En la Segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de los países sudamericanos con presencia en la MINUSTAH, realizada el 8 de septiembre en la capital uruguaya, Montevideo, los jerarcas resolvieron reducir gradualmente el número de efectivos en Haití. La idea es llegar hasta la cantidad que había antes del terremoto de enero de 2010 en ese país.

Según Radio El Espectador de Uruguay, el canciller uruguayo, Luis Almagro, y el jefe de la MINUSTAH, Mariano Fernández, aseguraron que la decisión no está relacionada con el caso de violación a un joven haitiano por parte de militares uruguayos.

Brasil comanda el cuerpo militar de la MINUSTAH y tiene el mayor contingente, con 1280 efectivos, de acuerdo a la agencia IPS. Es seguido por Uruguay, con 1136 militares. Los otros países sudamericanos participantes de la misión son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

La semana pasada ardió el ambiente social y político en Uruguay luego de la difusión masiva de un video que registra la golpiza y violación de cuatro marinos del país a un joven haitiano de 18 años, en la ciudad de Port Salut, a fines de julio. El muchacho es vecino del cuartel del Comando Naval uruguayo integrante de la MINUSTAH.

El gobierno de Uruguay actuó rápido. El presidente, José Mujica, mandó una carta a su par haitiano, Michel Martelly, en la que pidió perdón en nombre del Estado, y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, asumió la responsabilidad de realizar una investigación a fondo, que daría lugar a severas sanciones y una reparación a la víctima de confirmarse el delito. Asimismo, el Ejecutivo repudió que las Fuerzas Armadas se refirieran al caso como una “broma” con un joven al que los militares conocían, terminología mediante la cual desestimaban la posibilidad de la penetración.

El semanario uruguayo Brecha publicó al menos el nombre completo de uno de los involucrados en la agresión sexual y los apelativos de los otros tres: Nicolás Casariego, Kolke, Leo y Rodríguez. Brecha se basa en un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, que luego de sus investigaciones asegura que la víctima fue penetrada dos veces, por Leo y Rodríguez.

Las imágenes grabadas por los propios militares habrían sido captadas del celular de uno de ellos por un primo de la víctima. Fueron difundidas primero entre jóvenes de Port Salut y luego mostradas a un funcionario de Naciones Unidas. A mediados de agosto las imágenes fueron dadas a periodistas y circuladas a través de internet.

Decenas de organizaciones uruguayas han reaccionado con mucha indignación ante el conocimiento del caso, que no es el primero de denuncia a soldados nacionales en Haití y en misiones en otros países. Varias entidades sociales convocaron a manifestaciones por ejemplo frente al Ministerio de Defensa en Montevideo, y se pidió al Parlamento nacional que vote el retiro inmediato y total de las tropas uruguayas que participan de la MINUSTAH.

En ese marco, la central de trabajadores, PIT-CNT, demandó al gobierno el 6 de septiembre que pidiera “disculpas públicas al hermano pueblo haitiano”. En un comunicado de prensa el Secretariado Ejecutivo de la central obrera señaló: “por enésima vez levantamos nuestra voz para reclamar y exigir que se retiren las tropas uruguayas y todas las tropas de Haití, para que cese la MINUSTAH, para que nuestro Parlamento no otorgue la venia que habilita a enviar soldados y armas a donde hacen falta maestros, albañiles y enfermeros”.

El PIT-CNT respalda la decisión del gobierno uruguayo de investigar el caso que involucra a los cuatro militares nacionales, y reclama “todo el peso de la justicia” sobre los responsables, “al igual que en todos los casos de denuncias de violaciones de derechos humanos en Haití”.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 12 de septiembre de 2011. La puede leer y escuchar en: http://radiomundoreal.fm/Verguenza-uruguaya

Stora Enso es una de las propietarias (junto a la compañía chilena Arauco) de Montes del Plata, empresa que está instalando su planta de celulosa en la localidad de Conchillas, Colonia.

La asamblea anual de accionistas de Stora Enso se realizó el 20 de abril en Helsinski, capital de Finlandia. Varias organizaciones sociales de Europa y América Latina advierten que las ganancias presentadas están ligadas a violaciones de leyes ambientales, laborales y penales en nuestra región.

Esas organizaciones son: Amigos de la Tierra (federación ambientalista internacional con presencia en cerca de 80 países), especialmente sus grupos de Finlandia, Suecia, Brasil y Uruguay, el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo del Extremo Sur de Bahía (Brasil), el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de ese país, Amigos de los Sin Tierra de Finlandia y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

Tanto en Brasil como en Uruguay los monocultivos de eucalipto para las fábricas de celulosa han causado el desplazamiento de comunidades rurales, erosión de los suelos y agotamiento de las fuentes de agua. “En Uruguay, las plantaciones de Montes del Plata han secado pozos de agua de poblaciones locales, negando así el acceso de numerosas familias al recurso”, dice María Selva Ortiz, de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay.

“El consorcio Montes del Plata es el mayor propietario de tierras en nuestro país, con alrededor de 250.000 hectáreas. Los impactos de los monocultivos de árboles destinados a celulosa ya son muy graves, desde el punto de vista social, ambiental y económico. El emprendimiento de Montes del Plata, bajo una lógica extractivista, de economía de enclave, con beneficios impositivos y zona franca, consolida un modelo de país que concentra la tierra y compromete a nuestra población rural, el suelo y el agua”, agrega Ortiz.

En Brasil, Stora Enso amenaza la soberanía alimentaria y causa miseria a millones de personas sin tierra. En Rio Grande do Sul es señalada por comprar tierras de forma ilegal en la faja de frontera con Uruguay, a través de una empresa fachada, Azenglever Agropecuaria. En Bahía, el Ministerio Público está acusando a Veracel (una joint venture de Stora Enso y la empresa brasileña Fibria) de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción.

Veracel tiene unas 212.000 hectáreas de tierra en el sur de Bahía, de las cuales unas 91.000 están plantadas con eucaliptos. Posee, también, una planta de celulosa en el municipio bahiano de Eunápolis. La empresa propiedad de Stora Enso ya ha sido acusada de deforestación ilegal y uso inadecuado de plaguicidas. Además, grandes extensiones de monocultivos de eucalipto suyas fueron plantadas sin licencia ambiental.

Veracel también es acusada de violaciones a los derechos de sus trabajadores. En los últimos años, un tribunal laboral de Eunápolis contó más de 850 demandas en contra de la compañía y de sus subcontratistas.

“Stora Enso afirma que sus actividades son favorables con el medio ambiente y que sus inversiones en el sur reducen la pobreza. Pero al aceptar los dividendos de Stora Enso, los accionistas deben saber que las ganancias se producen a expensas de actividades criminales con impactos sociales y ambientales significativos”, señala Noora Ojala, de Amigos de la Tierra Finlandia.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
2908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy

Hablan de relaciones laborales medievales y de situaciones de injusticias que parecen endémicas, y la realidad parece darles la razón. El Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) de Uruguay denunció que hace pocos días un trabajador falleció en un predio en la zona este del país y que poco antes, hace dos semanas, otro asalariado perdió los dos miembros inferiores hasta la altura de las rodillas en un accidente con una máquina arrocera.

Marcelo Amaya, delegado del SUTAA en los Consejos de Salarios, señaló que el sector arrocero muestra una cara pública que es la exitosa, pero oculta otra que tiene que ver con las relaciones laborales, y que parecen de otra época.

Según Amaya, otro problema que atraviesan los trabajadores es el uso intensivo de productos agrotóxicos. “Los trabajadores no tienen cómo evitarlos, porque están dos meses al año adentro del agua”, agregó.

Para Amaya, en la cuenca arrocera uruguaya “la injusticia es un tema endémico” y existen “varios factores” que conspiran contra la organización de los trabajadores, entre ellos la represión sindical de los empresarios y las propias distancias, que históricamente han conspirado contra la organización de los trabajadores del campo en este país sudamericano.

El SUTAA, que nuclea a los asalariados rurales del sector y está afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), tiene 800 afiliados, sobre un total de 8000 trabajadores que están en actividad.

Publicado en Radio Mundo Real

El 11 de marzo, un terremoto de magnitud 9.0 azotó la costa noreste de Japón provocando un gran tsunami y graves daños en todo el norte del país. Más de 8000 personas están desaparecidas y 500 000 están viviendo en refugios temporales. Amigos de la Tierra Japón está recaudando dinero para colaborar en los esfuerzos de ayuda.

Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad con el pueblo de Japón que ha sido afectado por el devastador terremoto y tsunami.

Nuestros compañeros de Amigos de la Tierra Japón nos han dicho que los productos básicos como alimentos, agua y frazadas no han llegado a muchos de los desplazados que están teniendo que soportar el clima frío. Además de esto, la emergencia nuclear en Fukushima está provocando temores e incertidumbre.

Todo el dinero donado a Amigos de la Tierra Japón será entregado a las organizaciones japonesas que trabajan en el lugar dando apoyo en lo que necesiten.

Nuestros compañeros están trabajando en condiciones difíciles, sin embargo, daremos información más detallada sobre cómo se está gastando el dinero.

Si usted desea donar por favor ingrese directamente al sitio de Amigos de la Tierra Internacional, muchas gracias.

Sandra es una ingeniera ambiental de 26 años. Trabaja en la protección de cuencas y humedales, así como en la defensa de la participación equitativa de las comunidades locales en las decisiones ambientales que las afectan. Trabajó con Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia en los temas forestales.

Sus documentos de identidad fueron hallados el sábado 19 de febrero, junto a su teléfono móvil, en una zona cercana al lugar donde debió tomar el transporte público hacia Palmira, para dirigirse a la Universidad Nacional de Colombia.

Según la denuncia realizada por su familia, la activista puede haber sido abordada por delincuentes en el Barrio Belalcazar, cerca de la residencia de sus padres. Sin embargo no se descartan motivos políticos en su desaparición.

En Cali, el ambientalista Hildebrando Vélez, está liderando los esfuerzos locales de la búsqueda de Sandra. El dirigente habló de la necesidad de que la comunidad internacional conozca el caso y presione a las autoridades para garantizar su regreso pronto.

Muchos ambientalistas han sido asesinados o desaparecidos en Colombia. Debemos enviar un mensaje a las autoridades colombianas y mostrarles que estamos supervisando su respuesta.

Por favor firma la siguiente carta que será enviada al Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el Fiscal General:

En el departamento de Durazno, en el corazón de Uruguay, familias rurales sufren agudas afecciones de salud tras ser fumigados por agrotóxicos empleados en el cultivo de soja transgénica, mientras desde el Estado no hay respuesta.

El campo uruguayo sufre este verano una seria sequía que hace escasear el agua para cultivos, rodeos ganaderos y hasta consumo humano, empujando al alza el precio de algunos alimentos básicos que -ya se sabe-, también escasearán en el correr de 2011.

No por anunciada, esta falta de lluvias motivó medidas preventivas, en tanto que el país pierde aceleradamente productores familiares al ahondar su inserción en un modelo productivo donde el cultivo de transgénicos, la forestación y la ganadería en base al latifundio siguen siendo insignias nacionales.

Sin embargo, aunque el agua hace falta, en el departamento de Durazno, 200 kilómetros al norte de Montevideo, donde abundan los cultivos de soja transgénica motorizados por inversión extranjera, la lluvia se ha tornado sinónimo de muerte más que de vida.

Hace exactamente un año atrás, en enero de 2010, Jorge Mérola y su esposa, Laura, realizaban las tareas de campo propias de la producción ganadera en su predio ubicado en el paraje Mariscala, sobre la ruta 14 en las cercanías de Villa del Carmen. Días antes, avionetas fumigadoras trabajaron aplicando agrotóxicos sobre los cultivos de soja transgénica que desde hace algunos años, en época estival, rodean el predio de los Mérola.

Llovía y Laura se refrescó la cara con el desagüe del techo. La reacción fue casi inmediata: a la mañana siguiente Laura amaneció con manchas violáceas en su rostro que se le extendieron rápidamente por el resto del cuerpo, desorientando a los médicos que demoraron en obtener un diagnóstico, comentó a Radio Mundo Real Jorge.

Las lluvias, que “lavan” los pesticidas aplicados en los cultivos, hacen que por una cuestión de costos -la fumigación aérea es sumamente costosa-, los agrotóxicos se apliquen en concentraciones más elevadas de lo común y de lo autorizado. Y un año atrás, las lluvias se sucedían día tras día.

A la semana de la intoxicación de Laura, Jorge recibió un aguacero que sin embargo no lo intimidó y siguió recorriendo el campo. Al llegar a “las casas”, comenzó a sufrir una picazón “insoportable” en el cuerpo que, al día siguiente, su médico vinculó sin dudar con los agrotóxicos que los sojeros vecinos venían aplicando en esa época del año.

El uso de agrotóxicos en concentraciones elevadas generaría la condensación de las mismas en las nubes y su caída con las lluvias. “En épocas de lluvias aplican sus productos más concentrados, porque acá no hay quien controle nada y se ahorran así pasadas de avioneta”, comentó Jorge vía telefónica.

La empresa que maneja los campos sojeros en la región es Calyx Agro, de origen argentino, creada en 2007 para la “identificación, adquisición, desarrollo, conversión y venta de tierras en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay”; realizar “aparcería con operadores agrícolas y grandes operadores agrícolas o propietarios de tierras” y “administración y producción” de “commodities” agrícolas, según su sitio digital.

A un año de los hechos, la salud de Laura no ha logrado recuperarse: se le diagnosticó dermatomiositis, ha perdido un 20% de su capacidad muscular y afronta aplicaciones de quimioterapia. Ha debido trasladarse hacia Villa del Carmen, evitando volver al campo para no repetir la intoxicación. Jorge, en cambio, ha evolucionado favorablemente y a diario viaja a trabajar desde el poblado a su predio.

Además, en el mismo período han aparecido animales muertos, con las mandíbulas y músculos rígidos, por lo que Jorge lo adjudica a idéntica causa.

Vecinos de la zona comentaron asimismo que las avionetas aterrizan en los caminos vecinales, sin previo aviso y que el caso de Laura y Jorge “no es el único”, lo cual fue confirmado por éste último señalando que otros vecinos han sufrido síntomas similares, aunque sin hacerlo público.

“Esto genera mucho dinero, pero las empresas han encontrado ese negocio y contra el dinero es muy difícil, no se puede”, dice Jorge. “El Ministerio no tiene los controles que debería y las empresas emplean productos que están prohibidos en otros países”.

Jorge no obstante no encuentra sentido a denunciar el problema ante instancias estatales. Y explica el motivo: durante esos días lluviosos se denuncia gran mortandad de peces en el río Yí, que fuera “explicada” por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería como resultado de la falta de oxígeno en el agua producto de las precipitaciones copiosas. “Ante ese tipo de actitudes, decidí no denunciar nada”, se resigna.

La superficie cultivada con soja transgénica en Uruguay ha aumentado exponencialmente en el último lustro alcanzando en la zafra en curso unas 900 mil hectáreas. El país ocupa el sexto lugar de los exportadores netos de soja del mundo y octavo en la lista de los mayores productores.

Las principales empresas en este rubro son sociedades de inversiones, fondos de inversión y/o fideicomisos de inversión, con fuerte componente transnacional, atraídas de Argentina por la ausencia de detracciones a las exportaciones y el menor precio relativo de la tierra.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 27 de enero de 2011. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/Lluvia-malvenida

El libro de SERPAJ Uruguay, de 280 páginas, fue lanzado en la Facultad de Artes.

“Derechos humanos y ambiente en Uruguay: la necesidad de avanzar varios casilleros” es el nombre de la sección escrita por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay en el Informe 2010 de SERPAJ. Forma parte del capítulo dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales.

REDES -AT señala en su introducción que en 2010 Uruguay ratificó algunos logros en el camino de garantizar la justicia ambiental y los derechos de la población asociados a los bienes naturales, al tiempo que continuó con políticas productivas insustentables desde un punto de vista socioambiental. “Al tiempo que satisface lo primero, llena de preocupación la consistencia de un modelo productivo transnacional, concentrador y biotecnológico que amenaza a los sectores más desposeídos de nuestra población”.

A partir de esta premisa, la organización ambientalista repasa algunos de los aspectos más destacados. En ese sentido, subraya que Uruguay se comprometió a un proceso de ordenamiento territorial necesario para la gestión y uso sustentable de los territorios y bienes naturales comunes. Agrega que el país se sitúa en un lugar de referencia mundial por haber garantizado en su Constitución, mediante la reforma de 2004, el derecho humano al agua, por el posterior camino aún en marcha hacia la reglamentación de esa reforma y por la consecuente Política Nacional de Aguas.

REDES – AT afirma además que también se han dado pasos positivos en el repensamiento y reconstrucción de la matriz energética nacional, que buscan una menor dependencia del petróleo y dan mayor lugar a las fuentes renovables, como la solar y eólica (aunque hay que destacar la grave amenaza de la energía nuclear).

En contrapartida, los ambientalistas uruguayos se lamentan de que, al mismo tiempo, el país consolida un modelo de desarrollo rural que privilegia la llegada del gran capital transnacional, las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos. “Esto va en detrimento de los pequeños agricultores, fundamentales para asegurar la alimentación de nuestra sociedad”, expresan.

Para REDES – AT el avance de los agronegocios, especialmente de los monocultivos forestales y sojeros, es la cara más visible de ese modelo agropecuario concentrador. Según cifras oficiales, alrededor de un millón de hectáreas del país están dedicadas en la actualidad a la forestación y la industria de la celulosa transnacional, mientras se espera que en 2011 los monocultivos de soja transgénica ocupen aproximadamente la misma cantidad de tierras. No es un porcentaje menor en un país que tiene 16 millones de hectáreas cultivables. “Nuestra soberanía alimentaria está amenazada”, dice REDES – AT.

La organización manifiesta especial preocupación por el gran impulso a los transgénicos y los agrotóxicos. En Uruguay está autorizado desde 1996 el cultivo comercial de la soja transgénica RR (de la estadounidense Monsanto), y desde 2003 y 2004 se permiten los maíces transgénicos MON 810 (también de Monsanto) y Bt 11 (de la suiza Syngenta) respectivamente. Durante 2009 se aprobaron siete nuevos eventos transgénicos de maíz y soja para ensayos de cultivares y producción de semillas para exportación.

Sobre este punto REDES – AT señala: “Hoy resulta alarmante la celeridad con la que se aprobaron los nuevos transgénicos, aun cuando los técnicos que participaron en la evaluación de riesgos reconocieron que se les dio un plazo muy breve, de una semana en algunos casos, para expedirse”.

Sobre el cierre introductorio, la organización social explica que su objetivo con el nuevo informe sobre derechos humanos y medio ambiente es “aportar a un análisis de nuestra realidad que necesariamente debe ser complejo, diverso, y que no representa una línea única de avances o retrocesos, sino una conjugación de los dos”. “La idea es ser parte de un proceso de construcción de múltiples actores en torno a cuáles son los caminos que le hacen bien al país en términos de soberanía, derechos humanos, justicia ambiental y social”, finaliza.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Karin Nansen
908 27 30 – 098 556 360
urusust@redes.org.uy

Sabiendo que en la agenda de debates del próximo encuentro, está el análisis de la situación en Honduras, queremos hacerles llegar las siguientes reflexiones:

1. El gobierno encabezado por Porfirio Lobo es ilegítimo. Surge de un golpe de estado, que destituyó al presidente constitucional Mel Zelaya. Los crímenes cometidos por el fascista Micheletti y su gobierno, sus jueces, sus diputados, sus medios de comunicación, la jerarquía de la Iglesia Católica, pretenden ser dejados en la impunidad por la políticas continuista de Porfirio Lobo, que habla de “reconciliación”, a través de una “comisión de la verdad”, que tiene como objetivo establecer una ficción democrática, sobre la base del olvido de los crímenes y el perdón a los criminales.

2. El gobierno de Porfirio Lobo, surgido de un fraude eleccionario realizado para perpetuar los intereses de los grupos de poder –amenazados por la movilización popular que avanzaba hacia un proceso constituyente–, sigue reprimiendo a la resistencia, a través del asesinato selectivo de líderes, de periodistas independientes y el desalojo violento de comunidades en lucha. El reforzamiento del fundamentalismo y del patriarcado se expresa en mayor violencia contra los cuerpos de las mujeres, en el aumento de los femicidios y en el enorme crecimiento de los crímenes contra la comunidad lgttbi.

3. Este gobierno es responsable también del retroceso en conquistas sociales fundamentales. Constituye una amenaza para toda América Latina, porque favorece la rearticulación de la derecha conservadora y del militarismo en el continente, fortaleciendo las políticas de invasiones, la guerra, el injerencismo, la criminalización y la judicialización de las luchas sociales, promovidas por el gobierno y los sectores del poder estadounidense y mundial.

4. Nos indigna la decisión del gobierno de EE.UU., que luego de inspirar el golpe y propiciarlo, presiona directamente sobre las decisiones de otros gobiernos, buscando el reconocimiento del
golpismo.

5. Nos indigna que gobiernos que se dicen democráticos en América Latina o Europa, surgidos en algunos casos de la elección de pueblos que han sabido de dictaduras, hoy hagan prevalecer los intereses de las trasnacionales y del imperialismo, y avancen hacia el reconocimiento de un gobierno ilegítimo. No sólo perjudican así la lucha del pueblo hondureño, sino que están creando un precedente nefasto para futuros escenarios de desestabilización que puedan promoverse en nuestros países.

6. Resulta conmovedora la resistencia del pueblo hondureño, que masivamente viene expresando su rechazo al gobierno actual, sufriendo por ello mayores represiones. Es a esta resistencia, llena de coraje y de dignidad, a la que es necesario respaldar con la acción decidida de los pueblos de América Latina y de los gobiernos que interpreten el sentir de NUNCA MÁS GOLPES DE ESTADO.

7. Demandamos que América Latina y sus gobiernos cierren filas frente al continuismo dictatorial encaramado hoy en el gobierno de Porfirio Lobo. Es necesario que se desconozca el régimen asesino y que este gobierno no sea recibido en los escenarios internacionales.

NUNCA MÁS GOLPES DE ESTADO
LA SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA, FRENTE A LAS DICTADURAS Y A LA
REARTICULACIÒN DE LAS FUERZAS CONSERVADORAS

Vea la carta con todas sus firmas en formato pdf.

“No aceptaremos convertirnos en una nueva base norteamericana en el Caribe”, dice desde un Puerto Príncipe en escombros y bajo régimen militar un Camille Chalmers indignado por la conducta de los gobiernos, en especial Washington, que acudieron al “rescate” de Haití con tropas y armas.

Transcurridas tres semanas del sismo, amplificadas en cuanto a la repercusión mediática de los proyectos que las grandes potencias prevén para el país que ocupa parte del territorio de la isla “La Española”, el integrante de la organización PAPDA (Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif) y miembro de la coordinación internacional de la red Jubileo Sur, dialogó con Radio Mundo Real denunciando cómo el “salvataje” puede empeorar más aún las cosas en su país.

Algunas pinceladas de la catástrofe pos-catástrofe haitiana: lejos de anular la deuda externa contraída durante el régimen de facto de Duvalier, el Fondo Monetario Internacional se apresuró a aprobar un nuevo préstamo de más de 100 millones de dólares atado a la aplicación de medidas de ajuste por parte de Haití.

Asimismo, el ejército norteamericano impidió el aterrizaje de vuelos conteniendo ayuda humanitaria en el aeropuerto de Puerto Príncipe durante los dos días que le insumió tomar el control del mismo para recibir a la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

Deuda represiva

Chalmers recuerda que apenas declarada la independencia haitiana a través de la revolución esclavista surge un primer empréstito destinado a mantener a la nación negra bajo la órbita de la “economía mundial”, esto es, en el subdesarrollo y la dependencia, reducida a una enorme plantación azucarera para endulzar a los países ricos.

“Se utilizó el mecanismo de la deuda para la reintegración de Haití a la economía mundial y para contrarrestar un proyecto revolucionario”, comenta el activista haitiano.

La deuda contemporánea sigue siendo igualmente política, ilegítima y odiosa. De ahí el reclamo por su anulación que han elevado a los gobiernos varias organizaciones internacionales.

“Frente a la crisis instalada por el terremoto, vimos que el Fondo Monetario Internacional impuso un nuevo préstamo de 104 millones de dólares, pagadero a partir de 2012”, explicó Chalmers.

El fracaso de la MINUSTAH

La Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) que desde hace ocho años se encuentra presente en el país ha demostrado largamente su fracaso tanto en la etapa previa como posterior a la crisis del sismo.

Al momento del terremoto, los efectivos de la MINUSTAH “quedaron completamente paralizados” y fueron vistos en las calles “recién al cuarto día” relata el integrante de Jubileo Sur.

Bajo la comandancia militar de Brasil, participan con efectivos militares en la MINUSTAH Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Guatemala.

Todos los objetivos fijados a la misión por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han fracasado, dice Chalmers y hoy está más claro aún que se trata de una “misión militar de ocupación que lesiona la soberanía del pueblo haitiano y que impone al gobierno políticas específicas en materia económica”, pero que además representa una amenaza militar directa a los países de la región “que no acepten el neoliberalismo”.

La diferencia del ALBA

Finalmente, el activista haitiano puntualiza la conducta diferencial adoptada tras el terremoto por parte de algunos países latinoamericanos vinculados a la Alternativa Bolivariana para América (ALBA).

“Es importante subrayar que desde hace muchos años Haití recibe la solidaridad de países del espacio ALBA. Es una cooperación fraternal sin condicionalidades y tras el terremoto el primer equipo médico en llegar fue cubano”, explicó Chalmers.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 4 de febrero. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Fuerte-Principe

El terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter que azotó Haití el 12 de enero, causando la muerte de más de 200.000 personas y afectando directamente a otros 3 millones, ha provocado distintas muestras de solidaridad por parte de la comunidad internacional, que ha intentado aliviar la situación de caos y desastre que se vive en ese país centroamericano.

Desde el plano social, varias organizaciones se han pronunciado al respecto, tanto para sumarse a los pedidos de solidaridad como para reclamar que ésta no justifique las situaciones que han sumido a Haití históricamente en la pobreza.

“Las grandes potencias colonialistas (Francia y Estados Unidos, en destaque) que han empobrecido y violentado a la sociedad haitiana durante siglos, tienen una responsabilidad directa e ineludible no solo de socorrer a las víctimas del terremoto, sino de canalizar recursos suficientes para la reconstrucción del país, respetando de una vez por todas la soberanía y la autodeterminación haitianas. En lo sucesivo, se impone una responsabilidad histórica para los gobiernos de esas potencias y de los países latinoamericanos, que no puede limitarse a la donación pasajera de recursos para las tareas de socorro”, dice parte de una declaración emitida por la Secretaría del Grito de los Excluidos/as Continental, una articulación de movimientos sociales que actúa en toda América.

“Es necesario mantener en alto la lucha por la reparación histórica y anulación de la deuda externa que pesa sobre Haití, así como alertar ante los previsibles intentos que vendrán por legitimar la intervención militar de la MINUSTAH (sigla en francés de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití), que ahora pretenderá presentarse como la única fuerza capaz de contribuir a la atención de la crisis post-terremoto. Debemos seguir insistiendo en la ilegitimidad de esa fuerza de ocupación instalada en el país desde el 2004 y que ha contribuido en muy poco al mejoramiento de la situación política y social del país”, agrega la declaración.

Por su parte, la organización campesina de base Vía Campesina hizo un llamado a la solidaridad internacional, a través de un comunicado que decía lo siguiente: “No podemos dejar de recalcar y denunciar que los efectos de cualquier catástrofe natural se agudizan siempre en contextos de pobreza, de vulnerabilidad y de exclusión. Somos conscientes de que estas fuerzas de la Naturaleza no son controlables ni previsibles, y que éstas no son responsabilidad de la comunidad internacional; sin embargo, la pregunta es, ¿cómo es posible que esa misma comunidad internacional siga permitiendo un mundo cimentado sobre semejante injusticia e inequidad, la misma que multiplica los efectos destructores y el número de víctimas de un terremoto como el que ha sufrido Haití?”.

También la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) inició una campaña internacional de solidaridad con el pueblo de Haití. Al igual que otras organizaciones, AMARC reconoció en su pedido que Haití enfrentaba enormes problemas antes del terremoto, y solicitó que se apoye a las radios comunitarias afectadas por el sismo, mediante una asistencia que incluya “donaciones de equipos y apoyo financiero”.

Incluso desde Gaza, un grupo de palestinos ofreció enviar ayuda al devastado país centroamericano.

En declaraciones que reprodujo el medio estadounidense Democracy Now!, Jamal Al-Khudari, del Comité contra el Sitio de Gaza, declaró: “Estamos enviando donaciones porque nosotros, los palestinos, hemos sufrido mucho y nos sentimos más cerca del sufrimiento del pueblo de Haití que otros pueblos del mundo. Sufrimos mucho y sentimos su sufrimiento, por eso es que decidimos donar desde el centro del sufrimiento, desde Gaza sitiada”.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 20 de enero. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Se-mueve-la-Tierra