El acceso al agua es sinónimo de acceso a la vida. El agua es fundamental para la realización de nuestras actividades cotidianas para quienes tenemos garantizado su acceso. Para quienes no cuentan con este privilegio, el agua se transforma en el paso previo para la realización de otra serie de derechos humanos fundamentales.
A pesar de su importancia, la situación del derecho humano al agua en el mundo no es nada alentadora. El Informe de Desarrollo Humano 2005 advierte que "la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas se ve potenciada por un deficiente acceso a agua limpia no contaminada y al saneamiento. Más de mil millones de personas carecen de acceso a este tipo de agua y 2.600 millones no disponen de saneamiento mejorado" (IDH, 2005: 27). El Informe además pronostica que no se cumplirá la meta de reducir a la mitad la población sin agua y saneamiento (IDH, 2005: 48).
A esta altura es claro que
la mercantilización del agua promovida por algunos actores precisos como la solución a la falta de acceso al recurso sólo ha beneficiado a las grandes empresas que se dedicaron a este negocio.
- Privatizar o no privatizar: el dilema del agua
Desde el punto de vista conceptual, el principal obstáculo para el cumplimiento del derecho humano al agua es su privatización, segun ha planteado el investigador canadiense Tony Clarke (coautor junto a Maude Barlow de
Oro Azul (2004), forma parte del Polaris Institute de Canadá). Pero privatización aquí nos remite a la etimología del término: privatizar, privar de algo que antes era público. La idea no se aplica solamente a los servicios públicos de suministro de agua potable, es bastante más amplia que eso.
Precisamente, es la misma idea que está presente en la Observación General Nº 15 (OG 15), relativa al "derecho humano al agua", emitida en el año 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC).
En el artículo 7, por ejemplo, establece que "no podrá
privarse a un pueblo 'de sus propios medios de subsistencia', los Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas" (subrayado nuestro).
Silvia Ribero (2005) (investigadora del ETC Group), ha denominado a las diferentes facetas de este fenómeno como "las caras de la privatización" del agua. Estas "caras" son: I) la privatización de los territorios y biorregiones, II) la privatización por desviación (construcción de megaproyectos), III) la privatización por contaminación (al contaminar, hay individuos que se apropian "de facto de un recurso que es de todos, al imposibilitar que otros las puedan usar), IV) la privatización de los servicios de agua potable, V) la privatización por embotellamiento y VI) la privatización por el "monopolio de las tecnologías".
- IFIs, corporaciones y gobiernos: los actores de la privatización del agua
Enmarcados en la propuesta de la Declaración de Dublín, Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), corporaciones transnacionales del agua y gobiernos nacionales se aprestaron, durante la década de los `90, a promover la privatización de los sistemas públicos de abastecimiento de agua potable.
Es importante entender la vinculación entre estos tres actores para comprender un proceso sumamente complejo, que en muchos casos fue presentado a la opinión pública como la única alternativa para atender los problemas de extensión de las redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
La división de "tareas" entre estos actores es más o menos la siguiente: las IFIs han sido las encargadas de promover la desregulación de los servicios públicos, en muchos casos condicionando la ayuda crediticia a los países a la apertura o creación de mercados en la prestación de servicios de agua.
Existen casos documentados como el de Bolivia o Uruguay. En el primer caso, el Banco Mundial presionó al gobierno boliviano para que concretara la participación privada en los servicios públicos de agua. Carlos Crespo plantea que "desde principios de los años noventa, el Banco Mundial ha apoyado técnica y económicamente, la reforma del sector de agua potable y alcantarillado sanitario, como parte del Ajuste Estructural, orientado a la privatización de las principales empresas municipales de agua del país, la implantación del principio de
full costs recovery en la fijación de tarifas, y la introducción de criterios de mercado en el uso y acceso de los recursos hídricos" (Crespo, 2000).
También en el caso boliviano, las IFIs financiaron la elaboración de los nuevos marcos reguladores del sector agua (Chacón, 2006).
La estrategia del Banco Mundial para las empresas públicas en Uruguay quedaría documentada de la siguiente manera: "Intentos pasados de privatizar estas empresas han encontrado oposición del público. Por lo tanto la estrategia elegida ha sido la de abrir gradualmente estos mercados a la competencia entre actores públicos y privados a través de concesiones, licencias y otros acuerdos contractuales". (Banco Mundial, 2002)
En el caso uruguayo, fue el Fondo Monetario Internacional el que se encargó de que el gobierno uruguayo comprometiera la participación privada en el sector agua, en la firma de una carta de intención. Este compromiso funcionó como garantía para el pago de la deuda externa del Estado uruguayo.
En 2002, uno de los objetivos planteados en la Carta de Intención firmada por el FMI con el gobierno de Uruguay era "abrir a la iniciativa privada actividades que previamente habían permanecido reservadas al sector público".
Pero el detalle de este documento es un ejemplo de la capacidad de incidencia de las IFIs sobre las capacidades de los gobiernos: la Carta de Intención de 2002 establecía la reducción de los controles sobre el sector agua con el fin de facilitar el ingreso de inversores privados, incluyendo un cronograma enviado al parlamento con los pasos para aplicar un nuevo marco regulatorio, la introducción de nuevos controles y estándares de calidad que facilitarán la inversión de privados en el sector -que debería realizarse por decreto del Poder Ejecutivo en una fecha determinada- y también establecía la fecha en la que debían abrirse las ofertas para la participación del sector privado en plantas de tratamiento de residuos sanitarios (Santos, 2004a; 2004b).
En los casos de Bolivia y Argentina el Banco Mundial no sólo promovió la desregulación de los servicios de agua, sino que luego se asoció con las corporaciones transnacionales en las empresas que se vieron beneficiadas con la privatización. Este mecanismo se procesó con la participación de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial como asociada minoritaria en el paquete accionario de las nuevas empresas (Schorr, 2004 ; Chacón, 2006).
La más reciente estrategia desarrollada por las corporaciones ante la des-privatización de los servicios (o sea, la cancelación de sus "concesiones" para la prestación de servicios de agua) ha sido el inicio de demandas a los estados ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencia de Inversiones) del Banco Mundial, siempre amparándose ante Tratados Bilaterales de protección a las Inversiones (TBI) entre el estado origen de la corporación y el estado en el cual se establece la concesión.
Quién inauguró esta estrategia fue la norteamericana Bechtel, al ser cancelado su contrato en Cochabamba, Bolivia, seguida luego por Suez, a través de Aguas de Barcelona, demandando a Argentina por sus concesiones en Buenos Aires y Santa Fé, o a través de su subsidiaria en La Paz y El Alto, Bolivia, Aguas del Illimani S.A. que dandó al estado boliviano.
El mecanismo ha sido utilizado como amenaza en el caso de Uruguay, donde una Reforma Constitucional obligaba al gobierno a cancelar los contratos con las corporaciones de agua presentes en el país (Santos & Valdomir, 2005).
Es destacable señalar aquí dos elementos: 1) la centralidad de los TBI en la protección de los intereses de las corporaciones, más allá de la validez o cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos de un país y 2) la paradoja que nos plantea a una IFIs (el Banco Mundial) que es a la vez juez y parte de una situación. Esto se da puntualmente en el caso argentino y el boliviano, donde el BM es quién demanda (asociado a las empresas a través de la CFI) y luego es quien juzga (a través del CIADI).
Estos mecanismos establecen -a través de un complicado mecanismos de normas que refieren supuestamente al "comercio" o a las "inversiones"- un marco jurídico internacional paralelo con respecto a, por ejemplo, las normas internacionales sobre derechos humanos.
Si observamos el poder y la capacidad de presión de la acción conjunta de las IFIs y las corporaciones, amparadas en los TBI, los Tratados de Libre Comercio y las normas de la Organización Mundial del Comercio, todas las disposiciones de la Observación General 15 sobre el derecho humano al agua pasan a formar parte del conjunto de normas que es políticamente correcto suscribir y ratificar, pero comercialmente inadecuado aplicar.
- Presencia de corporaciones del agua en América Latina
El gran "negocio" del agua en el mundo se reparte en unas pocas corporaciones transnacionales. Realizamos a continuación un perfil de cada una de estas empresas.
Suez
La corporación francesa Suez nació en el siglo XIX (1880) bajo el nombre de Lyonnaise des Eaux y se fusionó en 1997 el consorcio financiero e industrial Compagnie de Suez, fundado en ocasión de la construcción del Canal con este nombre. En el 2002 redujo su nombre Suez, al tiempo que traspasó todas las actividades relacionadas con el una subsidiaria internacional de nombre Ondeo. En América Latina su presencia se procesa a través de Aguas de Barcelona, de la cual Suez posee el 51% de sus acciones.
Veolia
La segunda gran empresa transnacional francesa en el mercado mundial se llama Veolia y tiene sus orígenes en la Compagnie Générale des Eaux, fundada también en el siglo XIX. Con este nombre se consolidó en el mercado mundial de agua y en 1998 lo cambió a Vivendi, quedando el sector de agua bajo la sección Vivendi Enviroment, posteriormente abierta en una tercera parte a capital externo. En 2003 -luego de un escándalo por endeudamientos- Vivendi vendió las acciones de Vivendi Environnement, que desde ese momento se transformó en Veolia Environnement. Veolia abarca las empresas de desechos Onyx, de transporte Connex, de energía Dalkia y de agua Veolia Environment y Veolia Water. En América Latina la presencia de Veolia se produce directamente (a partir de las concesiones de la ex Vivendi) y también a través de Proactiva Medio Ambiente (empresa que tiene diferentes filiales). Proactiva es controlada en un 50% por Veolia, mientras que el 50% restante es de la empresa española de construcción FCC (Fomento de Construcciones y Contratos).
RWE Thames Water
La alemana RWE (Centrales Eléctricas de Renania-Westfalia) compró la empresa británica de agua Thames Water en 2002, convirtiéndose en la tercera corporación mundial de agua al comprar en 2003 la norteamericana American Water Works. Su participación en América Latina se da de manera directa.
Bouygues - SAUR
La filial del consorcio de la industria de construcción francés Bouygues-Saur es la número 4 del mundo y concentra sus intereses en África. La presencia en América Latina se realiza a través de Aguas de Valencia, centrándose más en los llamados "servicios ambientales" relacionados con la gestión del agua (limpieza, recogida, tratamiento y recuperación de residuos) que en la provisión directa de servicios de agua. El grupo SAUR posee el 33% de las acciones de Aguas de Valencia.
Bechtel
Originalmente Bechtel es una empresa estadounidense de construcción, fundada en 1898 con sede en San Francisco. Su participación en América Latina se ha dado a través de IWL (International Water Limited) en asociación con el Grupo italiano Edison y a partir de una alianza estratégica con United Utilities International corporación británica de agua.
TECVASA-Canal de Isabel II
Técnicas Valencianas del Agua SA (TECVASA) fue creada en 1999 para participar en concesiones de agua en América Latina, ya que no tiene concesiones en España. Actualmente "controla una zona con nueve millones de habitantes en América Latina, con un volumen total de negocios de 180 millones de dólares en 2001" (Castro Soto, 2005). Su participación en América Latina se da a través de AAA (Acueducto Alcantarillado y Aseo) que cuenta con diversas filiales en el norte de América del Sur, así como en el Caribe. AAA es propiedad compartida entre TECVASA y Canal de Isabel II.
Aguas de Portugal
Aguas de Portugal es una empresa mixta (capital público y privado), creada en 1993 para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en municipios de Portugal. En 1998 conformó sus empresas internacionales Empresa Brasilera de Aguas Libres (EBAL) y Prolagos, con las que participa en concesiones de aguas en Brasil. Tiene intereses en países africanos, ex colonias portuguesas (Timor, Mozambique, Cabo Verde).
Aguas de Bilbao
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia es una empresa pública del País Vasco (España) que tiene a su cargo la cobertura de agua potable y saneamiento en 54 municipios de Bizkaia (País Vasco). En 2002 -asociada con Grupo Iberdrola y la Caja de Ahorro de Bilbao- obtuvo la licitación de Maldonado (Uruguay) bajo el nombre de URAGUA (licitación cancelada en 2005 por la Reforma Constitucional en Uruguay). Previamente (1999) Aguas de Bilbao había concesionado los servicios de Aguas del Gran Buenos Aires, entregándola en 2002, luego de serios incumplimientos.
Para acceder al informe completo:
www.iniciativamercosur.org
www.redes.org.uy