ENFOQUE SOBRE COMERCIO

No. 120, JUNIO 2006

La profundización de la democracia en el Sudeste asiático está resultando un proceso lento, doloroso y por momentos mortal. A pesar de la imagen de Wall Street de prosperidad y bonanza, la inequidad y la inestabilidad devastan la región mientras que bajo la superficie acechan la violencia y la represión. En este número de Enfoque sobre Comercio, los autores, Shalmali Guttal, Herbert Docena y Hidayat Greenfield, investigan la ola de violencia e inestabilidad que ha inundado la región: desde la seguidilla de asesinatos políticos en las Filipinas, que la Presidenta Gloria Macapagal-Arroyo justificara recientemente como una “guerra externa” dirigida a erradicar grupos “rebeldes”, al devastador colapso de la seguridad nacional de Timor Oriental, donde 30 personas han muerto y decenas de miles han sido desalojadas. También en Tailandia continúa el drama político: en los últimos días la comisión electoral ha ratificado las pruebas de fraude que incriminan al partido político que gobierna el país, el Thai Rak Thai, y su primer Ministro Thaksin Shinawatra ha dado señales de que finalmente podría renunciar. Sin embargo, como lo muestran los tres autores, ningún estado es una isla y las luchas por la democracia tienen lugar en el contexto de relaciones de poder en el campo internacional y regional y contra las fuerzas inexorables del capitalismo global. Con posterioridad a la elaboración de estos artículos, el Primer Ministro Mari Alkatiri renunció a pedido del Presidente Xanana Gusmao y la situación en Timor Oriental sigue siendo extremadamente grave e incierta.

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EN ESTA EDICIÓN:

APOYEMOS A TIMOR ORIENTAL

Shalmali Guttal

TEMPORADA DE EXTERMINIO EN FILIPINAS

Herbert Docena

DESPUÉS DE THAKSIN: EL ESTADO DE LOS EJECUTIVOS EMPRESARIALES, NACIONALISMO E IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE

Hidayat Greenfield

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APOYEMOS A TIMOR ORIENTAL

Shalmali Guttal*

14 de junio de 2006: Timor Oriental atraviesa en estos momentos una grave crisis política y humanitaria en la que se ha vulnerado la seguridad nacional, más de 30 personas han resultado muertas, muchas más heridas y más de 150.000 han sido desplazadas de sus hogares. Las facciones rebeldes han establecido sus bases en las colinas, mientras bandas armadas rivales están sembrando el terror en las calles de Dili. Las tropas pacificadoras de cuatro países están actualmente en Timor Oriental para restaurar la ley y el orden. Las facciones rebeldes y los líderes de oposición exigen la renuncia del Primer Ministro Mari Alkatiri como condición para deponer sus armas.

Existen indicios de que las diferencias políticas internas podrían haber sido manipuladas por fuerzas externas. Timor Oriental es un país de interés para muchos de sus vecinos (y algunas potencias distantes también), en función de sus reservas de petróleo y gas y su posición geográfica estratégica. En la actualidad los mayores contendores por el poder en Timor Oriental son Australia y Portugal, ambos países han enviado tropas para restaurar la ley y el orden. Indonesia está esperando su momento y lo más probable es que opere a través de ASEAN en el futuro inmediato. Los Estados Unidos parecen contentarse con actuar a través de Australia al menos durante la crisis, ya que están excesivamente involucrados en todas partes para enviar tropas de paz allí.

La crisis actual se presenta en los medios masivos de comunicación internacionales como un caso de “fracaso del estado”. Sin embargo, las Naciones Unidas y los países donantes no están dispuestos a examinar el fracaso del modelo de “construcción de la nación” y “reconstrucción post-conflicto” que imponen por la fuerza a un país que viene de 200 años de colonialismo y ocupación violenta. Más del 50 por ciento de los US$ 3 mil millones de “asistencia para la reconstrucción” fueron a parar a consultores extranjeros, contrataciones digitadas y salarios para expatriados. La enorme comunidad de expatriados de la industria de la reconstrucción ha creado una burbuja económica que colapsó cuando comenzó a darse por terminada la misión de la ONU. La industria de la reconstrucción que se levantó y luego se retiró, dejó tras de sí su huella evidente: desempleo, hambre y resentimiento.

Buena parte de la comunidad internacional ha culpado a Mari Alkatiri y al gobierno del Fretilin por la crisis actual. Esto coincide con los puntos de vista de los opositores de Alkatiri-Fretilin dentro del país, que acusan al Fretilin de manipular la confianza del pueblo timorés para imponer una forma de gobierno patrón-cliente funcional a sus propios intereses y no a los del pueblo de Timor Oriental. Existen incluso llamamientos a un “cambio de régimen” en la prensa internacional. Está claro que las fuerzas externas están en una posición de fuerza para manipular y explotar las luchas y los problemas internos del país.

En esta coyuntura es imperativo que la dirigencia de Timor Oriental se una para enfrentar la crisis actual de forma colectiva. Las decisiones sobre quién gobierna y quién lidera en Timor Oriental deben ser tomadas por el pueblo timorés, y no por Australia, las Naciones Unidas, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Indonesia, Japón, ASEAN, el Banco Mundial o las empresas privadas que pretenden hacerse de los recursos del país. La prioridad más urgente es acompañar al pueblo de Timor Oriental en sus luchas por soberanía, paz y justicia económica y política.

Antecedentes de la crisis

Timor Oriental está atrapado en una espiral de crisis humanitaria y política. Lo que comenzó como una protesta de algunos soldados del ejército nacional, en el correr de los últimos dos meses se ha salido totalmente de control y ahora se parece más a una incipiente guerra civil.

En febrero, 591 soldados de las milicias – las Falintil, Fuerzas de Defensa de Timor Leste (F-FDTL)— presentaron al gobierno una petición en la que denunciaban la existencia de discriminación en el ejército por motivos étnicos y regionales. Los peticionantes, provenientes del oeste del país, planteaban que se los estaba ignorando en las tareas y las promociones para favorecer a sus colegas del este del país. Como protesta, estos soldados abandonaron los cuarteles y el Comando de las F-FDTL los consideró desertores o en ausencia sin licencia. Un mes después, en marzo, el gobierno timorés dio la baja a los 591 peticionantes –casi la mitad de la fuerza del F-FDTL compuesta por 1400 hombres—por deserción. El 24 de abril, representantes del grupo de peticionantes liderados por el teniente Gastao Salsinha tuvieron una reunión con el Presidente del país Xanana Gusmao y exigieron que el Presidente, el Parlamento y la Suprema Corte atendieran en forma urgente a sus reclamos y resolvieran la situación. Poco tiempo después, lo que parecía una manifestación pacífica terminó con hechos de violencia entre los manifestantes y los dueños de puestos de un mercado local. No está claro quién instigó a la violencia. El 28 de abril, una manifestación de unas 3000 personas que protestaba contra la discriminación en el ejército terminó con disturbios y los soldados del F-FDTL dispararon sobre la multitud, con un saldo de 5 muertos y muchos heridos.

En abril, el ejército timorés y las fuerzas policiales (la Policía Nacional de Timor Leste o PNTL) habían comenzado a fracturarse en facciones de “rebeldes” y “leales” que se volvieron unas contra otras y contra los civiles sospechosos de estar aliados a una u otra facción. Los rebeldes establecieron su base en las colinas que rodean Dili y cuentan con armas automáticas y otras de artillería. Los líderes rebeldes, el Mayor Alfredo Reinado y el Teniente Gustao Salsinha, pidieron reiteradamente la intervención de las fuerzas de paz internacionales –especialmente de las tropas australianas—para que se hicieran cargo de la seguridad nacional y del desarme de lo que denominan las milicias partidarias del Fretilin en la ciudad capital Dili y en áreas rurales. El mayor Reinado ha acusado a Alkatiri de ordenar a los soldados leales de las F-FDTL abrir fuego contra civiles inocentes durante la manifestación pacífica del 28 de abril.

La situación se ha complicado aún más con la participación de bandas locales integradas por jóvenes desempleados, hábiles en artes marciales y armados con machetes, cuchillos, y en algunos casos, armas de fuego, que se dice tienen vínculos estrechos con distintas facciones rebeldes, así como con milicias que actúan en Timor Occidental. Las bandas son las que más o menos gobiernan hoy las calles y han sido funcionales a diseminar el terror en Dili y más allá de la capital.

La ola de violencia que azota a Dili y sus alrededores desde abril, ha dejado más de 30 muertos, muchos heridos y más de 150.000 personas que han debido abandonar sus hogares. Hay indicios de que los disturbios se están expandiendo también a zonas rurales. Los alimentos, el agua potable y el combustible para cocinar escasean, y el novel servicio público de salud del país se ve severamente superado en sus esfuerzos por atender a las víctimas de la violencia. Igualmente graves son el temor y la absoluta falta de confianza y seguridad que domina hoy a la mayoría de los timoreses como consecuencia de los permanentes allanamientos de casas, comercios, oficinas e iglesias, la violencia callejera, los saqueos y los secuestros a manos de las bandas locales, a pesar de la presencia de más de 2.000 efectivos de las tropas de paz provenientes de Australia, Nueva Zelanda, Portugal y Malasia. Mientras los expatriados que viven en Dili tienen la opción de ser evacuados a zonas más seguras, la mayoría de los timoreses no cuentan con esa posibilidad, y se han visto obligados a huir a las colinas o buscar albergue en refugios temporarios en el aeropuerto, agencias de cooperación o en iglesias, La violencia de las bandas también obstaculiza los intentos de las agencias internacionales de ayuda de proporcionar alimentos, agua y atención sanitaria a los desplazados.

A comienzos de mayo, el gobierno creó la Comisión Investigadora que tiene el cometido de analizar los reclamos de los peticionantes y autorizó el pago de un subsidio para los peticionantes como medio de reintegrarlos a la vida civil. El gobierno también decidió ordenar a las tropas de las F-FDTL que vuelvan a sus cuarteles, y a los miembros de la PNTL que portan armas automáticas que se retiren de las patrullas. Estas decisiones tuvieron por objeto reducir los niveles de temor entre el público y convencerlo de que el gobierno tiene el control de la situación.

A fines de mayo, las tropas de la Fuerza de Defensa Australiana (ADF por sus siglas en inglés) habían arribado a Timor Oriental, seguidas a poco por las fuerzas policiales malayas, de Portugal y de Nueva Zelanda. El 31 de mayo, el Presidente Xanana Gusmao declaró “estado de crisis grave” por 30 días y asumió el control de la fuerzas de seguridad del país. El 1 de junio, bajo la dirección del Presidente Gusmao, el Primer Ministro Alkatiri destituyó al Ministro del Interior Rogerio Lobato y al Ministro de Defensa Roque Rodrigrues, y el 2 de junio, el Ministro de Relaciones José Ramos Horta asumió la cartera de defensa. Los líderes rebeldes no se aplacaron y exigieron a Gusmao que destituyera a Alkatiri como Primer Ministro. Alkatiri sin embargo, se niega a dar un paso al costado, insistiendo en que tiene el apoyo del Fretilin, y que el Fretilin es el gobierno legítimamente electo del país. Alkatiri proclama además que la crisis que atraviesa el país es un intento de golpe de estado cuyo objetivo es dividir al país y derrocar al gobierno democráticamente electo, para dejar el camino libre en las próximas elecciones nacionales.

El último giro de los acontecimientos ha sido la declaración del Comandante Vincente da Concecao, alias “Railos”, de que él y unos 30 ex guerrilleros anti-Indonesia fueron reclutados a comienzos de mayo por el ex Ministro del Interior Lobato para intimidar y asesinar a oficiales del ejército disidentes y miembros del Parlamento opositores al liderazgo de Alkatin. Estas declaraciones son respaldadas por el líder del Partido Democrático (uno de los partidos de oposición de Timor Oriental) Fernando Araújo, que declaró que tuvo que ocultarse luego de haber sido informado por funcionarios de la inteligencia local afines a él de que habían recibido órdenes de “altas jerarquías del gobierno” de asesinarlo. Tanto Railos como Araújo acusaron a Alkatin de ordenar la distribución de armas entre los militantes leales al Fretilin y de haber orquestado los brotes de violencia en el país. Alkatin y el Fretilin niegan estas acusaciones. El 11 de junio, el Ministro de Relaciones Exteriores Ramos Horta anunció que el Gobierno timorés solicitó a Naciones Unidas establecer una Comisión Investigadora Especial independiente para investigar los hechos y los temas que precipitaron la crisis.

¿Hubo manipulación externa?

Algunas fuentes internas y analistas extranjeros han planteado la preocupación de que las diferencias políticas en el interior del país hayan sido manipuladas con el fin de exacerbar una situación que podría haberse resuelto de una forma menos conflictiva.

A pesar de que el Fretilin domina el parlamento, el país tiene una oposición activa integrada por diversos partidos políticos que cuestionan la legitimidad del liderazgo del Fretilin, e incluso sostienen que la elección del propio parlamento no ha sido democrática. Los que se opone al gobierno de Alkatiri dicen que está dispuesto a adoptar medidas extremas para mantenerse en el poder. Por otra parte, existen diferencias entre los máximos líderes del país: el Presidente Xanana Gusmao, el Primer Ministro Mari Alkatiri y el Ministro de Relaciones Exteriores Jose Ramos Horta, que lideró la transición a la independencia del país bajo la supervisión de una administración interina de Naciones Unidas. Si bien Gusmao y Horta estaban a favor de adoptar un sistema presidencialista, Alkatiri logró introducir una forma parlamentarista de gobierno que recortó fuertemente el poder de gobierno del Presidente Gusmao. Sin embargo, Gusmao, es considerado mayoritariamente como el padre de la independencia de Timor Oriental y su respaldo a cualquier gobierno es un elemento crucial para asegurar la legitimidad del mismo. El estilo de liderazgo vertical y distante de Alkatiri se opone claramente a los rasgos basistas y populistas de los que se nutre Gusmao y a las inclinaciones de Horta hacia el estilo de liberalismo euro-estadounidense.

La deserción por parte del primer conjunto de soldados desconformes (también llamados los peticionistas) y las acciones posteriores de los rebeldes, denotan altos niveles de organización y confianza con respecto a su seguridad y a sus llamados en busca de apoyo internacional. Según algunos informantes timoreses los peticionistas no se llevaron armas al dejar los cuarteles. Sin embargo, las facciones rebeldes y muchos miembros de las bandas parecen estar muy bien armados, lo que hace sospechar que las armas ingresaron al país en forma ilegal.

También resultó inusual la aparente disposición inmediata de las tropas de la ADF australiana de movilizarse a Timor Oriental mucho antes de que se presentara una solicitud oficial de asistencia por parte del Gobierno timorés. Unos diez días antes del Congreso del Fretilin el 19 de mayo, dos naves de la armada australiana ya habían comenzado a trasladarse aguas al norte de Australia “en espera” para poder llegar a Dili rápidamente en caso de ser llamados por el gobierno timorés. Si bien la prensa y los medios australianos presentan la intervención de la ADF en Timor Oriental como motivada exclusivamente por la restauración de la paz y la estabilidad, muchos analistas dentro de Australia atribuyen motivos más siniestros al despliegue de fuerza y sospechan que en realidad está destinada a provocar un cambio de régimen y reemplazar al gobierno de Alkatiri por otro más afín a los intereses australianos.

Los Estados Unidos han estado sorprendentemente mudos en su respuesta a la crisis. Aunque han ofrecido apoyo al Gobierno timorés, por ahora parecen contentarse con dejar que Australia tome la posta. Sin embargo, el apoyo estadounidense a las actividades de “promoción de la democracia” en el país fue visto con desconfianza por parte del Fretilin y muchas organizaciones de la sociedad civil timoresa. En 2003, eran comunes los rumores en Dili de que el Instituto Republicano Internacional, una organización financiada por USAID, estaba apoyando un gobierno clandestino*. En 2005, la Embajada estadounidense en Dili apoyó las protestas encabezadas por la Iglesia contra los esfuerzos del gobierno de que la educación religiosa en las escuelas públicas fuera opcional. Estas protestas se transformaron en demandas para criminalizar la homosexualidad y el aborto, eliminar a los “comunistas” del gobierno y promover la renuncia de Mari Alkatiri.

La violencia de las bandas tampoco parece ser aleatoria, sino dirigida a objetivos específicos. El 31 de mayo, la oficina de la Unidad de Crímenes Graves (SCU por sus siglas en inglés) en la Oficina del Fiscal General de Timor Oriental fue saqueada por miembros de una banda no identificada. De acuerdo al Fiscal General Longuinhos Monteiro, la totalidad de las 138 computadoras de la oficina fueron secuestradas por los saqueadores y la SCU perdió el 99 por ciento de las pruebas reunidas en los últimos cinco años sobre los delitos cometidos por soldados indonesios y las milicias respaldadas por Indonesia contra los timoreses en 1999. Unos días después, la oficina de la Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación en Timor Oriental (CRVR) en Dili también fue objeto de un ataque similar, aunque en este caso no se perdió la documentación sobre los crímenes del ejército y las milicias. El stock de arroz, los equipos agrícolas y las reservas de alimentos como arroz, maíz, porotos y semillas de sorgo almacenadas en depósitos del estado también fueron saqueadas, disminuyendo la capacidad del gobierno de responder a la escasez de alimentos y de apoyar a los miles de agricultores que practican agricultura de subsistencia en caso de pérdida de cosechas. Para los habitantes de Dili y sus alrededores, la situación actual implica revivir los aterradores recuerdos de la estrategia de quema de la tierra que implementaron las milicias respaldadas por Indonesia en 1999, cuando sus propios vecinos se transformaron en enemigos mortales.

La presencia de tropas extranjeras bien armadas con armamento de alta tecnología, equipamiento y transporte para el personal militar, no fue suficiente para disuadir la violencia de las bandas. Las primeras dos tareas del ejército australiano al llegar a Dili fueron asegurar el aeropuerto de Dili y confinar al resto del ejército y las fuerzas policiales timoresas a sus cuarteles. No hicieron, sin embargo, ningún intento para desarmar a los grupos rebeldes. También resultan perturbadores los informes de encuentros reiterados entre el comando de la ADF y Reinado, que indican la posibilidad de que la ADF considere que Reinado deberá jugar un rol importante en el futuro del país.

EL JUEGO DE LA CULPA

Los analistas internacionales, la prensa y los funcionarios de Naciones Unidas parecen concordar en que una de las causas importantes de los problemas que afectan a Timor Oriental en la actualidad es que la Autoridad Transicional de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET por sus siglas en inglés) –en particular la policía—abandonó el país demasiado rápido y antes de que éste estuviera en condiciones de hacerse cargo de su propia seguridad. Los altos funcionarios de Naciones Unidas, incluido el Secretario General Kofi Annan, advierten a las fuerzas de mantenimiento de paz internacionales la inconveniencia de abandonar las zonas de conflicto demasiado pronto. Los estados miembro de las Naciones Unidas han sido criticados por su apuro en reducir el tamaño de las operaciones de seguridad en Timor Oriental, a pesar de que los informes de la Oficina de Naciones Unidas en Timor Leste (UNOTIL por sus siglas en inglés) sostenían que la situación interna del país era frágil y sensible. Australia, y en particular los Estados Unidos, se opusieron incluso a la ampliación por 12 meses del mandato de Naciones Unidas este año, en agudo contraste con sus despliegues militares en otras partes del mundo. Refiriéndose indirectamente a Estados Unidos, Japón y Australia, Annan declaró recientemente: “Todos tenemos una lección a aprender aquí”, “Nosotros [la Secretaría de Naciones Unidas] habíamos señalado que las Naciones Unidas deberían permanecer en Timor Oriental por un tiempo más, pero los gobiernos –algunos gobiernos- se empeñaron en reducir la escala del operativo lo antes posible”.

Sin embargo, la parte del león de la culpa se ha dirigido contra el actual gobierno de Timor Oriental y el controvertido liderazgo de Mari Alkatiri. El consenso entre los líderes políticos, la intelectualidad, los analistas y la prensa parece ser que Timor Oriental se ha hundido en el caos y la ilegalidad debido a la “incapacidad de gobernar” del gobierno timorés, lo que haría necesaria una nueva intervención internacional. El gobierno cometió muchos errores, según la prensa y los informes de los medios, muchos de ellos escritos por intelectuales y analistas políticos muy influyentes de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Singapur y Malasia. Alkatiri en particular ha sido descrito por la prensa dominante como “arrogante”, “distante” y “autoritario”. Si hubiera actuado con celeridad para atender los problemas planteados por los peticionantes, nada de esto habría pasado. Y si Timor Oriental colapsa como Estado, la culpa no es de nadie más que de los propios timoreses.

Otro factor que invoca frecuentemente la prensa es la división étnica y política entre los habitantes del este del país (lorosae) y los de la parte occidental (loromonu). Cuando Indonesia invadió Timor Oriental, el occidente del país fue pacificado antes que el este, lo que permitió que hubiera mayores bolsones de resistencia en el este. Muchos timoreses argumentan, sin embargo, que esto no constituye una división este-oeste y que la resistencia al dominio indonés fue uniformemente feroz en todo el país; incluso las guerrillas de las Falintil en la selva y en el este, sobrevivieron gracias al apoyo de los movimientos subterráneos de resistencia en el oeste. Si bien los timoreses reconocen que existen diferencias étnicas entre los numerosos grupos que pueblan el país, algunos también creen que la división lorosae-loromonu está siendo agigantada para tapar otros intereses creados.

Intereses antagónicos

Durante más de 200 años Timor Oriental ha sido colonizado y/o ocupado por Portugal, Japón e Indonesia. Ahora, incluso después de su independencia, el país sufre la marea de presiones de las potencias imperiales nuevas y viejas que compiten entre sí.

La dramatización que se advierte en las posturas de las potencias económicas y militares de la región indica que Timor Oriental puede bien transformarse en una zona de amortiguación entre Indonesia y Australia mientras éstas dan forma a sus respectivas esferas de influencia neo—coloniales. Las relaciones diplomáticas entre Jakarta y Canberra han estado tensas desde 1999 cuando Australia apoyó la independencia de Timor Oriental. Las relaciones han estado particularmente congeladas desde que Australia otorgó asilo a 42 ciudadanos de Papúa Occidental. Canberra y Jakarta equilibran fuerzas a la hora de ingresar en nuevos acuerdos de cooperación bilateral en materia militar y de seguridad, que incluyen aspectos como compartir la información de inteligencia, la vigilancia naval conjunta, la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional, impedir la migración ilegal, y la asistencia mutua entre ambos gobiernos. Aún más importante es que Australia comprometerá su apoyo a la integridad territorial de Indonesia. El nuevo tratado viene a propósito de una reanudación plena de los vínculos militares entre los Estados Unidos e Indonesia, que habían estado congelados desde la masacre de noviembre de 1991 que terminó con más de 200 jóvenes timoreses muertos a manos de los militares indoneses en el cementerio Santa Cruz de Dili.

Indonesia está haciendo todos los esfuerzos a su alcance para proyectar su inocencia en relación a los problemas que afectan a Timor Oriental. Al comienzo de los desórdenes, cerró sus fronteras con Timor Oriental y desde entonces ha ofrecido sistemáticamente asistencia humanitaria. El 8 de junio, el diario Straits Times de Singapur informaba “Sería un acto de falsedad que alguien señalara como culpable a Jakarta. En realidad, los indonesios han permanecido fuera de este asunto con una actitud analítica, de ninguna manera podría acusárselos de instigar estas luchas civiles”. Apartándose de la posición oficial de Indonesia de que los problemas de Timor Oriental son “problemas internos” Amris Hasan, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento indonés declaró recientemente que Australia es responsable de la actual crisis en Timor Oriental. Según Hasan, Timor no estaba listo para la independencia en 1999, pero Camberra presionó fuertemente para que se produjera la independencia para favorecer sus propias ambiciones de super potencia a nivel regional, y posteriormente retiró sus tropas antes de que Timor Oriental hubiera alcanzado su estabilidad.

Los principales intereses económicos de Australia en aguas del norte son los campos de petróleo y gas de la Falla de Timor. Emulando el unilateralismo estadounidense, Australia se retiró de los mecanismos de solución de diferendos sobre límites marítimos de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dos meses antes de la independencia de Timor Oriental. Esto dejó a Timor Oriental sin ningún recurso legal para reclamar la parte que le correspondía de la riqueza proveniente del petróleo y el gas en el marco del derecho internacional. El lenguaje que usan los líderes australianos, tanto en el pasado como ahora, indica que consideran que la región que abarca Timor Oriental, Papua Occidental, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón constituye un “arco de inestabilidad” en el cual Australia debe actuar con firmeza para asegurar sus intereses nacionales y regionales.

También es importante aquí la puja entre Australia y Portugal sobre quién ejerce mayor influencia en Timor Oriental, el país al cual la prensa australiana denomina comúnmente como “el patio trasero de Australia” o “el umbral de ingreso a Australia”. Las recientes aseveraciones del Primer Ministro australiano John Howard, de que la crisis en Timor Oriental se debía a la “débil gobernanza”, fueron duramente criticadas por el Ministro de Relaciones Exteriores portugués Diogo Freitas do Amaral como una “intromisión en los asuntos internos” de Timor Oriental. Elementos conservadores de la prensa australiana han dicho que Portugal es “el enemigo diplomático de Australia en Timor Oriental” y denuncian que Portugal está apuntalando a Alkatiri para mantener el control sobre las políticas que se aplican en el país.

Las tensiones entre los dos países son también evidentes en las operaciones de mantenimiento de paz que se llevan a cabo actualmente en Timor Oriental. Lisboa se negó a la exigencia de Canberrra de que la fuerza de paz integrada por destacamentos de cuatro países responda al control único de un comando liderado por Australia. El impasse que sobrevino finalmente se resolvió separando el suburbio de Comodoro en Dili como “zona exclusiva” de operaciones de la policía portuguesa, que gradualmente se irá expandiendo hasta cubrir toda la ciudad. Entretanto, el Ministro de Justicia australiano Chris Ellison estuvo en Nueva York a comienzos de junio e intentó conseguir el apoyo de las Naciones Unidas para la actual fuerza liderada por Australia en Timor Oriental. De acuerdo a Ellison, la intervención de la ADF en Timor Oriental seguiría el modelo de la Misión Regional de Asistencia a las Islas Salomón (RAMSI por sus siglas en Inglés) a cargo de Australia, en la cual, las instituciones clave del estado como la policía, las prisiones, las cortes de justicia y las finanzas están en manos de los funcionarios australianos instalados para llevar adelante la administración por al menos una década.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) también está en el cuadro. De acuerdo al Ministro de Defensa de Malasia, Alkatiri hizo un llamado personal a Malasia para que enviara tropas de paz y Malasia respondió porque estaba preocupada por la falta de presencia de ASEAN en Timor Oriental para mitigar la crisis. Si ASEAN no actuara, su propia relevancia como agente de paz en la región sería cuestionada.

¿Quién fracasó en Timor Oriental?

En el último mes, los analistas políticos y los medios de información reiteradas oportunidades se han referido a Timor Oriental como “estado fracasado”, o nación al borde del “fracaso”. Sin embargo no han hecho frente a la interrogante más importante respecto a quién le falló a Timor Oriental

Cuando Indonesia invadió y ocupó Timor Oriental en 1975, los miembros más poderosos de la comunidad internacional hicieron la vista gorda. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y gran parte de Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés) financiaron la capacidad del Presidente Suharto para preparar una fuerza de ocupación y muerte. Pero en 1999, rápidamente se sumaron a los que propiciaban la independencia de Timor Oriental con ofertas de asistencia, asesoramiento político y un conjunto intrincado de programas de desarrollo y reconstrucción. Apegándose a su principio de no interferencia en los asuntos internos de ningún miembro, los países miembro de ASEAN no abrieron opinión sobre la invasión. Pero en 2000, contribuyeron con tropas para conformar la fuerza de mantenimiento de la paz en Timor Oriental y sin la más mínima vergüenza compitieron por los contratos de la reconstrucción.

El programa de Naciones Unidas para la “construcción de la nación” y la reconstrucción post-conflicto en Timor Oriental tuvo un costo alto, estuvo mal coordinado y fue rehén de las prioridades de los donantes que competían entre sí. Se colocó en manos de un gobierno timorés novato, inexperto y comprensiblemente nervioso, una cantidad muy grande de demandas que debió enfrentar sin la infraestructura ni los recursos o el apoyo logístico necesarios para poder cumplir con sus responsabilidades. En vez de ampliar las habilidades del gobierno para crear empleos y generar capacidad de gobierno y administración y levantar un sector público capaz de dar curso a las necesidades de la población local, los donantes prefirieron exigir la creación de un gobierno pequeño y eficiente orientado hacia el sector privado.

Desde 1999, se estima que los donantes internacionales comprometieron US$3 mil millones para la reconstrucción post-conflicto de Timor Oriental, y buena parte de estos fondos se canalizaron a través del Fondo Fiduciario para Timor Oriental (TFET por sus siglas en inglés) administrado por el Banco Mundial. Más de la mitad de esta asistencia extranjera fue a parar a los salarios y honorarios de consultoría de expertos y asesores extranjeros. Una evaluación de la Comisión Europea del TFET advirtió que más de un tercio de los fondos adjudicados se consumieron en honorarios de consultores extranjeros, gastos generales y contrataciones condicionadas. Muy poco del contenido del tarro de miel de la reconstrucción quedó efectivamente en Dili, y menos aún fue lo que se destinó a territorio timorés fuera de la capital para abordar las urgencias del hambre, la desnutrición, la seguridad alimentaria a largo plazo, el agua potable, la prevención de enfermedades o el desempleo. Tanto Australia como el Banco Mundial se negaron a ayudar a los timoreses a construir una industria arrocera o a lograr el autoabastacimiento en la producción de alimentos. Y como resulta evidente ahora, solo una parte muy reducida de los fondos se destinó a la construcción de infraestructura o a generar capacidad para poder manejar una crisis como la que enfrenta hoy Timor Oriental.

Igualmente impactante resulta la disparidad de los salarios de extranjeros y timoreses, y las diferencias en las oportunidades de empleo entre locales y extranjeros. Un consultor internacional de primera línea gana a menudo más en un mes que veinte colegas funcionarios públicos timoreses en un año entero. El salario de un chofer de Naciones Unidas probablemente sería mayor que el de un disertante universitario –si en realidad funcionara la universidad.

La presencia de una comunidad de expatriados con salarios muy altos creó una economía artificial, absolutamente dependiente de la presencia de la industria de la reconstrucción. La alimentación, la vivienda, los servicios, las instalaciones de recreación y las oportunidades de negocios abundaban para los funcionarios de las fuerzas de mantenimiento de paz, los administradores y profesionales del desarrollo y la seguridad, las ONG y los contratistas, mientras la mayoría de la población local debía luchar con la estructura disfuncional, la inexistencia o la mala calidad de los servicios y los empleos sin perspectiva. No es para nada sorprendente que esta disparidad evidente en los niveles de vida entre las comunidades locales y los beneficiarios de la industria de la reconstrucción terminara reflejándose en un clima de resentimiento, sospecha, incremento en la tasa de delincuencia y el descontento social. Al mismo tiempo, la presencia de la industria de la reconstrucción también implicó la creación de empleos, aunque más no fuera en forma temporal. Al parecer no se le ocurrió a los muchos “asesores” que construir una economía viable y autosustentable prácticamente de la nada, lleva tiempo, y que apenas la misión de Naciones Unidas comenzara a reducirse, esta burbuja económica iba a reventar. Hoy el desempleo en Timor Oriental supera el 50 por ciento, y la mayoría de los desempleados son jóvenes, listos para ser reclutados por las bandas y las milicias.

Los que se lamentan de la falta de profesionalismo y ética entre las fuerzas de seguridad de Timor Oriental harían bien en mirar atrás para ver cómo se manejó la “generación de capacidad” en esa área. En 2001, se acordó que los soldados de las Falintil (el ala armada del movimiento independentista anterior a 1999) se incorporarían a la FDTL y la PNTL. Para crear un ejército y una policía “modernos”, se introdujeron nuevas normas “profesionales” de reclutamiento, que incluían exigencias de nivel de educación, altura y salud, que muchos de los soldados de las Falintil no cumplían. Además, había más soldados de las Falintil que puestos disponibles. Como consecuencia, muchos veteranos de las Falintil fueron “reintegrados” sin éxito a la sociedad civil a través de la Organización Internacional de Migraciones del Banco Mundial (OIM) lo que dejó a los veteranos luchadores del ejército de liberación de Timor Oriental en la pobreza y la indigencia en un país liberado.

Bajo la presión de Estados Unidos y Australia de separar a las FDTL y la PNTL de la “política”, las autoridades de Naciones Unidas pasaron por alto las sensibilidades que era probable que surgieran al asignarse los puestos y responsabilidades militares. De acuerdo a Rahung Nasution, un conocido cineasta que vive en Dili, “la transformación de las Falintil, un ejército de liberación nacional, en un ejército regular destrozó la relación generada a lo largo de la lucha. La relación entre el guerrillero armado y la gente a lo largo de la historia de la resistencia se puede comparar a la que se desarrolla entre el pez y el agua. El nudo de una relación como ésta nunca se consideró importante en el proceso de institucionalización de la F-FDTL”.

La capacitación y educación de las nuevas fuerzas armadas y policiales también fue afectada por las disputas y competencias entre los países. Hubo frecuentes desencuentros entre los distintos países sobre qué sistemas, protocolos y prácticas deberían seguir la F-FDTL y la PNTL (los principales contendientes entonces como ahora, fueron Portugal y Australia), lo que creó confusión entre los reclutas que no estaban para nada acostumbrados a ninguna forma de actividad de seguridad, más allá de la guerra de guerrillas, ni a ninguna estructura de apoyo que no fuera la movilización de base. Si las fuerzas de seguridad de Timor Oriental son hoy un problema, son aquellos que tuvieron la tarea de capacitarlas quienes tienen la culpa.

Australia se ha negado a abandonar su dominio sobre la zona de petróleo y gas de la Falla de Timor, que recibió de Indonesia a cambio de no oponerse a la invasión indonesa a Timor Oriental. Se estima que las ganancias de la Falla de Timor superan los US$ 30 mil millones, gran parte de los cuales pertenece según el derecho internacional a Timor Oriental, y son dineros que el país necesita con desesperación para poder levantar la infraestructura social, física e institucional básica.

Un Timor Oriental económicamente independiente sería un Timor Oriental políticamente independiente no dispuesto a aceptar las presiones del Banco Mundial, el ADB y de los poderosos países donantes para que implemente una economía capitalista de mercado en todos los niveles, que provea mano de obra y materias primas baratas para las empresas privadas. No es de sorprenderse que habiendo experimentado de cerca el fracaso del modelo de construcción de la nación y reconstrucción, impuesto por la “comunidad internacional”, el gobierno de Timor Oriental haya intentado llevar al país por otra senda de desarrollo.

Llamados al cambio de régimen

Es posible encontrar la más perturbadora confluencia de intereses internos y externos en los llamados al “cambio de Régimen” que apuntan a derrocar al controvertido Primer Ministro Mari Alkatiri. Dentro del país, exigen la renuncia de Alkatiri las facciones rebeldes y los miembros de la oposición. Encabezados por uno de los líderes de la oposición, Manuel Tilman, un pequeño grupo de “intelectuales” trata de convencer al Presidente Gusmao para que deje en suspenso la constitución, disuelva el parlamento y designe un gobierno transitorio hasta las elecciones nacionales de 2007. La campaña para derrocar a Alkatiri no es nueva, se hizo pública el año pasado cuando el gobierno propuso que la educación religiosa en las escuelas públicas fuera opcional y no obligatoria. La Iglesia Católica presa de furia denunció al gobierno de Alkatiri como “extremista”, argumentando que la democracia estaba en peligro porque el gabinete integrado por algunos marxistas encubiertos, intentaba transformar a Timor Oriental en un país comunista.

Visiones como ésta fueron recogidas por líderes de opinión en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y ASEAN. En muchos medios de información australianos e internacionales, Alkatiri ha sido catalogado muchas veces como primer ministro desastroso, musulmán árabe yemení, astuto marxista, y comunista. En contraposición con estos apelativos está el “universalmente amado y admirado” Xanana Gusmao y el “siempre complaciente” ganador del Premio Nobel José Ramos-Horta.

En los primeros momentos de la actual situación de descontento, el cambio de régimen fue una consigna demandada casi con el mismo entusiasmo también por los medios informativos dominantes de Australia –en particular después de que Australia lanzara su intervención militar. Aunque ahora se ha moderado el lenguaje, el sentido de lo comunicado por muchos analistas australianos y regionales es que los días de Alkatiri como primer Ministro están contados y que Jose Ramos Horta bien podría ser el próximo Primer Ministro. En tanto, preocupados porque el “fracaso” de Timor Oriental signifique un debilitamiento de los intentos de ASEAN de construir una Comunidad de Seguridad de ASEAN, a la dirigencia de ASEAN le sirve que Gusmao y Ramos Horta “afirmen su liderazgo” para impedir “la desintegración del estado timorés”.

La oposición estadounidense y australiana al gobierno de Alkatiri proviene del hecho de que éste ha rechazado la ideología neo-liberal que es la esencia de los modelos de reconstrucción post-conflicto. Este rechazo se basa en que Alkatiri advirtió claramente las consecuencias prácticas de este modelo en los países africanos durante sus años de exilio en Mozambique.

Para muchos timoreses, Alkatiri no es un demonio. Es un “nacionalista en lo económico” que lucha con el Fretilin para construir un estado “popular” en vez de un estado “capitalista”. Se dice que Timor Oriental tiene una de las constituciones más progresistas del mundo. Alkatiri se ha negado terminantemente a aceptar préstamos del Banco Mundial y el ADB para evitar caer en la trampa de la deuda en una etapa tan temprana del país. A pesar de ser uno de los países más pobres del mundo, Timor Oriental sigue libre de deuda. Alkatiri se opuso a la privatización de los servicios esenciales como el agua, la educación, la energía eléctrica, el transporte y la salud. Su gobierno ha priorizado la salud, la educación y la agricultura como los sectores donde realizar las inversiones públicas y privadas, y ha promovido la producción nacional de arroz con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de arroz (de acuerdo a un informe del PNUD, la producción de arroz creció de 37.000 toneladas en 1998 a 65.000 en 2004). Ha celebrado alianzas con Cuba, China, Brasil, Noruega y Malasia en un esfuerzo por diversificar las relaciones económicas del país y contrarrestar las ambiciones imperiales australianas y estadounidenses. Los médicos voluntarios cubanos asisten actualmente la salud de la población en muchas partes remotas del país. Cientos de jóvenes estudiantes timoreses estudian hoy medicina en Cuba a través de becas de estudio cubanas. Timor Oriental ha creado una Compañía de Petróleo estatal y un Fondo de Petróleo para administrar los ingresos provenientes de la extracción de petróleo y gas, y para asegurar que éstos se usen en inversiones en el sector público.

Alkatiri también ha probado ser una piedra en el zapato para el Primer Ministro australiano John Howard en las negociaciones de la Falla de Timor. Ha resultado ser un negociador duro y astuto y ha hablado contra las tácticas bravuconas del gobierno australiano. Aunque Timor Oriental todavía no ha obtenido la parte de las ganancias que le corresponde, ciertamente es varios miles de millones de dólares más rico que lo que sería si se hubiera concretado el trato que Howard puso sobre la mesa.

Pero para Australia, Estados Unidos y otras potencias económicas, tomar el control de los recursos de Timor Oriental y de su posición geográfica estratégica importa mucho más que las capacidades de Alkatiri para dirigir al país hacia su independencia económica.

En defensa de Timor Oriental

La etiqueta de un “estado fracasado” es extremadamente peligrosa para Timor Oriental y muy conveniente para sus vecinos. En el escenario de la seguridad mundial, un “estado fracasado” evoca las imágenes de un paraíso de terroristas y una guarida del crimen internacional. Esta es la etiqueta que legitima la invasión y ocupación militar, y guarda gran similitud con la excusa usada por Indonesia hace 31 años para invadir y ocupar Timor Oriental argumentando que el país se estaba transformando en un “estado comunista”.

La actual crisis de Timor Oriental no es un caso de fracaso del estado, sino un ejemplo trágico de la persistente y continua traición internacional. En 1999, el pueblo de Timor Oriental eligió la independencia. En vez de recibir la ayuda y solidaridad que esperaban y que les habían prometido, fueron víctimas de la manipulación política, el oportunismo económico y la arrogancia paternalista de los países más poderosos del mundo.

Esto no quiere decir que los líderes de Timor Oriental no tengan ninguna culpa por lo que sucede. Alkatiri y el Fretilin son acusados por muchos timoreses de corrupción y nepotismo. Pero hay otras altas figuras de la política timoresa implicadas. La existencia de sospechas profundamente enraizadas, las animosidades y las alianzas con algunas diásporas han minado el proyecto de construcción de nación. El colapso del aparato de seguridad nacional, y el terror creado por la reciente ola de violencia han socavado la confianza del pueblo timorés en el gobierno. Por debajo de esta situación subyacen altos niveles de pobreza, desempleo, desnutrición y enfermedades prevenibles. La mayoría de la población vive en áreas rurales que tienen muy malas conexiones con la capital y carecen de los servicios públicos básicos. Muchos albergan el dolor y el resentimiento de que los responsables de la matanza que llevó finalmente a la independencia del país nunca fueron juzgados. Las comunidades vulnerables son fácilmente presas de la manipulación, en especial cuando pierden la confianza en sus principales instituciones y dirigentes.

Ciertamente si hay alguien que podría haber calmado la situación es Xanana Gusmao, y hay quienes se preguntan por qué no se hizo cargo de la situación antes. Cuando no hay liderazgos claros, fuertes y unificados, las luchas internas y los fracasos abren espacios que son explotados por fuerzas externas. El Presidente Gusmao está demostrando ahora la importancia de ese liderazgo. Al dirigirse al Parlamento timorés el 14 de junio, reconoció la responsabilidad colectiva de todos los elementos del estado timorés por la crisis, y se comprometió a respetar la Constitución hasta el final de su mandato en 2007, distanciándose así de los rumores de que podría apoyar los planes para derrocar al gobierno de Alkatiri, dejando en suspenso la constitución.

Las decisiones sobre quién gobierna y lidera el país y cómo, son una prerrogativa del pueblo timorés, no de Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Indonesia, Japón, ASEAN o las empresas privadas que intentan explotar los recursos del país. El futuro de los partidos y los líderes políticos de Timor Oriental deberá depender de un proceso político genuinamente timorés, y no de la interferencia de fuerzas externas cuyo objetivo es asegurar sus propios intereses económicos, políticos y militares. En 2007, Timor Oriental tendrá nuevamente elecciones. Pero a menos que se hagan esfuerzos serios y concertados para que los timoreses y la comunidad internacional reconstruyan lo que se ha destruido en estos últimos meses, el pueblo timorés irá a votar en medio de un clima de temor y bajo condiciones de penuria económica muy graves.

Más de dos décadas de ocupación colonial y guerra han dejado a las comunidades timoresas fracturadas y dispuestas a cambiar de alianzas en función de motivos étnicos, regionales y a menudo estrechamente pragmáticos asociados a la necesidad de asegurarse la supervivencia. La estrategia colonial de “divide y reinarás” garantiza que la unidad nacional no necesariamente surja con la conformación de una nación post-colonial. La construcción de la paz, la confianza, la seguridad, la colectividad, la comunidad, y finalmente, la construcción de una nación, lleva tiempo. Debe darse a Timor Oriental los tiempos que necesita.

En la actual crisis la primera prioridad es garantizar la seguridad física y económica del pueblo timorés, incluido el acceso inmediato a alimentos, atención de la salud, agua, vivienda, y otros servicios básicos. En segundo lugar, debemos vigilar y oponernos colectivamente a que fuerzas externas intenten intervenir con la excusa de restaurar la ley y el orden en el marco de un mandato de Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aceptado, a solicitud del gobierno Timorés, enviar otro contingente de fuerzas de mantenimiento de la paz. Si bien probablemente Indonesia no integre estas fuerzas, es necesario también que exijamos que el papel de Australia sea mucho menor. En la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está teniendo lugar en estos momentos, Australia ya ha expresado su oposición a que una fuerza de Naciones Unidas se haga cargo del mantenimiento de la paz en Timor Oriental. El embajador australiano Robert Hill ha dicho ante el Consejo que Naciones Unidas debe atender las necesidades de Timor Oriental a más largo plazo y dejar que Australia se haga cargo de la seguridad. Sin embargo, Timor Oriental ha declarado que la presencia de una fuerza de Naciones Unidas en la que participen más países como Fiji, Singapur y Tailandia es esencial para “reducir las tensiones políticas y diplomáticas”. La posición australiana es extremadamente preocupante, especialmente porque no parece probable que la fuerzas de Naciones Unidas arriben a territorio timorés antes de seis meses. No sólo es fundamental que una fuerza internacional bajo la supervisión de Naciones Unidas lidere el mantenimiento de la paz en Timor Oriental, sino que además una de las tareas cruciales de estas operaciones debe ser la regeneración de la capacidad de los timoreses de garantizar su propia seguridad. No debe obligarse a Timor Oriental a aceptar que fuerzas australianas o de cualquier otra nacionalidad actúen como sus fuerzas policiales delegadas.

Y cuando comience la segunda ronda de reconstrucción post-conflicto –como casi ciertamente va a suceder- debemos defender firmemente en todos los foros posibles los derechos del pueblo timorés a ser el creador de sus propios planes de desarrollo y reconstrucción, y garantizar que cuente con los recursos necesarios que lo ayuden a reconstruir sus comunidades, su sociedad y su nación.

* Shalmali Guttal integra Focus on the Global South. La autora quiere agradecer a Dr. Tim Anderson, Dr. Walden Bello, Nicola Bullard, Jenina Joy Chavez, Antero D'Silva, Emilia Pires, Lee Tan y Julie Wark por sus contribuciones y sus comentarios. Dirección de contacto: s.guttal@focusweb.org

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TEMPORADA DE EXTERMINIO EN FILIPINAS

Herbert Docena *

MANILA, 1 de junio de 2006- La activista política Cathy Alcantara fue muerta a tiros por asaltantes no identificados el 5 de diciembre del año pasado, en las afueras del local donde había ayudado a organizar una conferencia sobre los derechos de los campesinos.

Dos meses después, en un arrozal remoto se encontró el cuerpo sin vida de su amiga, la activista de 19 años Audie Lucero. Lucero fue vista por última vez rodeada de policías y soldados en el hall de un hospital, llorando sin que hubiera ninguna explicación.

Annaliza Abanador-Gandia, era también una activista de izquierda. Había encabezado junto a los dos víctimas distintas manifestaciones en las que se exigían diversos cambios en la política filipina, entre ellos la renuncia de la Presidenta Gloria Macapagal–Arroyo, el fin de las maniobras militares estadounidenses en territorio filipino, y la revisión de las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio.

El 18 de mayo, fue el turno de Abanador Gandia. No está claro como sucedió exactamente el asesinato, ya que se encontraba sola en su negocio esa noche. Se encontró su cuerpo tirado sobre una mesa, con impactos de ocho balas sobre su rostro, pecho y estómago. Los restos de pólvora en su cara prueban que los disparos se hicieron a quemarropa.

Las tres víctimas eran activas organizadoras del Movimiento por la Democracia Nacional (KPD), una organización paraguas de izquierda que reúne a sindicatos, organizaciones campesinas y de pescadores, y grupos de mujeres y jóvenes, que ha sido testigo de la muerte a tiros de otros dos de sus integrantes en las provincias este año.

Se trata de las últimas víctimas de una escalada progresiva de aniquilamiento de activistas políticos de izquierda en Filipinas. A lo largo de los últimos dos meses, al menos 18 activistas han sido asesinados por asaltantes no identificados en distintas zonas del país –un promedio de dos muertes por semana. En ningún otro momento en los casi 10 años de historia del KPD han sido asesinados tantos de sus integrantes.

El KPD es solamente uno de los muchos grupos de izquierda que hoy sufren estos asaltos desde las sombras. UNORKA (Ugnayan ng mga Nagsasariling Lokal na Organisasyon sa Kanayunan, la Coordinación Nacional de Organizaciones de Poblaciones Rurales Locales Autónomas), un grupo campesino que integra la coalición denominada “Lucha de las Masas”, impulsa actualmente la creación de un “gobierno de transición revolucionario” para reemplazar a Arroyo. Hasta ahora, han muerto por lo menos 13 dirigentes de la UNORKA. El secretario general nacional del grupo fue asesinado a tiros el 24 de abril.

El Agrupamiento de Fuerzas de Mapalad (TFM por sus siglas en inglés), otro grupo campesino que ha estado reclamando la reforma agraria en Visayas y Mindanao, ha visto como al menos ocho de sus líderes han sido asesinados desde 2001, el último, en mayo de 2005. Lani Factor, coordinador de campaña del grupo, al referirse a la escalada de violencia contra los militantes de izquierda en Filipinas la denominó como la “temporada de exterminio”.

La mayoría de las víctimas pertenecen al grupo Bayan Muna, que tiene representación en el parlamento y que desde 2001 tiene 95 líderes locales asesinados en forma inexplicable. Robert de Castro, el secretario general del grupo, dijo según cita la prensa local que a los líderes locales “los están matando como a pollos... Caen muertos en filas” [1]

Llevar registro de esta matanza no es fácil. Las organizaciones de derechos humanos en general solo cuentan los casos de los cuales reciben información y cada una mantiene sus propias listas. Según la cuenta que lleva actualmente el diario Philipne Daily Inquirer, con los últimos asesinatos el número total de activistas muertos desde que Arroyo asumió el poder en 2001 asciende a 224. El grupo de derechos humanos Karapatan estima que la cifra es bastante más alta, unos 601. Casi todos los casos siguen sin aclarar. Una serie adicional de 140 militantes están considerados “desaparecidos” y continúan en esa condición.[2 ] Y el número se incrementa cada semana.

Problemas en las provincias

La provincia de la activista asesinada Abanador-Gandia está bajo el mando del General Jovito Palparan, el oficial militar más polémico de Filipinas. Ampliamente apodado como “el verdugo” por sus críticos, Palparan está acusado de perpetrar una serie de matanzas y desapariciones de activistas de izquierda en el ejercicio de los puestos que tuviera anteriormente en las provincias de Samar y Mindoro.

Este militar ha negado sistemáticamente las acusaciones, cuando hay registros de que ha declarado “Puedo sonreír y reírme de eso”. Al mismo tiempo, también hay registros de que ha dicho que las matanzas extrajudiciales están ayudando a las fuerzas armadas filipinas a deshacerse de los instigadores que luchan contra el gobierno.[3] Para Palparan, las muertes de activistas no son más que “pequeños sacrificios” de la campaña anti-insurgencia del ejército. [4]

“Tenemos que odiar al movimiento”, declaró en una entrevista realizada recientemente por la revista Newsbreak. “tenemos que tener esa postura de lucha”. [5]

Las declaraciones provocativas de Palparan generaron críticas muy fuertes en el momento. Sin embargo, cada vez más, no es solamente una voz que pregona sola en el desierto. Sus superiores tienen una forma callada de expresar su acuerdo con las tácticas de Palparan: a través de su promoción en la carrera militar. Palparan ha sido promovido sistemáticamente en el ejército, y recientemente fue condecorado con la Estrella de Servicios Distinguidos por su “servicio eminentemente meritorio y valioso”.

El secretario ejecutivo del gobierno Eduardo Ermita, quien fuera también oficial del ejército, ha elogiado a Palparan como un “buen oficial”, diciendo que sus detractores lo culpan automáticamente por incidentes violentos sin corroborar las evidencias.

Pero el estado de ánimo belicoso de Palparan refleja una creciente inquietud dentro del ejército. “El enemigo que confrontamos por más de tres décadas es el mismo enemigo que confrontamos hoy, solamente que más calculador y obviamente mucho más peligroso” escribió el Teniente General Romeo Domínguez en un libro reciente titulado Trinity of War: the Grand Design of the CPP/NEP/FDN (La trinidad de la guerra: el gran diseño del PCF/NEP/FDN) (Partido Comunista de Filipinas/Nuevo Ejército del Pueblo/ Frente Democrático Nacional)

Este libro, publicado por las fuerzas armadas filipinas (AFP), se ha transformado en un manual para militares del tipo “conozca a su enemigo”, como se señala en una presentación reciente en powerpoint que preparara la cúspide de las AFP y que circuló entre los soldados. El libro analiza la evolución del movimiento de izquierda desde fines de la década de 1940, cómo resistió el Partido Comunista de Filipinas (PCF) a comienzos de la década de 1960 y cómo se ha transformado y fracturado en diversas líneas ideológicas y tácticas desde la década de 1980.

El libro, que cuenta con tablas y gráficas de flujo, incluye una lista muy completa de lo que denomina “organizaciones de frente sectorial legal de los terroristas comunistas”-desde lo más alto hasta el nivel provincial- incluyendo los nombres de los líderes máximos de los grupos que se han conformado a partir de la corriente madre del PCF o que han surgido recién en los últimos años.

A pesar de toda la atención que se le ha dado al movimiento rebelde Abu Sayyaf en los últimos años “la gran y única amenaza del estado filipino sigue siendo el PCF/NEP” concluye Zachary Abuza, un experto que trabaja para el Instituto de la Paz estadounidense que financia el Congreso de ese país, que ha estudiado los distintos grupos de izquierda y secesionistas moros que luchan contra el gobierno filipino. [6]

Esta amenaza no ha pasado desapercibida entre los militares y los políticos de derecha, que están crecientemente alarmados por un posible resurgimiento de la izquierda. La fuerza del NEP se estimaba en unos 25.000 luchadores durante el período de la ley marcial en la década de 1970, se redujo a unos 8.000 durante los '90 y según los informes está volviendo a crecer. En los últimos meses, el NEP ha lanzado una serie de ofensivas militares en todo el país. Además del NEP existen otros grupos armados de izquierda de menor tamaño que operan en áreas remotas de las provincias.

La derecha filipina además tiene miedo a raíz del reciente triunfo electoral de la izquierda en elecciones democráticas. Cuando se restauraron las instituciones democráticas después del levantamiento del “poder popular” en 1986, la izquierda se dividió entre los que todavía consideraban la lucha armada como fundamental, y los que pretendían disputar el poder a través de los procesos electorales. El PCF boicoteó inicialmente las elecciones generales que precedieron la elección de la presidenta Corazón Aquino.

Si bien continuó con lo que llamaba “la guerra popular prolongada”, finalmente decidió participar, después de la introducción del sistema de listas partidarias, una medida que reservaba una porción de los escaños en el Congreso a los sectores de la sociedad subrepresentados y marginados. Otros grupos de izquierda sencillamente abandonaron la lucha armada, eligiendo centrarse en las elecciones y las campañas públicas para promover el cambio político.

En las últimas elecciones, los candidatos de la izquierda ganaron 11 de los 24 escaños de la lista partidaria en juego. A pesar de que esta proporción representa poco más que un cinco por ciento del total de votos a nivel nacional, la visibilidad de la izquierda en los debates públicos ha sido desproporcionadamente alta en comparación con el número real de escaños parlamentarios que detenta. En las calles, en donde comienzan habitualmente las luchas políticas filipinas, solamente la izquierda ha sido capaz de movilizar a la gente en forma consistente, aunque en una escala limitada.

El oficial del ejército Palparan ha prometido “limpiar completamente de rebeldes su área de responsabilidad, antes de retirarse en setiembre de este año”. [7] Es una promesa que suscribe el funcionario de defensa civil de mayor rango del país, Avelino Cruz, que también ha dicho que la “insurgencia comunista” puede ser derrotada en un período “de 6 a 10 años”. [8]

Cruz confía alcanzar este objetivo a través del ambicioso Programa de Reforma de la Defensa Filipina, un plan general que busca modernizar y actualizar la capacidad de las fuerzas armadas para llevar adelante las “operaciones de seguridad interna”.

Los Estados Unidos, intensificando su participación de larga data en la campaña de contrainsurgencia en Filipinas, han intervenido conjuntamente con el ejército filipino en el diseño del Programa de Reforma de la Defensa Filipina y financian la mitad del presupuesto del programa que asciende a 370 millones de dólares. Washington ha calificado al PCF/NEP y a la Brigada Alex Boncayao, un grupo escindido del NEP, como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Sin embargo, aunque el ejército siempre ha considerado a los grupos armados de izquierda como una gran amenaza militar, y antes de que Arroyo asumiera la presidencia se lanzaban ofensivas y contraofensivas contra ese objetivo, en estos últimos tiempos ha habido un giro significativo en la predisposición de algunos oficiales militares claves: existe un creciente rechazo a distinguir entre la izquierda armada y la desarmada, entre quienes están en el movimiento guerrillero clandestinoy los que están por la lucha legal y ante la luz pública. La frontera entre ambos, al menos en la opinión de algunos militares y funcionarios civiles, simplemente no existe.

Esta actitud se puede resumir mejor en la respuesta que tiene preparada Palparan cada vez que se le recuerda que los activistas que son asesinados están desarmados y participan en organizaciones de masa de carácter legal. “Son legales pero están haciendo actividades ilegales” [9] La decisión de despenalizar a los comunistas en 1994 fue una mala idea, según Palparan, que agrega que él estaría “feliz” si se revocara. El manual The War of Trinity enfatiza –en negritas- que, si bien el PCF todavía considera la lucha parlamentaria como secundaria frente a la lucha armada, ambas son “complementarias e interactivas y están interrelacionadas”.

Esta opinión es compartida por los líderes civiles. “Alentamos al comunismo y al socialismo como partidos a la manera de los europeos”, declaró el jefe de personal de la presidencia Michael Defensor: “Lo que no queremos es cuando predican la revolución armada”.

Según el Asesor de Seguridad Nacional Norberto Gonzales, “Hoy ya no estamos luchando contra la clásica guerra de guerrillas. Ellos han infiltrado y permeado nuestro proceso democrático”. Gonzáles ha puesto el grito en el cielo porque los parlamentarios de izquierda electos están aprovechando sus puestos para promover la revolución. Se ha quejado constantemente de cómo los miembros de Bayan Muna “brillan” como luchadores del NEP y cómo, parafraseando a Palparan, transitan por ambas veredas de lo que el gobierno define como actividades legales e ilegales.

Odiamos a los comunistas

Esta es una acusación que los que murieron no tendrán la oportunidad de contestar. La mayoría de las víctimas pertenecía a organizaciones de carácter legal, de izquierda o de tendencia de izquierda, que aparecen enumeradas en la lista de las AFP como supuestas organizaciones de “frente”. Según lo establece un informe reciente de Amnistía Internacional “Los asesinatos –que cada vez son más- que tienen lugar en algunas provincias, según los informes están ligados a la calificación pública que hacen los comandantes locales de ciertos grupos de izquierda como organizaciones de frente del NEP”.

Antes de la muerte de Abanador Gandia, por ejemplo, la policía y los militares de Bataan habían dicho en forma ominosa a los integrantes del KPD “Ya sabemos quienes son. Sabemos quiénes están realmente detrás de ustedes Los conocemos a todos”.

Otros activistas pertenecen a organizaciones que están en graves disputas por la tierra con poderosos terratenientes que, ayudados por el consentimiento tácito del estado o la falta de voluntad política, históricamente han utilizado bandoleros para eliminar a los campesinos que impulsan la reforma agraria. Ahora que sus tierras están sujetas a la expropiación, los terratenientes, según el coordinador de Campaña del TFM Factor, se están comportando como “perros rabiosos que han sido soltados de la cadena”.

La mayoría de los asesinatos se concentran en áreas de creciente militarización en las que se intensifican las operaciones de contrainsurgencia. En la zona de Central Luzon donde actúa Palparan, más de 50 izquierdistas han resultado muertos, lo que equivale a casi una cuarta parte del total de 224 asesinatos que registrara el Philippine Daily Inquirer. En esa región, el ejército ha establecido destacamentos de 10 hombres en distintos poblados en los que ha desplegado interrogatorios puerta a puerta y patrullaje nocturno.

Incluso han organizado talleres anti-comunistas y movilizado manifestaciones de protesta en apoyo al ejército. Los participantes de estas manifestaciones declaran que se les dijo que llevaran pancartas con la leyenda “Odiamos a los comunistas”. La zona de Negros, donde se concentran varios asesinatos, es otra provincia donde el ejército ha lanzado lo que el jefe militar a cargo de la región, el Teniente General Samuel Bagasin describió como “operaciones decisivas”.

Las víctimas aparentemente no son elegidas al azar. Casi todos los que han sido ejecutados son líderes u organizadores conocidos que han participado activamente en la base y reclutado nuevos miembros para sus organizaciones. Las operaciones son en muchos casos quirúrgicas y con objetivos bien claros. Y si bien los organizadores a nivel provincial y municipal fueron seleccionados, también se está persiguiendo a los líderes de nivel nacional.

Al menos un congresista de Anakpawis sigue detenido enfrentando cargos de rebelión, mientras otros cinco acamparon en el Congreso por dos meses para evitar su arresto. El Secretario de Justicia Raul Gonzales les ha dicho que “vuelvan a las montañas donde pertenecen”, [10] una alusión a la zona en la que históricamente el PCF ha levantado sus campamentos de base.

El activista Factor sospecha que la eliminación calculada de las jerarquías máximas de su organización constituye un intento para aterrorizar a los miembros y atemorizar potenciales nuevos ingresos en la esperanza de debilitar el movimiento. Un columnista local ha definido la táctica como “matar a uno para asustar a 100”. [11] Que se esté matando a activistas no en masa sino a en cámara lenta con un asesinato por semana, parece algo calculado para maximizar el efecto petrificante y a la vez minimizar la indignación pública.

En varios casos, los testigos han señalado directamente a soldados y policías uniformados o grupos conocidos de paramilitares o vigilantes, como los asesinos. En muchos otros casos, las víctimas fueron muertas por un par de motonetistas enmascarados.

Los observadores señalan que esta forma de asesinato tiene reminiscencias del período de fines de la década de 1980 cuando, a la altura de la “guerra total” desatada por el gobierno de Aquino contra la izquierda, motonetistas enmascarados también mataban activistas en todo el país. De acuerdo al grupo de derechos humanos Task Force Detainees de Filipinas, murieron 585 personas durante esa orgía de violencia.

Orgullo por sus antecedentes en derechos humanos

El gobierno ha expresado públicamente que ve esta matanza generalizada de activistas como una triste coincidencia. No hay ningún patrón establecido y los asesinatos no están relacionados, sostienen los funcionarios del gobierno. Las acusaciones contra los oficiales de la seguridad del estado son sistemáticamente descartadas.

Un vocero policial ha declarado que no existe ningún patrón en absoluto, se trata simplemente de los vaivenes del ciclo normal de delitos. “A veces cae, a veces aumenta”, declaró Samuel Pagdilao portavoz de la Policía Nacional Filipina al referirse a la profusa serie de asesinatos de activistas. [12]

Los funcionarios del gobierno han insistido reiteradamente que no existe ninguna medida de fuerza dispuesta a nivel oficial en relación a los activistas. “No tenemos nada que ocultar, y estamos muy orgullosos de nuestros antecedentes en derechos humanos” dijo recientemente el Secretario de Prensa Ignacio Bunye. Antes, Arroyo había declarado que las acusaciones de violaciones a los derechos humanos eran un “insulto” al ejército.

Otros altos funcionarios proclamaron que en caso de haber un culpable, estos eran los propios activistas. De acuerdo a este punto de vista, la revolución nuevamente se está devorando a sus propios hijos –tal cual sucediera en la década de 1980 cuando en una operación que desde entonces fuera reconocida por la jerarquía del PCF, se ordenó la muerte de al menos 2.000 miembros del partido por sospechas de que eran infiltrados del gobierno.

Pero los izquierdistas que ya no están alineados con el PCF, y que han hecho críticas públicas a la campaña anti-infiltración de ese partido, salieron a descartar esta acusación como oportunista y absurda. Robert Francis García Secretario general de La Paz defiende la Verdad, la Reconciliación y la Justicia, una organización de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la purga interna del PCF, cree que el gobierno está “capitalizando el tema para golpear al PCF/NPA”.

Para García la forma en la cual se llevó a cabo la purga del PCF en aquel momento guarda muy poca similitud con la forma en que se está matando a los activistas hoy. En ese momento, recuerda, los supuestos infiltrados fueron arrestados, detenidos e interrogados por agentes del partido –no fueron ejecutados sumariamente en público como sucede hoy.

Incluso una fuerza de trabajo policial constituida en forma oficial identificó recientemente a soldados y fuerzas paramilitares como los sospechosos de al menos algunas de las muertes. [13] La Comisión de Derechos Humanos –un organismo constitucional habitualmente muy timorato, ha declarado que el “patrón de denuncias que nos llegan muestra que miembros de las fuerzas armadas y la Policía Nacional Filipina son sospechosos”. Asumiendo que el gobierno no está detrás de estos asesinatos que siguen sin esclarecerse, la comisión señala que sigue siendo su deber resolverlos y prevenirlos.

Lamentablemente, para muchos de estos casos no hay armas humeantes, y las mentes maestras detrás de los asesinatos no tiene por costumbre dar recetas a los sicarios que contratan. Pero incluso una investigación superficial de los asesinatos de los últimos meses hace difícil evitar la conclusión de que existe una misión deliberada y sistemática para aterrorizar –cuando no exterminar- a la izquierda, que está siendo ejecutada por quienes tienen tanto el motivo como los medios para hacerlo.

Aunque asumiéramos que una parte de estos asesinatos pudieran explicarse como la consecuencia de problemas personales o una guerra entre distintas facciones izquierdistas armadas, la gran mayoría de los casos muestran un patrón alarmante.

Malos antecedentes

La administración de Arroyo está transformándose en el régimen más represivo de Filipinas desde el período del gobierno autoritario y corrupto de Ferdinand Marcos. De acuerdo a las Task force Detainees de Filipinas unas 3.400 personas fueron asesinadas y más de 700 desparecieron durante los 14 años de dictadura de Marcos.

Según el Senador Manny Villar, citando cifras proporcionadas por la Comisión de Derechos Humanos, en el período de cinco años de Arroyo, el número de personas ejecutadas, torturadas o detenidas en forma ilegal ha eclipsado el número acumulado del período de 11 años correspondiente a los tres presidentes que la antecedieron.

Esto no significa que antes de que Arroyo asumiera el gobierno todo estaba bien. Las administraciones anteriores también tuvieron una cuota importante de violaciones a los derechos humanos. Pero según Max de Mesa, presidente de la Alianza Filipina de Defensa de los Derechos Humanos (Philipine Alliance of Human Rights Advocates) y activista por los derechos humanos desde hace muchos años, el número total de casos de violaciones en el gobierno de Arroyo no debe compararse en forma independiente al de sus predecesores.

El gobierno de Arroyo, dice, todavía está obligado a resolver las violaciones del pasado –algo que su gobierno no ha hecho hasta el momento. En este sentido, plantea que la cifra de los régimenes anteriores deberían sumarse a las que corresponden al período de Arroyo

A comienzos del período de Arroyo la mayoría de las víctimas eran civiles musulmanes, que a menudo fueron rodeados y detenidos en redadas, atrapados en la “guerra del terror” respaldada por los Estados Unidos. En un episodio particularmente impactante, que fue captado en vivo por la televisión nacional en marzo del año pasado, los más altos funcionarios de la seguridad nacional, con la aprobación aparente de la presidenta, supervisaron el asalto a una prisión luego de que algunos presos acusados de ser dirigentes de Abu Sayyaf habían liderado un levantamiento.

A pesar de que estaban desarmados y controlados contra una pared, 26 detenidos fueron ejecutados. Los grupos de Derechos Humanos calificaron el hecho de “masacre” y la CDH desde entonces ha suscrito su recomendación de presentar cargos de asesinato contra los oficiales a cargo.

En la provincia altamente militarizada de Sulu en el sur de Filipinas, donde el ejército ha estado persiguiendo al grupo Abu Sayyaf, han habido numerosas acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, entre ellas la masacre de una familia en febrero de 2005, que finalmente provocó que se reanudaran los ataques del Frente Moro de Liberación Nacional contra las fuerzas del gobierno.

Las desapariciones, los degollamientos, y las ejecuciones sumarias han vuelto a transformarse en la norma en esta zona. Pero los abusos del gobierno que se han documentado, no han recibido la misma atención que las atrocidades que comete Abu Sayyaf.

Quizás la demostración más clara de la ausencia de protección y garantías a las libertades civiles de este gobierno sea el asesinato desenfrenado de periodistas. La libertad de prensa nunca ha cobrado un precio tan alto, son no menos de 42 los periodistas muertos desde que Arroyo asumió el gobierno –algo así como la mitad de los 79 que van muertos desde 1986. Este record llevó al Comité de Protección a Periodistas con sede en Estados Unidos a colocar a Filipinas como el país con mayor número de asesinatos de periodistas del mundo, solo superado por Irak. Algunos han rebatido que en realidad Irak es zona de guerra y que el galardón debería caberle exclusivamente a Filipinas.

Si bien los jefes locales y elementos criminales, y no agentes estatales, son probablemente los responsables de las muertes de los periodistas, la tibia respuesta del gobierno muestra su incapacidad –o falta de voluntad- para proteger a la prensa.

En vez de trabajar para llevar a los asesinos a la justicia, el Secretario de Justicia Raul Gonzales sugirió recientemente que los trabajadores de los medios debían armarse para poder defenderse. También dejó entrever que los asesinatos podrían no tener nada que ver con la libertad de prensa. “Hay algunos trabajadores de los medios que fueron muertos en peleas de tragos o debido a una mujer” declaró recientemente.

Si bien las violaciones a los derechos humanos han venido creciendo en forma sistemática, la situación se ha agravado después de que Arroyo, enfrentada a los reclamos generalizados de su renuncia provenientes de todo el espectro político, comenzara a utilizar medidas más descaradamente coercitivas para conservar el poder. Por ejemplo, prohibió las manifestaciones públicas y autorizó el uso de la fuerza para dispersarlas. Además, ha silenciado a sus funcionarios a la hora de atestiguar en las audiencias del congreso.

Finalmente, el 24 de febrero, Arroyo declaró el “estado de emergencia nacional”. Esto fue interpretado por la policía y el ejército como una carta blanca para proceder a realizar arrestos sin garantías y a acosar e intimidar a los medios. Si bien el estado de emergencia se levantó muy pronto –y recientemente fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte- las violaciones a los derechos humanos no han parado, por el contrario, se han agudizado.

El pasado fin de semana, cinco líderes de la Unión de las Masas por la Democracia y la Justicia (UMDJ) un grupo identificado con el ex-presidente hoy detenido Joseph Estrada, fueron secuestrados a plena luz del día –no en el campo sino en la capital Manila- y estuvieron desaparecidos durante dos días. Presionado para que contestara si el ejército había arrestado a los líderes de la UMDJ, el secretario ejecutivo Eduardo Ermita negó las acusaciones y repitió enfáticamente la argumentación reiterada del gobierno “Automáticamente se señala a la administración como culpable, esto es injusto”.

Pero apenas dos horas después, un portavoz militar confirmó que los cinco habían sido arrestados y detenidos por agentes de inteligencia. Este portavoz era el mismo que, un día antes, había declarado no tener ningún conocimiento del paradero de los cinco secuestrados. Acusados de ser miembros infiltrados del NEP complotando para asesinar a la presidenta y a varios miembros del gabinete, los detenidos fueron más tarde liberados por “insuficiencia de pruebas”. Estos casos muestran que el estado está conduciendo operaciones tipo comando contra los activistas y pone un manto de duda sobre su reclamo de que no tiene participación en los asesinatos y desapariciones no resueltos.

Pensando en una revolución

En muchos aspectos, la reciente ola de asesinatos es una trágica reiteración de episodios anteriores en la historia de Filipinas. En 1946, los legisladores de izquierda fueron expulsados del Congreso y conducidos a las montañas. Los escuadrones de la muerte acecharon el campo filipino a comienzos de la década del 50 y a fines de los años 80. Las oficinas de los diarios eran rutinariamente clausuradas bajo candado por el gobierno durante los períodos de aplicación de la ley marcial. Las desapariciones auspiciadas por el estado dieron origen a una generación de huérfanos y viudas.

La escalada de la represión que tiene lugar hoy en Filipinas no es una coincidencia, veinte años después del fin de la dictadura y tres de los levantamientos del “poder popular”, la sociedad filipina está extremadamente polarizada.

Si la reciente ola de muertes significa algo, es justamente que la creciente coacción y el abandono de los derechos democráticos auguran un resquebrajamiento del órden político post-1986, cuando se sacó del poder al dictador Marcos y se reinstauró la democracia. Qué reemplazará aquellas esperanzas democráticas, más que nunca en los últimos años, es objeto de una aguda contienda política.

La crisis política disparada por las acusaciones de fraude electoral y corrupción que pesan sobre Arroyo pusieron estas divisiones al descubierto en forma nítida. En un campo están los que quieren salvar y mantener lo que los académicos gustan en llamar la “democracia oligárquica” o “democracia de baja intensidad”, que si bien asegura el voto universal no garantiza la alimentación, ni el empleo ni la vivienda a todos los ciudadanos.

Del otro lado del debate están los que luchan para avanzar más allá de esa democracia limitada y trabajan para cambiar el sistema tanto desde los ámbitos institucionales como desde los no formales, subterráneos. En los últimos meses estas dos tendencias fracasaron en sus intentos por derrocar a Arroyo y ahora están en un impasse.

Pero como denotan la creciente militarización y represión, ha aparecido otro campo que pretende romper el estancamiento. Aquellos que buscan hacer retroceder la democracia y empujar al país a un sistema autoritario, aunque nominalmente democrático están otra vez en ascenso y claramente a la ofensiva.

Para las élites gobernantes y conservadoras, desde 1986, las instituciones formales de la democracia –elecciones libres y justas, libertad de prensa, la protección y promoción de las libertades cívicas- eran en ese momento la forma más efectiva de mantener el control sobre el poder y la riqueza.

Pero en la medida en que la gran mayoría de la población marginada ha venido empleando crecientemente estas instituciones para cuestionar al status quo, algunos sectores de la clase dominante y los militares parecen haber llegado a la conclusión de que la democracia es un arma de doble filo. La democracia de baja intensidad nuevamente está dejando paso a la guerra de baja intensidad en Filipinas, y entre tanto el término “subterráneo”ha vuelto a adoptar su viejo significado.

“No ha cambiado nada” declaró Lorena Paras, una ex-guerrillera del NEP que se rindió al gobierno en 1997 y ahora intenta vivir una vida tranquila al pie de las Montañas Bataan. Y no obstante, para ella, en realidad es muchísimo lo que ha cambiado: el pasado mes de setiembre, fue testigo de cómo hombres con el uniforme del ejército se llevaban a rastras a su esposo, otro ex guerrillero del NEP.

Su nombre se agregó a la nueva lista de desaparecidos, y el de ella, muy probablemente al de nuevas viudas. Dice Lorena que hoy sus pensamientos cada vez más se vuelven hacia la revolución que hace tan poco dejó atrás.

* Herbert Docena integra Focus on the Global South, una organización de investigación y activismo.

Notas
1. Philippine Daily Inquirer, 15 de mayo, 2006
2. Associated Press, 30 de mayo, 2006
3. Philippine Daily Inquirer, 28 de octubre, 2005
4. Philippine Daily Inquirer, 2 de junio, 2005
5. Newsbreak, 29 de abril, 2006
6. Zachary Abuza, "Balik-Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf",
monografía de Strategic Studies, septiembre 2005
7. Newsbreak website, May 31, 2006
8. Reuters, 18 de mayo, 2005
9. Philippine Daily Inquirer, 21 de mayo, 2004
10. Philippine Star, 9 de mayo, 2006
11. Philippine Daily Inquirer, 26 de mayo, 2006
12. Philippine Daily Inquirer, 25 de mayo, 2006
13. Philippine Daily Inquirer, 16 de mayo, 2006




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DESPUÉS DE THAKSIN: EL ESTADO DE LOS EJECUTIVOS EMPRESARIALES, NACIONALISMO E IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE

Hidayat Greenfield*

Después de meses de protestas callejeras, el primer ministro guardián de Tailandia, Thaksin Shinawatra fue obligado a una retirada táctica, dejando momentáneamente su cargo sin renunciar al poder. Aunque se trató solamente de una victoria parcial de los movimientos anti-Thaksin y pro democracia, marcó efectivamente el primer paso del desmantelamiento del régimen de Thaksin –un régimen que ha reacomodado sustancialmente el poder del estado e institucionalizado el “estado de los ejecutivos empresariales”. Sin embargo, la democratización del estado no significa simplemente revertir los cambios impuestos por el gobierno autoritario de Thaksin en los últimos cinco largos años. Cualquier movimiento hacia una genuina democratización está condicionado a hacerle frente a un desafío aún mayor: romper con cinco décadas de dominio imperial indirecto de los Estados Unidos.

Las raíces nacionalistas del régimen de Taksin

En un tiempo de debate sobre la futura dirección política de Tailandia y las estrategias de los movimientos sociales en la democratización del estado, es importante recordar que el régimen de Thaksin tiene sus raíces en el nacionalismo populista que ganó el país después de la crisis asiática de 1997-98. El Partido Thai Rak Thai (los Tailandeses aman a los Tailandeses) utilizó este nacionalismo, en particular el populismo anti-FMI para garantizar su victoria electoral en 2001 e instalar a Thaksin como Primer Ministro. La verdad es que en medio de la retórica nacionalista respecto de la “colonización” de Tailandia., los continuos ataques de Thaksin al FMI reforzaron su popularidad y consolidaron el apoyo de grandes segmentos de la izquierda tailandesa. En un programa televisivo emitido el 31 de julio de 2003 en el cual se dirigió a la población, Thaksin anunció que se había pagado la última cuota de la deuda de Tailandia con el FMI –una deuda originada durante la crisis económica asiática. Al describir los daños que habían causado a Tailandia las políticas del FMI impuestas a través de la condicionalidad de los préstamos, Thaksin felicitó a los ciudadanos tailandeses por esa “victoria” del pueblo y declaró “Nunca volveremos atrás a los días del FMI mientras yo esté en el cargo”. Esta postura nacionalista ilustra precisamente el sentimiento anti-FMI que impulsó la izquierda y utilizó la derecha para llevar al poder al partido de Thaksin, el Thai Rak Thai, dos años antes.

Uno de los aspectos más importantes del ascenso del Partido Thai Rak Thai al poder en 2001, fue su capacidad para incluir en sus filas a prominentes figuras de las ONG y los movimientos sociales, así como a ex-cuadros del Partido Comunista de Tailandia (PCT). El nacionalismo vuelve a jugar un papel central para explicar cómo ex-cuadros del PCT pudieron terminar uniéndose a un partido político liderado por Thaksin, uno de los capitalistas más ricos del país. Como observara Ji Giles Ungpakorn:

“Por un lado, la vasta mayoría de ex-simpatizantes del PCT creyeron firmemente que el socialismo había muerto junto con la Guerra Fría y por eso lograron dejar atrás sus creencias. Por otra parte, los que todavía creían en alguna forma de sociedad socialista se sintieron simplemente tan cómodos trabajando junto a un partido dirigido por un empresario nacionalista como los que ya no creían en el socialismo. La explicación es que la política estalinista del PCT siempre enfatizó la importancia del nacionalismo y las alianzas de clase con los “capitalistas progresistas” por sobre la lucha de clases, especialmente durante lo que el PCT llamaba la “etapa nacional” de la revolución tailandesa”. (2)

En última instancia estas alianzas políticas amplias permitieron al Thai Rak Thai canalizar el sentimiento nacionalista a favor de un proyecto político de amplio alcance, que apuntó a la reorganización radical del estado para servir mejor a los intereses de los “capitalistas progresistas”. En el marco de este proceso, el nacionalismo de izquierda colaboró con la clase dominante para canalizar el descontento a través de un populismo anti-FMI, y de esta forma disminuir la posibilidad de que el propio sistema capitalista Tailandés fuera cuestionado. Ésa es precisamente la lógica que subyace al discurso anti-FMI de Thaksin de 2003, cuando explícitamente declaró la inseparabilidad del capitalismo y el nacionalismo “He dicho en muchas ocasiones que en los sistemas capitalistas y democráticos existe un elemento común entre los países capitalistas exitosos, es el sentido de nacionalismo”. (3)

Amnesias nacionalistas

En las postrimerías de la crisis financiera asiática, hubo una percepción generalizada de que el gobierno de Chuan Leekpai se había vendido al FMI, dejando el camino preparado para la “colonización” del país. Esta visión fue epitomizada por Tienchai Wongchaisuwan (escribiendo bajo el seudónimo de Yuk Si-ariya), que argumentó que el ex Primer Ministro Chuan Leekpai ayudó a ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la década de 1990 al buscar el apoyo del gobierno de ese país y declarar su lealtad al FMI. (4) La hipótesis subyacente era que antes de la crisis asiática el capitalismo tailandés, operando dentro de la esfera del capitalismo regional asiático, se desarrollaba fuera de la órbita del imperio estadounidense, y que sólo fue objeto de un realineamiento imperial por parte del estado estadounidense a través del FMI, al que EE.UU. utilizó para imponer la reestructura neoliberal y la liberalización de la economía. Esta línea de pensamiento no toma en cuenta el proceso por el cual los capitalistas en Tailandia renegociaron, domesticaron y desplegaron la ideología neo-liberal como parte de su propia estrategia de clase dirigida a la militancia de la clase trabajadora. En realidad, la estrategia de clase del capital nacional fue precisamente utilizar al neoliberalismo para socavar el poder de la clase trabajadora, y a la vez utilizar el nacionalismo populista para movilizar el descontento de la clase trabajadora contra el FMI.

Como tantos otros mitos nacionalistas existe una amnesia histórica penetrante que filtra la visión de que la subordinación de Tailandia a los intereses estadounidenses solamente ocurrió después de la intervención del FMI al inicio de la crisis económica asiática. Mucho antes de que el Primer Ministro Chuan Leekpai fuera a rogarle con su sombrerito en la mano a los Estados Unidos, el régimen militar del dictador Field Marshall Sarit Thanarat, que tomó el poder en el golpe de estado de 1958, reconstituyó el estado tailandés como parte de su integración al imperio americano. Al jugar un rol directo en el proceso de “construcción de la nación”, Estados Unidos se involucró en la creación de las principales agencias del estado, como la Oficina de Presupuesto de Tailandia, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Directorio de Desarrollo Económico Nacional, el Directorio de Inversiones. (5) Esto facilitó un flujo de capitales estadounidense que posteriormente se vio reforzado por el papel de Tailandia como base económica y militar estratégica para la agresión imperialista de Estados Unidos contra Vietnam. De esta forma, mientras algunos historiadores interpretan el proyecto político de Sarit como un proceso para hacer al estado más “tailandés” (6), una interpretación más exacta sería que el golpe de Sarit “alineó los intereses estratégicos estadounidenses, los objetivos dictatoriales del ejército tailandés, y las ambiciones comerciales del capital nacional”. (7) El apoyo militar y económico a la dictadura de Sarit y el rol directo de las agencias estadounidenses en la reorganización del estado tailandés marcaron el desarrollo de una fase temprana del alineamiento imperial. (8)

Este alineamiento imperial temprano también se puede apreciar en el rol del estado tailandés en la Conferencia Asia-África de 1955 en Bandung. El Ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Wan Waithayakon, no sólo usó la Conferencia para condenar la amenaza que representaba la infiltración y subversión comunista y para dejar claro su apoyo al uso de la agresión militar contra Vietnam del Norte, también transmitió los “saludos” del Presidente Eisenhower a la Conferencia de Bandung –un mensaje que fue interpretado como un consentimiento mesurado y una velada amenaza. (9) Contrariamente entonces al mito de que la Conferencia de Bandung fue un ámbito de expresión del anti-imperialismo del Tercer Mundo, los estados nación como Tailandia operaron dentro de la red imperial informal de los Estados Unidos, y durante los siguientes 50 años jugaron un rol crucial para reforzar y ampliar el alcance imperial estadounidense –un rol que todavía siguen cumpliendo.

El tercer texano

Una semana después de su discurso anti-FMI, Thaksin permitió a la CIA arrestar a un nacional indonés, Riduan Isamuddin (Hambali) en Tailandia por sospecha de actividades terroristas ligadas a Jemaah Islamiah (JI). Hambali ya estaba bajo custodia estadounidense fuera de Tailandia cuando Bush anunció su arresto y la recompensa de US$10 millones, y solamente después de esto Thaksin hizo su propio anuncio al público Tailandés –un acto que llevó a los grupos de derechos humanos a acusar a Thaksin de transformar al país en una “colonia estadounidense”. La recompensa real llegó en octubre durante la cumbre de APEC, cuando Bush elogió a Thaksin por su “buen trabajo” en la captura de Hambali y anunció que Tailandia se beneficiaría con el “estatus de aliado principal extra OTAN” –que incluye acceso a municiones antitanques con uranio empobrecido y garantías del gobierno estadounidense para préstamos de bancos privados que financian la exportación de armamento. (10) Este nexo entre el libre comercio y el terror ejercido por el estado, se comprueba más fehacientemente en el compromiso de terminar de dar forma al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Tailandia, como el segundo premio por el papel de Tailandia en el ejercicio del poder imperial por parte de Estados Unidos. La verdad es que el discurso de Thaksin en el Consejo de Negocios Estados Unidos-Asean en Washington en diciembre de 2001, resume adecuadamente el papel de Tailandia en el imperio informal: “En toda la era colonial, las guerras globales del siglo XX, y los conflictos dentro de Asia, Tailandia y los Estados Unidos han mantenido siempre una estrecha amistad y alianza. Eso no cambiará en los comienzos del siglo XXI”. (11)

La identificación del líder nacionalista populista tailandés con el imperio estadounidense, está simbolizada por la respuesta de Thaksin en la recepción del Premio Humanitario Sam Houston en octubre de 2002, en la Universidad Estatal de Sam Houston en Texas, donde obtuvo su doctorado en derecho penal a fines de la década de 1970. (12) Al referirse al hecho de que James Baker II y el ex Presidente George Bush también fueron galardonados con ese premio en años anteriores, Thaksin declaró que: “Aunque soy el primer asiático en ganar este premio, pueden contar conmigo como el tercer texano, Me considero un texano –al menos en espíritu”. (13)

En muchos aspectos, esta mezcla de comandante de policía entrenado en Texas y ejecutivo empresarial multimillonario transformado en primer ministro, encierra justamente el nexo del poder imperial estadounidense en la región, donde Tailandia es el asistente del alguacil y un sitio internacionalmente integrado de acumulación capitalista. Sin embargo, asegurar la continuidad de este régimen del Tercer Texano exigía mantener la legitimidad política a través de una agenda nacionalista que en algunos momentos pareció desafiar los intereses estadounidenses. Aunque los nacionalistas de izquierda en Tailandia vieron en esto el potencial para cuestionar la hegemonía estadounidense, las críticas al FMI y a la interferencia estadounidense formaron parte de la legitimación política que necesitaba el régimen de Thaksin para imponer sus políticas neo-liberales, que en última instancia favorecieron a los intereses imperiales estadounidenses.(14)

El nacionalismo y el estado de los ejecutivos

Una de las transformaciones neoliberales más importantes en el marco del régimen de Thaksin, fue la creación de un modelo de gobernanza del estilo de director ejecutivo de una empresa como la base para administrar el país. Siguiendo su experiencia como ex director ejecutivo de su propio conglomerado de telecomunicaciones Shin Corporation, Thaksin se promocionó agresivamente a sí mismo no como el primer ministro de un país, sino como el director ejecutivo de Tailandia S.A.. Un elemento crucial de esta reorientación estratégica de las instituciones del estado bajo el modelo de los ejecutivos, es la reconstitución de los gobiernos provinciales con el establecimiento de “ejecutivos” gobernadores en treinta provincias. Esto se consideró, en general, como la consolidación del poder propio de Thaksin al saltearse segmentos claves de la burocracia estatal. Como argumentara Weerayut Chockchaimadon, Tailandia se ha vuelto “solo una empresa más” y como “Thaksin no dirige Shin Corp como una democracia, tampoco dirigirá al país democráticamente”. (15)

Si bien las críticas como las que que expuso Weerayut ponen al descubierto las ambiciones autoritarias de Thaksin y señalan las falencias políticas y éticas del modelo de gobierno de los “ejecutivos”, existe una tendencia a no tomar en cuenta el efecto transformador que produce la “ejecutivización” del estado y los intereses particulares a los que sirve. La ejecutivización del estado es una forma de descentralización flexible que consolida el control central sobre las provincias a través de la armonización del sistema de administración del estado a nivel local. Al mismo tiempo refuerza la competencia de las provincias por las nuevas inyecciones de capital.

Este modelo se basa explícitamente en las estrategias corporativas del conglomerado agroindustrial Chaoren Pokphand (CP) que utiliza la competencia y el comercio intra firma para aumentar la productividad, maximizar las ganancias y mantener un control centralizado flexible. La aplicación de la estructura empresarial de CP al estado, coincide con la relocalización del capital dentro de Tailandia y la “financiación” de la agricultura, intensificando la compulsión de las provincias por competir entre ellas. Como argumentara el economista Pasuk Phongpaichit, un aspecto clave del modelo de ejecutivización promovido por Thaksin es “la ampliación y profundización del alcance de la economía capitalista nacional”. En este contexto, Pasuk cita la propia aseveración de Thaksin de que “El capitalismo necesita capital, sin él no es capitalismo. Nosotros necesitamos impulsar el capital en las zonas rurales”. (16) Para las empresas como CP, esta expansión en las áreas rurales se facilita cuando las autoridades regulatorias del estado usan las mismas estructuras ejecutivas de administración que la empresa, y permiten que ésta pueda implementar su estrategia agro-alimentaria orientada a la exportación. Esto se basa en la visión nacionalista de CP que considera a Tailandia como la “Cocina del mundo” –y que ahora se ha enraizado como una de las principales políticas del estado tailandés.

La predominancia de CP en la Tailandia rural se equipara cada vez más con su presencia urbana como propietaria de la cadena de supermercados Lotus [ed: CP se deshizo del control que tenía del capital de Lotus, pasándolo a Tesco para evitar problemas de flujo de caja después de la crisis financiera] y las tiendas de 24 horas 7-Eleven, y su poder global. Aunque su nombre es relativamente desconocido, CP es el mayor proveedor de alimentos para animales del mundo, y la quinta corporación agro-alimentaria del planeta, operando a través de más de 300 compañías en 20 países. Ubicada en la lista anual de Forbes entre las empresas de miles de millones de dólares, su Director Ejecutivo (CEO) Dhanin Charavanont, ejerce una gran influencia política para garantizar los intereses de la compañía en el exterior. Como inversor clave en alimentos para animales, agroquímicos, procesamiento de alimentos, motociclos, semillas y supermercados, en China, Dhanin mantiene lazos estrechos con la dirigencia política de Beijing (17) También mantiene lazos similares con la familia Bush, que incluyen la contratación del exPresidente Bush como consultor, y la creación de una joint venture con Neil Bush, el hermano de George W. Bush. (18) CP también colaboró con donaciones políticas, tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata, en Estados Unidos, con el objetivo de promover el ingreso de China en la OMC. (19) En el momento de realizarse las elecciones presidenciales estadounidenses en el año 2000, el Vice Presidente Ejecutivo de CP, Sarasin Viraphol fue citado en el People’s Daily de Beijin declarando que los intereses de Tailandia se verían favorecidos en caso de ganar Bush el gobierno, especialmente por su postura sobre el libre comercio y China. (20)

La reorganización del estado a través del modelo de los ejecutivos de CP también es ejemplo de la privatización de las funciones del estado. En su libro “The Asian CEO” Korsak Chairasmisak, Vicepresidente y Presidente del Directorio Ejecutivo de CP y Director Ejecutivo de 7-Eleven, señala que la cadena 7-Eleven de CP fue la principal salida para la distribución al público en Bangkok del proyecto de constitución de 1997. Enfrentado al requisito legal que exigía que el proyecto constitucional estuviera disponible al público en un plazo de 45 días, se decidió que las tiendas 7-Eleven, con dos millones de clientes por día, tenían mayor acceso al público que cualquier agencia estatal. (21) Obviamente que favorecía a los intereses de CP garantizar que la nueva constitución se aprobara sin ningún contratiempo, ya que se trata nada menos que de una “carta de principios de los capitalistas modernos de Tailandia”. (22) Esta relación que se establece con el estado pretende seguir vigente en el tiempo, mientras la ejecutivización del estado acerca aún más a las agencias del gobierno al modelo de gestión y operativo de las Tiendas 7-Eleven. Para Korsak esto forma la base de la futura gobernanza local, nacional y mundial.

“Yo tengo una visión del mundo contemporáneo en la cual éste es liderado por unas 1.000 mega empresas que extienden sus sucursales alrededor del mundo. Estas grandes corporaciones tendrán una gran influencia sobre la política socio-económica de muchos países y también sobre la vida de las personas comunes.” (23)

Al describir el proceso político por el cual hacer realidad su visión, Korsak sugiere que la ejecutivización se relaciona fundamentalmente con un realineamiento y concentración del poder político y económico. Mientras describe a los políticos electos como depositarios de un “significado simbólico”, usando el ejemplo de Japón, Korsak establece que:

“[Todo lo que el Primer Ministro puede hacer es persuadir a los empresarios de su país para que aumenten la inversión. Si se hace o no una inversión y cuánto se invierte, es una decisión que recae en última instancia en el Ejecutivo de la empresa en cuestión. El Ejecutivo es aquel a quien se le ha dado un mandato para “actuar” por la gente de otras sociedades. Al Ejecutivo se le ha confiado el control y la administración de los recursos productivos del mundo, tales como la mano de obra, el capital y la tecnología. El Ejecutivo como consecuencia, llega a tener un enorme poder para dirigir las tendencias de nuestro mundo”. (24)

Los límites del nacionalismo

Al igual que sucede con la globalización, el proyecto político neoliberal de transformación del poder del estado a través de la ejecutivización es descrito en el discurso de la clase dominante como una “tendencia” –tanto inevitable como irreversible. Y como en el caso de la globalización, esta tendencia ha sido resistida a través de los movimientos populares organizados y las protestas de masas. Pero estos movimientos también enfrentan una limitación inherente y debilitante cuando el nacionalismo se convierte en el punto de referencia fundamental de la resistencia. Aunque el nacionalismo resulta lógico desde el punto de vista de crear conciencia popular, tiende a oscurecer más que a revelar lo que realmente sucede en el mundo en que vivimos, al institucionalizar amnesias históricas, justificar las alianzas con los capitalistas nacionales, y actuar en última instancia como medio para movilizar la resistencia popular, en formas que más que confrontar al capitalismo y al poder imperial de Estados Unidos lo refuerzan.

Lo más relevante de esto para los movimientos anti-globalización radica en el hecho de que el capitalismo se apropia de la defensa de lo “local” como medio de legitimarse. Esto está epitomizado por la llamada solidaria de Korsak Chairasmisak, el ejecutivo de CP y de 7-Eleven citado anteriormente, a la familia de tenderos tailandesa para que se conviertan en dueños de una tienda de 24 horas de 7-Eleven como forma de resistir las presiones de las corporaciones transnacionales. “Los apoyaremos para que sean tan fuertes como para resistir la competencia de las corporaciones multinacionales extranjeras que han comenzado a poner sus ojos en el negocio minorista de Tailandia”. (25) El hecho que 7-Eleven (con oficinas centrales en Texas con 26.000 tiendas en 18 países) sea ella misma una corporación multinacional queda oculto, en tanto la empresa se reinventa como una compañía local que desafía los intereses de las multinacionales extranjeras. Esto es una muestra de los desafíos que presentan las estrategias de localización del capital internacional. La existencia de este problema sirve también como llamado de atención para los activistas que defienden las alternativas locales a la globalización, que deben tener en cuenta que las estrategias de “localización” deben basarse en un análisis de clase más coherente. En ausencia de un análisis de clase, y con la persistencia de la falsa dicotomía de capital “extranjero versus nacional”, la defensa radical de lo local implica el riesgo de incorporar las estrategias de localización capitalistas –estrategias de clase que fragmentarán o desmovilizarán la resistencia popular.

12 de junio de 2006

* Hidayat Greenfield es activista e investigador laboral y organizador de sindicatos en el Este y el Sudeste de Asia, y es editor corresponsable de The Socialist Register.

Este artículo se basa en un ensayo más largo publicado en un volumen editado, The Empire Reloaded: "Bandung redux: Imperialism and Anti-Globalization Nationalisms in Southeast Asia", en Leo Panitch and Colin Leys (eds), The Empire Reloaded, The Socialist Register 2005. Londres: Merlin Press/Nueva York: Monthly Review Press, 2004, pp.166-196. Por mayor información visite el sitio:http://socialistregister.com

Notas

1. "Repayment of the Final Installment of Thailand's Debt under the IMF Programme", discurso de Thaksin Shinawatra, Primer Ministro de Tailandia, Casa de Gobierno, Bangkok, 31 de julio 2003.
2. Ji Giles Ungpakorn, "A Marxist history of political change in Thailand", in Ji Giles Ungpakorn, ed., Radicalizing Thailand: New Political Perspectives, Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 200
3, pp.32-33.
3. "Repayment of the Final Installment of Thailand's Debt under the IMF Programme", discurso de Thaksin Shinawatra, Primer Ministro de Tailandia, Casa de Gobierno, Bangkok, 31 de julio de 2003.
4. Yuk Si-Ariya, "American imperialism and the war to usurp hegemony" en Phitthaya Wongkun, ed., Wikrit Asia (Asian Crisis), Segunda Edición, Bangkok, Amarin Publishing/Witthithat Project, 1999, pp.49-51.
5. Peter F. Bell, "Thailand's economic crisis: A new cycle of struggle," en Ji Giles Ungpakorn, ed., Radicalizing Thailand: New Political Perspectives, Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 2003,
pp.55-57.
6. Thak Chaleomtiarana, Thailand: The Politics of Despotic Paternalism, Bangkok: Social Science Association of Thailand, 1979, pp.140-141
7. Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Thailand: Economy and Politics, Segunda Edición, Bangkok, Oxford University Press, p,131.
8. La lealtad de Sarit al imperio estadounidense fue satirizada por Khamsing Srinawk en "The Peasant and the White Man", donde un Hombre Blanco (White Man) se lleva el perro de un campesino –el viejo Somrit (Bronce)- y le promete al campesino entrenar a Somrit para que sea un obediente perro de guardia. Se trata de una parodia del retorno de Sarit del hospital Walter Reed en Estados Unidos. En la historia, el perro vuelve completamente ajeno al campesino, y se niega a comer comida simple. El campesino debe vestirse con sus mejores ropas y alimentar al perro con la mejor comida, pero Somrit, olvidándose de quien lo crió, se vuelve contra su dueño y lo muerde. Kamsing Srinawk, "The Peasant and the White Man", en The Politician and Other Stories, Tercera edición, Bangkok: Silkworm Books, 2001, pp. 70-80.
9. Discursos de las delegaciónes - Tailandia, Centre for the Study of Asian-African and Developing Studies, Colección de Documentos de la Conferencia Asia – África, 18-24 Abril, 1955, Jakarta: Agency for Research and Development, The Department of Foreign Affairs, 1983, p.111; "Eisenhower sends US greetings", Indonesian Observer, 20 de abril, 1955.
10. El régimen de Thaksin siguió en su escalada en la “Guerra del Terror” liderada por Estados Unidos, masacrando a 108 musulmanes en el sur de la ciudad de Pattani el 28 de abril de 2004, incluyendo la ejecución de 32 personas que habían buscado refugio en una mezquita de 400 años de antigüedad.
11. Citado en The Nation (Bangkok), 28 de febrero 2004. Esta cita fue usada en un artículo referente a la airada respuesta de Thaksin frente al informe sobre violaciones de los derechos humanos en Tailandia del Departamento de Estado estadounidense. En su respuesta, Thaksin sostiene que estas críticas transformaban a Estados Unidos en un “amigo inútil”.
12. No mucho después de recibir este premio por sus “notables contribuciones a la humanidad “ y al “empoderamiento de otros en pos de la igualdad entre los seres humanos”, Thaksin autorizó una guerra contra las drogas “ que le dio legitimidad a la violencia policial y tuvo por consecuencia 2.500 asesinados en unos pocos meses.
13. Thaksin fue el cuarto después del Secretario de Estado James Baker III en 1993, el ex-presidente polaco Lech Walesa en 1996 y el ex - presidente George Bush en 1998. Citado en Michael Graczyk, "Thai prime minister gets Texas university's highest award", The Associated Press, 23 de octubre 2002.
14. Como han argumentado Leo Panitch y Sam Gindin, el poder hegemónico del imperio estadounidense no necesariamente involucra “una transferencia de lealtad popular directa al estado “Americano” en sí mismo”. En efecto, “el mayor peligro es que los estados dentro de su órbita se vuelvan ilegítimos en función de su articulación con el imperio”. Leo Panitch and Sam Gindin, "Global Capitalism and American Empire", en Leo Panitch y Colin Leys, eds, The New Imperial Challenge, The Socialist Register 2004, Londres, Merlin Press,pp.32-33. Disponible en línea en: http://socialistregister.com
15. Weerayut Chokchaimadon, "Thailand faces prosperity and contradictions" (Tailandia enfrenta prosperidad y contradicciones), The Nation, 25 de setiembre de 2003.
16. Pasuk Phongpaichit, "A country is a company, a PM is a CEO", Seminario sobre “¿Hombre de estado o gerente? Imagen y realidad del liderazgo en el Sudeste Asiático, Centre for Political Economy, Chulalongkorn University, Bangkok, 2 de abril de 2004.
17. La licencia de inversión de CP en China es la Número 0001, indicando claramente su rápido ingreso a China bajo el nombre de Chia Tai. En abril de 2003, 21 trabajadores de una planta de procesamiento de productos avícolas de Chia Tai en la Provincia de Shandong murieron en un incendio que dejó al descubierto el régimen de trabajo brutal que impone CP en sus fábricas en China. Los trabajadores recibieron órdenes de mantenerse en sus puestos durante el incendio y fueron varios los que murieron más aterrorizados del castigo que podrían recibir de los gerentes de la empresa que del propio fuego. Ver "Twenty-one lives lost in 5 April blaze at the Qingdao Zhengda food factory" (Veintiún victimas mortales en el incendio del 5 de abril en la fábrica de alimento de Qindgao Zhengda), China Labour Bulletin, 12 de abril de 2003.
18. Dan E. Moldea y David Corn, "Influence Peddling, Bush Style" (Tráfico de influencias, el estilo de Bush), The Nation, 23 de octubre de 2000. Como se puede apreciar en una serie de informes de prensa (y avisos de página completa de la subsidiaria de telecomunicaciones de CP) en los medios tailandeses, la visita del ex presidente Bush a Tailandia, invitado por CP, en enero de 1994 después de su visita a China, generó el contexto para que surgieran llamados a una posición más conciliadora respecto de China y favorecer su ingreso a la OMC.
19. "10 Years After the Kader Factory Fire: Thailand's CP Group and Corporate Responsibility" (10 años después del incendio de la fábrica Kater: el Grupo CP de Tailandia y la responsabilidad corporativa), Asian Food Worker, Mayo-Junio 2003, pp.1;6; "CP and rights" (CP y derechos), The Nation (Bangkok), 15 de mayo de 2003.
20. "Thailand Benefits From Bush's Policies if He Wins in Election" (Tailandia se beneficia de las políticas de Bush si éste gana las elecciones), The People's Daily (Beijing), 10 de noviembre de 2000. Estos intereses hoy están articulados a través de la jefatura del Embajador Ejecutivo con sede en Washington que responde directamente a Thaksin como Ejecutivo del país.
21. Korsak Chairasmisak, The Asian CEO in Action, Bangkok: Post Books/DMG Books, 2003, p.140.
22. Ji Giles Ungpakorn, "A Marxist history of political change in Thailand", in Ji Giles Ungpakorn, ed., Radicalizing Thailand: New Political Perspectives, Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 2003, p.17.
23. Korsak Chairasmisak, The Asian CEO in Action, Bangkok: Post Books/DMG Books, 2003, p.131.
24. Korsak Chairasmisak, The Asian CEO in Action, Bangkok: Post Books/DMG Books, 2003, pp.43-44.
25. Korsak Chairasmisak, The Asian CEO in Action, Bangkok, Post Books/DMG Books, 2003, p.146.