Redes – Amigos de la Tierra y el Programa Uruguay Sustentable presentan dos trabajos audiovisuales y un reporte de casos realizados en 2011 en Uruguay en relación a la afectación de comunidades rurales por el modelo del agronegocio sojero-forestal en ese país.

Se trata de dos videos de 16 y 23 minutos cada uno en que se recogen testimonios de afectados y afectadas por fumigaciones con agrotóxicos y concentración de la tierra en diversas localidades del Uruguay.

Asimismo se presenta un reporte en que se profundiza en algunos aspectos de la problemática abordada que, por razones de espacio, fueron mencionados someramente en los videos.

La noticia sobre la resolución de BASF del lunes fue recibida con mucha satisfacción por la organización ecologista Amigos de la Tierra Europa, que nuclea a los grupos de Amigos de la Tierra de ese continente. “Podemos haber ganado la batalla hoy, pero no hemos ganado la guerra aún”, dijo a Radio Mundo Real el activista Adrian Bebb, representante de esa organización.

Un integrante del directorio de BASF, encargado de los organismos genéticamente modificados, Stefan Marcinowski, reconoció el lunes que las “tecnologías verdes no son suficientemente aceptadas en muchas regiones de Europa por la mayoría de los consumidores, agricultores y responsables políticos”. “Es por ello que no tiene sentido económico seguir invirtiendo en estos productos (…)”, agregó, citado por la agencia AFP.

Amigos de la Tierra Europa celebró la victoria lograda tras la decisión de la corporación y asegura que seguirá trabajando fuertemente hasta expulsar de la región a Monsanto, la empresa estadounidense dueña del maíz transgénico MON 810, permitido en algunos países europeos.

Ese fue uno de los primeros transgénicos liberados comercialmente en Uruguay (2003), junto al maíz BT11 (2004) de la empresa suiza Syngenta y la soja RR (1996), también de Monsanto. Luego, a mediados de 2011, cinco nuevos eventos de maíz genéticamente modificado fueron aprobados en el país para cultivo y producción comercial.

REDES – AT recuerda que en Uruguay una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por la propia organización y el Programa Uruguay Sustentable, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay” y detectó contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. El trabajo fue publicado por la revista científica internacional Environmental Biosafety Research (lo puede ver en: http://www.ebr-journal.org/action/displayJournal?jid=EBS).

REDES – AT saluda la lucha de los grupos ecologistas europeos contra los transgénicos, y especialmente de campesinos y pequeñas comunidades rurales, cientos de ellas auto declaradas libres de esos cultivos.

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REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Pablo Galeano
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Desde las 10 horas y con la ya reconocida Feria de Productores Orgánicos como anfitriona, compartiremos nuestras expectativas de desarrollo sustentable y consumo responsable con todos los ciudadanos interesados, en un marco de fiesta familiar dominguera.

“En este Día Mundial de la Soberanía Alimentaria hacemos un llamado a las autoridades a elaborar e implementar políticas enfocadas a impedir la extranjerización y concentración de la tierra”, expresa la Red de Agroecología del Uruguay. “Llamamos a que el gobierno impida la compra de tierras a los estados extranjeros, y también a las sociedades anónimas privadas, tras las que se esconden grandes multinacionales que ya se han apropiado de enormes áreas de nuestro territorio”, agrega.

“Por otro lado, demandamos que se apoye la producción familiar, fortaleciendo a los productores y productoras para que se queden en sus tierras a elaborar alimentos para la población uruguaya y no para la agroindustria”, dice además la Red de Agroecología del Uruguay.

En 1996 La Vía Campesina, movimiento internacional campesino, lanzó el principio de “Soberanía Alimentaria” en la cumbre de la FAO sobre Alimentación, en respuesta al concepto de “seguridad alimentaria” de Naciones Unidas. Los campesinos defienden el derecho de los pueblos a decidir sobre sus modelos de producción y comercialización de alimentos.

La soberanía alimentaria reflexiona y revaloriza la producción local y nacional, respetando la diversidad productiva y cultural, sin perder de vista el autoabastecimiento, primero de la familia, la localidad y el país, para recién luego incursionar en mercados extranjeros. “Debemos plantear una soberanía alimentaria basada en la decisión de los habitantes y productores del territorio nacional: qué se produce, cómo se produce y para quién se produce son aspectos claves a definir permanentemente”, considera la Red de Agroecología del Uruguay.

Uno de los temas más graves a nivel mundial es el de la suba de los precios de los alimentos, realidad a la que no escapa Uruguay, en el contexto de un sistema alimentario mundial controlado por grandes corporaciones transnacionales y otros actores financieros.

En contrapartida con ese modelo alimentario y productivo sin campesinos, la Red de Agroecología del Uruguay revaloriza el rol del productor familiar como base de las cadenas agroecológicas.

Consumo Responsable como instrumento de cambio

¿Qué tengo que ver yo como individuo? Uno de los nexos más claros es que todas y todos somos consumidores. Esto implica que nuestras pautas o patrones de consumo sostienen las cadenas de producción, transformación y comercialización de alimentos. Dicho de otra forma, la conciencia y la responsabilidad de elegir qué, cómo y cuánto consumir nos confieren el poder de apoyar el tipo de producción que queramos. Nosotros optamos por la producción agroecológica familiar local, con el apoyo de una creciente masa crítica con esa filosofía y visión política sobre las decisiones de consumo cotidiano.

Para reflexionar sobre todos estos temas, la Red de Agroecología del Urguay los espera este 16 de octubre desde las 10 de la mañana en la Feria de Productores Orgánicos del Parque Rodó (callejón Jerónimo Solezi).

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Ivet Alvarez
Ecotiendas
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El hecho constituye una muestra clara del compromiso de éstos y también de las familias de productores que cultivan para dicha industria, enclavada en las cercanías de Montevideo, en la ciudad de Santa Rosa y que casi una década atrás iniciaron este proyecto de autogestión y compromiso social.

Casi medio millón de dólares fue el monto total que debió pagar la cooperativa al banco estatal para cubrir –en parte- el crédito que le fuera brindado a los anteriores propietarios de la empresa.

En ese lapso, los trabajadores y trabajadoras han llevado adelante el proyecto industrial bajo los principios de la Soberanía Alimentaria y la producción familiar, lo cual representa un reto extra en un marco de competencia empresarial con fuerte incidencia de capitales extranjeros en Uruguay.

Uno de los compromisos de la cooperativa ha sido el no uso de maíz u otros granos genéticamente modificados en sus moliendas para alimentación humana o animal, así como el fomento de cultivos a escala familiar como es el caso del chícharo y el garbanzo, lo cual ha reactivado las economías de familias rurales asentadas en las inmediaciones de Santa Rosa.

Asimismo, a instancias de este proyecto se ha reactivado el cultivo de trigo en el departamento (provincia) de Canelones. De hecho actualmente la cooperativa se encuentra embarcada en una nueva zafra de trigo, con más de 3000 hectáreas cultivadas en el departamento.

El molino es uno de los más antiguos del Uruguay al haber sido fundado en 1925. A finales de los años 90 la empresa privada quebró y dejó tras de sí una deuda que rondó los cinco millones de dólares. En abril de 1999, una cooperativa integrada por 44 trabajadores del emprendimiento quebrado, se hicieron cargo de la gestión del histórico molino. En 2004, mediante remate público, compraron sus instalaciones convirtiéndose en la primera y única empresa recuperada que es propietaria de su medio de producción y asumiendo asimismo parte de la antigua deuda.

Hoy los productos de la cooperativa llegan a toda el área metropolitana del Uruguay y son reconocidos por su carácter de libre de transgénicos y producción sustentable.

El Ing. Agr. Carlos Reyes, Gerente de la Cooperativa comentó a Radio Mundo Real que este 21 de octubre con motivo de la tradicional fiesta anual del molino se hará un balance final de lo que ha sido esta larga lucha de los trabajadores por su fuente de trabajo.

Asimismo, remarcó los fuertes lazos establecidos desde la cooperativa con organizaciones sociales y de productores que ha hecho posible la subsistencia y el afianzamiento del proyecto.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 29 de septiembre de 2011. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/Se-puede?lang=es

Galván participó del Foro “Concentración de la tierra, acuerdos de inversión y recursos fitogenéticos” que el 15 de septiembre último reuniera a integrantes y expositores de la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay y la propia Redes-AT.

“Tradicionalmente cada productor hacía (conservaba) sus semillas, pero eso ha ido cambiando en las últimas décadas y se han conformado empresas que se han concentrado y hoy es un negocio fuertemente concentrado por multinacionales”, reflexionó Galván quien lamentó que en Uruguay no exista una política clara de conservación de material genético vegetal.

Aunque remarcó que “se ha ido perdiendo” algo de esa variedad, señaló que aún subsisten en manos de productores familiares variedades como el maíz y distintos tipos de hortalizas adaptadas al conocimiento y a las condiciones agroclimáticas del país.

“De parte del Estado no ha habido apoyos explícitos y es un tema que está pendiente. Hay un proyecto de ley sobre recursos fitogenéticos que está a estudio del Ministerio pero al que no se le ha dado trámite para su llegada al Parlamento (Congreso). Ese proyecto prevé la preservación de los recursos genéticos y reconoce la propiedad de los productores sobre los mismos así como el conocimiento asociado a esos cultivos”, indicó el investigador para quien “el gobierno ha estado omiso” en ese plano.

Asimismo, en entrevista con Radio Mundo Real Galván opinó que “es necesaria una alianza entre los consumidores y los productores orgánicos o agroecológicos” que permitan cambiar los sistemas tradicionales de consumo y producción a la escala de las grandes ciudades.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 29 de septiembre de 2011. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/Patrimonio-vegetal

En Uruguay ya estaban liberados los maíces transgénicos MON 810 (2003) y BT11 (2004), de la empresa estadounidense Monsanto y la suiza Syngenta respectivamente, resistentes a ataques de insectos plaga. También ya estaba aprobada la soja RR (1999), también de Monsanto y resistente al herbicida glifosato.

Las variedades aprobadas ahora son: el GA21 y el NK603 (las dos de Monsanto y resistentes al glifosato), el híbrido surgido del BT11 y el GA21 y el creado a partir de la cruza entre el MON810 y el NK603 (los dos resistentes a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al glifosato), y el TC1507 (conocido comercialmente como Herculex, de las empresas estadounidenses Dow AgroSciences y Pioneer, resistente a ciertos insectos lepidópteros y con tolerancia al herbicida glufosinato de amonio).

Los nuevos eventos son los primeros aprobados en Uruguay luego de siete años y de que rigiera en el país una moratoria de 18 meses a la aprobación de nuevos transgénicos, que se levantó a mediados de 2008. “Lo nuevo es que ahora vamos a tener maíces tolerantes a herbicidas”, dijo a Radio Mundo Real el investigador Pablo Galeano, que trabaja en la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay y en REDES – Amigos de la Tierra de ese país. Galeano es licenciado en Bioquímica y fue uno de los responsables del estudio científico que hace dos años detectó contaminación transgénica en predios de maíz no modificado genéticamente.

Uno de los puntos más preocupantes para REDES – AT Uruguay es lo que tiene que ver con los procesos de consulta pública realizados para aprobar los nuevos transgénicos. Galeano explicó que antes esos procesos eran abiertos y en reuniones cara a cara. “En este caso todo fue hecho por internet, con poca difusión de las instancias de consulta, y lo más grave es que fue con mucha restricción con respecto a la información que se brinda en la página web del Ministerio de Ganadería”, se lamentó el científico.

De hecho, varios técnicos encargados de evaluar el comportamiento de los cinco nuevos organismos genéticamente modificados alertaron en una primera instancia que se les dio muy poco tiempo para hacer su trabajo.

Autorizaciones con información parcial y escasa

La aprobación de transgénicos en Uruguay pasa por una instancia política que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, en el que están representados los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Ganadería, Economía e Industria. Los que firman las autorizaciones finalmente son los ministros correspondientes.

Ese Gabinete se guía por el trabajo de la Comisión para la Gestión de Riesgo, dirigida por el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Enzo Benech. A su vez, esta instancia delega el trabajo de evaluación a la Evaluación de Riesgo en Bioseguridad, que a su vez consulta a un comité de articulación institucional, en el que están: el INIA, el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Facultad de Agronomía, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Los representantes de estas instituciones se unen en grupos de trabajo. “Lo que hacen es leer los dossiers que mandan las empresas y en base a eso, si tienen dudas, piden una ampliación de información a esas empresas y consultan alguna bibliografía más”, explicó Galeano. “No es que esa instancia haga ningún estudio. Lo que hacen es leer los resultados de los estudios que básicamente presentan las empresas”, agregó.

El investigador de la Universidad de la República y de REDES – AT denunció que en el proceso de aprobación de los cinco nuevos maíces transgénicos los representantes del MSP que leyeron los dossiers de evaluaciones toxicológicas presentados por las empresas, consideraron que la información era insuficiente. Pero la Comisión para la Gestión de Riesgo evaluó el informe del MSP como preliminar y decidió basarse en autorizaciones hechas en otros países para decir que no había un riesgo toxicológico. “REDES hizo varios señalamientos”, e inclusive argumentó que algunos países evaluaron que sí había riesgos toxicológicos con los mismos transgénicos, “pero eso no fue tenido en cuenta”, se lamentó Galeano. “Esto es bastante grave o por lo menos de cuidado, porque refleja que hay una política de que se quiere ir para adelante con la aprobación de nuevos eventos más allá de que hayan ciertas incertidumbres con respecto a los posibles efectos en la salud de la población en el largo plazo”, enfatizó.

El investigador contó que la semana pasada hubo una reunión entre representantes de la Comisión para la Gestión de Riesgo y de las organizaciones que mandaron comentarios en las consultas públicas, que solo fueron la oficina uruguaya de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL) y REDES – AT. Esa escasa participación “habla bastante mal de la consulta pública”, consideró Galeano. Relató que los integrantes de la Comisión plantearon que es muy costoso económicamente a nivel local hacer los estudios de evaluación de nuevos eventos transgénicos, razón por la que no se hacen nuevas investigaciones y sólo se guían por la información de las empresas. Ante ese panorama “planteamos que esta tecnología no es apropiada, no se puede liberar”, señaló Galeano. “Lamentablemente no logramos que para las consultas públicas se cambie de mecanismo ni que se brinde más información que la que se da actualmente, que es muy poca”, agregó.

Contaminación creciente

Una investigación realizada por las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, solicitada por REDES – AT, certificó en octubre de 2009 la contaminación transgénica en el país en cultivos de maíz no modificado genéticamente. El estudio de las facultades se llamó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Galeano fue uno de los investigadores que condujo el trabajo, que encontró contaminación transgénica en tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país. Ahora se está ampliando ese estudio en un proceso que inició este año y llevará dos en total.

Radio Mundo Real preguntó a Galeano sobre los riesgos de contaminación transgénica con las nuevas variedades aprobadas. “En el mediano plazo esta contaminación transgénica va a llegar a los maíces criollos o a los maíces mantenidos por los productores”, empezó diciendo. “Como estos productores no venden todo lo que cosechan, porque una parte la guardan como semilla, van a empezar a reproducir esa semilla (contaminada) y vamos a empezar a tener de a poco una acumulación de presencia de transgenes en esos maíces”, agregó.

Además, se acaba de levantar en Uruguay la reglamentación que obligaba a que los predios con transgénicos estuvieran a por lo menos 250 metros de los predios con cultivos convencionales. La Comisión para la Gestión de Riesgo argumentó que la reglamentación anterior era muy difícil de aplicar, al igual que el control de su cumplimiento. Aquellos productores que quieran resguardar su producción convencional deberán avisarle a la Comisión, que visitará a los agricultores pero aún no definió un mecanismo para contemplar su preocupación. “Es como asumir que van a fluir los transgenes y aquel que no quiera que avise”, resumió Galeano.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 5 de julio de 2011. La puede leer y escuchar en: http://radiomundoreal.fm/Ahora-son-ocho

El fiscal civil uruguayo Enrique Viana pedirá la anulación del contrato de inversión firmado entre el gobierno nacional y la empresa forestal y celulósica Montes del Plata, que está construyendo una planta de celulosa en la localidad de Conchillas, departamento de Colonia.

Viana considera que hay una “violación del orden público”. “Los contratos de inversión ceden soberanía”, afirmó a Radio Uruguay. “Estamos borrando artículos que nos definen como país, como república; creo que eso es cesión de soberanía”, agregó.

Montes del Plata es un consorcio de las forestales Arauco de Chile y Stora Enso de Suecia – Finlandia. En enero firmó el contrato de inversión con el gobierno uruguayo para la instalación de su fábrica de celulosa en Conchillas, ya en proceso de construcción. La inversión total estipulada es de 1900 millones de dólares, la mayor a manos de privados en la historia uruguaya. La nueva planta estaría operativa para el primer trimestre de 2013.

La madera que servirá de materia prima para la nueva industria llegará desde las plantaciones forestales de la propia Montes del Plata en nueve departamentos del país. El consorcio entre Stora Enso y Arauco es el mayor propietario de tierras de Uruguay, con más de 250 000 hectáreas.

El 12 de mayo el semanario uruguayo Búsqueda reveló un extracto del contrato de inversión firmado entre el gobierno nacional que preside José Mujica y Montes del Plata. El acuerdo, que tiene una cláusula de confidencialidad que Viana pidió varias veces que fuese levantada, brinda varias facilidades y beneficios a la empresa.

El documento difundido por Búsqueda establece, por ejemplo, la posibilidad de que se amplíe en el futuro la zona franca en la que operará Montes del Plata, que le brindará exoneraciones tributarias. En esta línea, el Ejecutivo uruguayo se comprometió a autorizar a la empresa a tener un porcentaje de empleados extranjeros mayor al estipulado por la Ley de Zonas Francas, que es del 25 por ciento de la plantilla como máximo.

El acuerdo también estipula que “si hubiera cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata, el gobierno y esa empresa revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar los eventuales perjuicios”.

Asimismo, el gobierno uruguayo asume en el documento la labor de reclasificar los suelos del país, y hacer los “mejores esfuerzos” para tener 100 000 hectáreas de aptitud forestal nuevas, y que se ubiquen cerca de la futura planta.

Para el fiscal Viana, los contratos de inversión comprometen al Poder Ejecutivo, por ejemplo cuando se asegura que el Instituto Nacional de Colonización declinará la opción de compra de áreas prometidas a Montes del Plata (punto también incluido en el acuerdo). Viana agrega que esos tratados también comprometen al Poder Legislativo, al establecer que eventuales nuevas normas no afectarían a la inversión (congelamiento del Derecho), y al Poder Judicial, al subordinar normas nacionales a las internacionales.

El fiscal manifestó a Radio Uruguay que los contratos de inversión también condicionan la voluntad del Estado en cuestiones ambientales. Si el Estado es parte de negociaciones que incluyen aspectos ambientales como insumo, disminuye su autoridad como parte fiscalizadora de normas en ese aspecto, consideró.

Publicado en Radio Mundo Real: http://radiomundoreal.fm/Era-secreto

El sábado 4 de junio a las 9 de la mañana se realizará la apertura oficial de la Fiesta de la Semilla Criolla, que tendrá la participación de autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Intendencia de Canelones y de representantes de todas las organizaciones participantes. Ese mismo día y a partir de las 10 AM se hace la Feria de intercambio de semillas, y luego charlas, exposición de documentales y espectáculos artísticos.

La 4ta Fiesta Nacional de la Semilla Criolla y la Producción Familiar es un encuentro de intercambio de pequeños productores y productoras comprometidos con la sustentabilidad de la producción familiar. Este viernes llegarán a la fiesta unos 1.000 niños de diversas escuelas rurales del departamento de Canelones.

Los organizadores de la Fiesta de la Semilla son la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, el Programa Uruguay Sustentable, la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (UdelaR), la Comisión Nacional de Fomento Rural, la ONG olimareña Pindó Azul y el Centro Agustín Ferreiro (dependiente del Departamento de Educación para el medio rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria).

Entre las actividades de la Fiesta se destacan también varios encuentros paralelos entre productores y productoras, enriquecidos con la presencia de colegas invitados de Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador e inclusive Italia.

“La idea de organizar varios encuentros en paralelo es para que los productores se conozcan entre sí y este año la apuesta a los niños tiene que ver con una mirada al futuro, a que los niños y niñas se familiaricen con la semilla y su importancia”, dice Marcelo Fosatti, técnico de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas.

La Fiesta de la Semilla Criolla y la Agricultura Familiar se realiza en un contexto nacional en el que los monocultivos forestales y sojeros ocupan juntos unos dos millones de hectáreas, con un creciente proceso de concentración y extranjerización de la tierra.

El Programa de Rescate y Revalorización de Semillas Criollas y Nativas y Soberanía Alimentaria, que se lleva adelante en Uruguay desde 2004, es coordinado en forma colectiva por numerosos grupos de productores familiares de varias partes del país, la Facultad de Agronomía de la UdelaR y REDES – AT (que juntos conforman la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas).

El programa apunta a contribuir a la soberanía alimentaria de la población, a través de la valorización de variedades de semillas nativas y criollas, y de la promoción de la producción agroecológica, con la activa participación de las familias rurales.

La soberanía alimentaria es una demanda política lanzada en 1996 por La Vía Campesina, movimiento internacional de organizaciones del campo. Esa demanda defiende el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables y justas de producción, consumo y distribución de alimentos, con una fuerte apuesta a la agricultura familiar y ecológica.

Los productores de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas han comprendido que “la semilla es la parte sustancial de toda producción y de la soberanía alimentaria”, sentenció Fosatti.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Marcelo Fosatti
2908 27 30 – 099 920 228
fiesta.semilla.criolla@gmail.com

El libro incluye datos del complejo sojero en el país actualizados a 2010 y un capítulo especial titulado “La ofensiva por la tierra”.

En la presentación de “Radiografía del agronegocio sojero” este martes en el Café La Diaria realizarán comentarios el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellanos, el Pro-Rector de Extensión de la Universidad de la República, Humberto Tomassino, y un representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural.

El nuevo libro es una actualización del texto de idéntico nombre lanzado por REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable en septiembre de 2009 (también escrito por Oyhantçabal y Narbondo). La superficie del cultivo de soja en Uruguay ha crecido exponencialmente y alcanzó el millón de hectáreas en la zafra 2010/11. El arribo de los pools de siembra, empresas de origen argentino que llegaron por su propia expansión y por las facilidades tributarias que proporcionamos como país, ha acelerado el proceso de concentración de la tierra y de la producción. “Radiografía del agronegocio sojero” destaca que estos “nuevos agricultores” pasaron de no existir a representar el 12 por ciento de los productores y a controlar el 57 por ciento de la superficie de cultivos agrícolas (Arbeletche y Gutiérrez, 2010).

Han sido varios los impactos socio ambientales negativos de este desarrollo sojero. El primero de los destacados por Oyhantçabal y Narbondo es su escaso aporte tributario. Según estimaciones del ingeniero agrónomo Adrián Tambler (2011), el sector agropecuario aportó 228 millones de dólares al fisco en 2010, lo que representa del 6 al 7 por ciento del PIB Agropecuario. Para tener como referencia, el conjunto de la economía (incluidos los consumidores) aporta por la vía de impuestos el 30,4 por ciento del PIB nacional (Tambler, 2009).

Otro de los puntos preocupantes es la acentuación de la tendencia a la expulsión de los productores familiares, y la sustitución de otros rubros productivos. En el litoral oeste -y siempre según cifras oficiales citadas por Oyhantçabal y Narbondo-, del 2000 al 2009 abandonaron la producción agrícola casi 600 agricultores familiares. El deterioro físico y químico de los suelos, así como la escasa generación de empleo -por el alto nivel de tecnificación del agronegocio sojero- son otros impactos ambientales y sociales subrayados en el texto.

El nuevo capítulo del libro, “La ofensiva por la tierra”, resalta que la expansión de la soja ha contribuido a profundizar el proceso de concentración y extranjerización de la tierra en Uruguay, con una participación fundamental de los pools de siembra del sector. Los agricultores con más de 1.000 hectáreas han pasado de controlar una escasa proporción de la superficie de chacra en 2000/01 a tener casi el 75 por ciento en 2009/10, según los datos oficiales.

El libro publicado por REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable agrega que 1,7 millones de hectáreas pasaron a manos de sociedades anónimas de 2000 a 2007 (DIEA, 2008), por regla general empresas extranjeras, a la vez que esa misma superficie dejó de estar en manos de uruguayos.

El avance del capital en la agricultura en Uruguay ha contribuido a valorizar crecientemente el recurso tierra en términos económicos, elevando su renta e incrementando notablemente la superficie vendida. Según estadísticas oficiales (DIEA, 2011), del 2000 al 2010 se comercializaron 6,4 millones de hectáreas, más del 33 por ciento del territorio nacional. El precio promedio de la tierra en operaciones de compraventa se ha quintuplicado: pasó de 450 dólares la hectárea en 2000 a 2.600 dólares en 2010.

El nuevo libro profundiza entonces en la consolidación y expansión del agronegocio sojero, controlado por capitales extranjeros y con su acaparamiento de tierras a gran escala. Pero también analiza el correlato de este modelo, con las crecientes dificultades de la agricultura familiar para incrementar su escala, el achique de nuestros pequeños productores y el arrendamiento o venta de sus tierras, lo que acentúa el proceso de abandono del medio rural.

Actividad: Presentación libro “Radiografía del agronegocio sojero. Descripción de los principales actores y los impactos socio-económicos en Uruguay”.
Cuándo: Martes 31 de mayo.
Hora: 19.
Dónde: Café La Diaria (Soriano 770, esquina Florida).

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
José Elosegui
2908 27 30 – 098 846 967
prensa@redes.org.uy

El trabajo solicitado por REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable fue realizado por investigadores de las facultades de Agronomía, Química y Ciencias de la Universidad de la República, y se denominó “Interpolinización entre cultivos de maíz transgénico y no transgénico comerciales en Uruguay”. Un primer informe técnico sobre este estudio fue difundido en octubre de 2009 en nuestro país y ahora es publicado por la revista científica Environmental Biosafety Research, de prestigio internacional y dedicada a la investigación sobre organismos genéticamente modificados.

“En Uruguay existe flujo de transgenes desde cultivos comerciales de maíz genéticamente modificado (GM) hacia cultivos de maíz no-GM”, concluye el trabajo. En tres de los cinco casos estudiados, con muestras de maizales de varios campos del país, se encontró la contaminación transgénica. Esa contaminación “no es casual sino común cuando las fechas de floración coinciden y hay vecindad de cultivos de maíz GM y no-GM, aún a distancias mayores a la reglamentaria”, señala la investigación.

Esos son los principales resultados del estudio. Se trata del primer grupo de datos científicos obtenidos en el país en condiciones de cultivos reales, que aporta elementos para evaluar la eficacia de las reglamentaciones y los controles aplicados en la contención de la contaminación transgénica en maíz. (Ver estudio en formato PDF al final del artículo).

Las conclusiones de la investigación expresan también que “el establecimiento de una distancia mayor a la reglamentaria de 250 metros, en uno de los casos analizados, no evitó que existiera interpolinización” (contaminación transgénica). “En cuatro de los cinco casos con potencial riesgo de contaminación, la distancia entre los cultivos de maíz no-GM y GM fue menor a la reglamentaria”, agregan luego.

El objetivo de la investigación científica fue contribuir al conocimiento sobre los impactos de los cultivos transgénicos en Uruguay. Se buscó, fundamentalmente, aportar elementos concretos que alimenten el necesario debate sobre la viabilidad o no de la política de “coexistencia regulada” entre los vegetales genéticamente modificados y los que no lo son, consagrada en 2008 en el Decreto 353/008.

En septiembre de 2009 REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable enviaron el nuevo estudio y una carta adjunta a todos los ministros que formaban parte del Gabinete Nacional de Bioseguridad y al presidente de la Comisión para la Gestión del Riesgo, Enzo Benech. En la misiva manifestaron su preocupación por el desarrollo de los transgénicos en el país, la legislación permisiva y la contaminación descubierta. Pidieron que se revisara la normativa vigente. (Ver carta en formato PDF al final del artículo).

Los ambientalistas plantearon en la carta, además, que la sociedad uruguaya se debe un debate sobre los transgénicos y que la moratoria estipulada contra la liberación de nuevos eventos de ese tipo (de enero de 2007 a julio de 2008) no dio espacio a ese debate, porque las organizaciones de la sociedad civil sólo fueron invitadas a presentar información por escrito. “Nuestra organización ve con preocupación la aplicación de esta nueva política de ‘coexistencia regulada’”, dijo la misiva, más aún luego de la constatación de contaminación transgénica. “Los impactos sociales y ambientales continúan sin ser abordados y evaluados en profundidad”, agregó.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Karin Nansen – 098 556 360 – urusust@redes.org.uy
Reponsable técnico del estudio: Pablo Galeano – 098 579 350 – pgaleano@fq.edu.uy