Se trata de Carlos Ariel Santos Silveira, quien trabaja en una escuela pública pero además produce horticultura orgánica y se dedica a la cría de aves, aunque la falta de tierras lo han hecho deshacerse de sus animales que constituían su pequeño capital.

El Instituto Nacional de Colonización, encargado en Uruguay de distribuir tierras entre productores familiares sin tierra ha rechazado el proyecto de Carlos y su familia para hacerse de un campo que se encontraba disponible en las inmediaciones de la ciudad de Guichón.

“Hace diez años que soy aspirante a colono y en 2001 hice un proyecto a dos años para acceder a una tierra donde poder ampliar mis invernáculos y criar animales. Incluso ofrecía pagar la renta por adelantado. No sé qué pasa en nuestro país: a mí me rechazaron ese proyecto y en cambio brindaron tierras a gente que no es de acá y produce soja. No estoy en contra de quienes producen, sino de aquellos que debiendo controlar no lo hacen”, comentó Carlos a Radio Mundo Real.

Aunque la legislación que creó el Instituto Nacional de Colonización prohíbe explícitamente el subarriendo de predios pertenecientes a la entidad estatal, Carlos relata que muchos de estos “colonos” lo hacen y por ende reciben una importante renta sin trabajar ni residir en el campo.

La vía que une la ciudad de Paysandú con Guichón lleva el nombre de “Camino de los Charrúas”. Sin embargo, el paisaje dista mucho de recordar el que conociera dicho pueblo originario al encontrarse literalmente colmado de cultivos forestales de eucalipto. Empresas transnacionales como Stora Enso y Arauco, además de inversiones de fondos de pensión de entidades uruguayas ocupan en esa región extensas parcelas con monocultivos de eucalipto o pino que entre otros efectos han hecho propagar depredadores naturales como el chancho jabalí, diezmando los rebaños ovinos de la zona. Otro tanto se hacen sentir al haberse dificultado el acceso al agua para consumo humano y animal, señalan los testimonios de los pobladores.

Asimismo, los habitantes de Guichón han sufrido en carne propia los efectos de los “tratamientos” sobre esas miles de hectáreas forestadas, muchos de los cuales se realizan vía aérea a través de avionetas fumigadoras. En 2010, media centena de animales propiedad de pequeños ganaderos murieron al averiarse una de esas aeronaves y derramar contenido tóxico sobre pasturas y aguadas. La empresa responsable del “accidente” lo ocultó y sigue sin hacerse cargo de las indemnizaciones a los productores, recuerdan los pobladores.

Carlos insiste: “yo quería trabajar en forma sustentable y no me dan tierra. La soja envenena nuestros campos y a ellos sí les dan tierras. Como uruguayo que me siento, defensor de mi tierra, me pregunto ¿qué le dejamos para nuestros hijos? La soja es un paquete y nadie lo controla”.

Este productor junto a otros aspirantes a contar con tierras han citado a las autoridades del Instituto Nacional de Colonización para transmitirles directamente esta situación. “Acá cerca el pueblo de Algorta está en medio de los montes (forestales) y en caso de un incendio puede pasar cualquier catástrofe. Estamos viendo lo que pasa en la Argentina, donde se han quemado miles de hectáreas. ¿Qué puede pasar con la gente que vive en esos pueblos?”, se interroga Carlos.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 12 de septiembre de 2011. La puede leer y escuchar en: http://radiomundoreal.fm/Por-un-palmo-de-tierra

El libro de SERPAJ Uruguay, de 280 páginas, fue lanzado en la Facultad de Artes.

“Derechos humanos y ambiente en Uruguay: la necesidad de avanzar varios casilleros” es el nombre de la sección escrita por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay en el Informe 2010 de SERPAJ. Forma parte del capítulo dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales.

REDES -AT señala en su introducción que en 2010 Uruguay ratificó algunos logros en el camino de garantizar la justicia ambiental y los derechos de la población asociados a los bienes naturales, al tiempo que continuó con políticas productivas insustentables desde un punto de vista socioambiental. “Al tiempo que satisface lo primero, llena de preocupación la consistencia de un modelo productivo transnacional, concentrador y biotecnológico que amenaza a los sectores más desposeídos de nuestra población”.

A partir de esta premisa, la organización ambientalista repasa algunos de los aspectos más destacados. En ese sentido, subraya que Uruguay se comprometió a un proceso de ordenamiento territorial necesario para la gestión y uso sustentable de los territorios y bienes naturales comunes. Agrega que el país se sitúa en un lugar de referencia mundial por haber garantizado en su Constitución, mediante la reforma de 2004, el derecho humano al agua, por el posterior camino aún en marcha hacia la reglamentación de esa reforma y por la consecuente Política Nacional de Aguas.

REDES – AT afirma además que también se han dado pasos positivos en el repensamiento y reconstrucción de la matriz energética nacional, que buscan una menor dependencia del petróleo y dan mayor lugar a las fuentes renovables, como la solar y eólica (aunque hay que destacar la grave amenaza de la energía nuclear).

En contrapartida, los ambientalistas uruguayos se lamentan de que, al mismo tiempo, el país consolida un modelo de desarrollo rural que privilegia la llegada del gran capital transnacional, las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos. “Esto va en detrimento de los pequeños agricultores, fundamentales para asegurar la alimentación de nuestra sociedad”, expresan.

Para REDES – AT el avance de los agronegocios, especialmente de los monocultivos forestales y sojeros, es la cara más visible de ese modelo agropecuario concentrador. Según cifras oficiales, alrededor de un millón de hectáreas del país están dedicadas en la actualidad a la forestación y la industria de la celulosa transnacional, mientras se espera que en 2011 los monocultivos de soja transgénica ocupen aproximadamente la misma cantidad de tierras. No es un porcentaje menor en un país que tiene 16 millones de hectáreas cultivables. “Nuestra soberanía alimentaria está amenazada”, dice REDES – AT.

La organización manifiesta especial preocupación por el gran impulso a los transgénicos y los agrotóxicos. En Uruguay está autorizado desde 1996 el cultivo comercial de la soja transgénica RR (de la estadounidense Monsanto), y desde 2003 y 2004 se permiten los maíces transgénicos MON 810 (también de Monsanto) y Bt 11 (de la suiza Syngenta) respectivamente. Durante 2009 se aprobaron siete nuevos eventos transgénicos de maíz y soja para ensayos de cultivares y producción de semillas para exportación.

Sobre este punto REDES – AT señala: “Hoy resulta alarmante la celeridad con la que se aprobaron los nuevos transgénicos, aun cuando los técnicos que participaron en la evaluación de riesgos reconocieron que se les dio un plazo muy breve, de una semana en algunos casos, para expedirse”.

Sobre el cierre introductorio, la organización social explica que su objetivo con el nuevo informe sobre derechos humanos y medio ambiente es “aportar a un análisis de nuestra realidad que necesariamente debe ser complejo, diverso, y que no representa una línea única de avances o retrocesos, sino una conjugación de los dos”. “La idea es ser parte de un proceso de construcción de múltiples actores en torno a cuáles son los caminos que le hacen bien al país en términos de soberanía, derechos humanos, justicia ambiental y social”, finaliza.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Karin Nansen
908 27 30 – 098 556 360
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Una vez más, este 21 de septiembre organizaciones sociales y ambientales, junto a comunidades locales, reiteran en todo el mundo su rechazo al avance de los monocultivos de árboles, que cual ejército invasor avanzan sobre los territorios de los países del Sur.

Este ejército marcha en todo el mundo y los territorios de numerosos pueblos de África, Asia y América Latina están siendo invadidos y apropiados por grandes empresas –nacionales y extranjeras–, para destinarlos a la plantación de monocultivos de árboles a gran escala. El objetivo es producir materia prima abundante y barata para varias industrias (celulosa, madera, energía, caucho), así como para la instalación de “sumideros” negociables en el mercado de carbono.

En Uruguay somos testigos de cómo en los últimos años, latifundios forestales de empresas extranjeras han ocupado enormes áreas de tierra. Esto ha implicado la expulsión del campo de numerosas familias rurales, el acorralamiento de otras, pérdidas sociales, ambientales, culturales y paisajísticas.

El modelo masificado de plantaciones de árboles ha ido cercando a pueblos y ciudades: Tranqueras en Rivera, Greco en Río Negro, Cerro Alegre y Pence en Soriano, Piedras Coloradas, Pandule, Pueblo Gallinal y Cerro Chato en Paysandú, por nombrar algunos. Caminos y rutas de acceso y salida, también bordeados de masas forestales, ponen a estas poblaciones en una situación de enorme riesgo en caso de incendios forestales.

Pero no sólo los pueblos han sido cercados por el avance forestador. En el departamento de Treinta y Tres, la Quebrada de los Cuervos, un área protegida, está siendo rodeada por empresas forestales extranjeras que a ritmo vertiginoso han ido comprando campos para plantar eucaliptos y pinos, utilizando especies que son invasoras en esa región del país.

El problema del latifundio siempre fue grave en el Uruguay ganadero. El problema del latifundio se ha agravado con el Uruguay forestal. Tres empresas transnacionales: Weyerhaeuser (Estados Unidos), Forestal Oriental (Finlandia) y Montes del Plata (Finlandia-Suecia-Chile), poseen más de 600.000 hectáreas de campos en nuestro país (la misma superficie que el departamento de Colonia, u 11 veces la superficie del departamento de Montevideo).

Por esa razón y con motivo del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, nos unimos al llamado internacional a redoblar esfuerzos para apoyar la lucha de quienes hoy resisten contra la invasión de sus territorios por parte de empresas plantadoras. Y reiteramos a nuestros gobernantes la imperiosa necesidad de evaluar los costos sociales y ambientales que nos está dejando este modelo de producción en manos del capital extranjero.

¿Por qué esta fecha?

En el año 2004, a partir de una iniciativa de la “Red contra el Desierto Verde” de Brasil –que tiene una larga historia de resistencia a las plantaciones forestales–, se escogió el 21 de septiembre como una fecha significativa para conmemorar a nivel internacional la lucha contra los monocultivos de árboles. Otros y otras la siguieron y la fecha fue adoptada inmediatamente por numerosas comunidades y organizaciones que resisten a las plantaciones en sus propios países e internacionalmente. Desde entonces, son cada vez más quienes se suman realizando distintas actividades en esta fecha y ayudando así a crear conciencia sobre los impactos sociales y ambientales de las plantaciones.

En Uruguay, junto a otras organizaciones, el Grupo Guayubira (que REDES – Amigos de la Tierra Uruguay integra) se sumará una vez más a la jornada mundial de resistencia a las plantaciones.

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María Selva Ortiz
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Los informes analizan las probables consecuencias negativas de esos acuerdos comerciales (que formalmente esquivan la denominación de TLC) sobre la soberanía alimentaria, la pesca artesanal, los bosques y el cambio climático.

Los convenios impulsados desde la UE son parte de su estrategia denominada “Europa Global”, que implementa desde 2006 para fortalecer a sus grandes corporaciones transnacionales alrededor del mundo. Algunos de los instrumentos presentes en estos TLC son la liberalización de las inversiones, del sector servicios, la apertura del sector agrícola, la eliminación de las trabas a las exportaciones (tanto arancelarias como no arancelarias), el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual (patentes) y la apertura de las compras estatales a los proveedores europeos.

En resumen, los estudios enfatizan la amenaza de varios de estos instrumentos a la soberanía alimentaria de los pueblos, los bosques y la pesca artesanal, y alertan que agravarán el cambio climático. Estos TLC son tan o más peligrosos que los firmados por Estados Unidos con Colombia, Perú y Centroamérica, y con el mismo objetivo: profundizar la liberalización comercial sobre amplios sectores estratégicos de las economías latinoamericanas en beneficio de las empresas europeas.

Los títulos de los estudios son: “Impactos negativos de la estrategia comercial de la UE en la soberanía alimentaria de los pueblos”; “Bosques: impactos de los Acuerdos de Asociación impulsados por la Unión Europea”; “Acuerdos de Pesca Unión Europea – América Latina: Impactos en los recursos pesqueros y la soberanía alimentaria”; “Tratados de Libre Comercio de la UE en América Latina: agravando el cambio climático”.

A continuación puede acceder a las cuatro publicaciones en formato pdf.

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay advierte una vez más sobre los graves efectos de los monocultivos forestales para las fuentes de agua del país, especialmente en los casos en que las plantaciones se realizan cerca de las fuentes del vital recurso.

Uno de los casos más renombrados ha sido el del antiguo poblado de Las Flores, ubicado a tres kilómetros de Piedras Coloradas (Paysandú), en una zona con unas 40.000 hectáreas forestadas. Las plantaciones llegaron hasta muy cerca del poblado. El impacto comenzó a percibirse luego de algunos años de iniciada la forestación y los pozos de hasta 22 metros se fueron secando. Hoy existe un único pozo con agua, de 55 metros de profundidad.

La gente tuvo que abandonar el poblado y de las 40 familias que vivían de la actividad agrícola quedan en ese lugar taperas y alguna casa ocupada. A esa localidad hoy se la conoce como “Pueblo Seco”.

Se estima que un eucalipto consume por día unos 20 litros de agua. Si cada hectárea contiene en promedio unos 1.000 árboles, hay un consumo diario de unos 20.000 litros de agua, que serían unos 20 metros cúbicos por hectárea y por día. Si se multiplica esa cifra por 800.000 hectáreas, que se estima es aproximadamente el total de la forestación en el país, los monocultivos de árboles estarían consumiendo diariamente 16 millones de metros cúbicos de agua.

Varias escuelas rurales inclusive han sufrido la falta del recurso porque la forestación en torno a los predios escolares provocó una disminución de la napa freática. En períodos de sequía, como se han sufrido en Uruguay, las consecuencias han sido mayores aún.

Debería llamar la atención la coincidencia entre las zonas más forestadas y las más afectadas por la falta de agua. Hay algunos casos muy concretos y claros como los de las zonas de Cerro Alegre y Paraje Pence en Soriano. Allí desde 1998 los chacreros locales vienen denunciando la falta de agua debido a la forestación. Año a año aumenta el número de familias que deben ser abastecidas por camiones cisterna de la intendencia departamental.

Las reiteradas denuncias sobre la falta de agua en las zonas forestadas se suman a las de los impactos en el suelo, en la biodiversidad, además de los cambios en la propia estructura de tenencia de la tierra del país: crecientes procesos de extranjerización y latifundización.

REDES-Amigos de la Tierra Uruguay llama nuevamente a estudiar los impactos de la implantación de los monocultivos de árboles en el país antes de seguir con una política forestal que, al tiempo que  afecta el medio ambiente y a nuestros productores rurales, nos roba soberanía nacional.

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María Selva Ortiz
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REDES–Amigos de la Tierra Uruguay divulga una nueva publicación llamada “Transnacionales Forestales”, en la cual se muestran las grandes corporaciones del sector que operan en América del Sur, a quiénes pertenecen sus paquetes accionarios y los impactos que están generando en el continente.

Entre ellas se destacan la finlandesa Botnia (ahora sus operaciones en Uruguay son de la también finlandesa UPM-Kymmene), la española ENCE, la sueco-finlandesa Stora Enso, las brasileñas Votorantim y Suzano, la estadounidense Weyerhaeuser y la chilena Arauco.

En Uruguay, por ejemplo, los monocultivos forestales impactan sobre las fuentes hídricas: pueden verse campos vacíos, donde abundan las plagas y suelos degradados, sobre todo en la región centro-oeste del país. Los productores de esa zona testimonian que a partir de 1995 los pozos, cañadas y bañados se comenzaron a secar. Es posible constatar que pozos de agua que abastecían a la población hoy están secos.

Los monocultivos forestales, sumados a los de soja, han generado un fuerte impacto sobre el ecosistema de pradera, base de la agricultura y la alimentación de nuestro país. Eso va de la mano del proceso de concentración y extranjerización de la tierra: hoy más de la mitad del área forestada en Uruguay es propiedad de unas pocas corporaciones transnacionales, como Weyerhaeuser, Stora Enso, Arauco y Botnia (UPM-Kymmene).

La empresa ENCE, con tierras y plantaciones en Uruguay, le vendió en mayo de 2009 sus operaciones allí a Stora Enso y Arauco por 344 millones de dólares. La transacción originó el latifundio más grande en la historia del país: 250.000 hectáreas de tierra en manos de dos empresas. Con las inversiones de Stora Enso y las programadas por la compañía portuguesa Portucel, nuestro país estaría llegando a los tres millones de hectáreas forestadas. Si con un millón de hectáreas aproximadamente en la actualidad las consecuencias son notorias, no hacen falta demasiados cálculos para estimar lo que sucedería con el triple.

Stora Enso tiene hoy en día más tierras en América Latina que las que posee en Europa. En su expansión por el estado brasileño de Bahía la empresa sueco-finlandesa deforestó un ecosistema tan valioso como el bosque atlántico, y en Rio Grande do Sul adquirió ilegalmente tierras fronterizas con Uruguay. Los extranjeros no pueden comprar tierras en Brasil a menos de 150 kilómetros de la frontera con otro país. Pero Stora Enso lo hizo a través de una empresa “ficticia”, la agropecuaria Azenglever, de propiedad de dos brasileños que eran importantes directivos de Stora Enso en América Latina.

El mapeo elaborado por REDES-Amigos de la Tierra Uruguay permite conocer las diversas empresas forestales que operan en América del Sur, sus puntos de ubicación, sus producciones. Detalla además sus impactos ambientales, sociales, económicos y políticos en los diversos países. Se trata de una nueva herramienta que facilita el seguimiento de las grandes corporaciones del sector forestal y celulósico en su ocupación de la región.

Si desea ver el trabajo en formato pdf, por favor descárguelo aquí.

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En el marco de las marchas anuales que se realizan en Galicia, España, contra la planta de celulosa de ENCE instalada sobre la Ría de Pontevedra este 13 de junio, organizaciones europeas emitieron una comunicación en la que reclaman a la empresa por la “deuda ecológica” resultado de sus diez años de presencia en el país sudamericano.

La comunicación lleva la firma de las organizaciones Ecologistas en Acción, Verdegaia, Observatorio de la Deuda en la Globalización y Quién debe a quién, y se precipita ante el anuncio por parte de la empresa de la venta de sus principales activos en Uruguay al consorcio integrado por Stora Enso (Suecia – Finlandia) y Arauco (Chile).

En la misma se fundamentan distintos cargos contra ENCE como la agudización del despoblamiento del campo, el uso irracional del agua dulce, la facilitación de condiciones de esclavitud en los montes y el latifundio, entre otras aristas del modus operandi de ENCE. Y se intima a los “nuevos dueños” del complejo de ENCE en el país sudamericano a hacerse cargo de su deuda ambiental.

En ocasión de la manifestación en Pontevedra contra la contaminación de ENCE en la Ría el 13 de junio, las organizaciones hacen un llamamiento para un cambio del modelo de producción de papel, así como una reducción drástica de su consumo. “Asimismo -sostienen- demandamos a ENCE y al Gobierno español que reconozcan la Deuda Ecológica generada en Uruguay y que los daños causados no solo sean restituidos, pero además, se detenga la generación de este tipo de daños”.

Xose María García, secretario general de la organización ecologista gallega Verdegaia dijo a Radio Mundo Real que desde que se instaló ENCE en la región de Lourizán en los años 60 existe un fuerte movimiento de oposición, parte del cual son las marchas que se realizan anualmente.

Actualmente en Galicia el debate sobre este modelo productivo se limita a discutir acerca de la locación de las industrias, lo cual a juicio del activista no alcanza a lo medular del problema.

Tema insoslayable

En Galicia, y contraviniendo pronunciamientos judiciales que condenaron a ENCE por sus resultados ambientales, el gobierno local resolvió extender hasta 2018 la autorización para la permanencia de la planta a orillas de la Ría.

El integrante de la Asociación en Defensa de la Ría de Pontevedra, Antón Massa, relató desde esa región gallega el surgimiento de las marchas anuales contra ENCE. “La respuesta ha sido siempre muy importante en toda la ciudad, a tal punto que hoy en día ninguna fuerza política que se quiera presentar a elecciones en nuestro ayuntamiento se pronuncia por dejar al complejo en su actual lugar”, sostuvo Massa.

En relación al “retiro” de ENCE de Uruguay, Massa dijo desconocer cuál será el derrotero final de la empresa, aunque describió cuáles son los pasos de la estrategia de la empresa en la propia España.

En otro pasaje de la entrevista, el activista gallego comentó el perjuicio que sufren producto de la “eucaliptización” actividades vitales para esa provincia como la pesca de mariscos.

Finalmente, las organizaciones que rubrican el documento conjunto cuestionan si “los accionistas de Stora-Enso y de Arauco están dispuestos a asumir, conjuntamente con la adquisición anunciada, los pasivos socioambientales de ENCE en Uruguay”. Se cuestionan asimismo, si ENCE reparará a las comunidades afectadas por sus actividades empresariales, y si el Gobierno español pagará compensaciones al pueblo uruguayo por su co-responsabilidad ante los daños causados, al haber apoyado con dinero público a estas actividades perjudiciales en repetidas ocasiones.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 12 de junio. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/ENCE-Deuda-ecologica

Barcelona – Madrid – Santiago de Compostela, 12 de junio de 2009

Coincidiendo con la manifestación contra ENCE en Pontevedra el próximo 13 de junio, organizaciones sociales de Uruguay y el Estado español se pronuncian sobre la venta de las operaciones del Grupo ENCE en Uruguay, denunciando los impactos sociales y ambientales que ENCE ha generado en los últimos 10 años en el país sudamericano.

El pasado 18 de mayo la papelera sueco-finlandesa Stora-Enso y la chilena Arauco anunciaron la compra de las acciones mayoritarias de las operaciones de la española ENCE en Uruguay por un valor de 253 millones de Euros, los cuales incluyen una deuda de 33 millones de Euros. La venta incluye la adquisición de 130.000 hectáreas de tierras y plantaciones, 6.000 hectáreas de tierras arrendadas, así como la totalidad de las sociedades uruguayas propiedad de ENCE: Eufores S.A., Celulosa, Energía Punta Pereira S.A. y Zona Franca Punta Pereira S.A. Con dicha venta, Arauco/StoraEnso se convertirán en las principales empresas forestales en Uruguay.

Ante esta noticia, organizaciones de la sociedad civil del Estado español expresan su creciente preocupación por la omisión en esta operación de los costes sociales y ambientales generados por ENCE en el país sudamericano desde hace más de 10 años. De hecho, una extensa red de organizaciones de Uruguay y el Estado español han denunciado continua y públicamente tanto los impactos socioambientales que reflejan una total irresponsabilidad social corporativa demostrada por ENCE en su actuar en Uruguay, como los posibles daños que causaría el proyecto de una nueva planta de celulosa en Punta Pereira. Para dicho proyecto, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) había contemplado desde 2007 brindar apoyo, con fondos públicos. Véase por ejemplo la carta al gobierno español enviada por 89 organizaciones al respecto en abril de 2008
(http://www.odg.cat/documents/novetats/pdf_Carta_Gobierno_Esp.pdf).

Entre los principales impactos sociales y ambientales no reconocidos ni reparados por ENCE en Uruguay destacan:

- Incremento del despoblamiento rural, incluyendo a familias productoras rurales que debieron vender sus campos al verse rodeados por las plantaciones de ENCE, al quedarse sin agua y sufrir el impacto de la proliferación de plagas (causadas por los monocultivos forestales) que afectaron sus producciones agropecuarias.

- Aumento del desempleo y de la precariedad laboral, puesto que de los escasos puestos de trabajo generados en plantaciones de ENCE, la mayoría fueron subcontratadas con malas condiciones laborales.
Las condiciones de trabajo se han caracterizado por ser a destajo, con inseguridad laboral y bajas remuneraciones.

- La disminución drástica de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, e incluso se han registrado casos de agotamiento total del recurso, por las plantaciones de ENCE.

- Impactos sobre las producciones agropecuarias circundantes, tanto por el agotamiento del agua como por la aparición de plagas.

- Aumento del latifundismo y la apropiación de la tierra por empresas extranjeras, ENCE poseía hasta ahora 160.000 hectáreas, de las que aún conserva 30.000, habiendo vendido el resto al consorcio formado por Arauco/StoraEnso que ahora cuenta con 250.000 ha. de tierras en Uruguay.
Incremento de las desigualdades económicas: ENCE recibió cuantiosos recursos económicos públicos a través de subsidios directos e indirectos, mientras la población rural ha empobrecido.

- Deforestación y pérdida de biodiversidad, tala ilegal de monte nativo para la extensión de sus áreas plantadas con monocultivos de eucalipto.

El conjunto de daños señalados implican una Deuda Ecológica vigente, y no reconocida ni asumida por parte de ENCE en Uruguay. Puesto que la empresa española mantiene la propiedad de 30.000 hectáreas de monocultivos de eucalipto en Uruguay, así como una planta de chipeado con astillero en Montevideo para suministrar la demanda de las plantas españolas como aquella de Huelva, dicha Deuda se sigue incrementando por lo que demandamos al Gobierno español actuar en consecuencia para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción, Verdegaia y el Observatorio de la Deuda en la Globalización se preguntan si los accionistas de Stora-Enso y de Arauco están dispuestos a asumir, conjuntamente con la adquisición anunciada, los pasivos socioambientales de ENCE en Uruguay. Se cuestiona asimismo, si ENCE reparará a las comunidades afectadas por sus actividades empresariales, y si el Gobierno español pagará compensaciones al pueblo uruguayo por su co-responsabilidad ante los daños causados, al haber apoyado con dinero público estas actividades perjudiciales en repetidas ocasiones.

De acuerdo con las organizaciones civiles, la situación de crisis ecológica global actualmente generada por el sistema productivo y de consumo capitalista esencialmente desde los países del Norte, exige un alto grado de toma de conciencia y de responsabilidad, tanto por parte del sector privado como de los gobiernos y sociedades del Norte. La crisis se vincula con el hecho de que en los cálculos económicos como la transacción señalada entre las empresas papeleras, no se incluye el valor real de los daños socioambientales. Si este valor real fuera incluido, la rentabilidad sería negativa y se haría aún más evidente la necesidad de un cambio en el modelo productivo y de consumo actual.

En ocasión de la manifestación en Pontevedra contra la contaminación de ENCE en la Ría pontevedresa el 13 de junio, hacemos un llamamiento para un cambio del modelo de producción de papel, así como una reducción drástica de su consumo. Asimismo, demandamos a ENCE y al Gobierno español que reconozcan la Deuda Ecológica generada en Uruguay y que los daños causados no solo sean restituidos, sino que además, se detenga la generación de este tipo de daños.

Más información:

Mónica Vargas (Observatorio de la Deuda en la Globalización)
Telf. +34 – 66 202 64 97
monica.vargas@odg.cat

Begoña Carrera (Verdegaia)
Telf. +34 – 619 21 72 04
vicecoordenacion@verdegaia.org

Tom Kucharz (Ecologistas en Acción)
Telf. +34 – 619 949 053
agroecologia@ecologistasenaccion.org

Véase también:
www.guayubira.org.uy
www.redes.org.uy
www.odg.cat
www.ecologistasenaccion.org
www.quiendebeaquien.org
www.verdegaia.org

Cuando los postigos del diálogo parecen cerrados a cal y canto, se abre el camino de la movilización. Así lo entienden los apicultores uruguayos que este jueves 4 de junio realizarán una gran movilización frente al Ministerio de Ganadería.

Su reclamo básico refiere a la necesidad imperiosa de regular el uso de agroquímicos, en especial insecticidas, que en los últimos tiempos han diezmado sus colmenas, su fuente de vida.

Tal es el caso del fipronil, un potente insecticida al que si bien se le han impuesto algunas restricciones de uso, se sigue aplicando en forma de aspersión en los montes de eucaliptos.

Según sus organizadores la movilización busca “que el Estado controle la importación, venta y uso de agrotóxicos” y que se controle e impida “la pérdida de la biodiversidad vegetal y animal”, como por ejemplo en los montes nativos.

El objetivo de la movilización que se anuncia es denunciar la permisividad de las autoridades ante la expansión incontrolada y explosiva de cultivos cuyo manejo ha implicado el uso indiscriminado, y muchas veces fuera de la ley, de insecticidas y herbicidas, que en las últimas dos zafras han matado y diezmado millares de colonias de abejas, dejando sin fuentes de trabajo a decenas de familias, afirman.

Radio Mundo Real dialogó con Ricardo Carrera, integrante de la Sociedad Apícola Uruguaya. “En realidad, no hace falta ningún estudio complejo y de alto costo para conocer los efectos tóxicos sobre las especies de animales que no son el blanco del insecticida: cualquier lugareño donde se aplique un insecticida por aspersión le va a decir la mortandad de animales que se produce en la región”, sostiene el apicultor.

En otro tramo de la entrevista, Carrera manifestó el acoso que sufre la apicultura en el marco de los crecientes procesos del monocultivo agrícola (soja) y forestal en Uruguay. Además se incumple una normativa que obliga a instalar colmenas como favorecedoras de cultivos que cuenten con financiación o subsidio estatal.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 3 de junio. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Vida-y-muerte-de-las-abejas

Entre el 30 de abril y el 3 de mayo próximos, el esteño departamento uruguayo de Treinta y tres se convertirá en capital regional de las semillas autóctonas, la agroecología y la soberanía alimentaria.

El parque ribereño del Río Olimar será lugar de encuentro y recreación, plataforma de debates y escenario para realizar balances y trazar perspectivas a varios colectivos y redes vinculados a la agroecología y la valorización de la biodiversidad autóctona.

El programa, que aún se encuentra en trámite de definición, incluye la presencia de delegaciones de varios puntos del país oriental, de Paraguay y del Brasil, con un contingente de miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Habrá espacio para presentaciones e intercambio de saberes, pero también para el trueque de semillas cultivadas y conservadas como resistencia consciente y alternativa viable al agronegocio, omnipresente con su saldo de monocultivo, deterioro ambiental y agotamiento de recursos en todo el Cono Sur.

Radio Mundo Real realizará una cobertura completa on line del evento incluyendo entrevistas, mesas redondas y transmisiones en vivo desde las presentaciones públicas previstas para el Parque del Río Olimar.

La actividad cuenta con el decidido impulso del gobierno local, la Intendencia Departamental de Treinta y Tres. Precisamente el Director del Departamento de Agroecología y Soberanía Alimentaria de dicho gobierno, José Puigdeval, remarcó en entrevista con Radio Mundo Real que todo el evento se convertirá en un gran hecho educativo, ya que además del intercambio entre agricultores y campesinos se contará con la presencia de todas las escuelas primarias del departamento de Treinta y Tres.

Precisamente para los niños está instalándose un circuito con cinco ejes temáticos como la soberanía alimentaria, la semilla y el medio ambiente, señaló Puigdeval.

Nota publicada en Radio Mundo Real el 16 de abril. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/?q=es/node/672