Tras una apertura mística realizada en la sala de conferencias del palacio de Itamaraty este jueves 20 de mayo, organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes, asalariados rurales y de pescadores artesanales presentaron a autoridades de los países convocadas por FAO sus propuestas para la redistribución de la tierra y la soberanía alimentaria.

Al tiempo que reconoce un “profundo retroceso en la región en cuanto a la tenencia y uso de la tierra producto de un modelo de agricultura industrial”, la declaración de Brasilia denuncia la criminalización de las luchas y la persecución de miles de luchadores en todo el continente.

“Confluimos a esta Consulta para una vez más compartir nuestras preocupaciones y visiones para hacerle frente a los problemas que sufren nuestros pueblos, analizar con detenimiento las causas de los mismos y formular propuestas para las directrices que de manera terminante sostenemos que no deben ser voluntarias sino vinculantes”, señala la declaración leída por la peruana Lourdes Huanca y el brasileño Nivaldo Ramos.

Sobre la necesidad de no dejar librado a la voluntad de gobierno las políticas sobre estos aspectos estratégicos, señala la declaración que “únicamente partiendo del establecimiento de normas de cumplimiento obligatorio se logrará dar una respuesta a los graves problemas que hoy amenazan la vida de millones de habitantes del mundo rural en nuestro continente y garantizar la soberanía de nuestros pueblos”.

El acuerdo alcanzado por casi un centenar de delegados de veinte países apunta sus críticas hacia los mega emprendimientos turísticos y de infraestructura como duros competidores de las comunidades rurales por su recurso principal, la tierra.

Al referirse a “las causas estructurales de esta problemática”, el documento que servirá como insumo a FAO para elaborar directrices sobre el uso de la tierra y otros recursos naturales, afirma que es “el actual sistema capitalista de producción, a través de la mercantilización de la totalidad de nuestros medios de vida y la naturaleza la raíz desde donde nace este modelo, que amenaza con arrasar con miles de años de creación de diversidad y cultura”.

Asimismo, señala que el capitalismo que “utiliza a la tierra y a la naturaleza como un objeto para lograr la producción de mercancías es la causa principal de esta problemática y sin cambiar este modo de relación, no podremos salir del callejón sin salida al que este modelo nos ha llevado”.

La declaración también enumera los principios que deberán orientar las directrices que surjan de FAO, entre ellos la soberanía alimentaria, una nueva Reforma Agraria Integral, participativa, de distribución de tierras, reconocimiento de territorios y protección de los Bienes Naturales con libre circulación de semillas y conocimientos impidiendo todo tipo de apropiación de ambos.

El pronunciamiento incluye la reivindicación de la participación plena y protagónica de las mujeres “que con su sabiduría nos motorizan a avanzar hacia una sociedad con equidad de género”.

Los representantes de las organizaciones y movimientos sociales destacaron durante sus intervenciones en Itamaraty la escasa concurrencia de parte de las delegaciones gubernamentales al llamado de FAO.

Asimismo, se señaló que si bien la “apertura” de FAO resulta valorable como apuesta a la participación de la sociedad civil, “no es un regalo” de la institución internacional sino producto de la larga y sostenida lucha de los movimientos en el continente.

Si lo desea puede acceder aquí a la versión completa de la Declaración de Brasilia. 

La Secretaría de la Presidencia de Uruguay comenzará a partir de la semana que viene a coordinar encuentros bilaterales con las empresas responsables de varias mega inversiones anunciadas para el país para el corto y mediano plazo. El objetivo es acelerar las discusiones técnicas para avanzar en la puesta en marcha de los proyectos.

Agricultura, forestación y producción de pasta de celulosa, minería, infraestructura, son las áreas más elegidas por capitales principalmente extranjeros para ubicarse en el país.

La minera india Aratirí avanza con sus estudios para explotar hierro en masa, la brasileña Votorantim se decidió a explotar sus yacimientos de piedra caliza en la zona de la Quebrada de los Cuervos, departamento de Treinta y Tres, y una empresa uruguaya busca también operar yacimientos allí.

Hay varios proyectos de infraestructura. Entre ellos está el de un puerto en La Charqueada, también en Treinta y Tres, presentado el año pasado. Además, hay dos proyectos para construir una planta de generación eléctrica en base a carbón, otros para instalar granjas eólicas y un gran emprendimiento agroindustrial pensado para Plácido Rosas, departamento de Cerro Largo, vecino de Treinta y Tres.

Según constata Radio El Espectador de Uruguay, está muy avanzado el proyecto para la construcción de una terminal granelera en el río Tacuarí, en el límite entre los dos departamentos, y hay que sumar una terminal especializada en minerales sobre el mismo curso de agua, desde donde se exportaría la piedra caliza hacia Brasil.

Por su parte, la empresa portuguesa Portucel informó al Poder Ejecutivo que mantiene su interés por instalar una planta de celulosa y papel en Uruguay. Hace años que la compañía manifestó la intención de instalarse en el país sudamericano y han habido varias instancias de diálogo con el gobierno nacional. Luego trascendió que Portucel podría instalarse en Brasil en lugar de Uruguay, lo que nunca fue confirmado. La inversión de la empresa superaría los 1500 millones de dólares.

La compañía finlandesa UPM-Kymmene ya tiene en funcionamiento una planta de celulosa en Fray Bentos, departamento de Río Negro, y la sociedad Stora Enso (sueco-finlandesa)-Arauco (chilena) tiene proyectado instalar otra.

El senador del oficialista Frente Amplio, Eleuterio Fernández Huidobro, advirtió que los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha sufrirán severos problemas si prosperan estos proyectos y no se adoptan medidas para hacer frente a sus impactos. Explicó, citado por El Espectador, que con las iniciativas se generará una gran migración hacia esas zonas y, por lo tanto, habrá severos inconvenientes de alojamiento, salud y saneamiento.

El legislador considera que esos departamentos del noreste uruguayo no están preparados para los controles sanitarios y medioambientales que será necesario realizar y mantener.

Además, la expansión de la zona debe utilizar la Laguna Merín o las costas oceánicas de Rocha para el retiro o exportación de la producción. Fernández Huidobro afirma que la Armada Nacional tiene una presencia insignificante en esas aguas y costas y que necesitará realizar un muy serio despliegue.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 1 de abril. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Se-vienen

Unos 30 manifestantes europeos se reunieron fuera del edificio donde se realizó la asamblea general anual de Stora Enso en Helsinski y acusaron a la compañía de violar los derechos humanos en varios países y de realizar prácticas de “lavado verde”.

Advirtieron a los accionistas de la empresa que los monocultivos forestales son una amenaza para la vida de los pequeños productores y la soberanía alimentaria en países como Brasil y Uruguay. Dos de los activistas subieron a una torre al lado del centro de conferencias y desplegaron una bandera denunciando las mentiras de Stora Enso.

Las organizaciones de América Latina y el Caribe de Amigos de la Tierra, especialmente REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, y el MST brasileño difundieron una declaración en la que señalan: “empresas transnacionales de la celulosa, como Stora Enso, se han lanzado en un nuevo y ambicioso ciclo de ocupación territorial a través de las plantaciones forestales para la producción de celulosa en el Cono Sur, un proceso alineado con la agresiva estrategia de la Unión Europea de acceso al comercio de bienes naturales conocida como Europa Global”.

El documento explicita la operativa de las corporaciones forestales y celulósicas en Brasil y Uruguay particularmente, pero también en Argentina y Paraguay, sus estrategias publicitarias, su influencia en los representantes políticos, en las autoridades de la enseñanza y en los medios de comunicación. También habla de los crímenes de algunas de esas empresas, sus actividades ilegales y de los impactos ambientales, sociales y culturales de los monocultivos forestales en América Latina.

Las agrupaciones firmantes alertan sobre la criminalización de los movimientos sociales que luchan en defensa de la soberanía sobre sus territorios, y sobre el proceso de militarización y formación de milicias armadas que trabajan para las empresas y restringen la libre circulación de los campesinos.

Asimismo, demandan una moratoria a la expansión de nuevas áreas de plantaciones y a la instalación de más fábricas de celulosa en la región, y que se detenga y revierta el proceso de extracción de bienes naturales de los territorios al servicio de la estrategia Europa Global, para el beneficio de sus empresas.

Ambientalistas y campesinos piden además la reducción de consumo de papel en el Norte, que el Sur no reproduzca los mismos patrones de producción y consumo, que se reparen los ecosistemas afectados y que se enjuicie y castigue a las empresas de la forestación y celulosa por sus crímenes ambientales y su violación de los derechos humanos.

Por más información:
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
Sebastián Valdomir
908 27 30 – 098 965 135
sebastian@redes.org.uy

María Selva Ortiz
908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy

“No aceptaremos convertirnos en una nueva base norteamericana en el Caribe”, dice desde un Puerto Príncipe en escombros y bajo régimen militar un Camille Chalmers indignado por la conducta de los gobiernos, en especial Washington, que acudieron al “rescate” de Haití con tropas y armas.

Transcurridas tres semanas del sismo, amplificadas en cuanto a la repercusión mediática de los proyectos que las grandes potencias prevén para el país que ocupa parte del territorio de la isla “La Española”, el integrante de la organización PAPDA (Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif) y miembro de la coordinación internacional de la red Jubileo Sur, dialogó con Radio Mundo Real denunciando cómo el “salvataje” puede empeorar más aún las cosas en su país.

Algunas pinceladas de la catástrofe pos-catástrofe haitiana: lejos de anular la deuda externa contraída durante el régimen de facto de Duvalier, el Fondo Monetario Internacional se apresuró a aprobar un nuevo préstamo de más de 100 millones de dólares atado a la aplicación de medidas de ajuste por parte de Haití.

Asimismo, el ejército norteamericano impidió el aterrizaje de vuelos conteniendo ayuda humanitaria en el aeropuerto de Puerto Príncipe durante los dos días que le insumió tomar el control del mismo para recibir a la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

Deuda represiva

Chalmers recuerda que apenas declarada la independencia haitiana a través de la revolución esclavista surge un primer empréstito destinado a mantener a la nación negra bajo la órbita de la “economía mundial”, esto es, en el subdesarrollo y la dependencia, reducida a una enorme plantación azucarera para endulzar a los países ricos.

“Se utilizó el mecanismo de la deuda para la reintegración de Haití a la economía mundial y para contrarrestar un proyecto revolucionario”, comenta el activista haitiano.

La deuda contemporánea sigue siendo igualmente política, ilegítima y odiosa. De ahí el reclamo por su anulación que han elevado a los gobiernos varias organizaciones internacionales.

“Frente a la crisis instalada por el terremoto, vimos que el Fondo Monetario Internacional impuso un nuevo préstamo de 104 millones de dólares, pagadero a partir de 2012”, explicó Chalmers.

El fracaso de la MINUSTAH

La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) que desde hace ocho años se encuentra presente en el país ha demostrado largamente su fracaso tanto en la etapa previa como posterior a la crisis del sismo.

Al momento del terremoto, los efectivos de la MINUSTAH “quedaron completamente paralizados” y fueron vistos en las calles “recién al cuarto día” relata el integrante de Jubileo Sur.

Bajo la comandancia militar de Brasil, participan con efectivos militares en la MINUSTAH Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Guatemala.

Todos los objetivos fijados a la misión por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han fracasado, dice Chalmers y hoy está más claro aún que se trata de una “misión militar de ocupación que lesiona la soberanía del pueblo haitiano y que impone al gobierno políticas específicas en materia económica”, pero que además representa una amenaza militar directa a los países de la región “que no acepten el neoliberalismo”.

La diferencia del ALBA

Finalmente, el activista haitiano puntualiza la conducta diferencial adoptada tras el terremoto por parte de algunos países latinoamericanos vinculados a la Alternativa Bolivariana para América (ALBA).

“Es importante subrayar que desde hace muchos años Haití recibe la solidaridad de países del espacio ALBA. Es una cooperación fraternal sin condicionalidades y tras el terremoto el primer equipo médico en llegar fue cubano”, explicó Chalmers.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 4 de febrero. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Fuerte-Principe

El terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que azotó Haití el 12 de enero, causando la muerte de más de 200.000 personas y afectando directamente a otros 3 millones, ha provocado distintas muestras de solidaridad por parte de la comunidad internacional, que ha intentado aliviar la situación de caos y desastre que se vive en ese país centroamericano.

Desde el plano social, varias organizaciones se han pronunciado al respecto, tanto para sumarse a los pedidos de solidaridad como para reclamar que ésta no justifique las situaciones que han sumido a Haití históricamente en la pobreza.

“Las grandes potencias colonialistas (Francia y Estados Unidos, en destaque) que han empobrecido y violentado a la sociedad haitiana durante siglos, tienen una responsabilidad directa e ineludible no solo de socorrer a las víctimas del terremoto, sino de canalizar recursos suficientes para la reconstrucción del país, respetando de una vez por todas la soberanía y la autodeterminación haitianas. En lo sucesivo, se impone una responsabilidad histórica para los gobiernos de esas potencias y de los países latinoamericanos, que no puede limitarse a la donación pasajera de recursos para las tareas de socorro”, dice parte de una declaración emitida por la Secretaría del Grito de los Excluidos/as Continental, una articulación de movimientos sociales que actúa en toda América.

“Es necesario mantener en alto la lucha por la reparación histórica y anulación de la deuda externa que pesa sobre Haití, así como alertar ante los previsibles intentos que vendrán por legitimar la intervención militar de la MINUSTAH (sigla en francés de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), que ahora pretenderá presentarse como la única fuerza capaz de contribuir a la atención de la crisis post-terremoto. Debemos seguir insistiendo en la ilegitimidad de esa fuerza de ocupación instalada en el país desde el 2004 y que ha contribuido en muy poco al mejoramiento de la situación política y social del país”, agrega la declaración.

Por su parte, la organización campesina de base Vía Campesina hizo un llamado a la solidaridad internacional, a través de un comunicado que decía lo siguiente: “No podemos dejar de recalcar y denunciar que los efectos de cualquier catástrofe natural se agudizan siempre en contextos de pobreza, de vulnerabilidad y de exclusión. Somos conscientes de que estas fuerzas de la Naturaleza no son controlables ni previsibles, y que éstas no son responsabilidad de la comunidad internacional; sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es posible que esa misma comunidad internacional siga permitiendo un mundo cimentado sobre semejante injusticia e inequidad, la misma que multiplica los efectos destructores y el número de víctimas de un terremoto como el que ha sufrido Haití?”.

También la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) inició una campaña internacional de solidaridad con el pueblo de Haití. Al igual que otras organizaciones, AMARC reconoció en su pedido que Haití enfrentaba enormes problemas antes del terremoto, y solicitó que se apoye a las radios comunitarias afectadas por el sismo, mediante una asistencia que incluya “donaciones de equipos y apoyo financiero”.

Incluso desde Gaza, un grupo de palestinos ofreció enviar ayuda al devastado país centroamericano.

En declaraciones que reprodujo el medio estadounidense Democracy Now!, Jamal Al-Khudari, del Comité contra el Sitio de Gaza, declaró: “Estamos enviando donaciones porque nosotros, los palestinos, hemos sufrido mucho y nos sentimos más cerca del sufrimiento del pueblo de Haití que otros pueblos del mundo. Sufrimos mucho y sentimos su sufrimiento, por eso es que decidimos donar desde el centro del sufrimiento, desde Gaza sitiada”.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 20 de enero. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Se-mueve-la-Tierra

El epicentro del terremoto se situó a unos 16 km. al sur de Puerto Príncipe (la capital del país donde residen dos millones de habitantes), lo que provocó grandes destrozos en la ciudad y decenas de miles de personas muertas o gravemente heridas.

Las oficinas de Amigos de la Tierra Haití (Haiti Survie) fueron destruidas. El director Aldrin Calixte está bien, pero otros compañeros y sus familiares siguen desaparecidos.

Amigos de la Tierra Haití desempeña un papel vital en la sociedad de su país, y más ampliamente en la región del Caribe. Lleva a cabo un muy valioso trabajo sobre soberanía alimentaria, deforestación, desertificación y adaptación al cambio climático, entre otros asuntos.

Para saber más sobre el importante trabajo de Amigos de la Tierra Haití, consulte el informe anual de Amigos de la Tierra Internacional y la página web del grupo.

Por favor, si lo desea haga una donación hoy para ayudar a Amigos de la Tierra Haití en su respuesta de emergencia a la situación y los necesarios esfuerzos de reconstrucción.

En Uruguay, una zafra excepcional en producción de durazno y la consiguiente destrucción de ese alimento, debería poner sobre la mesa la acuciante necesidad de adoptar medidas en torno a la soberanía alimentaria.

Sin embargo, en la transición política entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica –que asumirá el 1º de marzo próximo– sumado al receso estival, no aparecen ideas que contrasten con el discurso productivista o bien alimenten la falsa dicotomía entre un “campo en abundancia” y ciudades “hambrientas”.

Según ha sido difundido, unas 4.600 toneladas de la fruta, que alcanzó precios en torno a los 0,30 dólares el kilogramo en el mercado mayorista dado el aumento de producción en una zafra excepcional, habrían sido “destruidas”, es decir arrojadas a los cerdos o bien literalmente enterradas sin ingresar al circuito comercial.

La destrucción de producción ha sido un método largamente empleado para la regulación de mercados con sobreoferta, es una ley del desarrollo del capitalismo ya plasmada por Karl Marx en su “El Capital”. Sin embargo, cuando las mercancías son alimentos, lo injusto del sistema golpea con fuerza especial las conciencias, o al menos así debería ser.

Las respuestas en torno a este tema dejan al descubierto las falencias de un sistema de producción de alimentos en Uruguay, librado al libre juego de la oferta y demanda, con la casi nula aplicación de políticas diferenciadas en toda la cadena, desde la producción primaria, la comercialización y aún en los hábitos de consumo.

El secretario de la gremial de pequeños productores (Comisión Nacional de Fomento Rural), Fernando López, declaró que los grandes volúmenes de comercialización de esta y otras frutas pasan por las manos de cinco grandes empresas y que son ellas las que tienen la capacidad de regular el precio mediante la destrucción. Está claro, ha dicho, que ningún pequeño productor a título individual destruiría su cosecha, sino que son los grandes acopiadores quienes cuentan con un panorama más cabal del mercado como para asumir esa drástica decisión.

La respuesta del presidente electo José Mujica –quien ejerciera como Ministro de Ganadería y Agricultura en el período 2005-2009– fue lamentar no haber podido exportar esa fruta a los países cercanos para alivianar el mercado y asignó esa “falla” a la “falta de organización” de los productores. Ni una línea respecto a la falta de planificación estatal o a la carencia de un aparato industrial que agregara valor al alimento primario.

La idea de Soberanía Alimentaria, entendida como “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos de comercialización y de gestión de los espacios rurales” y sus consiguientes consecuencias en el tejido productivo aparece ausente de los planteos a las puertas de un nuevo gobierno progresista.

Como suele ocurrir, este tema será sepultado por otros: las copas de fútbol de verano, el divorcio de alguna diva argentina o los preparativos de la transición… Quizá si a partir de este fenómeno la sociedad uruguaya toda pudiera discutir a fondo la realidad del sector productivo como una cuestión de verdadera soberanía, habríamos ganado algo.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 14 de enero. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Hablemos-de-eso

Militantes de cinco organizaciones sociales de Bella Unión, una localidad ubicada al norte de Uruguay, ocuparon este lunes unas 2.000 hectáreas de tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Colonización (INC). Cuestionan al organismo estatal por la demora en la adjudicación de esas tierras, que fueron prometidas hace dos años por el presidente, Tabaré Vázquez, en una visita a la ciudad.

En esa ocasión, el mandatario asumió el compromiso de destinar esa colonia, que lleva el nombre del referente tupamaro Raúl Sendic, para asalariados rurales y pequeños plantadores de caña.

Desde el Poder Ejecutivo argumentan que el 28 de diciembre pasado se tomó la definición de entregar la tierra a estas familias, y sugieren que la medida de fuerza tiene fines políticos, ante la inminente asunción, en marzo, del presidente electo José Mujica.

Los ocupantes pertenecen a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA), la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APAARBU), la Gremial Granjera y el Sindicato de Obreros de Calagua (Calagua).

Gabriel Suárez, de la UTAA, señala que la medida de fuerza se coordinó durante la tarde del domingo y aseguró que la ocupación no tiene ningún trasfondo político, como han dicho representantes del gobierno, y se adoptó solamente teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores.

A pesar del anuncio de que se concretará la entrega de las tierras por parte del INC, la ocupación sigue adelante, porque los trabajadores no están en condiciones de iniciar la producción sin recursos y financiamiento.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 6 de enero. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Estan-adentro

Diálogo con dos mujeres rurales uruguayas en el marco de la Expo Hortícola de la Producción Familiar

La asociación de los pequeños productores rurales uruguayos ha conocido etapas de apogeo y caída, de acuerdo a cómo soplen los vientos de las políticas oficiales y las fases de las distintas tesis económicas dominantes en el país.

En la década de los 90, la fuerte red de organizaciones de base campesinas se vio severamente golpeada por el desinterés oficial y por la apertura indiscriminada de mercados, acompañada de una diferencia cambiaria que literalmente hacía inviable la producción y la vida de los humildes del campo.

En los últimos cinco años, sin embargo, la organización de pequeños productores ha conocido un impulso inusitado y los síntomas de recuperación del espíritu asociativista se han comenzado a ver. Se trata ni más ni menos del viejo espíritu comunitario de los pobladores del campo, aunque con características nuevas como es el papel predominante de la mujer asumiendo responsabilidades claves en estas organizaciones.

Días atrás en la localidad uruguaya de San Antonio, departamento de Canelones, se realizó la primera “Expo Hortícola de la Producción Familiar”. El gimnasio del club local se vio invadido por alimentos que orgullosamente eran expuestos por quienes los cultivaban en sus chacras, en el corazón geográfico del departamento y una de las zonas de mejor suelo agrícola de todo Uruguay.

A pesar de que también se expuso sofisticada maquinaria de última generación que viene empleándose en la zona, el símbolo que presidió la jornada fue un arado a mansera. Es que una de las fuentes de tracción principales en esta zona sigue siendo la animal, los bueyes, casi un rasgo distintivo de la localidad.

Varias conferencias fueron escuchadas atentamente por los productores, como ser el programa de rescate de poblaciones locales de zanahoria y zapallo que viene realizándose desde la Universidad de la República como una alternativa a la dependencia de variedades importadas.

Radio Mundo Real dialogó con Rosario y María, integrantes de la Sociedad de Fomento Rural de San Antonio. Ellas nos cuentan los motivos que las han hecho tener un papel fundamental en esta nueva etapa de su organización y el espacio que la labor social con sus pares ha ocupado en sus vidas.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 9 de noviembre. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/Fuertes-y-juntas

Uruguayos deciden no apoyar el plebiscito para anular la impunidad

Durante todo el domingo, la postal que podía verse en las calles de Montevideo era prácticamente igual en cada uno de los barrios: gente agitando banderas en las esquinas, entre las que predominaban las rojas, azules y blancas del Frente Amplio –el partido que nuclea a las agrupaciones de izquierda en Uruguay- junto a pancartas y banderas rosadas, que representaban el voto afirmativo en el plebiscito para anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que al igual que el plebiscito que abogaba por el voto epistolar, se celebraba junto a las elecciones nacionales.

La ley que se buscaba anular este domingo garantiza la impunidad de quienes violaron los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar uruguaya, ocurrida entre 1973 y 1985. El plebiscito había sido posible gracias a decenas de organizaciones sociales, que habían conducido una campaña masiva de recolección de firmas para que la ciudadanía se expidiera por segunda vez sobre este asunto.

Pero sobre la noche, cuando se empezaron a conocer las primeras proyecciones de las consultoras de opinión pública sobre el resultado de las elecciones, las bocinas que se escuchaban aún con fuerza en la calle se fueron apagando. Según se informaba, ninguno de los plebiscitos había logrado superar el 50 por ciento de los apoyos, la cantidad necesaria para ser aprobado. Con un porcentaje apenas superior al 40 por ciento, la papeleta rosada, que representaba el “Sí” para anular la ley de caducidad, había sido rechazada por la ciudadanía.

“La lucha por los derechos humanos es permanente. Desde lo ético, esta ley es nula”, declaró Luis Puig, integrante de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, en una conferencia que brindó ese organismo el domingo, luego de conocerse los resultados.

Puig recordó además que la papeleta rosada había logrado concitar un gran apoyo entre la ciudadanía, y que el resultado no quería decir que el pueblo uruguayo convalidara la tortura. “De ninguna manera se baja la cortina, hay mucho para hacer en materia de derechos humanos”, afirmó.

En cuanto a las elecciones nacionales, el Frente Amplio volvió a ser el partido más votado, pero no alcanzó el porcentaje de sufragios necesario para alcanzar la presidencia en primera vuelta. Por ello en noviembre se celebrará un ballotage entre la fórmula frenteamplista, encabezada por José Mujica y Danilo Astori, y la del derechista y conservador Partido Nacional, representada por el ex presidente Luis Alberto Lacalle y por Jorge Larrañaga.

Esta última fórmula presidencial ya cuenta con el apoyo del presidenciable del también derechista Partido Colorado, Pedro Bordaberry, hijo del dictador Juan María Bordaberry.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 26 de octubre. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/Un-paso-atras