Sabiendo que en la agenda de debates del próximo encuentro, está el análisis de la situación en Honduras, queremos hacerles llegar las siguientes reflexiones:

1. El gobierno encabezado por Porfirio Lobo es ilegítimo. Surge de un golpe de estado, que destituyó al presidente constitucional Mel Zelaya. Los crímenes cometidos por el fascista Micheletti y su gobierno, sus jueces, sus diputados, sus medios de comunicación, la jerarquía de la Iglesia Católica, pretenden ser dejados en la impunidad por la políticas continuista de Porfirio Lobo, que habla de “reconciliación”, a través de una “comisión de la verdad”, que tiene como objetivo establecer una ficción democrática, sobre la base del olvido de los crímenes y el perdón a los criminales.

2. El gobierno de Porfirio Lobo, surgido de un fraude eleccionario realizado para perpetuar los intereses de los grupos de poder –amenazados por la movilización popular que avanzaba hacia un proceso constituyente–, sigue reprimiendo a la resistencia, a través del asesinato selectivo de líderes, de periodistas independientes y el desalojo violento de comunidades en lucha. El reforzamiento del fundamentalismo y del patriarcado se expresa en mayor violencia contra los cuerpos de las mujeres, en el aumento de los femicidios y en el enorme crecimiento de los crímenes contra la comunidad lgttbi.

3. Este gobierno es responsable también del retroceso en conquistas sociales fundamentales. Constituye una amenaza para toda América Latina, porque favorece la rearticulación de la derecha conservadora y del militarismo en el continente, fortaleciendo las políticas de invasiones, la guerra, el injerencismo, la criminalización y la judicialización de las luchas sociales, promovidas por el gobierno y los sectores del poder estadounidense y mundial.

4. Nos indigna la decisión del gobierno de EE.UU., que luego de inspirar el golpe y propiciarlo, presiona directamente sobre las decisiones de otros gobiernos, buscando el reconocimiento del
golpismo.

5. Nos indigna que gobiernos que se dicen democráticos en América Latina o Europa, surgidos en algunos casos de la elección de pueblos que han sabido de dictaduras, hoy hagan prevalecer los intereses de las trasnacionales y del imperialismo, y avancen hacia el reconocimiento de un gobierno ilegítimo. No sólo perjudican así la lucha del pueblo hondureño, sino que están creando un precedente nefasto para futuros escenarios de desestabilización que puedan promoverse en nuestros países.

6. Resulta conmovedora la resistencia del pueblo hondureño, que masivamente viene expresando su rechazo al gobierno actual, sufriendo por ello mayores represiones. Es a esta resistencia, llena de coraje y de dignidad, a la que es necesario respaldar con la acción decidida de los pueblos de América Latina y de los gobiernos que interpreten el sentir de NUNCA MÁS GOLPES DE ESTADO.

7. Demandamos que América Latina y sus gobiernos cierren filas frente al continuismo dictatorial encaramado hoy en el gobierno de Porfirio Lobo. Es necesario que se desconozca el régimen asesino y que este gobierno no sea recibido en los escenarios internacionales.

NUNCA MÁS GOLPES DE ESTADO
LA SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA, FRENTE A LAS DICTADURAS Y A LA
REARTICULACIÒN DE LAS FUERZAS CONSERVADORAS

Vea la carta con todas sus firmas en formato pdf.

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague”, existe el 50%  de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la  elevación de la temperatura sin cuestionar la causa, que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo  una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos.  Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Así inicia el Acuerdo de los Pueblos. Si lo desea, puede ver el documento completo en formato pdf.

Los movimientos, redes y organizaciones sociales reunidos en la Asamblea de los Movimientos Sociales realizada en Cochabamba, en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, saludamos la iniciativa del compañero Presidente Evo Morales Ayma y respondemos a la convocatoria global para enfrentar la mercantilización y privatización de los bienes comunes y del propio debate sobre el cambio climático.

Evaluamos que la cuestión del cambio climático es importante junto a otras manifestaciones de la crisis sistémica global. Para confrontar realmente la ofensiva imperialista debemos frenar la militarización de nuestros territorios y la criminalización de los movimientos sociales, toda la agenda neocolonial contenida en los Tratados de Libre Comercio, el poder de las transnacionales y especialmente el modelo del agronegocio y extractivo, que promueven la privatización de la
vida y la naturaleza.

Las resistencias están siendo construidas desde la interrelación de diversas perspectivas anticapitalistas, antipatriarcales, anticoloniales y antiracistas, que afirman que esta crisis sistémica no la pagarán los pueblos, al mismo tiempo que se avanza en las alternativas que buscan otro paradigma centrado en la igualdad, el buen vivir y la soberanía de los pueblos.

Este proceso de articulación en permanente construcción es de carácter dinámico, amplio, popular y descentralizado, y procura una mayor concertación de los movimientos sociales para fortalecer las movilizaciones populares. Desde la Asamblea de los Movimientos Sociales nos comprometimos a ampliar esta articulación fortaleciendo los procesos en Asia, África, Norteamérica y Europa.

Ratificamos que uno de los retos principales es fortalecer nuestra plataforma de luchas y alternativas comunes en un proceso que se refuerza por las regiones y que procura repercutir a nivel global.

Este proceso de la Asamblea de los Movimientos Sociales interactúa en una agenda que se compone de muchos momentos clave, entre los cuales la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas IV en Madrid (14 a 18 de mayo), el Foro Social de los Estados Unidos, el Foro Mesoamericano contra los Agronegocios en El Salvador (3 a 5 de junio), el IV Foro Social Américas en Asunción (11 a 15 de agosto), el 21 de setiembre como día mundial contra las plantaciones, el Día de Acción Global contra Monsanto (16 de octubre), el IV Foro Social Mundial de las Migraciones en Ecuador (octubre), el acto de la Tercera Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres en Congo (14 a 17 de octubre) y el proceso de movilización hacia Cancún donde se realizará la COP 16. En ese proceso evaluamos además realizar en ese mes de octubre una semana de acción directa global por la justicia climática, unificando las luchas como se ha venido haciendo desde los movimientos que resisten la privatización y mercantilización del agua en el “Octubre Azul”.

Apostamos a que la Asamblea de los Movimientos Sociales continúe siendo un espacio dinámico y articulador de nuestros procesos y acciones, y actúe como otra herramienta para coordinar nuestras luchas.

Esperamos que los resultados de esta conferencia en Cochabamba fortalezcan la movilización y resistencia, principalmente el Referéndum Mundial sobre el Cambio Climático -que debemos promover, impulsar, debatir y articular en nuestros movimientos- como parte importante de ese proceso de concientización hacia Cancún, así como el Tribunal de los Pueblos sobre Deuda Ecológica y Justicia Climática.

Llamamos a los movimientos sociales del continente y del mundo a impulsar una amplia movilización unitaria y popular para exigir cambios, denunciando a los responsables que impulsan las falsas soluciones a la crisis sistémica -incluyendo la crisis climática.

Si lo desea, puede ver la Carta de la Asamblea de los Movimientos Sociales en inglés en formato pdf.

Sra. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Graciela Muslera
Sr. Subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Jorge Patrone
Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
Tabaré Aguerre
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
Luis Almagro

De nuestra mayor consideración

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay está extremadamente preocupada por la situación actual de las negociaciones internacionales sobre clima. En lugar de ayudar al mundo a avanzar en la dirección necesaria, la organización caótica en Copenhague y la situación confusa luego de la COP han debilitado el progreso alcanzado y han empañado las perspectivas de un acuerdo mundial sobre clima justo y efectivo.

Nos preocupa que el Entendimiento de Copenhague, que no fue redactado de manera democrática ni transparente, y que no coloca al mundo en la dirección necesaria para evitar el catastrófico cambio climático, esté eclipsando años de esfuerzos diligentes para asegurar buenos resultados  por parte de los grupos de trabajo bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto (PK).

Como seguramente saben, el Entendimiento de Copenhague no fue adoptado por la Conferencia de las Partes en esa ciudad, sino que simplemente se “tomó nota” del mismo.

Permitir que el Entendimiento de Copenhague sirva como base para las negociaciones futuras representa una nueva amenaza al logro de resultados efectivos y equitativos en la CMNUCC. Por lo tanto, solicitamos que el Estado Uruguayo desista del Entendimiento de Copenhague por su contenido, ya que en caso de que fuera aceptado se debilitarían los esfuerzos para garantizar una cooperación internacional justa y efectiva en torno al cambio climático.

Varios institutos de investigación concluyen que las promesas de reducción de emisiones que se encuentran en el Entendimiento son tan bajas que ponen al mundo en riesgo de aumentar la temperatura mundial en 4 grados Celsius, lo que causaría una catástrofe para la supervivencia de los seres humanos y el medio ambiente.

El Entendimiento destruye implícitamente el Protocolo de Kioto (PK), y le resta su carácter vinculante a nivel internacional a las acciones de mitigación de los países desarrollados. El Entendimiento reemplaza el modelo del PK para la mitigación (es decir metas nacionales vinculantes, agregadas e individuales) por un sistema de promesas voluntarias y unilaterales por parte de cada país desarrollado, privilegiando los argumentos económicos sobre las implicaciones ambientales de la catástrofe climática.

El Entendimiento de Copenhague cambiaría radicalmente el equilibrio de derechos y obligaciones entre los países desarrollados y en desarrollo en la CMNUCC, atentando contra el mismo, ya que contradice muchos de los principios (equidad y responsabilidad común pero diferenciada, entre otros) y disposiciones de la CMNUCC (artículos sobre financiamiento y tecnología, el artículo 4.7, entre otros). No podemos perder de vista que los países más vulnerables al cambio climático no hemos contribuido a acelerar el calentamiento global.

El Entendimiento también impone obligaciones de mitigación más fuertes a los países en desarrollo, en comparación con las del Plan de Acción de Bali o con la Convención, sin garantizar transferencias de financiamiento y tecnología (lo cual es una obligación ética y legal para los países desarrollados).

El Entendimiento también es contrario a muchas de las posiciones y demandas de los países en desarrollo en las negociaciones multilaterales. En especial, socava la posición de los países en desarrollo en relación al financiamiento, como la demanda de que se establezca un Fondo Climático Multilateral que sea gestionado por la Conferencia de las Partes y cuyo financiamiento consista en cientos de miles de millones de dólares por año, que sean adicionales a la cooperación para el desarrollo, que no generen deudas públicas con Instituciones Financieras Internacionales y que provengan principalmente de fondos públicos. Si se acepta el Entendimiento, se socavarían las posiciones de los países en desarrollo en la CMNUCC.

También nos inquietan los intentos de algunas Partes de destruir el sistema multilateral y de reemplazarlo por un sistema para nada transparente, en el que solo unos pocos tienen acceso a la información, contribuyen con ideas y toman decisiones. Deploramos en especial la práctica ilegítima y no democrática de que un pequeño grupo de Partes se reúna para redactar un texto por fuera del proceso formal de negociación, dejando afuera a un gran número de países, y a la mayoría de las personas cuyas vidas y medios de subsistencia están siendo afectados por el cambio climático, que además son quienes están en peores condiciones para defender a sus comunidades de las consecuencias.

En este mismo sentido, nos preocupa que el modelo del Acuerdo de Copenhague, que excluyó la voz de los pueblos indígenas, de las poblaciones minoritarias y de organizaciones de la sociedad civil que representan intereses de comunidades campesinas, pequeños productores, ambientalistas y mujeres, entre otros, se reproduzca en el nivel nacional, donde se vienen adelantando procesos relacionados con el cambio climático sin consultar amplia y democráticamente a sectores altamente vulnerables, limitando la participación de la sociedad civil a entidades especializadas que no representan una perspectiva de derechos sociales, económicos y ambientales para hacer frente al cambio climático.

La CMNUCC, junto con los buenos aspectos del Protocolo de Kioto y el Plan de Acción de Bali (2007), constituyen un régimen multilateral que actualmente es la mejor posibilidad que tenemos para lograr la clase de acciones mundiales necesarias para afrontar la crisis climática. Apoyamos firmemente los principios fundacionales de equidad, responsabilidad común pero diferenciada y reconocimiento de la responsabilidad histórica, afirmados por la CMNUCC. Estos principios deben ponerse en práctica para pagar la deuda climática que se le debe a los países en desarrollo, alcanzar la justicia climática, evitar el crecimiento desastroso de las emisiones, y adaptarse a los impactos del cambio climático ya irreversible. Además, los derechos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y trabajadores/as deben estar en el centro de la lucha en contra del cambio climático.

Han habido avances en las negociaciones de la CMNUCC, aunque se debe hacer mucho más; pero para ello las mismas deben ser apoyadas y fortalecidas, no debilitadas. Los informes de las presidencias de los grupos de trabajo de este proceso doble (Kioto y Acción Cooperativa a Largo Plazo) fueron adoptados en Copenhague (a diferencia del Entendimiento de Copenhague), y por lo tanto deben ser la base para continuar las negociaciones. En Cancún, en diciembre de 2010, se puede llegar a una conclusión sobre los temas más importantes -como un segundo período de compromiso en el marco del Protocolo de Kioto para los países del Anexo I, con grandes reducciones de emisiones como exige la ciencia y la equidad; esfuerzos comparables por parte de los países del Anexo I bajo la Convención (de cara a Estados Unidos); y acuerdos en los cinco temas de acción cooperativa a largo plazo (financiamiento, tecnología, mitigación, adaptación, visión compartida) –si los países operan en buena fe y de manera transparente e inclusiva.

Por lo tanto exigimos que se tomen medidas para que las negociaciones y acciones sobre clima se orienten hacia la justicia climática, no hacia el mercadeo de bosques, agrocombustibles y proyectos aislados. Entre otras medidas, quisiéramos destacar los siguientes pasos:

1. Todos los países deben reafirmar que las negociaciones sobre clima deben llevarse a cabo en la CMNUCC, es decir, el único proceso multilateral legítimo que garantiza igualdad para todas las Partes en términos de resultados que afectan la vida y los medios de subsistencia de la población del mundo entero. Este proceso debe tener pleno apoyo, y ningún país debe debilitarlo.

2. El Estado Uruguayo debe desistir del Entendimiento de Copenhague, y debe rechazar su uso como base de cualquier negociación.

3. La CMNUCC debería restablecer rápidamente sus dos grupos de trabajo sobre LCA y el PK, que deberían reunirse tan a menudo como sea posible antes de la COP que se realizará en diciembre en México. La base para las negociaciones deben ser los informes de los grupos adoptados en Copenhague y las propuestas de las Partes.

4. Se debe mantener el Entendimiento de Bali en cuanto a la mitigación, y los países del Anexo I del PK deben asumir nuevos compromisos vinculantes (hasta 2020 o 2017) con metas agregadas e individuales para un segundo período, mientras que Estados Unidos debe comprometerse de manera similar en la Convención a través de una Decisión u otro instrumento; y los países en desarrollo realizar acciones de mitigación posibilitadas por la disponibilidad de fondos y tecnologías, sujetas a ser medibles, notificables y verificables, sin atentar contra los derechos de comunidades rurales en los países en desarrollo.

5. Se deben apoyar las acciones de adaptación en todos los niveles, en diferentes sectores económicos y sociales y ecosistemas, inclusive a través del fortalecimiento de capacidades nacionales, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, posibilitando la reducción de riesgos de catástrofes y atendiendo los daños y las pérdidas. Las acciones deben ser apoyadas con medios adecuados de implementación, incluyendo transferencia de tecnología y compromisos de mayor financiamiento a largo plazo, que sea adecuado, nuevo y adicional, previsible, y en base a donaciones.

6. Se debe proveer financiamiento adecuado, previsible y sustentable a un nuevo Fondo Mundial del Clima que se encuentre bajo la autoridad de, y responda a la Conferencia de las Partes. Los fondos deben ser adicionales y provenir del sector público, y no deben generar deudas para los países en desarrollo.

7. Debe establecerse un mecanismo tecnológico efectivo, con autoridad para redactar políticas, y se deben abordar temas clave en torno a la transferencia de tecnología como los DPI (derechos de propiedad intelectual) y modelos de investigación y desarrollo apropiados, que tengan como objetivo aumentar el acceso que tienen los países en desarrollo a tecnologías asequibles.

8. En términos de visión compartida, las metas de emisiones a largo plazo deben ser coherentes con  lo que la ciencia y el medio ambiente exigen. Además, enfatizamos que los esfuerzos de mitigación deben realizarse en un marco de equidad entre países, y con compromisos específicos de parte de los países desarrollados de proveer financiamiento y tecnologías a los países en desarrollo. Las acciones relacionadas con el clima deben implementarse de manera que se garantice una transición justa.

9. También le pedimos que nos de garantías de que contribuirá a reafirmar la primacía y legitimidad de la CMNUCC y el sistema multilateral, y sostendrá los principios de equidad y no discriminación, en un marco en el que la ONU tiene el liderazgo. Hay que evitar también tomar medidas o crear otras instituciones que socaven lo anteriormente mencionado.

10. También se le debe pedir al secretariado de la CMNUCC que actúe dentro de sus límites y mandato, y que no promueva o coordine ningún acuerdo que se encuentre por fuera de la CMNUCC. El secretariado debe actuar de manera justa al coordinar las negociaciones. La selección de un nuevo Secretario Ejecutivo de la CMNUCC debería fundarse en esta reafirmación de la primacía del proceso multilateral abierto, y se debe elegir una persona que esté comprometida con el medio ambiente y con el principio de equidad.

11. El reconocimiento de la deuda climática y la consagración de la justicia climática y los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, agricultores, campesinos y trabajadores, así como los derechos de la Madre Tierra son cruciales para todo proceso.

En relación a todos estos temas quisiéramos contar con la cooperación de las instituciones que ustedes representan, y que consideren seriamente nuestra petición. Quedamos atentos a su respuesta.

Saludos cordiales,

Karin Nansen
Coordinadora
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay 

Sala: Biblio P3 (Piso 3)
Hora: 10:30 a 12:30
Universidad del Valle (UNIVALLE)

Nosotras y nosotros, activistas de diferentes movimientos sociales, caracterizamos el momento actual por la prepotencia de Estados Unidos, Unión Europea y las transnacionales, que se expresó en Copenhague cuando muy pocos países intentaron imponer un resultado, que no fue acordado en la COP 15, de no hacer nada para detener el incremento de la temperatura del Planeta y el daño climático.

El incremento de la presencia militar y bases militares en diversas partes del mundo, invasiones y ocupaciones “humanitarias” indican que la guerra, la ocupación de mercados y territorios, la presencia militar para el control de recursos energéticos, el agua y la biodiversidad son parte de las estrategias de salida a la crisis civilizatoria del capitalismo y su lógica sacrificial, depredadora, racista y patriarcal que se disfraza en negociaciones ilegítimas en nombre de la crisis climática.

Nuestra respuesta está en lucha por el derecho de los pueblos a vivir bien en los territorios, contra las falsas soluciones a las crisis, contra la militarización como respuesta a la misma, contra las acciones de transnacionales que con la connivencia o apoyo de gobiernos o instituciones multilaterales como el Banco Mundial acaparan territorios para el monocultivo y para la privatización del aire y la creación de mercados especulativos de los llamados “créditos de carbono”.

En este sentido estaremos presentes en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en Cochabamba, donde organizaremos una Asamblea de los Movimientos Sociales en seguimiento a nuestros esfuerzos y articulaciones en la lucha, con una dupla tarea:

- debatir y organizar nuestro apoyo a las propuestas e iniciativas de los gobiernos comprometidos con los derechos de los pueblos y de la naturaleza;

- debatir y organizar nuestra agenda como movimientos sociales para potencializar nuestras alternativas y resistencias a la expansión de las relaciones de mercado a todos los dominios de la relación entre las personas y de ellas con la naturaleza, la ofensiva de las transnacionales y de la militarización.

Alianza Social Continental
ATALC (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe)
Cebrapaz
Central Sindical de las Américas
Climate Justice Now!
CLOC
COMPA
Fdim
Marcha Mundial das Mulheres
OCLAE
Red CADTM AYNA
Vía Campesina

La misiva está firmada por la delegada de la coordinación del Programa por parte de la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), Susana Peralta; por el representante de la Facultad de Agronomía, el Ing. Agr. Msc. Guillermo Galván; por la integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, Karin Nansen; y finalmente por uno de los profesionales que forman parte del equipo técnico del Programa, Marcelo Fossatti.

Montevideo, 23 de octubre de 2009

Sres.
Candidatos a la Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Considerando:

Si bien las semillas han estado ligadas a la humanidad desde los inicios de las civilizaciones, en las últimas décadas asistimos a cambios sustanciales en la tecnología y en los sistemas de propiedad asociados, materializando la lógica capitalista impuesta a la agricultura.

En este contexto las variedades criollas y nativas vienen sufriendo un marcado proceso de expulsión de los sistemas productivos, fundamentalmente debido a dos motivos: la sustitución por variedades mejoradas que se adaptan mejor a paquetes tecnológicos dependientes de altas cargas de insumos externos químicos y, la apropiación de los valores fitogenéticos realizadas por los grandes conglomerados económicos, amparados por el sistema de propiedad intelectual e impulsados por la OMC.

Es así que la reciente invasión de los cultivos transgénicos, resulta en un elemento clave en la estrategia de estas empresas por aumentar la dependencia de los agricultores y plantea consecuencias directas sobre la conservación de los recursos genéticos locales a través de la contaminación genética, entre otros factores.

En torno a la necesidad de asegurarnos la semilla desde 2003 nos hemos nucleado los productores orgánicos en la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), el Centro Regional Sur (CRS) de la Facultad de Agronomía y la organización ecologista REDES-Amigos de la Tierra Uruguay. Desarrollamos un trabajo conjunto tendiente a promover la producción orgánica y familiar, el uso de semillas criollas y variedades adaptadas de hortalizas y otros cultivos.

El programa de “Rescate y Revalorización de Variedades Nativas y Criollas y Soberanía Alimentaría” pretende contribuir al rescate de las semillas locales de hortalizas y otros cultivos en Uruguay, a su revalorización por sus características agronómicas y por el carácter colectivo de su propiedad. De este modo, se pone en ejercicio real la conformación de alternativas al sistema dominante en el manejo de las semillas, como elemento esencial para la construcción de soberanía alimentaria.

Para esto se han realizado cultivos semilleros como forma de aumentar la disponibilidad de semillas rápidamente e intercambio de semillas y plantines de un lado a otro. Ligado a esto, se desarrollan en conjunto con el INIA actividades de evaluación de cultivares y capacitación con reuniones y visitas a chacras entre productores.

En concreto se han cosechado semillas de cebollas, zanahoria, morrón, tomate, porotos, trigo, avena, maíz, papa, ajo, lechuga, frutilla en el CRS y en predios de productores orgánicos. Se han documentado otras semillas multiplicadas en los predios (zapallos, calabazas, acelga, perejil, etc.) y se facilitó un mayor intercambio de semillas entre productores mediante la difusión de la información y la organización de encuentros de productores.

En el proyecto en marcha se ha confirmado el rol de la agricultura familiar en el mantenimiento de la diversidad genética, destacándose cultivos como tomate (15 antiguas variedades), maíz (para uso en el predio o para la industria) y diversas leguminosas de grano.

Si lo desea acceda a la carta completa en formato pdf:

El objetivo general fue visibilizar las causas del cambio climático y juzgar a los principales estados y empresas responsables del calentamiento global por sus efectos sobre los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza. En ese marco se buscó denunciar los impactos de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático como los agrocombustibles, las grandes hidroeléctricas, los mercados de carbono y otras falsas soluciones que violan esos derechos.

Asimismo, los organizadores se plantearon como objetivos específicos fortalecer la capacidad de vigilancia y la lucha de los pueblos por la justicia climática; elevar la sensibilización en el mundo con relación a la justicia climática; incidir en la adopción de adecuadas políticas, estrategias y acciones ambientales para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático y contrarrestar las falsas soluciones; promover la judicialización y tipificación internacional de los crímenes ambientales; desarrollar antecedentes y contribuir desde la sociedad civil a la construcción de un sistema internacional vinculante para sancionar los crímenes ambientales y el incumplimiento de los acuerdos para evitar el calentamiento global; contribuir desde la experiencia del Tribunal y del concepto de deuda ecológica y justicia climática a la formulación de los derechos de la Madre Tierra.

Las organizaciones convocantes a la Audiencia Preliminar del Tribunal Internacional de Justicia Climática son las siguientes:

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB
Consejo de Ayllus y Marqas del Qollasuyu Bolivia – CONAMAQ
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia – CSCIB
Coordinadora de los Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC/CIDOB
Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático
Programa NINA y Poder Local /UNITAS, CENDA
CIPCA, Agua Sustentable, Fundación Solón
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Consejo Indígena de Centro América – CICA
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI
Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina – ONPIA
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI
Oil Watch Sud América
Ecologistas en Acción
Red Brasilera de Integración de los Pueblos – REBRIP
Amigos de la Tierra Internacional – ATI
CENSAT Agua Viva
Jubileo Sur/Américas y Jubileo Sur Global
TNI (Transnational Institute – Holanda)
Alianza Social Continental – ASC
Nuestro Mundo No Está En Venta – OWINFS

Si lo desea, acceda aquí al documento completo en formato pdf de las observaciones y recomendaciones finales del Jurado de la Audiencia Preliminar del Tribunal Internacional de Justicia Climática.

Uno de los temas centrales trabajados en la conferencia, llevada a cabo el 4 y 5 de mayo, fue el del cambio climático, una de las más graves crisis ambientales que enfrenta la humanidad en la actualidad. REDES – Amigos de la Tierra Uruguay participó de las actividades.

Abajo presentamos el comienzo de la declaración surgida de la “II Conferencia Sindical Trabajo y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe”. Al final de esta breve presentación, ponemos a disposición el documento completo en formato pdf para quienes quieran acceder a él:

II CONFERENCIA SINDICAL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
BUENOS AIRES, ARGENTINA, 4 Y 5 DE MAYO DE 2009

La II Conferencia Sindical Trabajo y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, convocada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), con participación de organizaciones sindicales de la región, instancias sindicales de coordinación subregionales, Federaciones Sindicales Internacionales, redes y ONGs ambientalistas, adoptó la siguiente declaración.

Crisis de justicia distributiva y la necesidad de acción urgente

El modelo depredador que se soporta en la financierización de la economía, la sobreexplotación de la mano de obra y la destrucción del medio ambiente, nos llevó a la situación en la que estamos hoy, enfrentando una crisis alimentaria, social, energética, ambiental y financiera. Una crisis que el movimiento sindical caracterizó como crisis de “justicia distributiva”, es decir la desarticulación entre el elevado aumento de la productividad y el poco aumento de los salarios, que afecta seriamente la vigencia de Derechos Humanos tales como vivir en un medio ambiente sano, con acceso a la educación, a la salud, con seguridad social y seguridad y soberanía alimentaria. La desigualdad y el impacto negativo profundizado por estas crisis tienen en las mujeres trabajadoras a sus principales víctimas, toda vez que en su mayoría son ellas las responsables de asegurar la economía familiar, el cuidado de los niños/as y de las personas mayores.

En lo que se refiere a la crisis ambiental, las consecuencias de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son predecibles y demandan una acción inmediata. Sin embargo, para enfrentar al cambio climático es necesario también una solución que enfrente la injusticia social.

Desde hace más de 30 años, las sucesivas crisis económicas de diverso alcance que ha conocido el mundo fueron enfrentadas utilizando un mismo conjunto de herramientas: el aumento de la libertad de circulación de capitales, mayor apertura comercial, incremento en la flexibilidad laboral, el debilitamiento del Estado y la pérdida de soberanía.

El efecto resultante: menos organización social, debilitamiento de los sindicatos, deterioro en la seguridad social, mayor concentración de la riqueza en pocas manos, descapitalización, precariedad laboral, pobreza para las regiones en subdesarrollo y un acelerado deterioro del medio ambiente.

Queda claro que la crisis sin precedentes que hoy vive el mundo no es más que el fracaso del neoliberalismo, cuyos ideólogos pensaron que las leyes del mercado estaban por encima del ser humano, haciendo del trabajo y los recursos naturales una mercancía y apartando al Estado de su rol como regulador, para convertirlo en un simple gestor. La respuesta en medio de la crisis es Transformar el Estado y recuperar su rol en la regulación de la economía y como promotor del desarrollo. Las políticas públicas son fundamentales para la superación de los graves desajustes económicos, sociales y ambientales heredados de la etapa neoliberal en la región.

Hemos entrado a la era de los límites. Los informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) pueden traducirse claramente: tenemos 50 años para completar el cambio en nuestros patrones de producción y consumo, hacia un mundo con menores emisiones de GEI.

Nuestros países tienen derecho al desarrollo y como tal debe ser reconocido por la comunidad internacional, como forma de superación de los desequilibrios y la deuda social de nuestras poblaciones. Para alcanzar el mismo debe tenerse en cuenta que los recursos naturales del planeta no permiten extender el modo de consumo de los países industrializados a toda la población mundial. El movimiento sindical de las Américas tiene el compromiso de luchar porque ese desarrollo sea sustentable económica, política, social y ambientalmente.

Acceda a la declaración completa de la “II Conferencia Sindical Trabajo y Medio Ambiente” en formato pdf.

17ª Sesión de la Comisión de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, resaltó el 4 de mayo el papel singular que la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas (CSD, por su sigla en inglés) tiene en la actual discusión sobre el futuro del desarrollo agrícola. La afirmación la realizó en una presentación en la 17ª sesión de la Comisión que está centrada en Agricultura, Desarrollo Rural, Tierra, Sequía, Desertificación y África.

De Schutter planteó que para que el desarrollo agrícola sea sustentable debe tener como componente esencial un enfoque de derechos humanos y para ello es necesario transitar el camino hacia un modelo en el cual el derecho a alimentos adecuados sea un derecho humano. Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo explicita también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La propuesta de De Schutter promueve un modelo que priorice las necesidades de los más vulnerables; que defina sus puntos de referencia no sólo por los niveles de producción alcanzados, sino también por los impactos sobre las diversas maneras de producir alimentos; y en el cual la toma de decisiones se base en mecanismos de participación.

“El aumento de las inversiones en la agricultura, en particular en África, es necesario, pero debe ser pensado seriamente. La experiencia adquirida de la crisis puso de manifiesto que la cuestión clave no es simplemente aumentar los presupuestos asignados a la agricultura, sino más bien, elegir entre diferentes modelos de desarrollo agrícola que pueden tener diversos efectos y beneficiar a distintos grupos de forma diferente”, manifestó el Relator ante la CSD.

Ese nuevo modelo debe proteger, promover y garantizar el acceso a la tierra de pequeños agricultores y campesinos. Para ello debe promover la reforma agraria, garantizar el acceso a los recursos productivos y proteger a los pueblos de las adquisiciones transnacionales de tierra a gran escala.

Ese modelo debe poner en práctica alternativas productivas que no contribuyan al cambio climático. “El aumento de la producción agrícola debe ir de la mano con el aumento de los ingresos de los más pobres, especialmente de los pequeños agricultores, y el cambio hacia modos de producción que no contribuyan al cambio climático”, señaló De Schutter.

En definitiva, se trata de un modelo que promueva y garantice de manera sustentable el derecho a la alimentación como un derecho de las comunidades a producir alimentos y a definir qué alimentos precisan para consumir. Un modelo abocado a “cómo ayudar al mundo a alimentarse” y no a “cómo alimentar al mundo”, agregó.

La hora de las recomendaciones

En sus recomendaciones a la CSD, De Schutter reafirma “la necesidad no sólo de aumentar la producción de alimentos, sino de reorientar los sistemas agro-alimentarios y las normas que influyen en ellos a nivel nacional e internacional, hacia la sustentabilidad y hacia la realización progresiva del derecho a la alimentación”.

También recomienda un cambio de paradigma en las ciencias, políticas e instituciones agrarias y la necesidad de anticiparse a los efectos del cambio climático en la agricultura, fomentando la diversidad de sistemas agrícolas capaces de hacer frente a las perturbaciones del clima, incluidos los sistemas agroecológicos.

A su vez, De Schutter convocó a una Cumbre Mundial sobre la Alimentación con un amplio programa que aliente a la comunidad internacional a abordar las causas estructurales de la crisis alimentaria y los vacíos dejados por la fragmentación de la actual gobernanza global. El programa debería incluir, según el Relator, los aspectos relativos a las insuficientes o inadecuadas inversiones en la agricultura, la desregulación de mercados que no garantizan ni la estabilidad ni los precios, la especulación financiera en los mercados de futuros commodities agrícolas, la débil protección de los trabajadores del sector y la búsqueda de una regulación adecuada de la cadena agroalimentaria.

Además, exhortó a la CSD a promover la adopción de estrategias nacionales hacia el derecho a la alimentación, comprehensivas y destinadas a la creación de sistemas agro-alimentarios sustentables, incluyendo las fases de producción, transformación y consumo.

Finalmente, De Schutter hizo hincapié en que la CSD debe contribuir a mejorar el reconocimiento de la comunidad internacional al derecho de acceso a la tierra de los pequeños agricultores. Para ello es imprescindible resaltar el papel esencial de la reforma agraria y adoptar directrices internacionales sobre la compra transnacional a gran escala de tierras, agregó.

Nuestro camino: la soberanía alimentaria

Son muchos los puntos de acuerdo que La Vía Campesina y Amigos de la Tierra Internacional tienen con la presentación de De Schuter.

Coincidimos en defender el derecho de los pueblos a alimentos adecuados, resaltando que ello implica reconocer que estos deben ser suficientes, nutritivos, saludables, producidos en forma ecológica y culturalmente apropiada. Esto además implica el derecho de los campesinos y pequeños agricultores a producir sus alimentos y el de sus comunidades. Campesinos, pequeños agricultores y pescadores artesanales deben desempeñar un papel central en cualquier estrategia dirigida a resolver el problema del hambre y la pobreza.

También acordamos sobe la necesidad de garantizar el derecho de los pueblos al acceso a la tierra y que para ello es central detener el acaparamiento transnacional de predios a gran escala. Nosotros entendemos que las adquisiciones o secuestros de tierras de forma masiva, destinadas a la producción de agrocombustibles, raciones para animales, plantaciones para pulpa de celulosa y papel, así como para proyectos extractivos madereros y mineros, privan a campesinos, pueblos indígenas, pescadores y pequeños agricultores de la posibilidad de acceder a ese recurso productivo. Además, generan peligrosos efectos en el medio ambiente y en la capacidad de las comunidades para garantizarse estilos de vida sustentables. En definitiva, afectan su soberanía alimentaria.

Pero además debe garantizarse el derecho de acceso al agua y reconocerse que los pueblos deben controlar sus territorios. Ésto implica bastante más que la búsqueda de mecanismos que fomenten su participación en la toma de decisiones, significa el control sobre esos procesos.

Asimismo, hacemos acuerdo en promover soluciones que ayuden al mundo a alimentarse a sí mismo, permitiendo a las comunidades producir sus propios alimentos, en lugar de aquellas soluciones que buscan alimentarlo. Y ello es porque defendemos el derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos, locales, nacionales, ecológicos, justos y soberanos. De hecho, eso es soberanía alimentaria: la capacidad de los pueblos de decidir qué producir, cómo y de qué forma comercializarlo.

Esto incluye la necesidad de regulaciones que desmantelen la influencia de las corporaciones cuyo objetivo es “alimentar al mundo” a través de su destructivo modelo de producción industrial.

Igualmente, apoyamos a De Schutter cuando prioriza a los más vulnerables, porque quienes producen y consumen los alimentos deben estar en el centro de las políticas estatales sobre alimentación, y deben tener primacía sobre el comercio y los intereses empresariales, enfatizando a su vez las economías locales y nacionales. De lo que se trata es de privilegiar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación por sobre los acuerdos de comercio y otros instrumentos políticos y económicos internacionales.

De la misma forma, coincidimos con el Relator en la necesidad de promover modos de producción que no contribuyan al cambio climático. Ello significa entre otras cosas, promover sistemas agroalimentarios menos dependientes de combustibles fósiles, por ende de agroquímicos, maquinarias y por lo tanto libres de organismos genéticamente modificados. Pero además, los alimentos no deben recorrer grandes distancias desde donde son producidos hasta donde son consumidos, por las grandes emisiones contaminantes que esto implica.

Además, queremos resaltar la importancia de las recomendaciones del Informe de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD, por su sigla en inglés).

En ese sentido, enfatizamos la necesidad de promover sistemas agro-alimentarios sustentables, tanto en su fase de producción, como en las de transformación y consumo. Nosotros creemos que dicha sustentabilidad radica en la producción agroecológica local y diversificada de los alimentos y en la urgencia de reconvertir positivamente la tierra, pasando de la agricultura industrial intensiva, a gran escala, a sistemas locales/regionales, ecológicamente adecuados y diversos. En el contexto urbano, dicha sustentabilidad significa la posibilidad de comprar ese tipo de alimentos a una red de almacenes y mercados minoristas diversos, que serían puentes entre la gente y sus alimentos que hay que construir, los lazos entre aquellos/as que los producen y quienes los consumen.

A su vez, la sustentabilidad es absolutamente inviable si no se reconoce el derecho de los pueblos a recuperar, defender, reproducir, intercambiar, mejorar y criar sus semillas. Las semillas deben ser patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.

Los actores que se interponen

Claramente hay actores centrales que militan contra la construcción de la soberanía alimentaria, como el modelo de producción liderado por las grandes corporaciones transnacionales y orientado a la exportación.

También son actores centrales de la militancia contra la soberanía alimentaria las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los Bancos regionales de Desarrollo, además de las organizaciones multilaterales que promueven el libre comercio, como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea.

Sumado a esto, hay una serie de iniciativas que caracterizamos como “falsas soluciones”, que también atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos. Entre ellas podemos mencionar los esquemas de certificación que pretenden viabilizar modos de producción intrínsecamente insustentables; los mecanismos que pretenden mercantilizar la naturaleza como los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kioto sobre cambio climático, el comercio de carbono, la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada (REDD, por su sigla en inglés); los mismísimos agrocombustibles y la nueva Revolución Verde que el proyecto Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por su sigla en inglés) impulsa en ese continente.

Los pasos a seguir

Es tiempo de defender un modelo de producción y consumo sustentable e igualitario,  deteniendo y haciendo retroceder al modelo de producción dirigido por las grandes corporaciones y fomentado y financiado por el BM, el FMI y la OMC, entre otros actores.

Debemos desmantelar el control que las corporaciones tienen sobre nuestros sistemas agroalimentarios.

Es necesario desenmascarar y resistir a las falsas soluciones, por la gran amenaza que representan para la consecución de la soberanía alimentaria de los pueblos.

Tenemos que desenmascarar también y resistir a los falsos promotores del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, como el BM, el FMI y la OMC. Han sido sus políticas las que nos han conducido a las crisis actuales, por lo cual estos actores no deben ser parte de la “comunidad internacional” que busque soluciones.

Hacemos un llamado a una defensa colectiva del derecho de los pueblos de acceso a la tierra, las semillas y al agua, así como a impulsar la reforma agraria.

Durante el V Foro Regional de Energías Renovables -realizado los días 24 y 25 del pasado mes de noviembre-, se discutieron algunas propuestas en este sentido. Los expositores y expositoras presentes delinearon el panorama energético en la región del Cono Sur y Chile, resituando conceptos como “sustentabilidad” y “eficiencia energética”, mostrando ejemplos concretos de experiencias exitosas en el uso de energías renovables, así como también las amenazas de algunos tipos de producciones energéticas.

Ponemos a disposición algunas de las exposiciones presentadas.