El pasado viernes 28 de noviembre se desarrolló en Montevideo el seminario “Acuífero Guaraní: los desafíos para garantizar el derecho humano al agua y la sustentabilidad en el Cono Sur”, organizado por la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Red VIDA y el Parlamento del MERCOSUR:

El Acuífero Guaraní es la mayor reserva de agua dulce subterránea transfronteriza en el mundo. Está localizado en la región centro-este de América del Sur y ocupa un área de 1,2 millones de km², extendiéndose por Brasil (840.000 Km²), Paraguay (58.500 Km²), Uruguay (58.500 Km²) y Argentina (255.000 Km²). A pesar de su importancia está siendo utilizado casi sin ninguna orientación estratégica por parte de los gobiernos que constituyen el Mercosur. La legislación nacional y provincial es dispar y pocas de ellas consideran el agua como derecho humano. A esto se suma la poca transparencia y la falta de participación de la ciudadanía en los proyectos desarrollados en torno al mismo.

Sin embargo en 2004 la Comisión Parlamentaria del Mercosur que en Foz do Iguaçú declaró que el uso de las reservas del Acuífero Guaraní debía ser realizado teniendo como principio la soberanía territorial de cada país sobre sus recursos naturales. En el mismo documento se destacaba la necesidad de adoptar políticas de protección ambiental, incluyendo todos los aspectos más críticos de su conservación, principalmente en las áreas de recarga y la de acrecentar el papel de las organizaciones y movimientos sociales en la discusión, aprobación, fiscalización y control de políticas relativas al Acuífero.

Si el Acuífero es de hecho una fuente de riqueza futura y espacio estratégico para los países que sobre él se asientan, es necesario que se construya conocimiento con los que deberán ser los futuros usufructuarios de esta riqueza que son los pueblos y naciones. Para esto el lugar de los debates con la sociedad civil organizada, acerca de cómo garantizar el equlibrio en el uso y la preservación del acuífero para la región, es el Parlamento del Mercosur, donde los parlamentarios representan los intereses regionales.

Es para contribuir a este debate que la Red de Vigilancia Interamericana por el Derecho al Agua (REDVIDA), la Iniciativa Mercosur, Grupo de Trabajo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), y el parlamento del MERCOSUR promovieron esta actividad, que incluyó exposiciones sobre  las características biofísicas del Acuífero Guaraní y de los procesos productivos y sociales de los territorios, así como aspectos de las legislaciones vigentes que tienen impacto en su gestión y se analizarán  los desafíos actuales para garantizar su uso y preservación.

En la oportunidad participaron legisladores de los países miembro del MERCOSUR, así como representantes de organizaciones y movimientos sociales, como la Red Brasileña de Integración de los Pueblos y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el presidente del Parlasur, Diputado Rosinha, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y varios legisladores del Parlasur.

Romper las fronteras que hacen a las diversas disciplinas académicas en el marco de una Universidad que a priori aparece como severamente formateada en ese sentido es ya un desafío. Pero en la Universidad de la República Oriental del Uruguay (UdelaR), un equipo multidisciplinario busca, además de lo anterior, interactuar con grupos de operarios, campesinos o trabajadores que en cualquier rubro tengan intención de asociarse y replantear su relación laboral para enseñar… aprendiendo.

Este esfuerzo se denomina “Incubadora de Cooperativas” y es en rigor un programa dentro de la Unidad de Estudios Cooperativos que se lleva adelante en el Servicio de Extensión de la UdelaR. Articulado en 4 áreas –Juridica, Económica, Productivo-tecnológica y Social o “relacional”, el programa congrega a ingenieros, psicólogos, comunicadores, juristas, médicos, educadores y un largo etcétera.Precisamente un equipo de dicha “Incubadora” es el encargado de llevar adelante el proceso de capacitación que cimenta el Centro de Formación Popular de Bella Unión, ciudad norteña uruguaya, cuyos destinatarios son asalariados rurales, mayoritariamente de la caña de azúcar o del ingenio sucro-alcoholero.

Uno de sus integrantes, Gerardo Sarachu explicó a Radio Mundo Real las características de su labor tendiente a analizar la viabilidad económica y social de emprendimientos asociativos, definiéndolo como un “intercambio de saberes entre el grupo universitario y los trabajadores asociados”. Según Sarachu el primer peldaño es lograr un “acuerdo de trabajo” entre el colectivo obrero y el universitario, el cual a posteriori “se incuba” iniciando procesos de “capacitación, mejora continua y actividades que tienen que ver con el acompañamiento grupal”, entre otras varias.

Es que en su inmensa mayoría la idea de crear una cooperativa surge de trabajadores en paro y, por lo general “en condiciones de ultra precariedad”. Es así que la viabilidad de una proto-cooperativa no puede según Sarachu “establecerse desde fuera sino desde dentro, generando las condiciones, construyendo esa viabilidad, en determinados plazos, que están contemplados en ese acuerdo de trabajo”.

En diálogo con Radio Mundo Real Sarachu insistió: “No se trata de un asesoramiento tradicional al estilo de una consultoría sino que tenemos la vocación de generar procesos enseñanza-aprendizaje”.

Nota publicada en Radio Mundo Real. La puede leer y escuchar en:

http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/26697

Este 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo en Montevideo, capital de Uruguay, el V Foro Regional de Energías Renovables. Este evento, realizado por organizaciones sociales uruguayas y argentinas -entre las que se encuentran REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, CEUTA, CLAES y Cono Sur Sustentable- tuvo como eje principal el debate sobre propuestas referentes a “una matriz energética sustentable para el Cono Sur”.

En el marco del Foro, Radio Mundo Real dialogó con uno de sus conferencistas, Oscar Ferreño, quien es actualmente el Gerente de Generación de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas de Uruguay (UTE). Ferreño tiene amplia experiencia en lo referido a la generación de energía hidroeléctrica, e hizo hincapié durante su exposición en las potencialidades de la energía eólica en el medio uruguayo.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 25 de noviembre. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/26679

En la declaración final del seminario internacional sobre agrocombustibles que los reunió del 17 al 19 de noviembre en San Pablo, los activistas sociales aseguraron que el impulso a los agrocombustibles “representa un obstáculo al necesario cambio estructural del sistema de producción y consumo, de agricultura y de matriz energética, que responda efectivamente a los desafíos del cambio climático”. Entre los firmantes del documento está Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, red de la cual forma parte REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.

Los participantes del encuentro reivindicaron la soberanía alimentaria y la soberanía energética como principales banderas de lucha contra la crisis climática y alimentaria de la actualidad.

Es justamente con la finalidad de debatir propuestas acerca de una matriz energética sustentable para el Cono Sur que organizaciones sociales de Uruguay y Argentina convocan al V Foro Regional de Energías Renovables, que se realizará este lunes 24 y martes 25 de noviembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo (entrada por Colonia 1206).

Este V Foro Regional de Energías Renovables es la continuación de un proceso iniciado en 2004 y que tiene como objetivo principal el debate de ideas y propuestas sobre estas alternativas y el uso eficiente de la energía en la región. Las políticas energéticas deberían considerar no sólo la producción de energía, sino también que esa generación sea parte de una matriz a la vez soberana y sustentable.

Este concepto de sustentabilidad implica que la producción que se haga de energía hoy integre criterios de justicia social y ambiental. Asimismo, permite evaluar formas de generación de energías apropiadas para la satisfacción de las diversas necesidades de la población.

Son muchas las formas de energía que existen, desde la hidroeléctrica, la solar y la eólica, pasando por la de los agrocombustibles y hasta la energía nuclear. Sin embargo, no todos estos tipos de energía permiten un desarrollo soberano y sustentable; algunas de ellas suponen costos para el medio ambiente, dependencia de otros países y riesgos como el de la pérdida de la soberanía alimentaria.

Estos foros regionales de energías renovables tuvieron lugar en 2004 en Buenos Aires -como paso previo a la Conferencia de Energías Renovables de Bonn-, en 2005 en Montevideo, en 2006 nuevamente en la capital argentina y el año pasado volvió a nuestra principal ciudad, cuando tuvo como eje central del debate a la energía solar térmica. La edición de 2008 vuelve a ser entonces en Montevideo. En todos los casos la coordinación y realización ha estado a cargo de organizaciones sociales uruguayas y argentinas, con el apoyo de las secretarías y direcciones de Energía y Ambiente de ambas márgenes del Plata.

En este V Foro, que tendrá lugar en el anfiteatro del Ministerio de Relaciones Exteriores, participarán técnicos y autoridades de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Organizan: Programa Uruguay Sustentable, CEUTA, CLAES, Programa Cono Sur Sustentable, REDES - Amigos de la Tierra de Uruguay.

Auspician: Fundación Heinrich Böell, Fundación Mott, UNESCO.

Apoyan: Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay.

Por más información:

CEUTA
Gerardo Honty
099 967 436

REDES - Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
099 259 822
agua@redes.org.uy

El próximo miércoles 19 de noviembre, en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, abogados extranjeros abordarán la vinculación entre los derechos humanos, el poder económico de las empresas y los recursos y deberes de los Estados para actuar a favor de los derechos de las personas. El seminario cerrará en la tarde con una conferencia. Ambas actividades son abiertas a todo público.¿Cómo hacer para que el marco de los derechos humanos prevalezca ante tratados de comercio o inversión? ¿Qué instrumentos legales son necesarios, cuáles existen y cuáles podemos construir?

Los estados nacionales tienen el deber de proteger nuestros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, pero ello muchas veces se torna dificultoso. Existen limitaciones en la legislación nacional y un marco de derecho internacional que ampara a las empresas, a las instituciones internacionales que las financian y a sus estados de origen.

Mientras la legislación relativa a los derechos humanos se inserta principalmente en el contexto de los Estados y se rige por el sistema de derecho internacional público, el derecho económico protege los intereses económicos empresariales más allá de la jurisdicción de cada Estado. En este sentido los intereses económicos globalizados han conseguido adaptar el marco jurídico internacional a sus necesidades, sin contemplación alguna por los derechos humanos.

Para discutir en qué sentido debe avanzar la jurisdicción sobre los derechos humanos en el contexto de la globalización económica es que se realiza el seminario “Relaciones económicas & derechos humanos. Estado, comercio, y empresas: ¿juego de roles en el escenario global?”, entre las 9 y las 12:30 del día 19. La jornada se cerrará a las 18:00 horas con la conferencia “Testimonios: empresas en acción ¿derechos en cuestión?”.

Organizan:

Amnistía Internacional Uruguay

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Capítulo Uruguay

Apoya:

Amigos de la Tierra Internacional

Por más información:

Ivahanna Larrosa

Amnistía Internacional Uruguay

099 194 573
Mariana Viera Cherro

REDES - Amigos de la Tierra Uruguay

099 089 148

El presidente uruguayo Tabaré Vázquez vetó el jueves la despenalización del aborto incluida en la Ley de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que el Legislativo nacional había terminado de aprobar el martes. El mandatario no hizo más que cumplir con su promesa de años, y su compromiso con la Iglesia Católica, de que no dudaría en vetar una ley de este tipo, impulsada desde diversos sectores sociales, si era aprobada por el Parlamento.

Vázquez necesitaba la firma de al menos un ministro de su gabinete para concretar el veto por razones “biológicas” y “filosóficas”. La camioneta enviada desde Presidencia recorrió los diversos despachos en la capital del país, Montevideo, y sólo encontró la firma en el edificio del Ministerio de Salud Pública, que conduce María Julia Muñoz.La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) estima que cada 20 minutos una mujer recurre al circuito clandestino para realizarse un aborto, lo cual pone en grave riesgo la salud de las mujeres y en muchos casos termina con sus vidas.

Las organizaciones sociales promotoras de la despenalización del aborto en el país están convocando a una manifestación para este viernes en la Plaza Libertad, en el centro montevideano, en contra del veto presidencial.

Varias horas antes de la resolución del mandatario uruguayo y del apoyo de la ministra de Salud, la organización ambientalista REDES – Amigos de la Tierra Uruguay había hecho llegar una carta abierta a Vázquez en la que le pedía que respetara la decisión legislativa, que tiene además el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, según las encuestas publicadas.

“A través de la presente queremos felicitarnos los uruguayos y las uruguayas, y a usted especialmente como nuestro presidente, por la vitalidad que la democracia de nuestro país ha demostrado en el proceso conducente a la aprobación de la Ley de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva por parte del Poder Legislativo”, empezaba diciendo la misiva. “Debe ser un orgullo que esta Ley, que avanza sobre la democracia con equidad de género, se apruebe en el primer gobierno de izquierda en Uruguay”, agrega la misma.

Los ambientalistas aseguraron que confiaban “en que este proceso democrático será refrendado por su accionar, respetando la separación de los poderes del Estado -tan cara para nuestros y nuestras compatriotas- y la voluntad popular de la ciudadanía uruguaya de que la Ley sea un hecho, expresada en todas las encuestas con un apoyo de más del 60%”.

REDES manifestó asimismo que la ilegalización del aborto no conduce a una disminución de esta práctica, sino a abortos clandestinos que a su vez conllevan la muerte de muchas mujeres, especialmente las más pobres económicamente. Uruguay ocupa uno de los primeros lugares en muertes de mujeres gestantes por complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones de riesgo.

“La realización de un aborto, instancia nunca grata, produce además culpas en las mujeres. Estos efectos psíquicos, que también hacen a la salud de este segmento de la población, no son necesariamente consecuencia del aborto, sino de su realización en un marco de clandestinidad. Las políticas públicas producen subjetividades; si estas subjetividades están teñidas de culpa se cuestiona la realización de una democracia plena, que debe ampliar las posibilidades de realización de las personas”, dijo la organización ambientalista.

Explicó además que la ley es una herramienta esencial para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía desde la educación, como plataforma para su pleno ejercicio de manera responsable. “En el caso particular de los derechos sexuales y reproductivos, esto se hace imprescindible para una democracia con equidad de género, bandera electoral, entre otras, del Frente Amplio (sector político al que pertenece Vázquez), ya que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos afectan fundamentalmente a las mujeres y sus cuerpos”, expresó la carta.

Finalmente, REDES – Amigos de la Tierra Uruguay confió en que Vázquez “honraría su investidura” y se “haría eco” de la frase expresada en 1813 por el ahora héroe de la Patria, José Gervasio Artigas: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.

Nota publicada en Radio Mundo Real. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/26631

La creciente conciencia a nivel social que existe en Uruguay acerca de los perjuicios –económicos, ambientales, sanitarios, de soberanía alimentaria– de lo que aparece como una imparable expansión del monocultivo sojero, ha motivado algunas decisiones oficiales que buscan, aunque tímidamente, reaccionar legalmente en la preservación de los recursos humanos y naturales. Sin embargo, la timidez puede encerrar una nueva versión del principio gattopardista de “cambiar algo para que todo siga como está”, de acuerdo con opiniones de expertos legales en esta materia.Con algo más de 8.000 explotaciones rurales de carácter básicamente familiar o de autoconsumo, el departamento uruguayo de Canelones es el principal pulmón en cuanto a producción alimentaria horti-frutícola del país. Sin embargo, su proximidad al puerto de Montevideo y los altos precios alcanzados por la oleaginosa, en especial antes de la bancarrota financiera estadounidense, así como la multitud de viejos predios productivos hoy en estado de abandono, estimularon la instalación de cultivos sojeros con su consiguiente paquete tecnológico pródigo en agrotóxicos.

Varias zonas del departamento, pues, presenciaron probablemente desde 2006 el avance sojero, principalmente a cargo de empresas de agronegocios o pooles de siembra, contratadas por fondos de inversión o bien por grandes consumidores de soja, como por ejemplo, avícolas o plantas de biodiesel de distinta escala; de esta manera, buena parte del territorio conocido como “canario” (dado que desde las Islas Canarias provienen sus principales flujos migratorios poblacionales) integra el medio millón de hectáreas que ocupa la soja en Uruguay.

Y las consecuencias no se hicieron esperar. En 2007 la empresa Agronegocios del Plata no dudó en aplicar por vía aérea el herbicida glifosato sobre una escuela pública rural de la zona de Santa Rosa, motivando la denuncia de la comunidad, lo cual frenó el tránsito de avionetas fumigadoras. Este año y no lejos de ahí, en el paraje conocido como Cuchilla de Rocha, la misma empresa ofreció 200 dólares por hectárea y por año a los pequeños propietarios del lugar, con lo cual logró reunir una superficie estimable para implantar más soja. La lección estaba aprendida y en este caso no se optó por las aplicaciones aéreas sino a través de “mosquitos” que, con ser más discretos, no resultan menos peligrosos.

Tras salir del primer asombro, la comunidad de Cuchilla de Rocha rápidamente reaccionó: se organizó, asesoró y llevó sus reclamos hasta las puertas mismas de las autoridades. El espejo argentino también sirvió como catalizador de esta movilización, que crece. Es que el daño producido por la década de cultivo intensivo sojero, por ejemplo en Entre Ríos -provincia argentina limítrofe y por ende muy comunicada con Uruguay- ofreció a las comunidades uruguayas una visión adelantada de lo que sería su futuro si no optaban por elevar su voz.

El municipio da un paso

Esta relación de hechos tiene un punto importante en el pasado 23 de octubre. En esa fecha el gobierno municipal del departamento de Canelones, que encabeza el médico Marcos Carámbula, adoptó una resolución fundada asimismo en la flamante Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (18.308 del 30/06/2008) la cual brinda potestades para la categorización de los suelos y su uso con un concepto de desarrollo sostenible, en tanto asigna a los municipios el rol de “policía territorial”.

La resolución considera las características del departamento como productor de alimentos y “que estas producciones se hacen en la mayoría de los casos en predios pequeños y son llevadas a cabo directamente por la familia asentada en el medio rural, que constituye una expresión social con valores y cultura relacionados con nuestros orígenes, asegurando el futuro”, aunque “en los últimos años se ha observado el avance de emprendimientos agrícolas extensivos que realizan actividades vinculadas a oportunidades coyunturales de mercados, utilizando con frecuencia tecnologías agresivas para la población y el ambiente, y compitiendo por el suelo con las producciones instaladas”.

Y crea sobre esas bases una comisión especial “para el estudio del uso del suelo rural en el departamento”, integrada por autoridades tanto del ejecutivo como del legislativo y representantes de grupos de productores. Dicho colectivo, establece el decreto, fijará los “lineamientos para el uso del suelo rural y criterios sobre las tecnologías de producción a utilizar en las diferentes zonas del departamento, según sus recursos naturales, actividad productiva, residencia de su población y sustentabilidad ambiental”.

La decisión oficial fue celebrada como un éxito por integrantes de los movimientos que venían denunciando el avance sojero; sin embargo la letra de la resolución no le otorga carácter preceptivo, lo cual es visto como un aspecto débil de la medida, de acuerdo con el abogado especializado en aspectos ambientales Javier Palummo, integrante de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay.

En tanto, para el Director departamental de Canelones del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Fernando Rodríguez, la comisión está llamada a cumplir un importante rol en la definición del futuro ambiental del departamento. Rodríguez reconoce que el motor para esta decisión fue la movilización de vecinos y productores de la zona.

Futuros agrónomos apoyan

La situación en Canelones motivó en simultáneo la preocupación de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (AEA). Esta organización gremial manifestó que las agencias gubernamentales no deben permanecer al margen de las consecuencias de la expansión sojera: “Entendemos que lo más grave de este modelo son tanto sus posibles impactos en la salud humana como ya se ha visto en varias zonas, como así también sus impactos a nivel socio-económico, como por ejemplo el aumento del precio de las tierras y su concentración, dificultando el acceso a la misma por parte de quienes menos tienen”.

Para la AEA se está frente a una “contraposición entre modelos productivos, por un lado la rica cultura de la granja y la agricultura familiar que arraiga a la familia a la tierra, da trabajo y socializa la riqueza generada, y por otro lado el agronegocio agrícola que desplaza la producción familiar, concentra la tierra y la riqueza, subordinando el interés general al interés del capital empresarial. Los vecinos de la zona están en todo su derecho de oponerse a una transformación de este tipo, la cual nunca ha sido discutida con ellos y que afectará bruscamente de aquí en más el diario vivir de toda la zona”.

Y se preguntan: “¿es que de un plumazo se puede borrar la rica historia y cultura local, por unas cuantas toneladas de soja que se producen por una sola empresa? ¿Debemos esperar a que se afecte la salud de los vecinos con aplicaciones aéreas de agrotóxicos como ya sucedió en Santa Rosa y en otras zonas del país? Es responsabilidad de las autoridades de gobierno tanto local como nacional tomar cartas en el asunto, las particularidades de la zona deben ser tenidas en cuenta, Canelones no es lo mismo que el litoral agrícola”.

Un margen de duda

Palummo, por su parte, estima que la letra de la resolución abre un margen de duda acerca de sus verdaderos alcances en la realidad y apunta que el decreto acerca de uso racional de suelos aprobado por el gobierno central uruguayo en agosto último resulta por sí mismo más preciso y ambicioso que la resolución municipal. Por ejemplo, en dicho decreto se plantean importantes sanciones económicas a los responsables de favorecer procesos erosivos de los campos y se especifica como faltas la aplicación de herbicidas “en desagües naturales del terreno” o “fuera del área del cultivo, como caminos y franjas contra los alambrados” (artículo 1º, inciso A). Y en el mismo sentido establece la responsabilidad solidaria del propietario del predio respecto a incumplimientos de estas normativas por parte de arrendatarios.

En ese sentido Palummo declaró al semanario Brecha (edición del 7/11/2008), que se le podría solicitar a la justicia la adopción de medidas cautelares, pero eso requeriría “una prueba importante y una muy buena justificación ya que esa medida afectaría derechos de terceros”. Otra posibilidad, explicó, es que “un representante del Ministerio Público (fiscal) presente la acción en representación de los intereses difusos”. Según Palummo, la vía más segura y rápida para prohibir la producción de soja en Cuchilla de Rocha sería que la Junta Departamental aprobara un decreto que tendría fuerza de ley en su jurisdicción.

Sin embargo, y de ahí el signo de interrogación que aún subsiste para vecinos, organizaciones y productores, esa posibilidad no contaría con la suficiente voluntad de parte de los actores políticos departamentales.

Nota publicada en Radio Mundo Real. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/rmr/rmr/?q=es/node/26624

Sr. Presidente de la República,
Dr. Tabaré Vázquez.

De nuestra mayor consideración:

A través de la presente queremos felicitarnos los uruguayos y las uruguayas, y a usted especialmente como nuestro presidente, por la vitalidad que la democracia de nuestro país ha demostrado en el proceso conducente a la aprobación de la Ley de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva por parte del Poder Legislativo. Debe ser un orgullo que esta Ley, que avanza sobre la democracia con equidad de género, se apruebe en el primer gobierno de izquierda en Uruguay.Confiamos en que este proceso democrático será refrendado por su accionar, respetando la separación de los poderes del Estado -tan cara para nuestros y nuestras compatriotas- y la voluntad popular de la ciudadanía uruguaya de que la Ley sea un hecho, expresada en todas las encuestas con un apoyo de más del 60%.

Uruguay es el primer país de América Latina cuyo parlamento aprueba una Ley de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva que incluye la despenalización del aborto. Es una realidad que la ilegalización del aborto no conduce a una disminución de esta práctica, sino a abortos clandestinos que a su vez conllevan la muerte de muchas mujeres, especialmente las más pobres. Uruguay ocupa uno de los primeros lugares en muertes de mujeres gestantes por complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones de riesgo.

La realización de un aborto, instancia nunca grata, produce además culpas en las mujeres. Estos efectos psíquicos, que también hacen a la salud de este segmento de la población, no son necesariamente consecuencia del aborto, sino de su realización en un marco de clandestinidad. Las políticas públicas producen subjetividades; si estas subjetividades están teñidas de culpa se cuestiona la realización de una democracia plena, que debe ampliar las posibilidades de realización de las personas.

Además, como usted sabe Sr. Presidente, esta Ley es una herramienta esencial -aunque no la única- para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía desde la educación, como plataforma para su pleno ejercicio de manera responsable. En el caso particular de los derechos sexuales y reproductivos, esto se hace imprescindible para una democracia con equidad de género -bandera electoral, entre otras, del Frente Amplio-, ya que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos afectan fundamentalmente a las mujeres y sus cuerpos. El ejercicio responsable de la sexualidad y de las consecuencias de la misma hará que en un futuro no sean sólo las mujeres -como ocurre en la mayoría de los casos- quienes deban decidir sobre un embarazo no deseado.

Para finalizar, Sr. Presidente, deseamos expresarle que nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas de este país, confiamos en que honre su investidura y se haga eco de las palabras de José Gervasio Artigas: “Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana”.

Sin más, saluda atentamente,
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay.

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