar las políticas de ajuste estructural neoliberal impuestas por el Banco Mundial y el FMI en más de 90 países en desarrollo y economías en transición (pos-socialistas). Los programas de ajuste estructural se engulleron las ganancias económicas logradas por el Sur en las décadas de 1950 y 1960.

En la década de 1990 el G7 se transformó en el principal promotor de la globalización dirigida por las corporaciones, cuyo camino había sido preparado por la desregulación radical, la liberalización radical y la privatización radical a la que se sometió a los países en desarrollo bajo los ajustes estructurales. También respaldó enérgicamente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su papel de principal agencia del proceso de liberalización mundial del comercio y las inversiones, exigido por las grandes empresas.

El fin de la década de 1990, sin embargo, no trajo consigo la creciente prosperidad para todos que prometían las políticas neoliberales pro-mercado, sino un aumento de la pobreza extrema, mayor desigualdad y la consolidación del estancamiento económico del Sur. El colapso de la tercera cumbre ministerial de la OMC en Seattle en diciembre de 1999, marcó un punto de inflexión en la masa crítica lograda por las fuerzas de oposición, generadas por las contradicciones de la globalización.

Ante la evidencia de las realidades de la globalización, las cumbres del G7 –ahora G8 con la incorporación de Rusia- se transformaron en uno de los blancos en la mira de una oposición mundial en ascenso. En la Cumbre del G8 en Génova en junio de 2001, trescientas mil personas se reunieron tras un programa inflexible: “No al G8”. Las líneas de batalla estaban claramente delineadas, y la policía italiana (los carabinieri) contribuyó sustancialmente a la polarización, que terminó en una manifestación violentamente reprimida, con un activista muerto y cientos de lesionados.

Algunos de los integrantes del G8 se dieron cuenta que la imagen de directores hegemónicos de la globalización no era buena para el grupo. Liderado por el nuevo gobierno laborista de Tony Blair y Gordon Brown en Gran Bretaña, el G8 se sometió a un lavado cosmético de cara. Se generó un nuevo discurso, cuyos elementos sustanciales fueron el perdón de la deuda para los países más pobres, el aumento de los niveles de asistencia al 0,7 por ciento del PBI de los países del G8, un paquete de asistencia masiva para África, el comercio al servicio del desarrollo y el abordaje de los problemas del cambio climático. Las nuevas palabras identificadoras del proceso fueron “asociación” “consulta” “integración social mundial” y “los objetivos del milenio”. La batalla era por el alma de la sociedad civil mundial. El punto más alto de este cambio de “look” fue la cumbre de Gleneagles en 2005, con la coreografía creada por una alianza entre el Gobierno laborista, las superestrellas del entretenimiento Bob Geldof y Bono, y algunas ONG británicas muy influyentes. Cientos de miles de personas que viajaron a Escocia, terminaron siendo manipuladas para transformarse en un coro de bienvenida de fulgurantes conciertos de Ayuda a África, puestos en escena simultáneamente en diferentes partes del globo.

Para el 2007, el brillo había desaparecido. La idea de la asociación entre la sociedad civil y el G8 se había desfigurado y ninguno de los gobiernos del G8 llegó a la meta del 0,7 del PBI, la asistencia a África no alcanzó los US$20 mil millones prometidos en Gleneagles, la “Ronda de Doha para el Desarrollo” se transformó en una gran farsa, y la acción seria para enfrentar el cambio climático brilló por su ausencia. Por el contrario, el comunicado del G8 en la Cumbre de Rostock o Heilgendamm enfatizó soluciones técnicas para el cambio climático, aleccionó a los países en desarrollo para que no pusieran restricciones a las inversiones de las transnacionales, y lanzó una velada amenaza sobre el hecho de que China pudiera obtener acceso preferencial a materias primas en África. La respuesta mayoritaria de la sociedad civil, bajo el liderazgo de la sociedad civil alemana, fue la denuncia y la confrontación con el G8, con miles de manifestantes que intentaron ingresar al lugar de reunión de los líderes mundiales buscando interrumpir la cumbre. La principal consigna de las protestas de Heilingendamm, “Afuera el G8”, revivió la tradición militante de Génova que había quedado en suspenso en Gleneagles.

De esta manera llegamos a la cumbre del G8 aquí en Hokkaido, Japón. Ahora no sólo está Bush, sino además Sarkozy, Brown y Fukuda, un grupo de dirigentes desacreditados, con muy bajos niveles de apoyo en las encuestas en sus propios países. Además, el G8 como tal carece hoy más que nunca de legitimidad, a medida que las tormentas desatadas por el proceso de globalización azotan al planeta con crisis simultáneas de precios exorbitantes del petróleo, escalada de los precios de los alimentos, colapso financiero global y empeoramiento del cambio climático. Con este telón de fondo, los movimientos sociales de Japón y Asia deben decidir qué camino tomar, si el de Génova o el de Gleneagles – en otras palabras, profundizar la crisis de legitimidad del G8, o, como en Gleneagles, salvar al G8 una vez más. El mejor aporte que el movimiento japonés puede hacer a la sociedad civil mundial es liderar la lucha para que la Cumbre de Hokkaido sea la última cumbre del G8.

* Discurso en la apertura de la sesión plenaria de la Cumbre de los Pueblos, en el Centro de Convenciones de Sapporo, 6 de julio de 2008. Walden Bello es presidente de la ONG Freedom from Debt Coalition y analista de Focus on the Global South.

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JAPÓN TRAS LOS PASOS DE SINGAPUR EN SU ACTITUD FRENTE A LOS ACTIVISTAS EXTRANJEROS
por Walden Bello*

El comercio, el cambio climático, los precios siderales, y la deuda fueron los temas de discusión en los eventos paralelos realizados por la sociedad civil durante la Cumbre del Grupo de los Ocho, pero el problema que concentró mayor atención fue la mano dura empleada por las autoridades japonesas como enfoque para la seguridad de la reunión oficial.

Hay 21.000 efectivos policiales apostados en la isla de Hokkaido, la mayoría en la ciudad de Sapporo y la vecina Toyako, sede de la reunión la semana próxima. Un gran número de estos efectivos, incluidos contingentes anti-motines, vestidos de Darth Vader, estuvieron desplegados a lo largo de la Caminata de la Paz realizada por varios miles de manifestantes el sábado 5 de julio. Para demostrar que no era sólo apariencia, los policías rompieron la ventana de un vehículo y arrestaron a dos de sus ocupantes por llevar música que, según dijeron, interfería con sus operaciones. Un fotógrafo de la prensa y un participante de la manifestación también fueron detenidos.

Esa misma mañana, 24 activistas fueron puestos en un avión de vuelta a Corea después de haber sido retenidos en el Aeropuerto Chitose de Hokkaido durante 24 horas. Diecinueve eran integrantes del grupo internacional Vía Campesina y cuatro de la Confederación de Sindicatos Coreanos (KCTU por su sigla en inglés). Esta acción interfirió con la realización de varios eventos, entre ellos un simposio sobre los acuerdos de libre comercio donde estaba prevista mi intervención, que había sido organizado por los sindicalistas coreanos deportados.

En una lista no oficial de los que no obtuvieron la visa del gobierno japonés figuran dos bangladesíes, un indio y un keniata. Las autoridades de inmigración del Japón todavía tienen que tramitar las solicitudes de visa de varios activistas más de distintas ONG. Susan George, una intelectual francesa de primera línea, fue interrogada por las autoridades de inmigración japonesas en una pequeña habitación sin ventanas durante cuatro horas. Lidy Nacpil, presidente de Jubileo Sur de Asia-Pacífico, fue sometida al mismo tipo de interrogatorio impertinente durante tres horas y media.

En mi caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón se tomó casi diez días para otorgarme la visa después que yo había presentado la solicitud, y esto gracias a la presión diaria que ejerció la Red de Acción sobre el G8 y otros grupos. A pesar de tener la visa, igualmente fui detenido en la frontera por la policía, que me interrogó al arribar al Aeropuerto Internacional de Narita el 4 de julio. Estimulado por las preguntas tontas que me hacían, como por qué iba a Sapporo y qué calificaciones tenía para hablar sobre el G8, terminé planteándoles a mis interrogadores que ellos eran los que tenían que responder estas preguntas ya que obviamente habían sido informados sobre mi caso por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país. Probablemente fue esta puesta en escena de gran irritación lo que los persuadió de liberarme después de una hora.

Habiendo asistido a distintos eventos paralelos en otras cumbres del G8, puedo decir que los controles de frontera impuestos a los activistas extranjeros por parte del gobierno japonés han sido los más restrictivos y punitivos. Al parecer Japón sigue los pasos del gobierno de Singapur. Cuando en septiembre de 2006 se celebró la Reunión de Otoño del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Singapur, varios representantes de la sociedad civil que intentaban concurrir a los eventos organizados por las ONG no pudieron obtener la visa y fueron deportados. Hay quienes sostienen que el arresto y la detención continuada de dos activistas de Greenpeace en Tokio hace unos diez días, con cargos que todavía hoy son vagos, está relacionado en realidad con las medidas extremas de seguridad en torno a la cumbre del G8.

Esta “singapurización” de la política de frontera japonesa es precisamente lo que tenían en mente los representantes de muchas organizaciones de la sociedad civil cuando plantearon en una carta abierta dirigida al Primer Ministro Japonés Yasuo Fukuda, que “Estamos decepcionados de que Japón, como anfitrión de la cumbre del G8, esté criminalizando la libertad de expresión. Es inaceptable para Japón, el G8, o cualquier otro país, impedir el desarrollo de un debate saludable y crítico en torno a estas reuniones internacionales, en las cuales se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas en todo el mundo”.

* Walden Bello es Presidente de la Freedom from Debt Coalition y analista de Focus on the Global South.
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CULPABLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO: NEGOCIANDO EL PLANETA A CAMBIO DE SUS GANANCIAS

por Joseph Zacune*

En diciembre del año pasado durante las charlas sobre clima realizadas en Bali, James Hansen, científico de la NASA, presentó nueva información que muestra que los impactos del cambio climático se están produciendo con mayor rapidez y a causa de aumentos de la temperatura mundial menores de lo que se había previsto, lo que indica que la atmósfera está más “sensible” a los gases de efecto invernadero de lo que se supuso anteriormente. (1)

Si nos atenemos a este ritmo de cambio, es probable que en un lapso de cinco años se pierdan ocho millones de kilómetros cuadrados de hielo en el polo norte (un área del tamaño de Australia) durante el verano. Esto puede provocar a su vez el derretimiento de la capa de Groenlandia, cuya desintegración aumentaría siete metros el nivel del mar. Hansen afirmó que es necesario avanzar hacia un sistema de energía limpia pos-combustibles fósiles y enfriar el planeta.

Desafortunadamente, los países del G8 no están respondiendo a estas advertencias extremas. El G8 representa sólo 13% de la población mundial, pero son responsables del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo.

Estos países industrializados son responsables de la crisis, y además se benefician económicamente y acumulan una deuda climática con el Sur (2). Sin embargo, no cesan de querer imponer el libre comercio injusto y promueven el comercio de carbono como solución al cambio climático, aunque eso podría en verdad acelerarlo y exacerbar la vulnerabilidad de los países en desarrollo a sus impactos.

Aquellos que cargan con la menor cuota de responsabilidad por la crisis actual –como los Pueblos Indígenas, los agricultores campesinos y los pueblos pescadores– serán los más perjudicados por el cambio climático y por estas iniciativas peligrosas impulsadas por las grandes empresas, que se etiquetan de manera perversa como soluciones climáticas.

A manera de ejemplo: los Pueblos Indígenas y las comunidades que viven en los bosques son unos de los primeros en sufrir las consecuencias directas del cambio climático, debido a su dependencia y su estrecha relación con el medioambiente y sus recursos. De los 350 millones de indígenas que hay en el mundo, la mitad vive en bosques tropicales que aportan el 80 por ciento de la diversidad biológica del planeta (3). La mayoría de estos bosques tropicales son los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas.

Tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (4) como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (5) consagran la soberanía indígena sobre sus recursos naturales. No obstante, a los Pueblos Indígenas se los sigue marginando de los procesos de toma de decisiones internacionales, incluso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (6). En la CMNUCC se están hoy negociando maneras para reducir las emisiones generadas por la deforestación en los países en desarrollo (REDD), que tendrán impactos directos en las vidas de millones de indígenas.

Las naciones miembro que han ratificado la CMNUCC acordaron conservar y mejorar los bosques, y también proveer asistencia financiera a los países en desarrollo para cumplir con estas obligaciones. (7)

Sin embargo, la definición de bosques utilizada por la ONU incluye a las plantaciones, y esto es un motivo de gran preocupación, ya que la expansión de las plantaciones de monocultivos es un importante agente de la deforestación, que socava los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra y daña el medioambiente a través del uso de plaguicidas, el estrés acuático y la pérdida de biodiversidad. Además, según el Grupo Consultivo sobre la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), las plantaciones almacenan sólo una quinta parte del carbono que almacenan los bosques vírgenes, en el mejor de los casos.

A través de la CMNUCC, algunos gobiernos y ONG conservacionistas presionan conjuntamente a favor de los mecanismos de REDD para implementar el comercio de carbono, en lugar de abogar por un enfoque basado en fondos para el manejo comunitario de bosques (sin mencionar otros enfoques confiables no basados en el dinero, tales como el fortalecimiento de los derechos a la tierra, dejar a los combustibles fósiles en el subsuelo, y prohibiciones a la deforestación).

La idea central del comercio de carbono para los bosques es que los países en desarrollo reduzcan sus tasas de deforestación, lo que les permitirá vender al Norte el carbono almacenado en sus bosques. Esto les permite a los países del Norte y a sus grandes empresas evitar reducir sus emisiones y liberarse a la vez de su responsabilidad mediante el pago de una suerte de fianza, pudiendo continuar entonces con la contaminación usual. Este sistema también se basa en la falsa premisa de que los ciclos inactivos de carbono subterráneos (carbón, petróleo y gas en reservas estables subterráneas) y los ciclos activos terrestres son lo mismo. Esta suposición permite la protección de un ciclo de carbono para compensar la explotación del otro.

De modo que, en el mejor de los casos, esto teóricamente debería llevar a una reducción nula de las emisiones mundiales, si no fuera por el hecho que los diferentes ciclos de carbono varían enormemente, haciendo imposible verificar realmente si las emisiones se redujeron o no.

Si nuestros últimos bosques restantes se van a incluir en los mercados de carbono, la pregunta que surge es, naturalmente, ¿quiénes son los dueños de esos árboles y qué pasa con las comunidades que habitan los bosques y que han dependido de ellos por generaciones? Existen grandes riesgos de una expansión dramática de ciertos modelos excluyentes de conservación de bosques que violan los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos tradicionales y consuetudinarios de las comunidades a nivel mundial.

El Banco Mundial está a la cabeza del comercio de créditos de carbono de bosques, y su portafolio de inversiones se está expandiendo rápidamente a través del FCPF (el fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques) que se presentó públicamente rodeado de protestas durante las negociaciones de Bali sobre el clima en diciembre pasado. En la reunión del G8 en Japón, los multimillonarios fondos de inversión del Banco para el clima, que incluyen el financiamiento de carbono para los bosques, se están inaugurando formalmente y ya están proyectando su oscura sombra sobre las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima. (8)

El conflicto de intereses del Banco Mundial es más que evidente, ya que la mayor parte de su portafolio de financiamiento para el carbono ha sido entregado a industrias contaminantes, e incluso ah llegado a apoyar la tala industrial (9). Se debe excluir al Banco de las negociaciones de la ONU o la integridad del acuerdo de Kioto pos-2012 se verá gravemente afectada.

En el mismo sentido que el comercio de carbono para los bosques, la liberalización del comercio también se está promoviendo como una solución a la crisis climática, cuando en realidad también amenaza a las comunidades que son sumamente vulnerables a los impactos del cambio climático, al acelerar la mercantilización de sus recursos naturales. Cientos de millones de personas dependen de los últimos bosques restantes en el mundo, que les provee medicinas, alimentos y lo necesario para su subsistencia.

La Comisión Europea ha señalado que: “La liberalización del comercio puede acentuar tendencias negativas para la sustentabilidad, a menos que se disponga de sistemas adecuados de administración y gobierno de los bosques, y se vele por su cumplimiento”. Es evidente que tales sistemas no están funcionando en muchos países y por lo tanto, no se debería continuar con una mayor liberalización.

El informe también señala que en países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) como los de la Cuenca del Congo y Papúa Nueva Guinea, los posibles impactos negativos en la biodiversidad podrían ser irreversibles. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) refuerza esta idea y señala cómo la liberación del comercio en Tanzania ha llevado a un rápido incremento de la deforestación, ya que las exportaciones de productos forestales crecieron dramáticamente. (10)

Otro de los estudios de impacto encomendado por la Unión Europea señala que los países del África Central deberían tomar en cuenta los costos medioambientales de la liberalización del comercio, tales como el aumento de la deforestación resultante de las exportaciones de madera, por ejemplo, y la degradación ambiental asociada a la prospección y explotación del petróleo. (11)

La liberalización de los mercados de energía –que es una demanda clave de la Comisión Europea– también va a generar claros impactos en el cambio climático y debilitará las campañas comunitarias para dejar a los combustibles fósiles en el subsuelo.

La Unión Europea está considerada internacionalmente como una fuerza de bien con demasiada frecuencia –la voz de la razón en un mundo dominado por un gobierno de Estados Unidos que es intransigente y muy impopular. Sin embargo, por debajo del radar de los medios de comunicación y lejos de la mirada del público en general, la UE ha estado presionando a 77 países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP) para que firmen tratados de libre comercio injustos, mal llamados Acuerdos de Asociación Económica (AdA, o EPA por sus siglas en inglés).

Los líderes y ministros de los países de ACP lanzaron un comunicado conjunto en el que aborrecen la “enorme presión que la Comisión Europea ejerce sobre los Estados del ACP para que acepten interinamente los acuerdos de comercio, lo que es contrario al espíritu de la asociación del ACP con la UE”. El líder negociador del Pacífico, Jo Keil, condenó el enfoque agresivo de la Comisión Europea en las negociaciones y dijo: “Nunca más habremos de sufrir nuevamente la falta de respeto de la que fuimos víctimas de manos del Comisario Mandelson”. (12)

La región del Pacífico sigue resistiendo, mientras que el Caribe aceptó un EPA y muchos países africanos cedieron ante la presión de la UE. Según se informa, un diplomático de Namibia se lamentó: “La presión era demasiada…nos sometieron a tácticas intimidatorios amenazándonos con que “o firman o no tendrán el mercado”. (13)

Millones de campesinos y pescadores se enfrentan a la doble amenaza del cambio climático y los impactos del comercio injusto. En Senegal, la liberalización del comercio expuso sus aguas marinas a flotas pesqueras subsidiadas. Los ecologistas señalan que 11.000 toneladas de pescado capturado en aguas senegalesas son descartadas anualmente por buques pesqueros de la Unión Europea. Los estudios de las Naciones Unidas demuestran que en Mauritania las poblaciones de peces han sido devastadas en gran medida como resultado de la liberalización del comercio, y ciertas especies como el pez sierra, han desaparecido por completo. (14)

Estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayan que una mayor liberalización del comercio amenazaría a los pequeños productores de arroz y al medioambiente en países como Senegal y Nigeria. (15)

Amigos de la Tierra Ghana advirtió que los EPA muy probablemente habrán de socavar su agricultura. Los productores avícolas y de arroz ya han sufrido las consecuencias de la liberalización del comercio y la competencia injusta a través de las importaciones subsidiadas. Un crecimiento de las importaciones baratas de pollo congelado y arroz procedentes de la UE llevaría a los productores de arroz a la quiebra y podría significar el colapso de la industria avícola.

Tanto el comercio de carbono como la liberalización del comercio tienen un historial devastador. El asalto de la agenda climática a manos de intereses empresariales –disfrazados con una retórica filantrópica de salvación del planeta, y respaldada por miles de millones de dólares de apoyo financiero– añade nuevos peligros a los que habrá que oponerle resistencia tanto en los pasillos de las negociaciones internacionales como en las comunidades que luchan por su sobrevivencia en sus territorios.

Es imprescindible un giro radical, lejos del neoliberalismo. Tenemos que reducir radicalmente nuestro consumo insustentable, garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, dejar a los combustibles fósiles en el subsuelo, promover la conservación comunitaria de los bosques e invertir en energías limpias generadas por el sol, el viento y el mar, que nos ayuden a enfriar el planeta y a encaminarnos en pos de sociedades sustentables. El Norte debe pagarle su deuda ecológica al Sur –es tiempo de justicia climática.

* Joseph Zacune es el coordinador internacional del Programa de Amigos de la Tierra Internacional sobre Justicia Climática y Energía, joseph.zacune@foe.co.uk

Notas

1. El informe de James Hansen y otros siete científicos está disponible en http://arxiv.org/abs/0804.1126, noviembre de 2007; Ver además David Spratt, Philip Sutton, “Climate Code Red” http://www.climatecodered.net, febrero de 2008

2. Ver el informe de Amigos de la Tierra Internacional “Climate Debt – Making historical responsibility part of the solution” http://www.foei.org/en/publications/pdfs/climatedebt.pdf, diciembre de 2005

3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Medio Ambiente y diversidad cultural”

http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23-INF23.pdf, noviembre de 2004

4. Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo: adoptada por resolución 41/128 de la Asamblea General del 4 de diciembre de 1986 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm

5. Adoptada por resolución 61/195 de la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html

6. Estebancio Castro Diaz, Coalición Mundial por los Bosques, “Cambio Climático, Conservación de Bosques y Derechos de los Pueblos Indígenas”, abril de 2008.

7. “Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán:... Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, inclusive… los bosques.” (CMNUCC Artículo 4.1 d).

“Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que figuran en el anexo II, proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 12. También proporcionarán los recursos financieros, entre ellos recursos para la transferencia de tecnología, que las Partes que son países en desarrollo necesiten para satisfacer la totalidad de los gastos adicionales convenidos resultantes de la aplicación de las medidas establecidas en el párrafo 1 de este artículo y que se hayan acordado entre una Parte que es país en desarrollo y la entidad internacional o las entidades internacionales a que se refiere el artículo 11, de conformidad con ese artículo.

Al llevar a la práctica esos compromisos, se tomará en cuenta la necesidad de que la corriente de fondos sea adecuada y previsible, y la importancia de que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes que son países desarrollados. (CMNUCC Artículo 4.3)

8. Forest Peoples Programme (FPP) “El FCPF: Facilitar el debilitamiento de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos”, febrero de 2008. “Deforestación evitada y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, junio de 2007. Disponible en: www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml

SEEN “World Bank Climate Profiteer” http://www.ips-dc.org/reports/#292, abril de 2008

Información sobre los fondos de inversión climática del Banco Mundial http://action.foe.org/t/3877/content.jsp?content_KEY=4176

9. SEEN “World Bank Climate Profiteer” http://www.ips-dc.org/reports/#292, abril de 2008

http://www.rainforestfoundationuk.org/s-Stop%20the%20carve%20up%20of%20the%20Congo%20forests

10. Instituto de Políticas de Desarrollo y Administración. Universidad de Manchester.Savcor Indufor Oy

“Evaluación de impacto de sustentabilidad de las negociaciones de la OMC propuestas; Informe final del estudio sobre el sector forestal”, 2005 www.sia-trade.org/wto/Phase3B/Reports/ForestFR19June05.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Reformas económicas, liberalización del comercio y medio ambiente. Síntesis de Proyectos de UNEP, noviembre de 2001 www.unep.ch/etu/doha/pdfs/papers/synthesisround2.pdf

11. PricewaterhouseCoopers, “Evaluación de impacto de los EPA entre la UE y ACP. Servicios financieros en África Central. 11 de septiembre de 2006 www.siagcc. org/acp/download/sia_fs_cemac_finalreport_11sept2006.pdf

12. http://www.acp-eu-trade.org/news/news_detail.php?5846

13. http://ipsnews.net/news.asp?idnews=40486

14. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Reformas económicas, liberalización del comercio y Medio Ambiente. Síntesis del proyecto de UNEP, 2001 www.unep.ch/etu/doha/

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Informes sobre economía, comercio y desarrollo sustentable. Mayo de 2002 www.unep.ch/etu/publications/UNEP_Fisheries.pdf

15. http://www.unep.ch/etb/publications/intAssessment/RapSynRice.pdf

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DESAFÍO A LOS GOBIERNOS DEL G8

Declaración para el G8 firmada por más de 150 movimientos, redes y organizaciones

[traducción de Monitor de IFIs América Latina]

El encuentro de los países más poderosos y ricos del mundo es para la gente de todo el mundo una ocasión para reclamar que esta cumbre del G8 trate los dos “tsunamis” que están azotando a la humanidad hoy día –las crisis alimentaria y climática- y el problema irresoluto de la deuda, que ha contribuido significativamente en estas dos crisis y ha exacerbado sus impactos.

La injusticia de la carga de la deuda y el problema de las deudas ilegítimas

El pago de enormes cantidades de servicio de la deuda amplia los efectos de las crisis alimentaria y climática, y disminuye la capacidad de los países y pueblos del Sur de afrontar dichas crisis. Ésta es parte de la injusticia de la deuda y tan sólo por ello la cancelación de la deuda es urgente. Pero la deuda es más que simplemente un problema de perder los necesitados recursos en el pago de la deuda. Las deudas utilizadas para proyectos negativos o para imponer condicionalidades negativas como las que han contribuido a las crisis alimentaria y climática, son ilegítimas y no deberían ser pagadas.

La crisis alimentaria

El alto precio del crudo, el empeoramiento de las condiciones climáticas y la manipulación de los precios por parte de cárteles comerciales y especuladores locales e internacionales ciertamente han contribuido al aumento masivo y abrupto de los precios de la comida. Sin embargo, la crisis alimentaria puede también ser atribuida a las políticas económicas que han sido impuestas a los países del Sur durante décadas, a partir de la deuda, del acceso a los créditos y del alivio de la deuda como instrumentos de coerción.
La combinación de varias políticas que formaban parte de los planes de condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han desembocado en la caída de la productividad de la agricultura de subsistencia, ha llevado a un incremento de los costes de producción de alimentos, a la drástica reducción de tierras de cultivo para alimentos básicos para consumo local, y a prácticas agrícolas menos sostenibles.

Estas condicionalidades fiscales y monetarias incluyen la retirada de subsidios públicos a los cultivos de alimentos básicos y la reducción de gasto en infraestructuras públicas como sistemas de riego. La promoción de estrategias de crecimiento económico orientado a la exportación ha llevado a una alta dependencia de caros fertilizantes y pesticidas de importación, una reconversión masiva hacia cultivos no básicos y no alimentarios, y la conversión de tierras agrícolas a zonas industriales para la exportación. La liberalización comercial ha llevado a una injusta competencia con productos alimentarios subsidiados del norte. La liberalización de los flujos de capital financiero que alimentaron la industria inmobiliaria, expandiendo la reconversión de la tierra a la producción de alimentos al sector inmobiliario privado, campos de golf y resorts. La privatización de servicios públicos también supone mayores costes de producción y distribución de alimentos.

Además, los efectos de los enormes pagos de la deuda sobre los recursos gubernamentales conllevan el deterioro y la negligencia sobre muchas infraestructuras públicas necesarias para estimular la producción agrícola, como los sistemas de riego y las carreteras entre las granjas y los mercados.

La capacidad de muchos países del Sur para producir lo suficiente para cubrir sus propias necesidades de alimento y para mantener los precios accesibles en los mercados locales, ha sido fuerte y dramáticamente erosionada desde los años ochenta. Ha habido un significante incremento en el número de países importadores netos de alimentos en las últimas dos décadas, disminuyendo la capacidad para mantener amortiguantes stocks de alimentos básicos, y incrementando la vulnerabilidad frente a las dinámicas de suministros y precios del mercado mundial de alimentos.

Pequeños agricultores y campesinos sin tierra no han tenido beneficios reales del incremento en espiral de los precios de los alimentos, ya que los precios en origen continúan bajos. Son las corporaciones comerciales y especuladores los que han generado grandes beneficios.

Los gobiernos del G8 tienen la principal responsabilidad por el servicio de la deuda y las condicionalidades políticas relacionadas que contribuyen a la actual crisis alimentaria y a aumentar sus impactos. Son, después de todo, los mayores acreedores bilaterales y los miembros más influyentes de las instituciones financieras internacionales. Deberían actuar de forma inmediata y decisiva por la cancelación de todas las deudas ilegítimas. La imposición de condicionalidades a través de créditos y cancelación de deuda debe acabarse. Los gobiernos del G8 y las Instituciones Financieras Internacionales deberían respetar las acciones de los países del sur para revertir las políticas que han llevado a la crisis alimentaria.

Los gobiernos del G8 también comparten responsabilidades por otros factores tras la crisis - como gobiernos de los países que son origen de las mayores empresas multinacionales alimentarias y especuladores de mercancías alimentarias, y como gobiernos con poder para modificar los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que afectan la alimentación. Los gobiernos del G8 deberían regular a sus corporaciones e inversores, prohibir la especulación en mercancías alimentarias, y dejar de presionar para imponer acuerdos comerciales injustos.

La crisis climática

Los gobiernos del G8 comparten también la responsabilidad primera por la crisis del clima. La mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de los países pertenecientes al G8. La mayoría, si no todos, los países del G8 están muy por detrás en las agendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso la Unión Europea, que se considera a sí misma como uno de los líderes de la lucha contra el cambio climático, con su llamativo a través de su plan de ser la primera economía de-carbonizada del mundo, ha minado sus propias reivindicaciones al planificar la construcción de cuarenta nuevas plantas energéticas de carbón en los próximos cinco años. Y de nuevo, como los miembros más poderosos de las instituciones financieras internacionales son responsables de los proyectos y políticas relacionados con la deuda que exacerban la crisis climática.

El Banco Mundial y los diferentes bancos regionales de desarrollo son los principales acreedores de proyectos que en industrias de combustibles fósiles, pagadas por los pueblos del Sur. Las Agencias de Crédito a la Exportación de los países del G8 proveen financiación a estas industrias, parte de la cual se traduce en responsabilidades para los gobiernos del sur, nuevamente pagados por los pueblos del Sur.

Desde de la firma de la Convención del Clima en 1992, e incluso después de instituir “políticas ambientales”, el Banco Mundial ha aprobado más de 133 nuevos préstamos financieros a proyectos de extracción de petróleo, carbón y gas, compuestos principalmente por préstamos, pero incluyendo también inversiones, garantías y donaciones. La cantidad total excede los 28 mil millones de dólares. Las compañías de combustibles fósiles con base en los países del G8 se benefician prácticamente de todos los proyectos. La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que presta al sector privado, está aumentando su portafolio de préstamos destinados a combustibles fósiles.

El Banco Asiático de Desarrollo, del cual Japón y EE.UU. son los principales accionistas, es el mayor acreedor de proyectos de carbón, petróleo y gas en Asia, habiendo aprobado cerca de 2 mil millones de dólares estadounidenses en préstamos desde el año 2000.

Otros proyectos financiados mediante préstamos y políticas de condicionalidades de las Instituciones Financieras Internacionales han desembocado en la deforestación masiva, otra de las principales causas del cambio climático. Estos proyectos incluyen, por ejemplo, la construcción de presas de gran escala, de carreteras en bosques tropicales, y la promoción de la producción de aceite de palma destinado a la exportación.

Es de hecho irónico y deplorable que con tal currículum, el G8 esté garantizando al Banco Mundial un papel pre-eminente en la financiación global para mitigación y adaptación al cambio climático, y para la promoción de “tecnología limpia” y “desarrollo limpio”. En la Cumbre de Julio de 2005, el G8 declaró que “El Banco Mundial tomará el liderazgo en la creación de un nuevo marco para energía y desarrollo limpios, incluyendo inversión y financiación”. Los bancos regionales de desarrollo están reclamando papeles similares.

El Banco Mundial anunció recientemente que establecerá Fondos de Inversión del Clima. A parte de ser obviamente inapropiado para gestionar estos fondos, dado el papel en el empeoramiento de la crisis del clima, los conceptos, diseño e intenciones de los fondos son seriamente defectuosos.

Los gobiernos del G8 no sólo están promoviendo soluciones falsas a través de las diferentes medidas bajo los auspicios de estas instituciones financieras internacionales, sino que pretende financiarlas a través de créditos, añadiendo más peso a la carga de la deuda en los países en desarrollo. El gobierno del Reino Unido ha liderado un llamado para que otros gobiernos contribuyan con fondos para ser administrados por el Banco Mundial como créditos.

En lugar de extender nuevos créditos para adaptación y mitigación del clima, los gobiernos del G8 deberían empezar por reconocer la enorme deuda ecológica que deben a los países y pueblos del Sur. Deberían financiar la mitigación y adaptación al cambio climático en el sur como parte de la restitución y reparaciones por el daño ambiental y la destrucción de sus políticas y programas, sus economías y empresas han causado. Estos fondos deberían ser gestionados por instituciones democráticas y responsables.
Demandas y exigencias

Llamamos a los movimientos y organizaciones populares (sindicales, campesinas, mujeres, jóvenes, indígenas, etc.), movimientos sociales y políticos, grupos comunitarios y ciudadanos, y organizaciones religiosas de base, a retar a los gobiernos del G8 a reconocer su responsabilidad en las crisis alimentaria y climática, y en el problema de la deuda, y tomar acciones decisivas:

1. Cancelar todas las deudas ilegítimas

2. Dejar de financiar proyectos y políticas que contribuyan al cambio climático

3. Respetar los esfuerzos de los países del Sur a revertir las políticas dañinas que han llevado a la crisis alimentaria
4. Prohibir la especulación en los precios de los alimentos

5. Acabar con la práctica de utilizar créditos y cancelación de deuda para imponer condicionalidades
6. Pagar las restituciones y reparaciones por las enormes deudas ecológicas que deben al Sur
7. Facilitar el retorno de las riquezas robadas que se mantienen en los bancos de los países del G8.
Adhesiones

Redes y organizaciones internacionales y regionales

Jubileo Sur

European Network on Debt and Development (EURODAD)

CADTM Internacional

JS – Asia/Pacific Movement on Debt and Development

Africa Jubilee South

Jubileo Sur Americas

Asia/Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS)

AFRODAD
LATINDADD
Least Developed Country (LDC) Watch

South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE)

Southern Peoples Ecological Debt Creditors Alliance

Migrant Forum in Asia

EUROSTEP
OilChange International

Amigos de la Tierra Internacional

Platform of Filipino Migrant Organisations in Europe (Platform Europe)

Action Aid International

Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD)

Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA)

International Gender and Trade Network -Asia (IGTN-Asia)

Focus on the Global South

Coalition Against Trafficking in Women - Asia/Pacific (CATWP-AP)

Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)

América del Norte

Jubilee USA Network – EE.UU.

Sustainable Energy & Economy Network – EE.UU.

Maryknoll Office for Global Concerns – EE.UU.

Washington Office of Public Policy, Women’s Division, United Methodist Church – EE.UU.

Center for Third World Organizing – EE.UU.

Global Exchange – EE.UU.

Medical Mission Sister’s Alliance for Justice – EE.UU.

Gender Action – EE.UU.

Halifax Initiative Coalition – Canadá

Development Gap – EE.UU.

Europa
Jubilee Debt Campaign – Reino Unido

Jubilee Scotland

"¿Quien debe a Quién?” Campaign – España

Observatorio de la Deuda en la Globalización – España

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM) – Italia

CADI (Comitato Antirazzista Durban Italia) – Italia

Norwegian Coalition for Debt Cancellation (SLUG) – Noruega

11.11.11. - Coalition of the Flemish North-South Movement – Bélgica

Debt and Development Coalition – Irlanda

Aktion Finanzplatz Schweiz – Suiza

ATTAC – Francia

Commission for Filipino Migrant Workers (CFMW) – Holanda

Pacífico
Jubilee Australia

Japón
Jubilee Kyushu – Japón

Jubilee Kansai Network – Japan ATTAC Japón

Society of St Columban – Japón

Pacific Asia Resource Center (PARC) – Japón

Japan Network on Debt & Poverty

Food Policy Center Vision21 – Japón

Kansai Action Center on Philippine Human Rights Issues – Japón

ATTAC Hokkaido – Japón

ATTAC Kyoto - Japón

ATTAC Kansai Group, Japón

Altermonde – Japón

Yokohama Action Research Center – Japón

Solidarity Network Migrants Japón

Global Peace and Alternative Media – Japón

Lencaena Communication Japonesia – Japón

KALAKASAN Empowerment Center – Japón

Asia/Pacífico
Freedom from Debt Coalition (FDC) – Filipinas

KALAYAAN! ( Movement for People’s Freedom) – Filipinas

Solidarity of Filipino Workers (Bukluran ng Manggagawang Pilipino) – Filipinas

Bisig – Filipinas

Philippine Rural Reconstruction Movement – Filipinas

Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura`(Union of Agricultural Workers)-Filipinas

Resource Center for Sustainable Development (GITIB) – Filipinas

Center for Migrant Advocacy – Filipinas

Task Force Food Sovereignty – Philippnes Center for Popular Empowerment (CPE) – Filipinas

Center for Women’s Right and Development -

SANLAKAS – Filipinas

Samahang Demokratiko ng Kabataan (Democratic Association of the Youth) SDK – Filipinas

Kanlungan Centre Foundation Inc. - Filipinas

Youth Against Debt (YAD) – Filipinas

Assalam Bangsa Moro People’s Association – Filipinas

Ecological Waste Coalition of the Philippines (Ecowaste Coalition) – Filipinas

Global Alliance for Incinerators Alternatives (GAIA) – Filipinas

Health Care Without Harm (HCWH) – Filipinas

Global Call to Action against Poverty (GCAP)-Filipinas

Womanhealth – Filipinas

ODA Watch – Filipinas

Management and Organizational Development for Empowerment (MODE) – Filipinas

Anti Debt Coalition (KAU) – Indonesia

Nadi – Indonesia

International Forum for Indonesian Development (INFID)-Indonesia

Institute for Essential Services Reform – Indonesia

Anjuman Asiaye Awam – Pakistán

Monitoring Sustainability of Globalization – Malasia

NUBE – Malasia

Luta Hamutuk Institute – Timor Oriental

Centre for Human Rights and Development – Mongolia

Rural Reconstruction Nepal

NGO Federation of Nepal

All Nepal Women’s Association – Nepal

Center for Environmental Justice – Sri Lanka

Equity & Justice Working Group – Bangladesh

Unnayan Onneshan – Bangladesh

Community Development Library- Bangladesh

Jatiyo Sramik Jote – Bangladesh

Group of Liberal Debaters (GOLD) – Bangladesh

WARBE Development Foundation – Bangladesh

Anjuman Asiaye Awam – Pakistán

Bonded Labour Liberation Front Pakistán

Indian Social Action Forum (INSAF) – India

Alternatives Asia – India

Centre for Education and Communication – India

People´s Union for Civil Liberties – India

Narmada Bachao Andolan – India

Campaign for Judicial Accountability – India

Gender, Livelihoods and Resources Forum – India

Bihar Social Institute – India

ALternatives/Badayl- India

Intercultural Resource – India

National Centre for Dalit Human Rights, India

Centre for Education and Communication, Nueva Delhi, India

Manthan Adhyayan Kendra, India

Vikas Samvad, MP – India

Human Rights Law Network – India

Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrants Trade Union – Corea

Bahrain Center for Human Rights – Bahrain

África
African Forum on Alternatives – Senegal

Daughters of Mumbi Global Resource Center – Kenya

Center for Promotion of Economic and Social Alternatives – Camerún

Umzabalazo We Jubilee – Sudáfrica

Jubilee South Africa

CRAPR / NAD - RD – Congo

América Latina Y El Caribe

Jubileu Sul Brasil – Brasil

PACS - Instituto de Políticas Alternativas Para el Cono Sur – Brasil

Bloque Popular – Honduras

Jubileo Perú

Marcha Mundial de las Mujeres – Perú

Alianza Social Continental Capitolo – Perú

Dialogo 2000 – Argentina

ATTAC – Argentina

Periódico El Espejo – Argentina

Jubileo Sur – México

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – México

Cactus Coaxaca – México

Otros Mundos, A.C/Chiapas – México

RED Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio – México

Centro de Documentación en Derechos Humanos (Segundo Montes Mozo S.J.) - Ecuador

RED Ecuatoriana de Defensores de Derechos Humanos – Ecuador

Mesa de Trabajo Sobre Migraciones Laborales – Ecuador

PAPDA – Haití

Personas
Eisuke Naramoto, Japón

Hidenori Ao – Japón

Hiroshi Yamashita, Japón

GATA Kazumasa -Japón

Kalyani Menon Sen, India

Kazue Tanaka – Japón

Miki Fujimori – Japón

Mikiko Okiyama – Japón

Mituko Ogawa – Japón

Miyow Ogawa – Japón

Muto Ichiyo – Japón

Naomi Horihama – Japón

Makie Hatori – Japón

Nomura Osami – Japón

Okuno Takumi – Japón

Shigeki KONNO – Japón

Shindi Inoue – Japón

Sachiyo Tanahashi – Japón

Naoko Ishioroshi – Japón

Tadashi SETTSU (PAFF) – Japón

Watanabe Michie – Japón

Yasue Tanaka – Japón

Yukio Gibo – Japón

Rie Kawahito – Japón

Takako Nobuhara – Japón

Yasuaki Matsumoto, Palestine Solidarity in Sapporo – Japón

Misako Ogawa, Kagoshima City Council Member – Japón

Takaaki Osato, Midori Fukuoka – Japón

Yukio Giho, Okinawa Peace Memorial Museum – Japón

Takaaki Hashino, Japón Christian Organization – Japón

Rie Kawahito – Japón

Noel Cabangon – Filipinas

Aaron Rom O. Moralina – Filipinas

Atty. Romeo Gerochi – Filipinas

Ted Aldwin Ong – Filipinas

Gloria S. Canama – Pakistán

Sophea Chrek – Camboya

Hemantha Withanage, Center for Environmental Justice – Sri Lanka

Bieniada Yerzy

Manfred Bergmann – Italia

Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan – India

Ambrish Rai, Lok Sangharsh Morcha – India

Kavita Srivastava, People´s Union for Civil Liberties, Rjasthan – India

Prashant Bhushan, Campaign for Judicial Accountability – India

Praveer Peter, Gender, Livelihoods and ResourcesForum – India

Anil Sadgopal – India

Prakash Louis, Bihar Social Institute – India

Ranjan Soloman, ALTERNATIVES/BADAYL – India

Sauquat Hussain – India

Smitu Kothari, Intercultural Resource – India

Arun Kumar, Jawaharlal Nehru University – India

Mukta Srivastava, National Alliance of People Movements – India

Vincent,National Centre for Dalit Human Rights – India

Syed Saiful Haque – Bangladesh

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LOS PELIGROS DE UN ACUERDO SOBRE SERVICIOS EN LA RONDA DE DOHA

por Walden Bello*

Desesperado por lograr un nuevo acuerdo de comercio mundial, el Director de la OMC, Pascal Lamy, piensa convocar una reunión “mini-Ministerial” la tercera semana de julio. El objetivo de esa reunión es concretar los acuerdos de comercio en materia de agricultura, industria y servicios, puntos centrales de la llamada Ronda de Doha de las negociaciones de la OMC, que están estancadas desde 2001.

Los países en desarrollo están preocupados y con razón, por los acuerdos propuestos. A la vez que prometen reducciones ilusorias a los subsidios agrícolas de la Unión Europea y Estados Unidos, les exigen recortes en sus aranceles industriales mucho mayores proporcionalmente que a los países desarrollados. También deben pelear para no quedar atrapados en un mal acuerdo sobre servicios.

Mientras la atención mundial se centra en las conversaciones sobre los subsidios agrícolas y los aranceles industriales, Estados Unidos y la UE han expresado claramente que no acordarán ningún paquete de comercio que no incluya los servicios. Susan Schwab, la Representante de Comercio de Estados Unidos, lo dijo de manera tajante en un artículo de opinión publicado recientemente, Washington “no apoyará un paquete de Doha a menos que incluya un resultado ambicioso en material de servicios, que implique resultados comercialmente significativos”. Si bien Schwab habla de las conversaciones sobre servicios como el primo pobre de las negociaciones de agricultura e industria, otro resultado igualmente posible es que haya un acuerdo de servicios y no esté acompañado por acuerdos en materia de aranceles industriales y agricultura. Ante la polarización Norte-Sur en agricultura e industria, salvar a Doha con un acuerdo sobre servicios, que supuestamente representan entre 50 y 60 por ciento de la actividad económica de la mayoría de los países, podría transformarse en una opción muy atractiva para la UE y Estados Unidos.

Gran parte de la cobertura de los medios de prensa sobre los temas importantes para los países en desarrollo en materia de servicios, ha estado centrada en el llamado Modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS por su sigla en inglés), que se refiere al movimiento de las personas físicas. Existe un gran resentimiento contra un sistema multilateral que facilita el movimiento del capital y los bienes hacia los mercados de los países en desarrollo pero que limita seriamente la entrada de mano de obra proveniente de los países en desarrollo a los mercados de los países desarrollados. Sin embargo, hay otra preocupación igual, o incluso mayor, para los países en desarrollo, y es la falta de capacidad para regular a los proveedores de servicios transnacionales. Estos temores han aumentado a raíz de los problemas actuales del sistema financiero, cuyos orígenes se pueden rastrear hasta una virtual ausencia de reglamentación global de los operadores financieros de los países desarrollados. Si bien los servicios financieros son solamente uno de los muchos servicios que cubre el AGCS, Estados Unidos y la Unión Europea han levantado como primera demanda ante los países en desarrollo precisamente la liberalización del sector financiero. Se supo, por ejemplo, que la UE exigió que algunos países en desarrollo eliminen las reglamentaciones que abarcan los fondos de alto riesgo conocidos como “fondos hedge”. También exigió que México abra su mercado de derivados, esos escurridizos instrumentos financieros que han tenido un papel clave en el actual caos financiero.

La mayoría de los países en desarrollo reciben de buen grado al capital extranjero, pero han aprendido por las malas que una presencia financiera extranjera fuerte exige un régimen regulatorio sólido, adecuado a las capacidades y necesidades peculiares del país. La eliminación indiscriminada de los controles al capital en Asía, promovida por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue la causante de la devastadora crisis financiera asiática. Habiendo levantado prácticamente todos los controles al capital y liberalizado las reglas de inversión, unos US$ 100 mil millones se fugaron de las principales economías asiáticas entre 1993 y 1997; la fuga se produjo hacia otras áreas de retornos altos y rápidos, como el mercado de valores y las inversiones inmobiliarias.

Al tener pocos controles sobre adónde iban los fondos, la sobre-inversión inundó rápidamente los mercados de valores e inmobiliarios, ocasionando una caída de precios y desencadenando una serie de distorsiones que abarcó las tasas de cambio, las balanzas de pago y la balanza comercial. El pánico de los especuladores hizo que se abarrotaran en la salida. Al estar las reglas de ingreso y egreso liberalizadas, no hubo manera de que los gobiernos –a excepción del de Malasia, que desafió al FMI e impuso controles al capital—pudieran detener la estampida, y los US$100 mil millones que abandonaron la región en una pocas semanas de 1997 provocaron la detención forzada del crecimiento económico en toda la zona, desde Corea hasta Indonesia.

La liberalización financiera y de las cuentas de capital fue asimismo una de las exigencias centrales que le impusieron las autoridades de los países desarrollados al gobierno de la Argentina en la década de 1990. Buenos Aires cumplió, llevando al entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers a sostener que el resultado final del hecho que los intereses extranjeros controlaran el 50 por ciento del sector bancario y el 70 por ciento de los bancos privados era un “mercado más profundo y más eficiente, e inversionistas con más intereses en juego y mayor interés en quedarse”. Summers estaba muy equivocado. El control externo agravó la crisis financiera en la que se hundió Argentina en 2002, ya que los bancos bajo control extranjero dejaron de prestarle a los gobiernos y empresas locales y enviaron su capital fuera del país. Sin crédito, las pequeñas y medianas empresas, y varias grandes también, tuvieron que cerrar, dejando a miles de trabajadores sin empleo, mientras el país entró en una espiral de depresión económica.

Después de la crisis financiera asiática, el colapso financiero argentino, y el golpe de las empresas punto.com en 2000-2002, que también fue causado por una burbuja especulativa promovida por la ausencia de reglamentación financiera, se podía pensar que las autoridades de los países desarrollados iban a poner más énfasis en reglamentar en serio las actividades de los actores financieros mundiales.

Pero los inversionistas y el mundo financiero han opuesto resistencia a cualquier movida en pos de una reglamentación efectiva. Si bien hubo llamamientos pidiendo controles sobre la proliferación de nuevos instrumentos financieros como los derivados, éstos no tuvieron éxito. La evaluación y reglamentación de los derivados quedó en manos de los propios actores del mercado que tenían acceso a modelos de evaluación de riesgos cuantitativos muy sofisticados, que se estaban elaborando.

Es más, a pesar del hecho que fueron instituciones financieras con sede en los países desarrollados –tales como los fondos hedge de alto riesgo—las que iniciaron la crisis asiática, el llamado proceso de Basilea II no se centró en disciplinar a estos actores sino en normalizar las instituciones y procesos financieros de los países en desarrollo, siguiendo el modelo financiero “anglo-americano” débilmente regulado, que ya había estado involucrado en varias crisis desde la década de 1980. Quemados por las consecuencias de la desregulación financiera, muchos gobiernos de países en desarrollo no se sorprendieron cuando la “autoregulación” terminó en la enorme burbuja hipotecaria cuya explosión ha puesto al sistema financiero mundial al borde de un colapso.

Uno de los escenarios clásicos de las viejas películas del oeste era la de un tren que avanzaba cada vez más rápido a estrellarse contra otro tren, mientras la mano sin vida del maquinista, asesinado por los forajidos, permanecía presionando el acelerador. Los acontecimientos financieros mundiales actuales me hacen recordar esta escena. En todo el mundo se va generando consenso sobre la necesidad de regular fuertemente al sector financiero. Pero a pesar del surgimiento de este consenso y del caos financiero que los rodea, los negociadores de los países desarrollados en la OMC, del mismo modo que la mano del maquinista muerto, siguen presionando a los países en desarrollo para que firmen un acuerdo de servicios que consagre la drástica liberalización de los sectores financieros.

Los gobiernos de los países en desarrollo deben mantenerse por fuera de la tragedia del tren que está conducido por determinación de Estados Unidos y la UE a llevar a sus últimas consecuencias la liberalización financiera mundial, cualquiera sea el costo. No deben sumarse a un acuerdo de servicios que comprometa su capacidad de regular de manera efectiva los servicios financieros y otros servicios. De la misma manera en que deben decir que no a los acuerdos sobre aranceles agrícolas e industriales que llevan una carga de condiciones inequitativas, también deben negarse a formar parte de un acuerdo de servicios cuyo único efecto será arrastrarlos a la vorágine sin fin de las finanzas mundiales desreglamentadas.

* Walden Bello es profesor de sociología en la Universidad de Filipinas y analista de Focus on the Global South, instituto de investigación con sede en la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia.
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Enfoque Sobre Comercio es un boletín mensual de distribución electrónica, publicado por Focus on the Global South, que proporciona noticias y análisis sobre las tendencias regionales y mundiales de la economía y el comercio, la economía política de la globalización y las luchas populares de resistencia y alternativas al capitalismo mundial. Sus contribuciones y comentarios son bienvenidos, escriba a n.bullard@focusweb.org y comercioredes@gmail.com

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FOCUS ON TRADE

Alberto

2008-09-05T19:16:00

Pablo Cardozo Hernández