Los informes analizan las probables consecuencias negativas de esos acuerdos comerciales (que formalmente esquivan la denominación de TLC) sobre la soberanía alimentaria, la pesca artesanal, los bosques y el cambio climático.

Los convenios impulsados desde la UE son parte de su estrategia denominada “Europa Global”, que implementa desde 2006 para fortalecer a sus grandes corporaciones transnacionales alrededor del mundo. Algunos de los instrumentos presentes en estos TLC son la liberalización de las inversiones, del sector servicios, la apertura del sector agrícola, la eliminación de las trabas a las exportaciones (tanto arancelarias como no arancelarias), el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (patentes) y la apertura de las compras estatales a los proveedores europeos.

En resumen, los estudios enfatizan la amenaza de varios de estos instrumentos a la soberanía alimentaria de los pueblos, los bosques y la pesca artesanal, y alertan que agravarán el cambio climático. Estos TLC son tan o más peligrosos que los firmados por Estados Unidos con Colombia, Perú y Centroamérica, y con el mismo objetivo: profundizar la liberalización comercial sobre amplios sectores estratégicos de las economías latinoamericanas en beneficio de las empresas europeas.

Los títulos de los estudios son: “Impactos negativos de la estrategia comercial de la UE en la soberanía alimentaria de los pueblos”; “Bosques: impactos de los Acuerdos de Asociación impulsados por la Unión Europea”; “Acuerdos de Pesca Unión Europea – América Latina: Impactos en los recursos pesqueros y la soberanía alimentaria”; “Tratados de Libre Comercio de la UE en América Latina: agravando el cambio climático”.

A continuación puede acceder a las cuatro publicaciones en formato pdf.

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay advierte una vez más sobre los graves efectos de los monocultivos forestales para las fuentes de agua del país, especialmente en los casos en que las plantaciones se realizan cerca de las fuentes del vital recurso.

Uno de los casos más renombrados ha sido el del antiguo poblado de Las Flores, ubicado a tres kilómetros de Piedras Coloradas (Paysandú), en una zona con unas 40.000 hectáreas forestadas. Las plantaciones llegaron hasta muy cerca del poblado. El impacto comenzó a percibirse luego de algunos años de iniciada la forestación y los pozos de hasta 22 metros se fueron secando. Hoy existe un único pozo con agua, de 55 metros de profundidad.

La gente tuvo que abandonar el poblado y de las 40 familias que vivían de la actividad agrícola quedan en ese lugar taperas y alguna casa ocupada. A esa localidad hoy se la conoce como “Pueblo Seco”.

Se estima que un eucalipto consume por día unos 20 litros de agua. Si cada hectárea contiene en promedio unos 1.000 árboles, hay un consumo diario de unos 20.000 litros de agua, que serían unos 20 metros cúbicos por hectárea y por día. Si se multiplica esa cifra por 800.000 hectáreas, que se estima es aproximadamente el total de la forestación en el país, los monocultivos de árboles estarían consumiendo diariamente 16 millones de metros cúbicos de agua.

Varias escuelas rurales inclusive han sufrido la falta del recurso porque la forestación en torno a los predios escolares provocó una disminución de la napa freática. En períodos de sequía, como se han sufrido en Uruguay, las consecuencias han sido mayores aún.

Debería llamar la atención la coincidencia entre las zonas más forestadas y las más afectadas por la falta de agua. Hay algunos casos muy concretos y claros como los de las zonas de Cerro Alegre y Paraje Pence en Soriano. Allí desde 1998 los chacreros locales vienen denunciando la falta de agua debido a la forestación. Año a año aumenta el número de familias que deben ser abastecidas por camiones cisterna de la intendencia departamental.

Las reiteradas denuncias sobre la falta de agua en las zonas forestadas se suman a las de los impactos en el suelo, en la biodiversidad, además de los cambios en la propia estructura de tenencia de la tierra del país: crecientes procesos de extranjerización y latifundización.

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay llama nuevamente a estudiar los impactos de la implantación de los monocultivos de árboles en el país antes de seguir con una política forestal que, al tiempo que  afecta el medio ambiente y a nuestros productores rurales, nos roba soberanía nacional.

Por más información:

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy

REDES–Amigos de la Tierra Uruguay divulga una nueva publicación llamada “Transnacionales Forestales”, en la cual se muestran las grandes corporaciones del sector que operan en América del Sur, a quiénes pertenecen sus paquetes accionarios y los impactos que están generando en el continente.

Entre ellas se destacan la finlandesa Botnia (ahora sus operaciones en Uruguay son de la también finlandesa UPM-Kymmene), la española ENCE, la sueco-finlandesa Stora Enso, las brasileñas Votorantim y Suzano, la estadounidense Weyerhaeuser y la chilena Arauco.

En Uruguay, por ejemplo, los monocultivos forestales impactan sobre las fuentes hídricas: pueden verse campos vacíos, donde abundan las plagas y suelos degradados, sobre todo en la región centro-oeste del país. Los productores de esa zona testimonian que a partir de 1995 los pozos, cañadas y bañados se comenzaron a secar. Es posible constatar que pozos de agua que abastecían a la población hoy están secos.

Los monocultivos forestales, sumados a los de soja, han generado un fuerte impacto sobre el ecosistema de pradera, base de la agricultura y la alimentación de nuestro país. Eso va de la mano del proceso de concentración y extranjerización de la tierra: hoy más de la mitad del área forestada en Uruguay es propiedad de unas pocas corporaciones transnacionales, como Weyerhaeuser, Stora Enso, Arauco y Botnia (UPM-Kymmene).

La empresa ENCE, con tierras y plantaciones en Uruguay, le vendió en mayo de 2009 sus operaciones allí a Stora Enso y Arauco por 344 millones de dólares. La transacción originó el latifundio más grande en la historia del país: 250.000 hectáreas de tierra en manos de dos empresas. Con las inversiones de Stora Enso y las programadas por la compañía portuguesa Portucel, nuestro país estaría llegando a los tres millones de hectáreas forestadas. Si con un millón de hectáreas aproximadamente en la actualidad las consecuencias son notorias, no hacen falta demasiados cálculos para estimar lo que sucedería con el triple.

Stora Enso tiene hoy en día más tierras en América Latina que las que posee en Europa. En su expansión por el estado brasileño de Bahía la empresa sueco-finlandesa deforestó un ecosistema tan valioso como el bosque atlántico, y en Rio Grande do Sul adquirió ilegalmente tierras fronterizas con Uruguay. Los extranjeros no pueden comprar tierras en Brasil a menos de 150 kilómetros de la frontera con otro país. Pero Stora Enso lo hizo a través de una empresa “ficticia”, la agropecuaria Azenglever, de propiedad de dos brasileños que eran importantes directivos de Stora Enso en América Latina.

El mapeo elaborado por REDES-Amigos de la Tierra Uruguay permite conocer las diversas empresas forestales que operan en América del Sur, sus puntos de ubicación, sus producciones. Detalla además sus impactos ambientales, sociales, económicos y políticos en los diversos países. Se trata de una nueva herramienta que facilita el seguimiento de las grandes corporaciones del sector forestal y celulósico en su ocupación de la región.

Si desea ver el trabajo en formato pdf, por favor descárguelo aquí.

Por más información:
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy

En el marco de las marchas anuales que se realizan en Galicia, España, contra la planta de celulosa de ENCE instalada sobre la Ría de Pontevedra este 13 de junio, organizaciones europeas emitieron una comunicación en la que reclaman a la empresa por la “deuda ecológica” resultado de sus diez años de presencia en el país sudamericano.

La comunicación lleva la firma de las organizaciones Ecologistas en Acción, Verdegaia, Observatorio de la Deuda en la Globalización y Quién debe a quién, y se precipita ante el anuncio por parte de la empresa de la venta de sus principales activos en Uruguay al consorcio integrado por Stora Enso (Suecia – Finlandia) y Arauco (Chile).

En la misma se fundamentan distintos cargos contra ENCE como la agudización del despoblamiento del campo, el uso irracional del agua dulce, la facilitación de condiciones de esclavitud en los montes y el latifundio, entre otras aristas del modus operandi de ENCE. Y se intima a los “nuevos dueños” del complejo de ENCE en el país sudamericano a hacerse cargo de su deuda ambiental.

En ocasión de la manifestación en Pontevedra contra la contaminación de ENCE en la Ría el 13 de junio, las organizaciones hacen un llamamiento para un cambio del modelo de producción de papel, así como una reducción drástica de su consumo. “Asimismo -sostienen- demandamos a ENCE y al Gobierno español que reconozcan la Deuda Ecológica generada en Uruguay y que los daños causados no solo sean restituidos, pero además, se detenga la generación de este tipo de daños”.

Xose María García, secretario general de la organización ecologista gallega Verdegaia dijo a Radio Mundo Real que desde que se instaló ENCE en la región de Lourizán en los años 60 existe un fuerte movimiento de oposición, parte del cual son las marchas que se realizan anualmente.

Actualmente en Galicia el debate sobre este modelo productivo se limita a discutir acerca de la locación de las industrias, lo cual a juicio del activista no alcanza a lo medular del problema.

Tema insoslayable

En Galicia, y contraviniendo pronunciamientos judiciales que condenaron a ENCE por sus resultados ambientales, el gobierno local resolvió extender hasta 2018 la autorización para la permanencia de la planta a orillas de la Ría.

El integrante de la Asociación en Defensa de la Ría de Pontevedra, Antón Massa, relató desde esa región gallega el surgimiento de las marchas anuales contra ENCE. “La respuesta ha sido siempre muy importante en toda la ciudad, a tal punto que hoy en día ninguna fuerza política que se quiera presentar a elecciones en nuestro ayuntamiento se pronuncia por dejar al complejo en su actual lugar”, sostuvo Massa.

En relación al “retiro” de ENCE de Uruguay, Massa dijo desconocer cuál será el derrotero final de la empresa, aunque describió cuáles son los pasos de la estrategia de la empresa en la propia España.

En otro pasaje de la entrevista, el activista gallego comentó el perjuicio que sufren producto de la “eucaliptización” actividades vitales para esa provincia como la pesca de mariscos.

Finalmente, las organizaciones que rubrican el documento conjunto cuestionan si “los accionistas de Stora-Enso y de Arauco están dispuestos a asumir, conjuntamente con la adquisición anunciada, los pasivos socioambientales de ENCE en Uruguay”. Se cuestionan asimismo, si ENCE reparará a las comunidades afectadas por sus actividades empresariales, y si el Gobierno español pagará compensaciones al pueblo uruguayo por su co-responsabilidad ante los daños causados, al haber apoyado con dinero público a estas actividades perjudiciales en repetidas ocasiones.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 12 de junio. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/ENCE-Deuda-ecologica

Barcelona – Madrid – Santiago de Compostela, 12 de junio de 2009

Coincidiendo con la manifestación contra ENCE en Pontevedra el próximo 13 de junio, organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español se pronuncian sobre la venta de las operaciones del Grupo ENCE en Uruguay, denunciando los impactos sociales y ambientales que ENCE ha generado en los últimos 10 años en el país sudamericano.

El pasado 18 de mayo la papelera sueco-finlandesa Stora-Enso y la chilena Arauco anunciaron la compra de las acciones mayoritarias de las operaciones de la española ENCE en Uruguay por un valor de 253 millones de Euros, los cuales incluyen una deuda de 33 millones de Euros. La venta incluye la adquisición de 130.000 hectáreas de tierras y plantaciones, 6.000 hectáreas de tierras arrendadas, así como la totalidad de las sociedades uruguayas propiedad de ENCE: Eufores S.A., Celulosa, Energía Punta Pereira S.A. y Zona Franca Punta Pereira S.A. Con dicha venta, Arauco/StoraEnso se convertirán en las principales empresas forestales en Uruguay.

Ante esta noticia, organizaciones de la sociedad civil del Estado español expresan su creciente preocupación por la omisión en esta operación de los costes sociales y ambientales generados por ENCE en el país sudamericano desde hace más de 10 años. De hecho, una extensa red de organizaciones de Uruguay y el Estado español han denunciado continua y públicamente tanto los impactos socioambientales que reflejan una total irresponsabilidad social corporativa demostrada por ENCE en su actuar en Uruguay, como los posibles daños que causaría el proyecto de una nueva planta de celulosa en Punta Pereira. Para dicho proyecto, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) había contemplado desde 2007 brindar apoyo, con fondos públicos. Véase por ejemplo la carta al gobierno español enviada por 89 organizaciones al respecto en abril de 2008
(http://www.odg.cat/documents/novetats/pdf_Carta_Gobierno_Esp.pdf).

Entre los principales impactos sociales y ambientales no reconocidos ni reparados por ENCE en Uruguay destacan:

- Incremento del despoblamiento rural, incluyendo a familias productoras rurales que debieron vender sus campos al verse rodeados por las plantaciones de ENCE, al quedarse sin agua y sufrir el impacto de la proliferación de plagas (causadas por los monocultivos forestales) que afectaron sus producciones agropecuarias.

- Aumento del desempleo y de la precariedad laboral, puesto que de los escasos puestos de trabajo generados en plantaciones de ENCE, la mayoría fueron subcontratadas con malas condiciones laborales.
Las condiciones de trabajo se han caracterizado por ser a destajo, con inseguridad laboral y bajas remuneraciones.

- La disminución drástica de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, e incluso se han registrado casos de agotamiento total del recurso, por las plantaciones de ENCE.

- Impactos sobre las producciones agropecuarias circundantes, tanto por el agotamiento del agua como por la aparición de plagas.

- Aumento del latifundismo y la apropiación de la tierra por empresas extranjeras, ENCE poseía hasta ahora 160.000 hectáreas, de las que aún conserva 30.000, habiendo vendido el resto al consorcio formado por Arauco/StoraEnso que ahora cuenta con 250.000 ha. de tierras en Uruguay.
Incremento de las desigualdades económicas: ENCE recibió cuantiosos recursos económicos públicos a través de subsidios directos e indirectos, mientras la población rural ha empobrecido.

- Deforestación y pérdida de biodiversidad, tala ilegal de monte nativo para la extensión de sus áreas plantadas con monocultivos de eucalipto.

El conjunto de daños señalados implican una Deuda Ecológica vigente, y no reconocida ni asumida por parte de ENCE en Uruguay. Puesto que la empresa española mantiene la propiedad de 30.000 hectáreas de monocultivos de eucalipto en Uruguay, así como una planta de chipeado con astillero en Montevideo para suministrar la demanda de las plantas españolas como aquella de Huelva, dicha Deuda se sigue incrementando por lo que demandamos al Gobierno español actuar en consecuencia para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción, Verdegaia y el Observatorio de la Deuda en la Globalización se preguntan si los accionistas de Stora-Enso y de Arauco están dispuestos a asumir, conjuntamente con la adquisición anunciada, los pasivos socioambientales de ENCE en Uruguay. Se cuestiona asimismo, si ENCE reparará a las comunidades afectadas por sus actividades empresariales, y si el Gobierno español pagará compensaciones al pueblo uruguayo por su co-responsabilidad ante los daños causados, al haber apoyado con dinero público estas actividades perjudiciales en repetidas ocasiones.

De acuerdo con las organizaciones civiles, la situación de crisis ecológica global actualmente generada por el sistema productivo y de consumo capitalista esencialmente desde los países del Norte, exige un alto grado de toma de conciencia y de responsabilidad, tanto por parte del sector privado como de los gobiernos y sociedades del Norte. La crisis se vincula con el hecho de que en los cálculos económicos como la transacción señalada entre las empresas papeleras, no se incluye el valor real de los daños socioambientales. Si este valor real fuera incluido, la rentabilidad sería negativa y se haría aún más evidente la necesidad de un cambio en el modelo productivo y de consumo actual.

En ocasión de la manifestación en Pontevedra contra la contaminación de ENCE en la Ría pontevedresa el 13 de junio, hacemos un llamamiento para un cambio del modelo de producción de papel, así como una reducción drástica de su consumo. Asimismo, demandamos a ENCE y al Gobierno español que reconozcan la Deuda Ecológica generada en Uruguay y que los daños causados no solo sean restituidos, sino que además, se detenga la generación de este tipo de daños.

Más información:

Mónica Vargas (Observatorio de la Deuda en la Globalización)
Telf. +34 – 66 202 64 97
monica.vargas@odg.cat

Begoña Carrera (Verdegaia)
Telf. +34 – 619 21 72 04
vicecoordenacion@verdegaia.org

Tom Kucharz (Ecologistas en Acción)
Telf. +34 – 619 949 053
agroecologia@ecologistasenaccion.org

Véase también:
www.guayubira.org.uy
www.redes.org.uy
www.odg.cat
www.ecologistasenaccion.org
www.quiendebeaquien.org
www.verdegaia.org

Cuando los postigos del diálogo parecen cerrados a cal y canto, se abre el camino de la movilización. Así lo entienden los apicultores uruguayos que este jueves 4 de junio realizarán una gran movilización frente al Ministerio de Ganadería.

Su reclamo básico refiere a la necesidad imperiosa de regular el uso de agroquímicos, en especial insecticidas, que en los últimos tiempos han diezmado sus colmenas, su fuente de vida.

Tal es el caso del fipronil, un potente insecticida al que si bien se le han impuesto algunas restricciones de uso, se sigue aplicando en forma de aspersión en los montes de eucaliptos.

Según sus organizadores la movilización busca “que el Estado controle la importación, venta y uso de agrotóxicos” y que se controle e impida “la pérdida de la biodiversidad vegetal y animal”, como por ejemplo en los montes nativos.

El objetivo de la movilización que se anuncia es denunciar la permisividad de las autoridades ante la expansión incontrolada y explosiva de cultivos cuyo manejo ha implicado el uso indiscriminado, y muchas veces fuera de la ley, de insecticidas y herbicidas, que en las últimas dos zafras han matado y diezmado millares de colonias de abejas, dejando sin fuentes de trabajo a decenas de familias, afirman.

Radio Mundo Real dialogó con Ricardo Carrera, integrante de la Sociedad Apícola Uruguaya. “En realidad, no hace falta ningún estudio complejo y de alto costo para conocer los efectos tóxicos sobre las especies de animales que no son el blanco del insecticida: cualquier lugareño donde se aplique un insecticida por aspersión le va a decir la mortandad de animales que se produce en la región”, sostiene el apicultor.

En otro tramo de la entrevista, Carrera manifestó el acoso que sufre la apicultura en el marco de los crecientes procesos del monocultivo agrícola (soja) y forestal en Uruguay. Además se incumple una normativa que obliga a instalar colmenas como favorecedoras de cultivos que cuenten con financiación o subsidio estatal.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 3 de junio. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Vida-y-muerte-de-las-abejas

Entre el 30 de abril y el 3 de mayo próximos, el esteño departamento uruguayo de Treinta y tres se convertirá en capital regional de las semillas autóctonas, la agroecología y la soberanía alimentaria.

El parque ribereño del Río Olimar será lugar de encuentro y recreación, plataforma de debates y escenario para realizar balances y trazar perspectivas a varios colectivos y redes vinculados a la agroecología y la valorización de la biodiversidad autóctona.

El programa, que aún se encuentra en trámite de definición, incluye la presencia de delegaciones de varios puntos del país oriental, de Paraguay y del Brasil, con un contingente de miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Habrá espacio para presentaciones e intercambio de saberes, pero también para el trueque de semillas cultivadas y conservadas como resistencia consciente y alternativa viable al agronegocio, omnipresente con su saldo de monocultivo, deterioro ambiental y agotamiento de recursos en todo el Cono Sur.

Radio Mundo Real realizará una cobertura completa on line del evento incluyendo entrevistas, mesas redondas y transmisiones en vivo desde las presentaciones públicas previstas para el Parque del Río Olimar.

La actividad cuenta con el decidido impulso del gobierno local, la Intendencia Departamental de Treinta y Tres. Precisamente el Director del Departamento de Agroecología y Soberanía Alimentaria de dicho gobierno, José Puigdeval, remarcó en entrevista con Radio Mundo Real que todo el evento se convertirá en un gran hecho educativo, ya que además del intercambio entre agricultores y campesinos se contará con la presencia de todas las escuelas primarias del departamento de Treinta y Tres.

Precisamente para los niños está instalándose un circuito con cinco ejes temáticos como la soberanía alimentaria, la semilla y el medio ambiente, señaló Puigdeval.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 16 de abril. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/?q=es/node/672

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay subraya que, para el caso de Botnia, durante la instalación de la empresa el desempleo aumentó significativamente para la población femenina, profundizando en este sentido la inequidad de género.
La empresa finlandesa Botnia comenzó a construir una planta de procesamiento de pasta de celulosa en Fray Bentos en 2005, culminándola en 2007. En esta planta se procesa un millón de toneladas al año de celulosa y actualmente emplea a 300 personas, aunque durante su instalación llegaron a convivir, en una sociedad de 22 mil personas, entre 3.500 y 4.000 mil hombres nacionales y de otros países con la población local.

A pesar de la cantidad de extranjeros implicados en el emprendimiento durante la instalación y puesta en funcionamiento de la planta, en ese período el desempleo femenino en la ciudad de Fray Bentos pasó de 3,8% a 13,7% en 2005 y de 10% a 15,2% en 2007, teniendo como pico máximo el 2006, momento de mayor demanda de mano de obra. En ese año la tasa de desempleo femenino en Fray Bentos aumentó un diez por ciento, pasando de 9,3 a 19,3 (Datos del Instituto Nacional de Estadísticas).

Las cifras analizadas demuestran la incapacidad de esta inversión de absorber la demanda de incorporación de mujeres a la fuerza de trabajo tanto en los empleos directos como indirectos. Las mujeres, en relación a los hombres, suelen ocupar los puestos de empleo en peores condiciones de trabajo, con menores salarios y mayor inestabilidad. Suelen ser quienes cargan primero con las consecuencias de reducciones salariales o reducciones de personal, en el entendido de que no son el sustento económico del hogar -a pesar del importante aumento de hogares con jefatura femenina-, y que su tarea primera es ocuparse de los hijos y las actividades domésticas, labor que también realizan, aún trabajando.

Esta vulnerabilidad se profundiza con emprendimientos que, además son de gran volatibilidad, ya que aduciendo baja rentabilidad, un mal momento o cualquier otro tipo de razón, abandonan la inversión dejando por el camino hombres y mujeres desempleados, lo que a su vez provoca problemas a nivel de la sociedad en su conjunto pero cuyas consecuencias son mayores siempre para las poblaciones más vulnerables, generalmente mujeres y niños y niñas. En el caso de Botnia, justamente la empresa que nos ocupa, en diciembre de 2008 informó que cerrará su planta finlandesa de Kaskinen, una medida que se manejaba debido a “la escasez de materia prima y los crecientes costos de importación de madera”.

Teniendo en consideración los resultados del estudio, sería pertinente que emprendimientos transnacionales de similar índole fueran evaluados en su impacto en términos sociales con una perspectiva de género.

Por más información:
María Selva Ortiz
REDES – Amigos de la Tierra
908 27 30

Con una marcha multitudinaria que llenó las calles de la ciudad brasileña de Belém, ayer comenzó una nueva edición del Foro Social Mundial (FSM). Las decenas de actividades que comprende el Foro hoy convocaron a miles de personas, que llenaron los espacios universitarios donde se realizan.

Una de las actividades que tendrá lugar en el marco del FSM se denomina “Soberanía de los pueblos, bosques y biodiversidad: alternativas de sustentabilidad y amenazas”, y se desarrollará en la tarde de hoy en la Universidad Federal de Pará. En ella se analizarán los impactos que generan las plantaciones de árboles, haciendo hincapié en el caso de América Latina. Radio Mundo Real dialogó sobre la actividad con Isaac Rojas, co-coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad de la federación ambientalista Amigos de la Tierra Internacional.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 28 de enero. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/27065

Los resultados del modelo forestal hasta ahora promovido con gran intervención del Estado están a la vista:

1) La creciente concentración y extranjerización de la tierra en manos de grandes empresas nacionales y en particular extranjeras; mientras cada vez se ve más ganado pastoreando al borde de las carreteras por falta de tierras, ya que los pequeños productores ganaderos van perdiendo campo como consecuencia del alto costo de los arrendamientos, tres empresas extranjeras son propietarias de más de 500.000 hectáreas. 2) El vaciamiento del campo y la desaparición de pequeños agricultores, acompañados del cierre de escuelas rurales y la proliferación de taperas.

3) Una disminución en la producción de alimentos, por la sustitución de esos suelos por plantaciones de árboles para madera, celulosa y otros rubros controlados por el agronegocio, como la soja.

4) Una grave afectación de los principales recursos naturales del país -agua y suelo- que en el caso del agua impacta sobre la producción familiar, forzándolos en muchos casos a la migración y en el caso del suelo con un constatado proceso de degradación de difícil reversión.

5) La escasa generación de empleos, caracterizados por el trabajo a destajo, bajos niveles salariales, inseguridad laboral, subcontratación y bajo nivel de sindicalización.

6) La escasez y el encarecimiento de madera para leña y para el abastecimiento de aserraderos locales por la concentración de la materia prima por grandes empresas que la destinan a la producción de celulosa y/o a la exportación.

Este modelo de forestación ha beneficiado a un puñado de grandes empresas, en su mayoría con capitales extranjeros, en tanto que para la mayoría de la población rural ha resultado en muchos más perjuicios que beneficios. Al mismo tiempo, los grandes monocultivos de pinos y eucaliptos han impactado sobre los principales recursos naturales del país, poniendo en cuestión la sustentabilidad a largo plazo.

Por esa razón, las Organizaciones abajo firmantes proponemos:

1) La suspensión inmediata de los permisos para plantaciones de pinos y eucaliptos, salvo aquellas de pequeña escala para abrigo, sombra, leña o insumos de auto-abastecimiento del predio rural.

2) El inicio de un proceso de revisión de la actual legislación forestal (ley 15939 y decretos acompañantes) con la más amplia participación de sectores de la sociedad civil, especialmente los más perjudicados.

3) El inicio de un proceso de evaluación de los impactos sociales y ambientales de las áreas actualmente forestadas y la adopción de medidas para eliminar o mitigar dichos impactos, incluyendo la erradicación de aquellas áreas plantadas cuyos impactos así lo ameriten.

4) La aplicación al sector forestal del artículo 47 de la Constitución, que restableció la soberanía del país sobre la gestión de los recursos hídricos.

5) La adopción de un marco legal que impida la concentración de la tierra poniendo un tope a la tenencia de la misma.

6) La adopción de políticas nacionales para garantizar la permanencia y mejora de calidad de vida del productor familiar.

En definitiva, hacemos un llamamiento para que el Uruguay Productivo pueda convivir con el Uruguay Natural y para que ambos resulten en el Desarrollo del Uruguay social y ambientalmente justo al que todos aspiramos. Ello implica la necesidad de un cambio sustancial en el rumbo hasta ahora seguido en materia forestal y que, de la misma forma que el Estado brindó en su momento su apoyo a dicho sector (más de 400 millones de dólares), se hace imprescindible e impostergable que ahora vuelque sus recursos económicos y técnicos hacia la concreción de un modelo de desarrollo basado en los pequeños y medianos productores agropecuarios, con particular énfasis en la producción familiar.

Para ello, es imprescindible que se reconozca formalmente la Función Social de la Tierra y que las políticas agropecuarias se centren en el siempre vigente principio artiguista de que “los más infelices sean los más privilegiados”.

Comisión Nacional de Fomento Rural
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas
Grupo Guayubira
Rapal – Uruguay
REDES – Amigos de la Tierra
Secretaría Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación