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Los gobiernos están siendo obligados a proteger a los productores y ciudadanos de los cultivos genéticamente modificados (GM) para combatir el dominio de las empresas de biotecnología sobre los agricultores, y los temores por la salud a raíz del uso creciente de plaguicidas, según un nuevo informe de Amigos de la Tierra Internacional. [1]

Mientras esta semana se publicaron las cifras anuales auspiciadas por la industria acerca de la adopción de cultivos genéticamente modificados a nivel mundial, la investigación destaca como hasta los gobiernos que
promueven los cultivos transgénicos en América del Sur y Estados Unidos se vieron obligados a tomar medidas para mitigar los impactos negativos de los cultivos genéticamente modificados en agricultores, ciudadanos y el medio ambiente.[2]

En América del Sur, el gobierno brasileño lanzó un programa libre de soja transgénica para ayudar a los agricultores a acceder a semillas de soja no transgénicas. En Argentina, nuevas investigaciones denunciaron que el herbicida glifosato, utilizado en la mayoría de los cultivos genéticamente modificados plantados a nivel mundial, podría tener graves impactos en la salud humana. [3]

Esto ha provocado que se prohíban las fumigaciones con el herbicida cerca de las zonas residenciales. En Uruguay, determinadas áreas locales se están declarando libres de transgénicos.

El coordinador del programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Martín Drago dijo: “Los agricultores y ciudadanos de América del Sur están soportando la carga de diez años de cultivos genéticamente modificados que han causado grandes desastres en la salud y un aumento generalizado de los costos. Los mitos que construyó la industria de la biotecnología se están derrumbando. Los estragos causados en todo América del Sur demuestran que esta tecnología no es compatible con la agricultura sustentable. Es una llamada de alerta para que el resto del mundo avance hacia métodos ecológicos de agricultura”.

La resistencia generalizada a los cultivos genéticamente modificados en el mundo en desarrollo y en Europa significa que solamente son plantados a gran escala en unos pocos países y que más del 97% de la tierra agrícola mundial está libre de transgénicos.

La campañista de corporaciones de Amigos de la Tierra Europa, Mute Schimpf, dijo: “La amplia oposición a los cultivos y alimentos genéticamente modificados en Europa continúa aumentando debido a que los consumidores y agricultores pueden ver que no ofrecen ningún valor agregado, sino que generan riesgos ambientales y para la salud. Los cultivos transgénicos dañarán, en lugar de ayudar al desafío de asegurar que podemos alimentar a nuestra población mundial con alimentos seguros y saludables”.

El informe de Amigos de la Tierra Internacional “¿Quién se beneficia de los cultivos transgénicos? Una industria construida en base a mitos” 2011 también señala que:

* Una nueva generación de cultivos transgénicos diseñada para promover el uso de plaguicidas Dicamba y 2,4D, serán liberados en Estados Unidos. Las empresas de cultivos genéticamente modificados están promoviendo esta liberación como una solución ante el hecho de que los cultivos transgénicos existentes no logran controlar las malas hierbas ni disminuir el uso de plaguicidas.

* Las empresas de biotecnología, con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos, ahora están en busca de nuevos mercados en África en un intento de rescatar las ganancias. La fundación Gates, que financia proyectos agrícolas en África con miles de millones de dólares, compró acciones de Monsanto, lo cual le da un interés directo en maximizar las ganancias de Monsanto por encima de la protección de los pequeños propietarios en África.

* Los cultivos GM siguen colapsando en Europa. Menos del 0,06 por ciento de los campos europeos están plantados con cultivos transgénicos. Siete países de la UE prohibieron el maíz transgénico de Monsanto debido a que hay cada vez más evidencia de sus impactos negativos en el medio ambiente. Tres países prohibieron la papa GM de BASF debido a preocupaciones de salud inmediatamente después de su autorización en 2010, y por primera vez cinco Estados miembro demandaron a la Comisión Europea por la autorización de un cultivo transgénico.

* Acceda más abajo al informe “¿Quién se beneficia de los cultivos transgénicos?” en formato pdf.

Por más información

inglés: Kirtana Chandrasekaran, Coordinadora del Programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional +44 (0) 7961986956

español: Martin Drago, Coordinador del Programa Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, +598 (99) 138559

inglés, francés, holandés: Marlijn Dingshoff, coordinadora de prensa de Amigos de la Tierra Internacional: + 31 (0) 20-6221369

NOTAS

[1] Ver informe: ¿Quién se Beneficia con los cultivos transgénicos?: una industria construida en base a mitos. http://www.foei.org/en/who-benefits-from-gm-crops-2011/view

[2] Ver también el informe 2010 de Amigos de la Tierra Internacional: “Quién se beneficia con los cultivos transgénicos”. http://www.foei.org/en/resources/publications/pdfs/2010/who-benefits-from-gm-crops-2010

[3] Paganelli, A et al. Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling, Chem. Res. Toxicol., 2010, 23 (10), pp 1586–1595. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx1001749

La Vía Campesina Brasil es una articulación de organizaciones campesinas, que reúne miles de trabajadores rurales, pequeños y medianos agricultores, mujeres y jóvenes, que luchan por la reforma agraria en el país y por dignas condiciones de vida y trabajo en el campo. Muchos de ellos habitan en tierras ganadas con su lucha.

Las nuevas publicaciones de REDES – AT y La Vía Campesina Brasil fueron impresas en noviembre y diciembre de 2010. La primera lleva por título “Agronegocio forestal y celulósico: la reorganización del capital”, al tiempo que la segunda tiene el nombre “Los monocultivos de árboles y el mercado de carbono”. Los dos trabajos, que llevan el eslogan “¡Monocultura en la mira de La Vía Campesina!”, incluyen información y datos actualizados del sector forestal y celulósico en Brasil y Uruguay, y de las empresas más destacadas del rubro.

Al mismo tiempo, los nuevos textos incorporan las resistencias planteadas desde los movimientos sociales, que rechazan los agronegocios en la región y defienden la soberanía alimentaria. Acá aparece la mirada de los movimientos campesinos, de las mujeres rurales, de los productores familiares y de las organizaciones ambientalistas, entre otros actores.

Más abajo usted puede acceder a las versiones pdf de estos dos documentos.

Los 28 Acuerdos de Protección de Inversiones que tiene vigente Uruguay, y la participación en el CIADI, hacen que las empresas transnacionales tengan a su alcance un conjunto de posibilidades muy claras para intentar adecuar las políticas públicas a sus intereses particulares. Y también estos acuerdos le permiten intentar torcer disposiciones gubernamentales ya adoptadas, mediante la amenaza de la demanda o la demanda propiamente dicha. Esto de hecho es lo que viene ocurriendo con varios países en desarrollo y de no cambiar este tipo de condiciones, lo mas seguro es que siga ocurriendo.

Uruguay firmó el Convenio del CIADI el 28 de mayo de 1992, lo ratificó en agosto de 2000 y entró en vigor un mes después. Las actividades de este Centro son poco conocidas, a pesar de que las decisiones adoptadas por sus tribunales están cambiando el curso de las relaciones económicas mundiales.

Aunque la mencionada empresa es estadounidense, se ampara en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones existente entre Uruguay y Suiza, porque es en este país europeo que tiene su casa matriz.

Esta nueva publicación de REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable intenta brindar claves de análisis desde el punto de vista jurídico y político sobre como afectan a la soberanía de nuestro país estos instrumentos neoliberales como el CIADI y los Tratados de Protección de Inversiones.

Lo anterior se trata de un breve fragmento de la nueva publicación de REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable, titulada “¿Cambio climático o cambio de modelo?”, que vio la luz en septiembre. El texto habla, por ejemplo, sobre las falsas soluciones propuestas al cambio climático y el financiamiento necesario para caminar rumbo a la justicia climática.

No obstante, el punto central de la nueva revista es el comparativo que se realiza entre dos textos centrales en el debate internacional sobre clima: el Entendimiento de Copenhague y el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba.

El primero es un documento que un grupo de países, liderados por Estados Unidos, buscaron imponer en la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca. Este “entendimiento”, en líneas generales, establece un nuevo régimen para hacer frente al cambio climático, basado en “promesas” de reducción de emisiones de parte de los países. Implica la destrucción del Protocolo de Kioto, que “obliga” a reducciones de emisiones sólo a los países industrializados, responsables históricos del cambio climático.

En tanto, el Acuerdo de los Pueblos es el documento surgido de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en abril de 2010 en Cochabamba, Bolivia. Allí participaron unas 35 000 personas de movimientos y organizaciones sociales de decenas de países de diversas partes del mundo.

Este documento surge entonces de la sociedad civil. Parte de una visión integral sobre el cambio climático, incorporando el tema de las causas estructurales de la crisis del clima, el asunto del resquebrajamiento de la armonía con la naturaleza y la necesidad de reconocer los derechos de la Madre Tierra para garantizar los derechos humanos. La nueva publicación de REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable presenta, en su última sección, el texto del Acuerdo de los Pueblos.

Si lo desea puede acceder acá a la versión pdf de “¿Cambio climático o cambio de modelo?”.

Los informes analizan las probables consecuencias negativas de esos acuerdos comerciales (que formalmente esquivan la denominación de TLC) sobre la soberanía alimentaria, la pesca artesanal, los bosques y el cambio climático.

Los convenios impulsados desde la UE son parte de su estrategia denominada “Europa Global”, que implementa desde 2006 para fortalecer a sus grandes corporaciones transnacionales alrededor del mundo. Algunos de los instrumentos presentes en estos TLC son la liberalización de las inversiones, del sector servicios, la apertura del sector agrícola, la eliminación de las trabas a las exportaciones (tanto arancelarias como no arancelarias), el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (patentes) y la apertura de las compras estatales a los proveedores europeos.

En resumen, los estudios enfatizan la amenaza de varios de estos instrumentos a la soberanía alimentaria de los pueblos, los bosques y la pesca artesanal, y alertan que agravarán el cambio climático. Estos TLC son tan o más peligrosos que los firmados por Estados Unidos con Colombia, Perú y Centroamérica, y con el mismo objetivo: profundizar la liberalización comercial sobre amplios sectores estratégicos de las economías latinoamericanas en beneficio de las empresas europeas.

Los títulos de los estudios son: “Impactos negativos de la estrategia comercial de la UE en la soberanía alimentaria de los pueblos”; “Bosques: impactos de los Acuerdos de Asociación impulsados por la Unión Europea”; “Acuerdos de Pesca Unión Europea – América Latina: Impactos en los recursos pesqueros y la soberanía alimentaria”; “Tratados de Libre Comercio de la UE en América Latina: agravando el cambio climático”.

A continuación puede acceder a las cuatro publicaciones en formato pdf.

El Cono Sur es una región de fundamental importancia en la producción de alimentos a nivel mundial. Es por esto que las corporaciones transnacionales del sector de los agronegocios han dedicado mucho esfuerzo en introducir la tecnología transgénica en la región.

El avance de los agronegocios en esa zona (con los transgénicos como pieza clave) ha generado una serie de impactos ambientales y sociales aún no ponderados por los gobiernos de turno, alerta el nuevo texto. Entre esos impactos se destaca el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas, el avance de la frontera agrícola sobre los bosques, el aumento de la contaminación ambiental y de los perjuicios a la salud gracias al mayor uso de agrotóxicos, la apropiación de los conocimientos tradicionales locales y la violación de la soberanía de los pueblos.

En particular, el agronegocio sojero se ha desarrollado espectacularmente en los últimos diez años. En Uruguay, la expansión de la soja ha desplazado a la agricultura familiar, entre otras cosas porque ha conducido a un sostenido proceso de aumento de los precios de arrendamiento de las tierras. En la zafra 2008-2009 se cultivaron 580.000 hectáreas de soja en el país (habían sido 10.000 hectáreas en la zafra 2000-2001). Prácticamente el 100 por ciento de la soja uruguaya es transgénica, conocida con el nombre RR (Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato) y perteneciente a la empresa estadounidense Monsanto, la mayor productora de semillas modificadas genéticamente del mundo. Los otros dos trangénicos que se pueden producir y comercializar en Uruguay son el maíz MON 810, también de Monsanto, y el maíz Bt11, de la empresa suiza Syngenta.

La principal organización de agricultores familiares de Uruguay, la Comisión Nacional de Fomento Rural, ha solicitado al gobierno que tome medidas para poner límites a la expansión de los agronegocios y evitar que desaparezca la agricultura familiar.

Los cultivos transgénicos ocupan en la actualidad cerca de 37 millones de hectáreas en el Cono Sur, lo que equivale a un tercio del área de cultivos transgénicos a nivel mundial. El principal cultivo es la soja, pero también se siembran maíz y algodón transgénicos. El país con mayor área de cultivos transgénicos a nivel global es Argentina, con cerca de 19 millones de hectáreas, seguido por Brasil con 14,5 millones.

Si lo desea, acceda aquí a la versión completa en formato pdf de “La coexistencia excluyente. Transgénicos en el Cono Sur – El caso uruguayo”.

Por más información:

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
Karin Nansen – Pablo Galeano
908 27 30 – 099 307 792 – 098 579 350
urusust@redes.org.uy – pablogaleano71@gmail.com

La compañía, con sede en Estados Unidos pero con su centro de operaciones en Suiza, se basa en el Acuerdo de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y ese país europeo en 1988 y vigente desde 1991.

Philip Morris argumenta que hay tres normativas del gobierno que afectan su negocio: la Resolución 514 de marzo de 2009, que dispuso una única presentación por marca de cigarrillos de venta al público, y el decreto 287 y la  Ordenanza 466, que impusieron nuevas imágenes de advertencia sobre el riesgo de fumar y que las  mismas ocupen el 80 por ciento de la caja de cigarros.

La tabacalera considera que se están violando las disposiciones del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Uruguay y Suiza vinculadas a los Derechos de Propiedad Intelectual. Explica que al exigir etiquetas contra el tabaco de un tamaño que no permiten mostrar las marcas, Uruguay está indirectamente expropiando -sin compensación- una inversión de origen suizo, protegida por el Acuerdo. Señala además que la disposición de una sola presentación por marca es un “trato injusto” que la obligó a dejar de comercializar varios de sus productos.

El CIADI deberá decidir ahora si acepta la demanda contra Uruguay para dar lugar al caso. Como expresa el dossier, los 28 Acuerdos de Protección de Inversiones que tiene vigentes Uruguay, y la  participación del país en el CIADI, hacen que las empresas transnacionales tengan a su alcance un conjunto de posibilidades muy claras para intentar adecuar las políticas públicas a sus intereses particulares.

Estos acuerdos le permiten además a las empresas intentar torcer disposiciones gubernamentales ya adoptadas, mediante la amenaza de la demanda o la demanda propiamente dicha. Esto es lo que viene ocurriendo con varios países en desarrollo y es de esperar que siga pasando de no cambiar las condiciones impuestas en los convenios.

Tanto Bolivia como Ecuador decidieron denunciar al CIADI y salirse de su campo de influencia, en 2007 y 2009 respectivamente. Bolivia además anunció que renegociaría todos los Acuerdos de Inversiones para limitar la solución de controversias al sistema jurídico nacional, y no a otro que sólo favorezca a las corporaciones transnacionales.

El dossier que presenta REDES – AT Uruguay incluye notas puramente informativas, publicadas por medios nacionales y extranjeros, y otros artículos más analíticos y especializados (traducidos especialmente del inglés) que ahondan más en el caso. Estos últimos facilitan una mayor comprensión del tipo de demanda internacional que la tabacalera estadounidense busca y sus argumentos.

Dos de los capítulos del libro fueron escritos por integrantes de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay. “El aporte de las mujeres a la Soberanía Alimentaria. Campesinas del Sur y del mundo” fue redactado por Mariana Viera y Patricia Gainza, y el desarrollo de “La defensa del agua en Uruguay. Pasado, presente y proyección” estuvo a cargo de Ana Domínguez.

“América Latina contada por ellas” es el primer libro de una serie de publicaciones que LatiCe tiene proyectado realizar para dar un espacio de expresión a quienes no tienen acceso a los medios comerciales.

LatiCe, localizada en Kista (Estocolmo, capital sueca), se formó con la intención de visibilizar la lucha de ciertos sectores del pueblo latinoamericano por sus derechos democráticos. Para lograr este objetivo la organización mantiene un contacto productivo con organizaciones en América Latina.

Para descargar “América Latina contada por ellas” acceda a http://www.latice.org

REDES–Amigos de la Tierra Uruguay divulga una nueva publicación llamada “Transnacionales Forestales”, en la cual se muestran las grandes corporaciones del sector que operan en América del Sur, a quiénes pertenecen sus paquetes accionarios y los impactos que están generando en el continente.

Entre ellas se destacan la finlandesa Botnia (ahora sus operaciones en Uruguay son de la también finlandesa UPM-Kymmene), la española ENCE, la sueco-finlandesa Stora Enso, las brasileñas Votorantim y Suzano, la estadounidense Weyerhaeuser y la chilena Arauco.

En Uruguay, por ejemplo, los monocultivos forestales impactan sobre las fuentes hídricas: pueden verse campos vacíos, donde abundan las plagas y suelos degradados, sobre todo en la región centro-oeste del país. Los productores de esa zona testimonian que a partir de 1995 los pozos, cañadas y bañados se comenzaron a secar. Es posible constatar que pozos de agua que abastecían a la población hoy están secos.

Los monocultivos forestales, sumados a los de soja, han generado un fuerte impacto sobre el ecosistema de pradera, base de la agricultura y la alimentación de nuestro país. Eso va de la mano del proceso de concentración y extranjerización de la tierra: hoy más de la mitad del área forestada en Uruguay es propiedad de unas pocas corporaciones transnacionales, como Weyerhaeuser, Stora Enso, Arauco y Botnia (UPM-Kymmene).

La empresa ENCE, con tierras y plantaciones en Uruguay, le vendió en mayo de 2009 sus operaciones allí a Stora Enso y Arauco por 344 millones de dólares. La transacción originó el latifundio más grande en la historia del país: 250.000 hectáreas de tierra en manos de dos empresas. Con las inversiones de Stora Enso y las programadas por la compañía portuguesa Portucel, nuestro país estaría llegando a los tres millones de hectáreas forestadas. Si con un millón de hectáreas aproximadamente en la actualidad las consecuencias son notorias, no hacen falta demasiados cálculos para estimar lo que sucedería con el triple.

Stora Enso tiene hoy en día más tierras en América Latina que las que posee en Europa. En su expansión por el estado brasileño de Bahía la empresa sueco-finlandesa deforestó un ecosistema tan valioso como el bosque atlántico, y en Rio Grande do Sul adquirió ilegalmente tierras fronterizas con Uruguay. Los extranjeros no pueden comprar tierras en Brasil a menos de 150 kilómetros de la frontera con otro país. Pero Stora Enso lo hizo a través de una empresa “ficticia”, la agropecuaria Azenglever, de propiedad de dos brasileños que eran importantes directivos de Stora Enso en América Latina.

El mapeo elaborado por REDES-Amigos de la Tierra Uruguay permite conocer las diversas empresas forestales que operan en América del Sur, sus puntos de ubicación, sus producciones. Detalla además sus impactos ambientales, sociales, económicos y políticos en los diversos países. Se trata de una nueva herramienta que facilita el seguimiento de las grandes corporaciones del sector forestal y celulósico en su ocupación de la región.

Si desea ver el trabajo en formato pdf, por favor descárguelo aquí.

Por más información:
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy