ENFOQUE SOBRE COMERCIO
No. 141, Julio 2008
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EN
ESTA EDICIÓN: ESPECIAL SOBRE EL G8
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COMUNICADO
DEL G8 SOBRE EL CLIMA: RETROCESO EN VEZ DE AVANCE
Declaración de organizaciones afiliadas a la Red de Acción sobre el G8 (G8 Action Network)
WALDEN
BELLO EN SAPPORO:
Las
opciones de la sociedad civil en la cumbre del G8: ¿el camino
de Génova o el de Gleneagles?
Japón tras los pasos de Singapur en su actitud frente a los activistas extranjeros
CULPABLES
DEL CAMBIO CLIMÁTICO: NEGOCIANDO EL PLANETA A CAMBIO DE SUS
GANANCIAS
Joseph Zacune
DESAFÍO
A LOS GOBIERNOS DEL G8
Declaración para el G8 firmada por más de 150 movimientos, redes y organizaciones
LOS PELIGROS DE UN ACUERDO SOBRE SERVICIOS EN LA RONDA DE DOHA
Walden Bello
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COMUNICADO DEL G8 SOBRE EL CLIMA: RETROCESO EN VEZ DE AVANCE
Declaración de organizaciones afiliadas a la Red de Acción sobre el G8 (G8 Action Network)
Sapporo, Hokkaido, Japón, 9 de Julio de 2008: El comunicado del G8 con respecto a su acción sobre el cambio climático no hace más que disfrazar como un avance lo que en realidad es inacción. Se trata de un gran fraude contra la comunidad mundial, que verá reducida significativamente su capacidad para detener el cambio climático. Estamos totalmente de acuerdo con la Declaración del Gobierno de Sudáfrica que dice que: “A pesar que la Declaración [del G8] hace pensar que han habido avances, nos preocupa que en los hechos puede resultar un paso atrás respecto de la contribución significativa que es necesario realizar para enfrentar los problemas del cambio climático”.
Un paso atrás respecto de Bali
El anuncio del acuerdo entre los integrantes del G8 para reducir a nivel mundial las emisiones de gases de efecto invernadero al 50 por ciento para el año 2050, es en realidad un paso atrás respecto de la exigencia mínima planteada por la comunidad internacional durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizada en Bali el pasado mes de diciembre. En Bali, la oposición de Estados Unidos, Japón y Canadá prácticamente terminó con un proceso de consenso para que los países industrializados (países del Anexo 1) se comprometieran a una reducción de sus emisiones de entre 25 y 40 por ciento respecto de los niveles de 1990 para el año 2020. El consenso en proceso proyectaba también para el año 2050 la necesidad de una meta mínima de reducción de un rango entre el 80 y 90 por ciento, para poder mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los dos grados centígrados durante el siglo XXI.
La
fórmula del 50 por ciento del G8 es objetable por varias
razones:
En
primer lugar, establece una fórmula global y no una específica
para los países del Anexo 1, por lo que los grandes
contaminadores como Estados Unidos pueden zafar de sus obligaciones a
costa del resto del mundo.
En segundo lugar, no establece un punto de partida claro. Resulta revelador que al anunciarlo, el Primer Ministro de Japón Yasuo Fukuda dijera inicialmente que se tomarían como punto de partida los niveles de 1990, luego se retractara de esta declaración y mencionara como punto de partida el año 2000.
En
tercer lugar, esta declaración no es vinculante, y no hay nada
en ella que indique que el G8 esté dispuesto a “comprometerse”
plenamente en las negociaciones sobre el clima en el marco de las
Naciones Unidas, lo cual obligaría a los signatarios a asumir
sus resultados. Por este motivo, este anuncio reafirma al G8 como
ámbito para la acción climática que rivaliza con
el proceso de Naciones Unidas y que en los hechos lo subvierte. No es
sorprendente entonces, que la declaración del G8 surja como
parte de un proceso paralelo conocido como “Encuentro de las
Grandes Economías”. Se trata de una iniciativa de
Estados Unidos que busca privar al marco y el proceso de Naciones
Unidas de toda capacidad de decisión en los temas climáticos.
En resumen, el anuncio del G8 significa un alejamiento enorme respecto de las reducciones obligatorias y un aumento significativo de las posibilidades de que el planeta se deslice hacia un cambio climático incontrolado.
Apoyo
a la agencia equivocada
Otro factor negativo para una acción efectiva sobre el cambio climático es el respaldo que le brindó el G8 a los Fondos de Inversión en el Clima promovidos por el Banco Mundial, el cual, según el comunicado, ya cuenta con contribuciones de algunos países que ascienden a US$6 mil millones. Las organizaciones de la sociedad civil que vigilan el programa de medio ambiente del Banco ya habían advertido al G8 su preocupación de que estos fondos se destinen fundamentalmente a financiar grandes usinas de generación eléctrica a carbón. No habiendo una definición clara de tecnología limpia, los fondos pueden destinarse a proyectos que no mitigan claramente el cambio climático, o pueden capturar recursos que solamente impliquen un cambio menor o tangencial en momentos en que se necesitan cambios sustanciales.
De
la misma manera en que el G8 socava a Naciones Unidas en su papel de
ámbito para la acción climática, el Banco
Mundial también subvierte un mecanismo financiero ya
establecido por Naciones Unidas. La conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) que tuvo lugar en Bali en diciembre de 2007 creó un
Fondo para la Adaptación destinado precisamente a proporcionar
asistencia tecnológica a los países en desarrollo. En
vez de financiar este mecanismo, los países del G8 ahora
pueden traspasar sus contribuciones a los Fondos de Inversión
en el Clima administrados por el Banco Mundial, y así mantener
el control del proceso de transferencia de tecnología. No es
de sorprender que los países en desarrollo hayan criticado el
mecanismo del Banco Mundial, tildándolo de amenaza para los
esfuerzos serios de asistir al Sur global en su lucha contra el
cambio climático.
Tras
haber fracasado como banco de desarrollo, el Banco Mundial intenta
ahora crear la imagen de que es el “Banco del clima”.
Esto es verdaderamente el sumum de la hipocresía. Con US$2 mil
millones ya invertidos en proyectos de carbón, petróleo
y gas en el último año, el Banco Mundial ha roto su
propio record como el mayor financiador multilateral de iniciativas
de energía emisoras de gases de efecto invernadero. Incluso
aunque pretende enfrentar el cambio climático con sus Fondos
de Inversión en el Clima, el Banco no hace más que
exacerbarlo con sus préstamos a la extracción masiva de
combustibles fósiles.
Hay
que llamar a las cosas por su nombre. La declaración del G8 no
constituye un paso adelante sino un paso atrás en las
posibilidades de la comunidad mundial de enfrentar el cambio
climático. Decir que es mejor algo que nada, o que hay que ser
realistas y tener en cuenta la oposición de la administración
Bush a cualquier acción significativa, sólo sirve para
legitimar una charada muy peligrosa.
El
G8 ha hecho honor una vez más a su reputación de ser un
real obstáculo para los esfuerzos de la comunidad mundial de
hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Reiteramos
nuestro llamado a la disolución de este organismo no electo de
los gobiernos ricos que actúa como si fuera el gobierno del
mundo.
Red
de Acción G8 - G8 Action Network
Lista parcial de firmantes:
Attac Japón
CADTM
ESK-País
Vasco
Focus on the Global South
Freedom from Debt Coalition
Amigos de la Tierra Internacional
FSU-Francia
Institute
for Policy Studies, EE.UU.
Sustainable Energy and Economy Network
Vía Campesina
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LAS OPCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CUMBRE DEL G8: ¿ELCAMINO DE GÉNOVA O EL DE GLENEAGLES?
por Walden Bello*
El
Grupo de los Ocho surgió en 1975 como G7, en un momento en que
el mundo atravesaba una crisis económica profunda, muy
parecida a la actual. Su principal objetivo era coordinar las
políticas macroeconómicas de los países ricos en
una época de estanflación y generar una estrategia
común frente al mundo en desarrollo, que había
disminuido su dependencia económica y política respecto
del Primer Mundo durante los impetuosos días de la
descolonización, las luchas por la liberación nacional,
y el surgimiento de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) como poderoso bloque
económico.
El
G7 no tuvo éxito en coordinar sus políticas, ya que en
el gobierno de Ronald Reagan Estados Unidos aplicó
agresivamente una política tendiente a mantener el dólar
bajo, lo cual desencadenó una recesión en Alemania y
Japón. No obstante, si consiguieron presentar un frente unido
contra los países en desarrollo, que puso todo su peso para
respaldar las políticas de ajuste estructural neoliberal
impuestas por el Banco Mundial y el FMI en más de 90 países
en desarrollo y economías en transición
(pos-socialistas). Los programas de ajuste estructural se engulleron
las ganancias económicas logradas por el Sur en las décadas
de 1950 y 1960.
En
la década de 1990 el G7 se transformó en el principal
promotor de la globalización dirigida por las corporaciones,
cuyo camino había sido preparado por la desregulación
radical, la liberalización radical y la privatización
radical a la que se sometió a los países en desarrollo
bajo los ajustes estructurales. También respaldó
enérgicamente a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en su papel de principal agencia del proceso de liberalización
mundial del comercio y las inversiones, exigido por las grandes
empresas.
El
fin de la década de 1990, sin embargo, no trajo consigo la
creciente prosperidad para todos que prometían las políticas
neoliberales pro-mercado, sino un aumento de la pobreza extrema,
mayor desigualdad y la consolidación del estancamiento
económico del Sur. El colapso de la tercera cumbre ministerial
de la OMC en Seattle en diciembre de 1999, marcó un punto de
inflexión en la masa crítica lograda por las fuerzas de
oposición, generadas por las contradicciones de la
globalización.
Ante
la evidencia de las realidades de la globalización, las
cumbres del G7 –ahora G8 con la incorporación de Rusia-
se transformaron en uno de los blancos en la mira de una oposición
mundial en ascenso. En la Cumbre del G8 en Génova en junio de
2001, trescientas mil personas se reunieron tras un programa
inflexible: “No al G8”. Las líneas de batalla
estaban claramente delineadas, y la policía italiana (los
carabinieri) contribuyó sustancialmente a la polarización,
que terminó en una manifestación violentamente
reprimida, con un activista muerto y cientos de lesionados.
Algunos
de los integrantes del G8 se dieron cuenta que la imagen de
directores hegemónicos de la globalización no era buena
para el grupo. Liderado por el nuevo gobierno laborista de Tony Blair
y Gordon Brown en Gran Bretaña, el G8 se sometió a un
lavado cosmético de cara. Se generó un nuevo discurso,
cuyos elementos sustanciales fueron el perdón de la deuda para
los países más pobres, el aumento de los niveles de
asistencia al 0,7 por ciento del PBI de los países del G8, un
paquete de asistencia masiva para África, el comercio al
servicio del desarrollo y el abordaje de los problemas del cambio
climático. Las nuevas palabras identificadoras del proceso
fueron “asociación” “consulta”
“integración social mundial” y “los
objetivos del milenio”. La batalla era por el alma de la
sociedad civil mundial. El punto más alto de este cambio de
“look”
fue la cumbre de Gleneagles en 2005, con la coreografía creada
por una alianza entre el Gobierno laborista, las superestrellas del
entretenimiento Bob Geldof y Bono, y algunas ONG británicas
muy influyentes. Cientos de miles de personas que viajaron a Escocia,
terminaron siendo manipuladas para transformarse en un coro de
bienvenida de fulgurantes conciertos de Ayuda a África,
puestos en escena simultáneamente en diferentes partes del
globo.
Para
el 2007, el brillo había desaparecido. La idea de la
asociación entre la sociedad civil y el G8 se había
desfigurado y ninguno de los gobiernos del G8 llegó a la meta
del 0,7 del PBI, la asistencia a África no alcanzó los
US$20 mil millones prometidos en Gleneagles, la “Ronda de Doha
para el Desarrollo” se transformó en una gran farsa, y
la acción seria para enfrentar el cambio climático
brilló por su ausencia. Por el contrario, el comunicado del G8
en la Cumbre de Rostock o Heilgendamm enfatizó soluciones
técnicas para el cambio climático, aleccionó a
los países en desarrollo para que no pusieran restricciones a
las inversiones de las transnacionales, y lanzó una velada
amenaza sobre el hecho de que China pudiera obtener acceso
preferencial a materias primas en África. La respuesta
mayoritaria de la sociedad civil, bajo el liderazgo de la sociedad
civil alemana, fue la denuncia y la confrontación con el G8,
con miles de manifestantes que intentaron ingresar al lugar de
reunión de los líderes mundiales buscando interrumpir
la cumbre. La principal consigna de las protestas de Heilingendamm,
“Afuera el G8”, revivió la tradición
militante de Génova que había quedado en suspenso en
Gleneagles.
De
esta manera llegamos a la cumbre del G8 aquí en Hokkaido,
Japón. Ahora no sólo está Bush, sino además
Sarkozy, Brown y Fukuda, un grupo de dirigentes desacreditados, con
muy bajos niveles de apoyo en las encuestas en sus propios países.
Además, el G8 como tal carece hoy más que nunca de
legitimidad, a medida que las tormentas desatadas por el proceso de
globalización azotan al planeta con crisis simultáneas
de precios exorbitantes del petróleo, escalada de los precios
de los alimentos, colapso financiero global y empeoramiento del
cambio climático. Con este telón de fondo, los
movimientos sociales de Japón y Asia deben decidir qué
camino tomar, si el de Génova o el de Gleneagles – en
otras palabras, profundizar la crisis de legitimidad del G8, o, como
en Gleneagles, salvar al G8 una vez más. El mejor aporte que
el movimiento japonés puede hacer a la sociedad civil mundial
es liderar la lucha para que la Cumbre de Hokkaido sea la última
cumbre del G8.
*
Discurso en la apertura de la sesión plenaria de la Cumbre de
los Pueblos, en el Centro de Convenciones de Sapporo, 6 de julio de
2008. Walden Bello es presidente de la ONG Freedom from Debt
Coalition y analista de Focus on the Global South.
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JAPÓN
TRAS LOS PASOS DE SINGAPUR EN SU ACTITUD FRENTE A LOS ACTIVISTAS
EXTRANJEROS
por
Walden Bello*
El
comercio, el cambio climático, los precios siderales, y la
deuda fueron los temas de discusión en los eventos paralelos
realizados por la sociedad civil durante la Cumbre del Grupo de los
Ocho, pero el problema que concentró mayor atención fue
la mano dura empleada por las autoridades japonesas como enfoque para
la seguridad de la reunión oficial.
Hay
21.000 efectivos policiales apostados en la isla de Hokkaido, la
mayoría en la ciudad de Sapporo y la vecina Toyako, sede de la
reunión la semana próxima. Un gran número de
estos efectivos, incluidos contingentes anti-motines, vestidos de
Darth Vader, estuvieron desplegados a lo largo de la Caminata de la
Paz realizada por varios miles de manifestantes el sábado 5 de
julio. Para demostrar que no era sólo apariencia, los policías
rompieron la ventana de un vehículo y arrestaron a dos de sus
ocupantes por llevar música que, según dijeron,
interfería con sus operaciones. Un fotógrafo de la
prensa y un participante de la manifestación también
fueron detenidos.
Esa
misma mañana, 24 activistas fueron puestos en un avión
de vuelta a Corea después de haber sido retenidos en el
Aeropuerto Chitose de Hokkaido durante 24 horas. Diecinueve eran
integrantes del grupo internacional Vía Campesina y cuatro de
la Confederación de Sindicatos Coreanos (KCTU por su sigla en
inglés). Esta acción interfirió con la
realización de varios eventos, entre ellos un simposio sobre
los acuerdos de libre comercio donde estaba prevista mi intervención,
que había sido organizado por los sindicalistas coreanos
deportados.
En
una lista no oficial de los que no obtuvieron la visa del gobierno
japonés figuran dos bangladesíes, un indio y un
keniata. Las autoridades de inmigración del Japón
todavía tienen que tramitar las solicitudes de visa de varios
activistas más de distintas ONG. Susan George, una intelectual
francesa de primera línea, fue interrogada por las autoridades
de inmigración japonesas en una pequeña habitación
sin ventanas durante cuatro horas. Lidy Nacpil, presidente de Jubileo
Sur de Asia-Pacífico, fue sometida al mismo tipo de
interrogatorio impertinente durante tres horas y media.
En
mi caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón se
tomó casi diez días para otorgarme la visa después
que yo había presentado la solicitud, y esto gracias a la
presión diaria que ejerció la Red de Acción
sobre el G8 y otros grupos. A pesar de tener la visa, igualmente fui
detenido en la frontera por la policía, que me interrogó
al arribar al Aeropuerto Internacional de Narita el 4 de julio.
Estimulado por las preguntas tontas que me hacían, como por
qué iba a Sapporo y qué calificaciones tenía
para hablar sobre el G8, terminé planteándoles a mis
interrogadores que ellos eran los que tenían que responder
estas preguntas ya que obviamente habían sido informados sobre
mi caso por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.
Probablemente fue esta puesta en escena de gran irritación lo
que los persuadió de liberarme después de una hora.
Habiendo
asistido a distintos eventos paralelos en otras cumbres del G8, puedo
decir que los controles de frontera impuestos a los activistas
extranjeros por parte del gobierno japonés han sido los más
restrictivos y punitivos. Al parecer Japón sigue los pasos del
gobierno de Singapur. Cuando en septiembre de 2006 se celebró
la Reunión de Otoño del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional en Singapur, varios representantes de la
sociedad civil que intentaban concurrir a los eventos organizados por
las ONG no pudieron obtener la visa y fueron deportados. Hay quienes
sostienen que el arresto y la detención continuada de dos
activistas de Greenpeace en Tokio hace unos diez días, con
cargos que todavía hoy son vagos, está relacionado en
realidad con las medidas extremas de seguridad en torno a la cumbre
del G8.
Esta “singapurización” de la política de frontera japonesa es precisamente lo que tenían en mente los representantes de muchas organizaciones de la sociedad civil cuando plantearon en una carta abierta dirigida al Primer Ministro Japonés Yasuo Fukuda, que “Estamos decepcionados de que Japón, como anfitrión de la cumbre del G8, esté criminalizando la libertad de expresión. Es inaceptable para Japón, el G8, o cualquier otro país, impedir el desarrollo de un debate saludable y crítico en torno a estas reuniones internacionales, en las cuales se toman decisiones que afectan la vida de millones de personas en todo el mundo”.
*
Walden Bello es Presidente de la Freedom from Debt Coalition y
analista de Focus on the Global South.
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CULPABLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO: NEGOCIANDO EL PLANETA A CAMBIO DE SUS GANANCIAS
por Joseph Zacune*
En diciembre del año pasado durante las charlas sobre clima realizadas en Bali, James Hansen, científico de la NASA, presentó nueva información que muestra que los impactos del cambio climático se están produciendo con mayor rapidez y a causa de aumentos de la temperatura mundial menores de lo que se había previsto, lo que indica que la atmósfera está más “sensible” a los gases de efecto invernadero de lo que se supuso anteriormente. (1)
Si nos atenemos a este ritmo de cambio, es probable que en un lapso de cinco años se pierdan ocho millones de kilómetros cuadrados de hielo en el polo norte (un área del tamaño de Australia) durante el verano. Esto puede provocar a su vez el derretimiento de la capa de Groenlandia, cuya desintegración aumentaría siete metros el nivel del mar. Hansen afirmó que es necesario avanzar hacia un sistema de energía limpia pos-combustibles fósiles y enfriar el planeta.
Desafortunadamente, los países del G8 no están respondiendo a estas advertencias extremas. El G8 representa sólo 13% de la población mundial, pero son responsables del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo.
Estos países industrializados son responsables de la crisis, y además se benefician económicamente y acumulan una deuda climática con el Sur (2). Sin embargo, no cesan de querer imponer el libre comercio injusto y promueven el comercio de carbono como solución al cambio climático, aunque eso podría en verdad acelerarlo y exacerbar la vulnerabilidad de los países en desarrollo a sus impactos.
Aquellos que cargan con la menor cuota de responsabilidad por la crisis actual –como los Pueblos Indígenas, los agricultores campesinos y los pueblos pescadores– serán los más perjudicados por el cambio climático y por estas iniciativas peligrosas impulsadas por las grandes empresas, que se etiquetan de manera perversa como soluciones climáticas.
A manera de ejemplo: los Pueblos Indígenas y las comunidades que viven en los bosques son unos de los primeros en sufrir las consecuencias directas del cambio climático, debido a su dependencia y su estrecha relación con el medioambiente y sus recursos. De los 350 millones de indígenas que hay en el mundo, la mitad vive en bosques tropicales que aportan el 80 por ciento de la diversidad biológica del planeta (3). La mayoría de estos bosques tropicales son los territorios tradicionales de los Pueblos Indígenas.
Tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (4) como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (5) consagran la soberanía indígena sobre sus recursos naturales. No obstante, a los Pueblos Indígenas se los sigue marginando de los procesos de toma de decisiones internacionales, incluso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (6). En la CMNUCC se están hoy negociando maneras para reducir las emisiones generadas por la deforestación en los países en desarrollo (REDD), que tendrán impactos directos en las vidas de millones de indígenas.
Las naciones miembro que han ratificado la CMNUCC acordaron conservar y mejorar los bosques, y también proveer asistencia financiera a los países en desarrollo para cumplir con estas obligaciones. (7)
Sin embargo, la definición de bosques utilizada por la ONU incluye a las plantaciones, y esto es un motivo de gran preocupación, ya que la expansión de las plantaciones de monocultivos es un importante agente de la deforestación, que socava los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra y daña el medioambiente a través del uso de plaguicidas, el estrés acuático y la pérdida de biodiversidad. Además, según el Grupo Consultivo sobre la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), las plantaciones almacenan sólo una quinta parte del carbono que almacenan los bosques vírgenes, en el mejor de los casos.
A través de la CMNUCC, algunos gobiernos y ONG conservacionistas presionan conjuntamente a favor de los mecanismos de REDD para implementar el comercio de carbono, en lugar de abogar por un enfoque basado en fondos para el manejo comunitario de bosques (sin mencionar otros enfoques confiables no basados en el dinero, tales como el fortalecimiento de los derechos a la tierra, dejar a los combustibles fósiles en el subsuelo, y prohibiciones a la deforestación).
La idea central del comercio de carbono para los bosques es que los países en desarrollo reduzcan sus tasas de deforestación, lo que les permitirá vender al Norte el carbono almacenado en sus bosques. Esto les permite a los países del Norte y a sus grandes empresas evitar reducir sus emisiones y liberarse a la vez de su responsabilidad mediante el pago de una suerte de fianza, pudiendo continuar entonces con la contaminación usual. Este sistema también se basa en la falsa premisa de que los ciclos inactivos de carbono subterráneos (carbón, petróleo y gas en reservas estables subterráneas) y los ciclos activos terrestres son lo mismo. Esta suposición permite la protección de un ciclo de carbono para compensar la explotación del otro.
De modo que, en el mejor de los casos, esto teóricamente debería llevar a una reducción nula de las emisiones mundiales, si no fuera por el hecho que los diferentes ciclos de carbono varían enormemente, haciendo imposible verificar realmente si las emisiones se redujeron o no.
Si nuestros últimos bosques restantes se van a incluir en los mercados de carbono, la pregunta que surge es, naturalmente, ¿quiénes son los dueños de esos árboles y qué pasa con las comunidades que habitan los bosques y que han dependido de ellos por generaciones? Existen grandes riesgos de una expansión dramática de ciertos modelos excluyentes de conservación de bosques que violan los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos tradicionales y consuetudinarios de las comunidades a nivel mundial.
El Banco Mundial está a la cabeza del comercio de créditos de carbono de bosques, y su portafolio de inversiones se está expandiendo rápidamente a través del FCPF (el fondo para reducir las emisiones de carbono mediante la protección de los bosques) que se presentó públicamente rodeado de protestas durante las negociaciones de Bali sobre el clima en diciembre pasado. En la reunión del G8 en Japón, los multimillonarios fondos de inversión del Banco para el clima, que incluyen el financiamiento de carbono para los bosques, se están inaugurando formalmente y ya están proyectando su oscura sombra sobre las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima. (8)
El conflicto de intereses del Banco Mundial es más que evidente, ya que la mayor parte de su portafolio de financiamiento para el carbono ha sido entregado a industrias contaminantes, e incluso ah llegado a apoyar la tala industrial (9). Se debe excluir al Banco de las negociaciones de la ONU o la integridad del acuerdo de Kioto pos-2012 se verá gravemente afectada.
En el mismo sentido que el comercio de carbono para los bosques, la liberalización del comercio también se está promoviendo como una solución a la crisis climática, cuando en realidad también amenaza a las comunidades que son sumamente vulnerables a los impactos del cambio climático, al acelerar la mercantilización de sus recursos naturales. Cientos de millones de personas dependen de los últimos bosques restantes en el mundo, que les provee medicinas, alimentos y lo necesario para su subsistencia.
La Comisión Europea ha señalado que: “La liberalización del comercio puede acentuar tendencias negativas para la sustentabilidad, a menos que se disponga de sistemas adecuados de administración y gobierno de los bosques, y se vele por su cumplimiento”. Es evidente que tales sistemas no están funcionando en muchos países y por lo tanto, no se debería continuar con una mayor liberalización.
El informe también señala que en países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) como los de la Cuenca del Congo y Papúa Nueva Guinea, los posibles impactos negativos en la biodiversidad podrían ser irreversibles. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) refuerza esta idea y señala cómo la liberación del comercio en Tanzania ha llevado a un rápido incremento de la deforestación, ya que las exportaciones de productos forestales crecieron dramáticamente. (10)
Otro de los estudios de impacto encomendado por la Unión Europea señala que los países del África Central deberían tomar en cuenta los costos medioambientales de la liberalización del comercio, tales como el aumento de la deforestación resultante de las exportaciones de madera, por ejemplo, y la degradación ambiental asociada a la prospección y explotación del petróleo. (11)
La liberalización de los mercados de energía –que es una demanda clave de la Comisión Europea– también va a generar claros impactos en el cambio climático y debilitará las campañas comunitarias para dejar a los combustibles fósiles en el subsuelo.
La Unión Europea está considerada internacionalmente como una fuerza de bien con demasiada frecuencia –la voz de la razón en un mundo dominado por un gobierno de Estados Unidos que es intransigente y muy impopular. Sin embargo, por debajo del radar de los medios de comunicación y lejos de la mirada del público en general, la UE ha estado presionando a 77 países del África, el Caribe y el Pacífico (ACP) para que firmen tratados de libre comercio injustos, mal llamados Acuerdos de Asociación Económica (AdA, o EPA por sus siglas en inglés).
Los líderes y ministros de los países de ACP lanzaron un comunicado conjunto en el que aborrecen la “enorme presión que la Comisión Europea ejerce sobre los Estados del ACP para que acepten interinamente los acuerdos de comercio, lo que es contrario al espíritu de la asociación del ACP con la UE”. El líder negociador del Pacífico, Jo Keil, condenó el enfoque agresivo de la Comisión Europea en las negociaciones y dijo: “Nunca más habremos de sufrir nuevamente la falta de respeto de la que fuimos víctimas de manos del Comisario Mandelson”. (12)
La región del Pacífico sigue resistiendo, mientras que el Caribe aceptó un EPA y muchos países africanos cedieron ante la presión de la UE. Según se informa, un diplomático de Namibia se lamentó: “La presión era demasiada…nos sometieron a tácticas intimidatorios amenazándonos con que “o firman o no tendrán el mercado”. (13)
Millones de campesinos y pescadores se enfrentan a la doble amenaza del cambio climático y los impactos del comercio injusto. En Senegal, la liberalización del comercio expuso sus aguas marinas a flotas pesqueras subsidiadas. Los ecologistas señalan que 11.000 toneladas de pescado capturado en aguas senegalesas son descartadas anualmente por buques pesqueros de la Unión Europea. Los estudios de las Naciones Unidas demuestran que en Mauritania las poblaciones de peces han sido devastadas en gran medida como resultado de la liberalización del comercio, y ciertas especies como el pez sierra, han desaparecido por completo. (14)
Estudios realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente subrayan que una mayor liberalización del comercio amenazaría a los pequeños productores de arroz y al medioambiente en países como Senegal y Nigeria. (15)
Amigos de la Tierra Ghana advirtió que los EPA muy probablemente habrán de socavar su agricultura. Los productores avícolas y de arroz ya han sufrido las consecuencias de la liberalización del comercio y la competencia injusta a través de las importaciones subsidiadas. Un crecimiento de las importaciones baratas de pollo congelado y arroz procedentes de la UE llevaría a los productores de arroz a la quiebra y podría significar el colapso de la industria avícola.
Tanto el comercio de carbono como la liberalización del comercio tienen un historial devastador. El asalto de la agenda climática a manos de intereses empresariales –disfrazados con una retórica filantrópica de salvación del planeta, y respaldada por miles de millones de dólares de apoyo financiero– añade nuevos peligros a los que habrá que oponerle resistencia tanto en los pasillos de las negociaciones internacionales como en las comunidades que luchan por su sobrevivencia en sus territorios.
Es imprescindible un giro radical, lejos del neoliberalismo. Tenemos que reducir radicalmente nuestro consumo insustentable, garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, dejar a los combustibles fósiles en el subsuelo, promover la conservación comunitaria de los bosques e invertir en energías limpias generadas por el sol, el viento y el mar, que nos ayuden a enfriar el planeta y a encaminarnos en pos de sociedades sustentables. El Norte debe pagarle su deuda ecológica al Sur –es tiempo de justicia climática.
* Joseph Zacune es el coordinador internacional del Programa de Amigos de la Tierra Internacional sobre Justicia Climática y Energía, joseph.zacune@foe.co.uk
Notas
1. El informe de James Hansen y otros siete científicos está disponible en http://arxiv.org/abs/0804.1126, noviembre de 2007; Ver además David Spratt, Philip Sutton, “Climate Code Red” http://www.climatecodered.net, febrero de 2008
2. Ver el informe de Amigos de la Tierra Internacional “Climate Debt – Making historical responsibility part of the solution” http://www.foei.org/en/publications/pdfs/climatedebt.pdf, diciembre de 2005
3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Medio Ambiente y diversidad cultural”
http://www.unep.org/GC/GC23/documents/GC23-INF23.pdf, noviembre de 2004
4. Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo: adoptada por resolución 41/128 de la Asamblea General del 4 de diciembre de 1986 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm
5. Adoptada por resolución 61/195 de la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html
6. Estebancio Castro Diaz, Coalición Mundial por los Bosques, “Cambio Climático, Conservación de Bosques y Derechos de los Pueblos Indígenas”, abril de 2008.
7. “Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán:... Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, inclusive… los bosques.” (CMNUCC Artículo 4.1 d).
“Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que figuran en el anexo II, proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 12. También proporcionarán los recursos financieros, entre ellos recursos para la transferencia de tecnología, que las Partes que son países en desarrollo necesiten para satisfacer la totalidad de los gastos adicionales convenidos resultantes de la aplicación de las medidas establecidas en el párrafo 1 de este artículo y que se hayan acordado entre una Parte que es país en desarrollo y la entidad internacional o las entidades internacionales a que se refiere el artículo 11, de conformidad con ese artículo.
Al llevar a la práctica esos compromisos, se tomará en cuenta la necesidad de que la corriente de fondos sea adecuada y previsible, y la importancia de que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes que son países desarrollados. (CMNUCC Artículo 4.3)
8. Forest Peoples Programme (FPP) “El FCPF: Facilitar el debilitamiento de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y los recursos”, febrero de 2008. “Deforestación evitada y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales”, junio de 2007. Disponible en: www.forestpeoples.org/documents/forest_issues/bases/forest_issues.shtml
SEEN “World Bank Climate Profiteer” http://www.ips-dc.org/reports/#292, abril de 2008
Información sobre los fondos de inversión climática del Banco Mundial http://action.foe.org/t/3877/content.jsp?content_KEY=4176
9. SEEN “World Bank Climate Profiteer” http://www.ips-dc.org/reports/#292, abril de 2008
http://www.rainforestfoundationuk.org/s-Stop%20the%20carve%20up%20of%20the%20Congo%20forests
10. Instituto de Políticas de Desarrollo y Administración. Universidad de Manchester.Savcor Indufor Oy
“Evaluación de impacto de sustentabilidad de las negociaciones de la OMC propuestas; Informe final del estudio sobre el sector forestal”, 2005 www.sia-trade.org/wto/Phase3B/Reports/ForestFR19June05.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Reformas económicas, liberalización del comercio y medio ambiente. Síntesis de Proyectos de UNEP, noviembre de 2001 www.unep.ch/etu/doha/pdfs/papers/synthesisround2.pdf
11. PricewaterhouseCoopers, “Evaluación de impacto de los EPA entre la UE y ACP. Servicios financieros en África Central. 11 de septiembre de 2006 www.siagcc. org/acp/download/sia_fs_cemac_finalreport_11sept2006.pdf
12. http://www.acp-eu-trade.org/news/news_detail.php?5846
13. http://ipsnews.net/news.asp?idnews=40486
14. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Reformas económicas, liberalización del comercio y Medio Ambiente. Síntesis del proyecto de UNEP, 2001 www.unep.ch/etu/doha/
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. “Informes sobre economía, comercio y desarrollo sustentable. Mayo de 2002 www.unep.ch/etu/publications/UNEP_Fisheries.pdf
15. http://www.unep.ch/etb/publications/intAssessment/RapSynRice.pdf
*******************************************************
DESAFÍO A LOS GOBIERNOS DEL G8
Declaración para el G8 firmada por más de 150 movimientos, redes y organizaciones
[traducción de Monitor de IFIs América Latina]
El
encuentro de los países más poderosos y ricos del mundo
es para la gente de todo el mundo una ocasión para reclamar
que esta cumbre del G8 trate los dos “tsunamis” que están
azotando a la humanidad hoy día –las crisis alimentaria
y climática- y el problema irresoluto de la deuda, que ha
contribuido significativamente en estas dos crisis y ha exacerbado
sus impactos.
La
injusticia de la carga de la deuda y el problema de las deudas
ilegítimas
El pago de enormes cantidades de servicio de la deuda amplia los efectos de las crisis alimentaria y climática, y disminuye la capacidad de los países y pueblos del Sur de afrontar dichas crisis. Ésta es parte de la injusticia de la deuda y tan sólo por ello la cancelación de la deuda es urgente. Pero la deuda es más que simplemente un problema de perder los necesitados recursos en el pago de la deuda. Las deudas utilizadas para proyectos negativos o para imponer condicionalidades negativas como las que han contribuido a las crisis alimentaria y climática, son ilegítimas y no deberían ser pagadas.
La
crisis alimentaria
El
alto precio del crudo, el empeoramiento de las condiciones climáticas
y la manipulación de los precios por parte de cárteles
comerciales y especuladores locales e internacionales ciertamente han
contribuido al aumento masivo y abrupto de los precios de la comida.
Sin embargo, la crisis alimentaria puede también ser atribuida
a las políticas económicas que han sido impuestas a los
países del Sur durante décadas, a partir de la deuda,
del acceso a los créditos y del alivio de la deuda como
instrumentos de coerción.
La
combinación de varias políticas que formaban parte de
los planes de condicionalidad del Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial han desembocado en la caída de la productividad
de la agricultura de subsistencia, ha llevado a un incremento de los
costes de producción de alimentos, a la drástica
reducción de tierras de cultivo para alimentos básicos
para consumo local, y a prácticas agrícolas menos
sostenibles.
Estas
condicionalidades fiscales y monetarias incluyen la retirada de
subsidios públicos a los cultivos de alimentos básicos
y la reducción de gasto en infraestructuras públicas
como sistemas de riego. La promoción de estrategias de
crecimiento económico orientado a la exportación ha
llevado a una alta dependencia de caros fertilizantes y pesticidas de
importación, una reconversión masiva hacia cultivos no
básicos y no alimentarios, y la conversión de tierras
agrícolas a zonas industriales para la exportación. La
liberalización comercial ha llevado a una injusta competencia
con productos alimentarios subsidiados del norte. La liberalización
de los flujos de capital financiero que alimentaron la industria
inmobiliaria, expandiendo la reconversión de la tierra a la
producción de alimentos al sector inmobiliario privado, campos
de golf y resorts. La privatización de servicios públicos
también supone mayores costes de producción y
distribución de alimentos.
Además,
los efectos de los enormes pagos de la deuda sobre los recursos
gubernamentales conllevan el deterioro y la negligencia sobre muchas
infraestructuras públicas necesarias para estimular la
producción agrícola, como los sistemas de riego y las
carreteras entre las granjas y los mercados.
La
capacidad de muchos países del Sur para producir lo suficiente
para cubrir sus propias necesidades de alimento y para mantener los
precios accesibles en los mercados locales, ha sido fuerte y
dramáticamente erosionada desde los años ochenta. Ha
habido un significante incremento en el número de países
importadores netos de alimentos en las últimas dos décadas,
disminuyendo la capacidad para mantener amortiguantes stocks de
alimentos básicos, y incrementando la vulnerabilidad frente a
las dinámicas de suministros y precios del mercado mundial de
alimentos.
Pequeños
agricultores y campesinos sin tierra no han tenido beneficios reales
del incremento en espiral de los precios de los alimentos, ya que los
precios en origen continúan bajos. Son las corporaciones
comerciales y especuladores los que han generado grandes beneficios.
Los
gobiernos del G8 tienen la principal responsabilidad por el servicio
de la deuda y las condicionalidades políticas relacionadas que
contribuyen a la actual crisis alimentaria y a aumentar sus impactos.
Son, después de todo, los mayores acreedores bilaterales y los
miembros más influyentes de las instituciones financieras
internacionales. Deberían actuar de forma inmediata y decisiva
por la cancelación de todas las deudas ilegítimas. La
imposición de condicionalidades a través de créditos
y cancelación de deuda debe acabarse. Los gobiernos del G8 y
las Instituciones Financieras Internacionales deberían
respetar las acciones de los países del sur para revertir las
políticas que han llevado a la crisis alimentaria.
Los
gobiernos del G8 también comparten responsabilidades por otros
factores tras la crisis - como gobiernos de los países que son
origen de las mayores empresas multinacionales alimentarias y
especuladores de mercancías alimentarias, y como gobiernos con
poder para modificar los acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales que afectan la alimentación. Los gobiernos del
G8 deberían regular a sus corporaciones e inversores, prohibir
la especulación en mercancías alimentarias, y dejar de
presionar para imponer acuerdos comerciales injustos.
La
crisis climática
Los gobiernos del G8 comparten también la responsabilidad primera por la crisis del clima. La mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen de los países pertenecientes al G8. La mayoría, si no todos, los países del G8 están muy por detrás en las agendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso la Unión Europea, que se considera a sí misma como uno de los líderes de la lucha contra el cambio climático, con su llamativo a través de su plan de ser la primera economía de-carbonizada del mundo, ha minado sus propias reivindicaciones al planificar la construcción de cuarenta nuevas plantas energéticas de carbón en los próximos cinco años. Y de nuevo, como los miembros más poderosos de las instituciones financieras internacionales son responsables de los proyectos y políticas relacionados con la deuda que exacerban la crisis climática.
El
Banco Mundial y los diferentes bancos regionales de desarrollo son
los principales acreedores de proyectos que en industrias de
combustibles fósiles, pagadas por los pueblos del Sur. Las
Agencias de Crédito a la Exportación de los países
del G8 proveen financiación a estas industrias, parte de la
cual se traduce en responsabilidades para los gobiernos del sur,
nuevamente pagados por los pueblos del Sur.
Desde
de la firma de la Convención del Clima en 1992, e incluso
después de instituir “políticas ambientales”,
el Banco Mundial ha aprobado más de 133 nuevos préstamos
financieros a proyectos de extracción de petróleo,
carbón y gas, compuestos principalmente por préstamos,
pero incluyendo también inversiones, garantías y
donaciones. La cantidad total excede los 28 mil millones de dólares.
Las compañías de combustibles fósiles con base
en los países del G8 se benefician prácticamente de
todos los proyectos. La Corporación Financiera Internacional
del Banco Mundial, que presta al sector privado, está
aumentando su portafolio de préstamos destinados a
combustibles fósiles.
El
Banco Asiático de Desarrollo, del cual Japón y EE.UU.
son los principales accionistas, es el mayor acreedor de proyectos de
carbón, petróleo y gas en Asia, habiendo aprobado cerca
de 2 mil millones de dólares estadounidenses en préstamos
desde el año 2000.
Otros
proyectos financiados mediante préstamos y políticas de
condicionalidades de las Instituciones Financieras Internacionales
han desembocado en la deforestación masiva, otra de las
principales causas del cambio climático. Estos proyectos
incluyen, por ejemplo, la construcción de presas de gran
escala, de carreteras en bosques tropicales, y la promoción de
la producción de aceite de palma destinado a la exportación.
Es
de hecho irónico y deplorable que con tal currículum,
el G8 esté garantizando al Banco Mundial un papel pre-eminente
en la financiación global para mitigación y adaptación
al cambio climático, y para la promoción de “tecnología
limpia” y “desarrollo limpio”. En la Cumbre de
Julio de 2005, el G8 declaró que “El Banco Mundial
tomará el liderazgo en la creación de un nuevo marco
para energía y desarrollo limpios, incluyendo inversión
y financiación”. Los bancos regionales de desarrollo
están reclamando papeles similares.
El
Banco Mundial anunció recientemente que establecerá
Fondos de Inversión del Clima. A parte de ser obviamente
inapropiado para gestionar estos fondos, dado el papel en el
empeoramiento de la crisis del clima, los conceptos, diseño e
intenciones de los fondos son seriamente defectuosos.
Los
gobiernos del G8 no sólo están promoviendo soluciones
falsas a través de las diferentes medidas bajo los auspicios
de estas instituciones financieras internacionales, sino que pretende
financiarlas a través de créditos, añadiendo más
peso a la carga de la deuda en los países en desarrollo. El
gobierno del Reino Unido ha liderado un llamado para que otros
gobiernos contribuyan con fondos para ser administrados por el Banco
Mundial como créditos.
En
lugar de extender nuevos créditos para adaptación y
mitigación del clima, los gobiernos del G8 deberían
empezar por reconocer la enorme deuda ecológica que deben a
los países y pueblos del Sur. Deberían financiar la
mitigación y adaptación al cambio climático en
el sur como parte de la restitución y reparaciones por el daño
ambiental y la destrucción de sus políticas y
programas, sus economías y empresas han causado. Estos fondos
deberían ser gestionados por instituciones democráticas
y responsables.
Demandas
y exigencias
Llamamos a los movimientos y organizaciones populares (sindicales, campesinas, mujeres, jóvenes, indígenas, etc.), movimientos sociales y políticos, grupos comunitarios y ciudadanos, y organizaciones religiosas de base, a retar a los gobiernos del G8 a reconocer su responsabilidad en las crisis alimentaria y climática, y en el problema de la deuda, y tomar acciones decisivas:
1.
Cancelar todas las deudas ilegítimas
2.
Dejar de financiar proyectos y políticas que contribuyan al
cambio climático
3.
Respetar los esfuerzos de los países del Sur a revertir las
políticas dañinas que han llevado a la crisis
alimentaria
4.
Prohibir la especulación en los precios de los alimentos
5.
Acabar con la práctica de utilizar créditos y
cancelación de deuda para imponer condicionalidades
6.
Pagar las restituciones y reparaciones por las enormes deudas
ecológicas que deben al Sur
7.
Facilitar el retorno de las riquezas robadas que se mantienen en los
bancos de los países del G8.
Adhesiones
Redes y organizaciones internacionales y regionales
Jubileo Sur
European Network on Debt and Development (EURODAD)
CADTM Internacional
JS – Asia/Pacific Movement on Debt and Development
Africa Jubilee South
Jubileo Sur Americas
Asia/Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS)
AFRODAD
LATINDADD
Least
Developed Country (LDC) Watch
South Asia Alliance for Poverty Eradication (SAAPE)
Southern Peoples Ecological Debt Creditors Alliance
Migrant Forum in Asia
EUROSTEP
OilChange
International
Amigos de la Tierra Internacional
Platform of Filipino Migrant Organisations in Europe (Platform Europe)
Action Aid International
Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD)
Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA)
International Gender and Trade Network -Asia (IGTN-Asia)
Focus on the Global South
Coalition Against Trafficking in Women - Asia/Pacific (CATWP-AP)
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA)
América del Norte
Jubilee USA Network – EE.UU.
Sustainable Energy & Economy Network – EE.UU.
Maryknoll Office for Global Concerns – EE.UU.
Washington Office of Public Policy, Women’s Division, United Methodist Church – EE.UU.
Center for Third World Organizing – EE.UU.
Global Exchange – EE.UU.
Medical Mission Sister’s Alliance for Justice – EE.UU.
Gender Action – EE.UU.
Halifax Initiative Coalition – Canadá
Development Gap – EE.UU.
Europa
Jubilee
Debt Campaign – Reino Unido
Jubilee Scotland
"¿Quien debe a Quién?” Campaign – España
Observatorio de la Deuda en la Globalización – España
Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM) – Italia
CADI (Comitato Antirazzista Durban Italia) – Italia
Norwegian Coalition for Debt Cancellation (SLUG) – Noruega
11.11.11. - Coalition of the Flemish North-South Movement – Bélgica
Debt and Development Coalition – Irlanda
Aktion Finanzplatz Schweiz – Suiza
ATTAC – Francia
Commission for Filipino Migrant Workers (CFMW) – Holanda
Pacífico
Jubilee
Australia
Japón
Jubilee
Kyushu – Japón
Jubilee Kansai Network – Japan ATTAC Japón
Society of St Columban – Japón
Pacific Asia Resource Center (PARC) – Japón
Japan Network on Debt & Poverty
Food Policy Center Vision21 – Japón
Kansai Action Center on Philippine Human Rights Issues – Japón
ATTAC Hokkaido – Japón
ATTAC Kyoto - Japón
ATTAC Kansai Group, Japón
Altermonde – Japón
Yokohama Action Research Center – Japón
Solidarity Network Migrants Japón
Global Peace and Alternative Media – Japón
Lencaena Communication Japonesia – Japón
KALAKASAN Empowerment Center – Japón
Asia/Pacífico
Freedom
from Debt Coalition (FDC) – Filipinas
KALAYAAN! ( Movement for People’s Freedom) – Filipinas
Solidarity of Filipino Workers (Bukluran ng Manggagawang Pilipino) – Filipinas
Bisig – Filipinas
Philippine Rural Reconstruction Movement – Filipinas
Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura`(Union of Agricultural Workers)-Filipinas
Resource Center for Sustainable Development (GITIB) – Filipinas
Center for Migrant Advocacy – Filipinas
Task Force Food Sovereignty – Philippnes Center for Popular Empowerment (CPE) – Filipinas
Center for Women’s Right and Development -
SANLAKAS – Filipinas
Samahang Demokratiko ng Kabataan (Democratic Association of the Youth) SDK – Filipinas
Kanlungan Centre Foundation Inc. - Filipinas
Youth Against Debt (YAD) – Filipinas
Assalam Bangsa Moro People’s Association – Filipinas
Ecological Waste Coalition of the Philippines (Ecowaste Coalition) – Filipinas
Global Alliance for Incinerators Alternatives (GAIA) – Filipinas
Health Care Without Harm (HCWH) – Filipinas
Global Call to Action against Poverty (GCAP)-Filipinas
Womanhealth – Filipinas
ODA Watch – Filipinas
Management and Organizational Development for Empowerment (MODE) – Filipinas
Anti Debt Coalition (KAU) – Indonesia
Nadi – Indonesia
International Forum for Indonesian Development (INFID)-Indonesia
Institute for Essential Services Reform – Indonesia
Anjuman Asiaye Awam – Pakistán
Monitoring Sustainability of Globalization – Malasia
NUBE – Malasia
Luta Hamutuk Institute – Timor Oriental
Centre for Human Rights and Development – Mongolia
Rural Reconstruction Nepal
NGO Federation of Nepal
All Nepal Women’s Association – Nepal
Center for Environmental Justice – Sri Lanka
Equity & Justice Working Group – Bangladesh
Unnayan Onneshan – Bangladesh
Community Development Library- Bangladesh
Jatiyo Sramik Jote – Bangladesh
Group of Liberal Debaters (GOLD) – Bangladesh
WARBE Development Foundation – Bangladesh
Anjuman Asiaye Awam – Pakistán
Bonded Labour Liberation Front Pakistán
Indian Social Action Forum (INSAF) – India
Alternatives Asia – India
Centre for Education and Communication – India
People´s Union for Civil Liberties – India
Narmada Bachao Andolan – India
Campaign for Judicial Accountability – India
Gender, Livelihoods and Resources Forum – India
Bihar Social Institute – India
ALternatives/Badayl- India
Intercultural Resource – India
National Centre for Dalit Human Rights, India
Centre for Education and Communication, Nueva Delhi, India
Manthan Adhyayan Kendra, India
Vikas Samvad, MP – India
Human Rights Law Network – India
Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrants Trade Union – Corea
Bahrain Center for Human Rights – Bahrain
África
African
Forum on Alternatives – Senegal
Daughters of Mumbi Global Resource Center – Kenya
Center for Promotion of Economic and Social Alternatives – Camerún
Umzabalazo We Jubilee – Sudáfrica
Jubilee South Africa
CRAPR / NAD - RD – Congo
América Latina Y El Caribe
Jubileu Sul Brasil – Brasil
PACS - Instituto de Políticas Alternativas Para el Cono Sur – Brasil
Bloque Popular – Honduras
Jubileo Perú
Marcha Mundial de las Mujeres – Perú
Alianza Social Continental Capitolo – Perú
Dialogo 2000 – Argentina
ATTAC – Argentina
Periódico El Espejo – Argentina
Jubileo Sur – México
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – México
Cactus Coaxaca – México
Otros Mundos, A.C/Chiapas – México
RED Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio – México
Centro de Documentación en Derechos Humanos (Segundo Montes Mozo S.J.) - Ecuador
RED Ecuatoriana de Defensores de Derechos Humanos – Ecuador
Mesa de Trabajo Sobre Migraciones Laborales – Ecuador
PAPDA – Haití
Personas
Eisuke
Naramoto, Japón
Hidenori Ao – Japón
Hiroshi Yamashita, Japón
GATA Kazumasa -Japón
Kalyani Menon Sen, India
Kazue Tanaka – Japón
Miki Fujimori – Japón
Mikiko Okiyama – Japón
Mituko Ogawa – Japón
Miyow Ogawa – Japón
Muto Ichiyo – Japón
Naomi Horihama – Japón
Makie Hatori – Japón
Nomura Osami – Japón
Okuno Takumi – Japón
Shigeki KONNO – Japón
Shindi Inoue – Japón
Sachiyo Tanahashi – Japón
Naoko Ishioroshi – Japón
Tadashi SETTSU (PAFF) – Japón
Watanabe Michie – Japón
Yasue Tanaka – Japón
Yukio Gibo – Japón
Rie Kawahito – Japón
Takako Nobuhara – Japón
Yasuaki Matsumoto, Palestine Solidarity in Sapporo – Japón
Misako Ogawa, Kagoshima City Council Member – Japón
Takaaki Osato, Midori Fukuoka – Japón
Yukio Giho, Okinawa Peace Memorial Museum – Japón
Takaaki Hashino, Japón Christian Organization – Japón
Rie Kawahito – Japón
Noel Cabangon – Filipinas
Aaron Rom O. Moralina – Filipinas
Atty. Romeo Gerochi – Filipinas
Ted Aldwin Ong – Filipinas
Gloria S. Canama – Pakistán
Sophea Chrek – Camboya
Hemantha Withanage, Center for Environmental Justice – Sri Lanka
Bieniada Yerzy
Manfred Bergmann – Italia
Medha Patkar, Narmada Bachao Andolan – India
Ambrish Rai, Lok Sangharsh Morcha – India
Kavita Srivastava, People´s Union for Civil Liberties, Rjasthan – India
Prashant Bhushan, Campaign for Judicial Accountability – India
Praveer Peter, Gender, Livelihoods and ResourcesForum – India
Anil Sadgopal – India
Prakash Louis, Bihar Social Institute – India
Ranjan Soloman, ALTERNATIVES/BADAYL – India
Sauquat Hussain – India
Smitu Kothari, Intercultural Resource – India
Arun Kumar, Jawaharlal Nehru University – India
Mukta Srivastava, National Alliance of People Movements – India
Vincent,National Centre for Dalit Human Rights – India
Syed Saiful Haque – Bangladesh
*********************************************
LOS
PELIGROS DE UN ACUERDO SOBRE SERVICIOS EN LA RONDA DE DOHA
por Walden Bello*
Desesperado
por lograr un nuevo acuerdo de comercio mundial, el Director de la
OMC, Pascal Lamy, piensa convocar una reunión
“mini-Ministerial” la tercera semana de julio. El
objetivo de esa reunión es concretar los acuerdos de comercio
en materia de agricultura, industria y servicios, puntos centrales de
la llamada Ronda de Doha de las negociaciones de la OMC, que están
estancadas desde 2001.
Los
países en desarrollo están preocupados y con razón,
por los acuerdos propuestos. A la vez que prometen reducciones
ilusorias a los subsidios agrícolas de la Unión Europea
y Estados Unidos, les exigen recortes en sus aranceles industriales
mucho mayores proporcionalmente que a los países
desarrollados. También deben pelear para no quedar atrapados
en un mal acuerdo sobre servicios.
Mientras
la atención mundial se centra en las conversaciones sobre los
subsidios agrícolas y los aranceles industriales, Estados
Unidos y la UE han expresado claramente que no acordarán
ningún paquete de comercio que no incluya los servicios. Susan
Schwab, la Representante de Comercio de Estados Unidos, lo dijo de
manera tajante en un artículo de opinión publicado
recientemente, Washington “no apoyará un paquete de Doha
a menos que incluya un resultado ambicioso en material de servicios,
que implique resultados comercialmente significativos”. Si bien
Schwab habla de las conversaciones sobre servicios como el primo
pobre de las negociaciones de agricultura e industria, otro resultado
igualmente posible es que haya un acuerdo de servicios y no esté
acompañado por acuerdos en materia de aranceles industriales y
agricultura. Ante la polarización Norte-Sur en agricultura e
industria, salvar a Doha con un acuerdo sobre servicios, que
supuestamente representan entre 50 y 60 por ciento de la actividad
económica de la mayoría de los países, podría
transformarse en una opción muy atractiva para la UE y Estados
Unidos.
Gran
parte de la cobertura de los medios de prensa sobre los temas
importantes para los países en desarrollo en materia de
servicios, ha estado centrada en el llamado Modo 4 del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS o GATS por su sigla en
inglés), que se refiere al movimiento de las personas físicas.
Existe un gran resentimiento contra un sistema multilateral que
facilita el movimiento del capital y los bienes hacia los mercados de
los países en desarrollo pero que limita seriamente la entrada
de mano de obra proveniente de los países en desarrollo a los
mercados de los países desarrollados. Sin embargo, hay otra
preocupación igual, o incluso mayor, para los países en
desarrollo, y es la falta de capacidad para regular a los proveedores
de servicios transnacionales. Estos temores han aumentado a raíz
de los problemas actuales del sistema financiero, cuyos orígenes
se pueden rastrear hasta una virtual ausencia de reglamentación
global de los operadores financieros de los países
desarrollados. Si bien los servicios financieros son solamente uno de
los muchos servicios que cubre el AGCS, Estados Unidos y la Unión
Europea han levantado como primera demanda ante los países en
desarrollo precisamente la liberalización del sector
financiero. Se supo, por ejemplo, que la UE exigió que algunos
países en desarrollo eliminen las reglamentaciones que abarcan
los fondos de alto riesgo conocidos como “fondos hedge”.
También exigió que México abra su mercado de
derivados, esos escurridizos instrumentos financieros que han tenido
un papel clave en el actual caos financiero.
La mayoría de los países en desarrollo reciben de buen grado al capital extranjero, pero han aprendido por las malas que una presencia financiera extranjera fuerte exige un régimen regulatorio sólido, adecuado a las capacidades y necesidades peculiares del país. La eliminación indiscriminada de los controles al capital en Asía, promovida por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue la causante de la devastadora crisis financiera asiática. Habiendo levantado prácticamente todos los controles al capital y liberalizado las reglas de inversión, unos US$ 100 mil millones se fugaron de las principales economías asiáticas entre 1993 y 1997; la fuga se produjo hacia otras áreas de retornos altos y rápidos, como el mercado de valores y las inversiones inmobiliarias.
Al
tener pocos controles sobre adónde iban los fondos, la
sobre-inversión inundó rápidamente los mercados
de valores e inmobiliarios, ocasionando una caída de precios y
desencadenando una serie de distorsiones que abarcó las tasas
de cambio, las balanzas de pago y la balanza comercial. El pánico
de los especuladores hizo que se abarrotaran en la salida. Al estar
las reglas de ingreso y egreso liberalizadas, no hubo manera de que
los gobiernos –a excepción del de Malasia, que desafió
al FMI e impuso controles al capital—pudieran detener la
estampida, y los US$100 mil millones que abandonaron la región
en una pocas semanas de 1997 provocaron la detención forzada
del crecimiento económico en toda la zona, desde Corea hasta
Indonesia.
La
liberalización financiera y de las cuentas de capital fue
asimismo una de las exigencias centrales que le impusieron las
autoridades de los países desarrollados al gobierno de la
Argentina en la década de 1990. Buenos Aires cumplió,
llevando al entonces Secretario del Tesoro de Estados Unidos Larry
Summers a sostener que el resultado final del hecho que los intereses
extranjeros controlaran el 50 por ciento del sector bancario y el 70
por ciento de los bancos privados era un “mercado más
profundo y más eficiente, e inversionistas con más
intereses en juego y mayor interés en quedarse”. Summers
estaba muy equivocado. El control externo agravó la crisis
financiera en la que se hundió Argentina en 2002, ya que los
bancos bajo control extranjero dejaron de prestarle a los gobiernos y
empresas locales y enviaron su capital fuera del país. Sin
crédito, las pequeñas y medianas empresas, y varias
grandes también, tuvieron que cerrar, dejando a miles de
trabajadores sin empleo, mientras el país entró en una
espiral de depresión económica.
Después
de la crisis financiera asiática, el colapso financiero
argentino, y el golpe de las empresas
punto.com
en 2000-2002, que también fue causado por una burbuja
especulativa promovida por la ausencia de reglamentación
financiera, se podía pensar que las autoridades de los países
desarrollados iban a poner más énfasis en reglamentar
en serio las actividades de los actores financieros mundiales.
Pero los inversionistas y el mundo financiero han opuesto resistencia a cualquier movida en pos de una reglamentación efectiva. Si bien hubo llamamientos pidiendo controles sobre la proliferación de nuevos instrumentos financieros como los derivados, éstos no tuvieron éxito. La evaluación y reglamentación de los derivados quedó en manos de los propios actores del mercado que tenían acceso a modelos de evaluación de riesgos cuantitativos muy sofisticados, que se estaban elaborando.
Es
más, a pesar del hecho que fueron instituciones financieras
con sede en los países desarrollados –tales como los
fondos hedge
de alto riesgo—las que iniciaron la crisis asiática, el
llamado proceso de Basilea II no se centró en disciplinar a
estos actores sino en normalizar las instituciones y procesos
financieros de los países en desarrollo, siguiendo el modelo
financiero “anglo-americano” débilmente regulado,
que ya había estado involucrado en varias crisis desde la
década de 1980. Quemados por las consecuencias de la
desregulación financiera, muchos gobiernos de países en
desarrollo no se sorprendieron cuando la “autoregulación”
terminó en la enorme burbuja hipotecaria cuya explosión
ha puesto al sistema financiero mundial al borde de un colapso.
Uno
de los escenarios clásicos de las viejas películas del
oeste era la de un tren que avanzaba cada vez más rápido
a estrellarse contra otro tren, mientras la mano sin vida del
maquinista, asesinado por los forajidos, permanecía
presionando el acelerador. Los acontecimientos financieros mundiales
actuales me hacen recordar esta escena. En todo el mundo se va
generando consenso sobre la necesidad de regular fuertemente al
sector financiero. Pero a pesar del surgimiento de este consenso y
del caos financiero que los rodea, los negociadores de los países
desarrollados en la OMC, del mismo modo que la mano del maquinista
muerto, siguen presionando a los países en desarrollo para que
firmen un acuerdo de servicios que consagre la drástica
liberalización de los sectores financieros.
Los
gobiernos de los países en desarrollo deben mantenerse por
fuera de la tragedia del tren que está conducido por
determinación de Estados Unidos y la UE a llevar a sus últimas
consecuencias la liberalización financiera mundial, cualquiera
sea el costo. No deben sumarse a un acuerdo de servicios que
comprometa su capacidad de regular de manera efectiva los servicios
financieros y otros servicios. De la misma manera en que deben decir
que no a los acuerdos sobre aranceles agrícolas e industriales
que llevan una carga de condiciones inequitativas, también
deben negarse a formar parte de un acuerdo de servicios cuyo único
efecto será arrastrarlos a la vorágine sin fin de las
finanzas mundiales desreglamentadas.
*
Walden Bello es profesor de sociología en la Universidad de
Filipinas y analista de Focus on the Global South, instituto de
investigación con sede en la Universidad de Chulalongkorn en
Bangkok,
Tailandia.
**************************************************
Enfoque Sobre Comercio es un boletín mensual de distribución electrónica, publicado por Focus on the Global South, que proporciona noticias y análisis sobre las tendencias regionales y mundiales de la economía y el comercio, la economía política de la globalización y las luchas populares de resistencia y alternativas al capitalismo mundial. Sus contribuciones y comentarios son bienvenidos, escriba a n.bullard@focusweb.org y comercioredes@gmail.com
Enfoque Sobre Comercio es editado por Nicola Bullard (n.bullard@focusweb.org) .
Traducción: Alicia Porrini y Alberto Villarreal (comercioredes@gmail.com) para
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