En conmemoración del Día Mundial del Agua y a 11 años de la lucha en defensa del derecho humano  al agua, la CNDAV hace públicos sus principales puntos reivindicativos:

1) Normalización en el marco del derecho público del servicio de agua potable en Maldonado (UGD).

2) Estatización total de Aguas de la Costa S.A., empresa que se crea para suplantar a Aguas de la Costa-Suez. El 40% permanece en manos privadas (SEINCO); insistimos que esta situación es claramente inconstitucional.

3) Creación de un Área de Relacionamiento con el usuario dentro de OSE, donde el ciudadano pueda  participar en la gestión del organismo.

4) Promoción de Comités de Cuenca, haciendo posible la participación, efectiva y real, de los usuarios a  nivel nacional, regional y local, cuyo marco normativo se encuentra claramente explicitado en la Ley de  Aguas (reglamentación del art. 47, OCT/ 2009).

5) Instalación prioritaria del Comité de Cuenca y sub-cuencas del Río Santa Lucía y sus afluentes; propuesta planteada por la CNDAV y acordada en el ámbito de la DINASA.

6) Instrumentación de monitoreos por parte de la Universidad de la República de los efectos medioambientales de nuevos cultivos que se han potenciado en las últimas décadas y el uso de agroquímicos prohibidos en otras latitudes y continentes, así como de industrias contaminantes, con informes públicos a la población.

7) Promoción a nivel de la región y el continente –MERCOSUR, UNASUR, etc– de la adopción de criterios  comunes y homogeneización de la legislación al respecto del acceso al agua potable y el saneamiento  como un derecho humano fundamental, y del rechazo a considerar el agua como una mercancía, así como la venta  de agua a granel de fuentes hídricas comunes de la región como ríos y acuíferos.

8) Acceso público a toda la información sobre el resultado de monitoreos de los efectos de cultivos,  información e investigaciones actualizada sobre agrotóxicos; sobre la situación de los acuíferos (Guaraní,  Raigón) y sobre el uso que se realiza de sus aguas, así como de la situación de los pozos existentes y los  controles periódicos.

9) Creación del Ministerio del Agua como forma de concentrar la gestión integral del recurso.

10) Promoción de la Plataforma APC (Acuerdos Público-Público, Público-Comunitario) de las Américas,  herramienta impulsada desde la Red Vida como alternativa a las sociedades anónimas que, en el mundo, han demostrado  no dar solución a los problemas de agua y saneamiento de las poblaciones. ¡Empresas públicas,  en el derecho público!

11) Exigimos información y consulta a la ciudadanía sobre la viabilidad del mega-proyecto de minería a cielo abierto (forma de extracción prohibida en los “países desarrollados”) de ARATIRÍ. Significa la expoliación de un recurso finito que no nos pertenece solamente a nosotros, sino a varias generaciones. Este emprendimiento utilizará 12.000.000 de metros cúbicos de agua para transportar el hierro.

Invitamos a visitar nuestro sitio web www.aguayvida.org

Por otra parte, al problema de la destrucción causada por los fenómenos naturales se suma un nuevo peligro, el nuclear. El terremoto y el posterior tsunami afectaron gravemente la central nuclear de Fukushima 1 (en la localidad de Hitachi, prefectura de Ibaraki), lo que ha provocado fugas radioactivas que, según lo difundido por la prensa, habrían sobrepasado de 100 a 10.000 veces los límites legales. Estas fugas, según admitió el gobierno, “podrían afectar la salud humana”. Diversos especialistas y gobiernos advierten que la situación en la planta nuclear está fuera de control. También están en peligro las centrales de Onagawa y Tokai.

En medio de este terrible momento en Japón, REDES – Amigos de la Tierra Uruguay considera que se deben redoblar los pedidos para que la generación de energía nuclear sea valorada como lo que es, una peligrosísima opción. Existen muchas otras formas de producir energía que deben ser exploradas, antes de pensar en una alternativa nuclear.

REDES – AT vuelve a rechazar y desmentir varios mitos de la industria nuclear y sus defensores. La energía nuclear no es segura, ni limpia, ni barata, ni necesaria:

· La energía nuclear no es barata. En los cálculos económicos se omite generalmente el costo de desmantelamiento de las centrales y de la gestión de los residuos durante cientos de años (actividad, además, de graves riesgos).

· Esta forma de energía supone enormes amenazas para la humanidad y el medio ambiente durante demasiado tiempo como para decir que no habrán accidentes. Las contingencias del clima, por ejemplo, son muchísimas, y su comportamiento no se puede prever en períodos de tantos años y menos en medio de un cambio climático creciente.

· La energía nuclear no soluciona los problemas de dependencia energética, ya que ella misma depende de un material no renovable como el uranio, que es un recurso muy limitado. Su extracción es contaminante y peligrosa.

· La nuclear supone un mínimo porcentaje del total de la energía que utiliza la humanidad. Es por tanto fácil de sustituir por fuentes renovables en el mediano plazo.

REDES – AT celebra y apoya los pasos que acaban de dar Suiza y Alemania, al congelar el primero su programa nuclear, y decidir el segundo apagar siete de sus 17 plantas nucleares. Sin embargo, la organización ambientalista lamenta profundamente que estas decisiones hayan sido, al menos en parte, resultado de un accidente que hace sufrir al pueblo japonés por el grave error de sus gobernantes al desarrollar la energía nuclear. Sería bueno que no fueran necesarios estos desastres para salvaguardar el bienestar de las poblaciones de todo el mundo.

En Uruguay, para el período 2011-2012 están destinados dentro del presupuesto nacional casi un millón de dólares para discutir la viabilidad de una central nuclear. REDES – AT entiende que la gravedad de los hechos ocurridos en Japón debe estar sobre la mesa a la hora del debate y que no se debe derogar la ley que prohíbe la generación nucleoeléctrica en el país mientras se analiza el asunto.

La organización ambientalista reivindica el camino de las energías renovables, que este gobierno nacional ha desarrollado y que encamina al país a tener, en 2015, el 50 por ciento de su matriz energética basada en esas fuentes. Hoy más fuerte que nunca: “¿Nuclear? No, gracias”.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
2908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy

Leonard Mattioli
2908 27 30 – 098 423 736
ciudaddinamo@gmail.com

El senador uruguayo del oficialista Frente Amplio Eleuterio Fernández Huidobro advirtió el lunes que hay que ir “despacito y por las piedras” en el análisis del proyecto minero de la empresa Aratirí, en la localidad de Valentines, en el centro del país. Hay que mirarlo “con siete lupas”, recomendó.

Aratirí planea invertir 2 000 millones de dólares en una mina de hierro a cielo abierto, en unas 10 000 hectáreas en la zona de Valentines, para exportar 18 000 000 de toneladas anuales de hierro a China. Ya está haciendo trabajos de exploración en la zona.

En una entrevista publicada por el diario uruguayo La Diaria, Fernández Huidoboro manifestó que es necesario asegurarse que la empresa india Zamin Ferrous, matriz de Aratirí, sea efectivamente una minera y no “la fachada de otra cosa”. “Hoy está en tela de juicio, hay versiones que indican que la empresa se dedica a intermediar minerales y a hacer prospecciones para luego venderlas a otras empresas mineras. Es algo que la empresa niega, pero hay que mirar todo con mucho cuidado”, dijo.

Según una investigación del periodista uruguayo Víctor Bacchetta publicada en el semanario nacional Voces, Zamin Ferrous, que se presenta como una empresa familiar, es en realidad la fachada de un gran operador del mercado mundial de materias primas. El presidente de la empresa india es Pramod Agarwal, fundador en 1981 de Texuna International, con sede en Hong Kong, empresa que lidera un grupo comercial en la Comunidad de Estados Independientes, en 10 de las 15 ex repúblicas soviéticas.

Texuna se convirtió en poco tiempo en una gran red de empresas operando en el comercio de materias primas entre Asia, la Comunidad de Estados Independientes, Europa y Estados Unidos. Las mayores multinacionales se han apoyado en Texuna para entrar en los mercados de las ex repúblicas soviéticas, según la investigación de Bacchetta.

En la entrevista cedida a La Diaria, Fernández Huidobro agrega que un yacimiento a cielo abierto con las dimensiones proyectadas en Valentines “ya es un problema en sí mismo”, y que “sobran los ejemplos” en el mundo de los impactos ambientales que provoca la gran minería.

Uruguay debería “evaluar qué posibilidad tiene de generar algún valor agregado y que no sea una exportación de materia prima”, reflexionó el senador. Y fue más profundo aún en su análisis, al cuestionar el paradigma de desarrollo bajo el que se inscribe este megaemprendimiento: “Este modelo lleva al planeta al desastre y basta mirar la televisión. Antes decíamos que los enemigos eran el imperialismo y la burguesía, y lo siguen siendo, pero nadie hablaba de ecología, agotamiento de los recursos o crisis alimentaria. Este modelo es para una minoría y el resto de la humanidad sobra. Es un futuro sin porvenir”.

Fernández Huidobro deslizó además una autocrítica por el desinterés de la izquierda uruguaya hacia los planteos del ecologismo durante mucho tiempo, quizás porque “nunca pensamos que la estupidez humana podía llegar a esto”.

En los últimos años Uruguay ha recibido una ola de inversiones de capitales transnacionales en áreas como la agricultura, forestación, producción de pasta de celulosa, minería e infraestructura.

En abril del año pasado el mismo Huidobro había alertado sobre algunos peligros de estas inversiones en megaproyectos. Advirtió en ese entonces que los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo y Rocha sufrirán severos problemas si prosperan estos emprendimientos y no se adoptan medidas para hacer frente a sus impactos. Explicó, citado por Radio El Espectador de Uruguay, que con las nuevas iniciativas se generará una gran migración hacia esas zonas y, por lo tanto, habrá severos inconvenientes de alojamiento, salud y saneamiento. El legislador consideró que esos departamentos no están preparados para los controles sanitarios y medioambientales que hay que realizar y mantener.

* Nota publicada en Radio Mundo Real el 15 de marzo. La puede leer y escuchar en:
http://www.radiomundoreal.fm/Los-ojos-bien-abiertos

En el departamento de Durazno, en el corazón de Uruguay, familias rurales sufren agudas afecciones de salud tras ser fumigados por agrotóxicos empleados en el cultivo de soja transgénica, mientras desde el Estado no hay respuesta.

El campo uruguayo sufre este verano una seria sequía que hace escasear el agua para cultivos, rodeos ganaderos y hasta consumo humano, empujando al alza el precio de algunos alimentos básicos que -ya se sabe-, también escasearán en el correr de 2011.

No por anunciada, esta falta de lluvias motivó medidas preventivas, en tanto que el país pierde aceleradamente productores familiares al ahondar su inserción en un modelo productivo donde el cultivo de transgénicos, la forestación y la ganadería en base al latifundio siguen siendo insignias nacionales.

Sin embargo, aunque el agua hace falta, en el departamento de Durazno, 200 kilómetros al norte de Montevideo, donde abundan los cultivos de soja transgénica motorizados por inversión extranjera, la lluvia se ha tornado sinónimo de muerte más que de vida.

Hace exactamente un año atrás, en enero de 2010, Jorge Mérola y su esposa, Laura, realizaban las tareas de campo propias de la producción ganadera en su predio ubicado en el paraje Mariscala, sobre la ruta 14 en las cercanías de Villa del Carmen. Días antes, avionetas fumigadoras trabajaron aplicando agrotóxicos sobre los cultivos de soja transgénica que desde hace algunos años, en época estival, rodean el predio de los Mérola.

Llovía y Laura se refrescó la cara con el desagüe del techo. La reacción fue casi inmediata: a la mañana siguiente Laura amaneció con manchas violáceas en su rostro que se le extendieron rápidamente por el resto del cuerpo, desorientando a los médicos que demoraron en obtener un diagnóstico, comentó a Radio Mundo Real Jorge.

Las lluvias, que “lavan” los pesticidas aplicados en los cultivos, hacen que por una cuestión de costos -la fumigación aérea es sumamente costosa-, los agrotóxicos se apliquen en concentraciones más elevadas de lo común y de lo autorizado. Y un año atrás, las lluvias se sucedían día tras día.

A la semana de la intoxicación de Laura, Jorge recibió un aguacero que sin embargo no lo intimidó y siguió recorriendo el campo. Al llegar a “las casas”, comenzó a sufrir una picazón “insoportable” en el cuerpo que, al día siguiente, su médico vinculó sin dudar con los agrotóxicos que los sojeros vecinos venían aplicando en esa época del año.

El uso de agrotóxicos en concentraciones elevadas generaría la condensación de las mismas en las nubes y su caída con las lluvias. “En épocas de lluvias aplican sus productos más concentrados, porque acá no hay quien controle nada y se ahorran así pasadas de avioneta”, comentó Jorge vía telefónica.

La empresa que maneja los campos sojeros en la región es Calyx Agro, de origen argentino, creada en 2007 para la “identificación, adquisición, desarrollo, conversión y venta de tierras en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay”; realizar “aparcería con operadores agrícolas y grandes operadores agrícolas o propietarios de tierras” y “administración y producción” de “commodities” agrícolas, según su sitio digital.

A un año de los hechos, la salud de Laura no ha logrado recuperarse: se le diagnosticó dermatomiositis, ha perdido un 20% de su capacidad muscular y afronta aplicaciones de quimioterapia. Ha debido trasladarse hacia Villa del Carmen, evitando volver al campo para no repetir la intoxicación. Jorge, en cambio, ha evolucionado favorablemente y a diario viaja a trabajar desde el poblado a su predio.

Además, en el mismo período han aparecido animales muertos, con las mandíbulas y músculos rígidos, por lo que Jorge lo adjudica a idéntica causa.

Vecinos de la zona comentaron asimismo que las avionetas aterrizan en los caminos vecinales, sin previo aviso y que el caso de Laura y Jorge “no es el único”, lo cual fue confirmado por éste último señalando que otros vecinos han sufrido síntomas similares, aunque sin hacerlo público.

“Esto genera mucho dinero, pero las empresas han encontrado ese negocio y contra el dinero es muy difícil, no se puede”, dice Jorge. “El Ministerio no tiene los controles que debería y las empresas emplean productos que están prohibidos en otros países”.

Jorge no obstante no encuentra sentido a denunciar el problema ante instancias estatales. Y explica el motivo: durante esos días lluviosos se denuncia gran mortandad de peces en el río Yí, que fuera “explicada” por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería como resultado de la falta de oxígeno en el agua producto de las precipitaciones copiosas. “Ante ese tipo de actitudes, decidí no denunciar nada”, se resigna.

La superficie cultivada con soja transgénica en Uruguay ha aumentado exponencialmente en el último lustro alcanzando en la zafra en curso unas 900 mil hectáreas. El país ocupa el sexto lugar de los exportadores netos de soja del mundo y octavo en la lista de los mayores productores.

Las principales empresas en este rubro son sociedades de inversiones, fondos de inversión y/o fideicomisos de inversión, con fuerte componente transnacional, atraídas de Argentina por la ausencia de detracciones a las exportaciones y el menor precio relativo de la tierra.

Entrevista publicada en Radio Mundo Real el 27 de enero de 2011. La puede leer y escuchar en: http://www.radiomundoreal.fm/Lluvia-malvenida

La Vía Campesina Brasil es una articulación de organizaciones campesinas, que reúne miles de trabajadores rurales, pequeños y medianos agricultores, mujeres y jóvenes, que luchan por la reforma agraria en el país y por dignas condiciones de vida y trabajo en el campo. Muchos de ellos habitan en tierras ganadas con su lucha.

Las nuevas publicaciones de REDES – AT y La Vía Campesina Brasil fueron impresas en noviembre y diciembre de 2010. La primera lleva por título “Agronegocio forestal y celulósico: la reorganización del capital”, al tiempo que la segunda tiene el nombre “Los monocultivos de árboles y el mercado de carbono”. Los dos trabajos, que llevan el eslogan “¡Monocultura en la mira de La Vía Campesina!”, incluyen información y datos actualizados del sector forestal y celulósico en Brasil y Uruguay, y de las empresas más destacadas del rubro.

Al mismo tiempo, los nuevos textos incorporan las resistencias planteadas desde los movimientos sociales, que rechazan los agronegocios en la región y defienden la soberanía alimentaria. Acá aparece la mirada de los movimientos campesinos, de las mujeres rurales, de los productores familiares y de las organizaciones ambientalistas, entre otros actores.

Más abajo usted puede acceder a las versiones pdf de estos dos documentos.

El libro de SERPAJ Uruguay, de 280 páginas, fue lanzado en la Facultad de Artes.

“Derechos humanos y ambiente en Uruguay: la necesidad de avanzar varios casilleros” es el nombre de la sección escrita por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay en el Informe 2010 de SERPAJ. Forma parte del capítulo dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales.

REDES -AT señala en su introducción que en 2010 Uruguay ratificó algunos logros en el camino de garantizar la justicia ambiental y los derechos de la población asociados a los bienes naturales, al tiempo que continuó con políticas productivas insustentables desde un punto de vista socioambiental. “Al tiempo que satisface lo primero, llena de preocupación la consistencia de un modelo productivo transnacional, concentrador y biotecnológico que amenaza a los sectores más desposeídos de nuestra población”.

A partir de esta premisa, la organización ambientalista repasa algunos de los aspectos más destacados. En ese sentido, subraya que Uruguay se comprometió a un proceso de ordenamiento territorial necesario para la gestión y uso sustentable de los territorios y bienes naturales comunes. Agrega que el país se sitúa en un lugar de referencia mundial por haber garantizado en su Constitución, mediante la reforma de 2004, el derecho humano al agua, por el posterior camino aún en marcha hacia la reglamentación de esa reforma y por la consecuente Política Nacional de Aguas.

REDES – AT afirma además que también se han dado pasos positivos en el repensamiento y reconstrucción de la matriz energética nacional, que buscan una menor dependencia del petróleo y dan mayor lugar a las fuentes renovables, como la solar y eólica (aunque hay que destacar la grave amenaza de la energía nuclear).

En contrapartida, los ambientalistas uruguayos se lamentan de que, al mismo tiempo, el país consolida un modelo de desarrollo rural que privilegia la llegada del gran capital transnacional, las semillas transgénicas y los paquetes tecnológicos. “Esto va en detrimento de los pequeños agricultores, fundamentales para asegurar la alimentación de nuestra sociedad”, expresan.

Para REDES – AT el avance de los agronegocios, especialmente de los monocultivos forestales y sojeros, es la cara más visible de ese modelo agropecuario concentrador. Según cifras oficiales, alrededor de un millón de hectáreas del país están dedicadas en la actualidad a la forestación y la industria de la celulosa transnacional, mientras se espera que en 2011 los monocultivos de soja transgénica ocupen aproximadamente la misma cantidad de tierras. No es un porcentaje menor en un país que tiene 16 millones de hectáreas cultivables. “Nuestra soberanía alimentaria está amenazada”, dice REDES – AT.

La organización manifiesta especial preocupación por el gran impulso a los transgénicos y los agrotóxicos. En Uruguay está autorizado desde 1996 el cultivo comercial de la soja transgénica RR (de la estadounidense Monsanto), y desde 2003 y 2004 se permiten los maíces transgénicos MON 810 (también de Monsanto) y Bt 11 (de la suiza Syngenta) respectivamente. Durante 2009 se aprobaron siete nuevos eventos transgénicos de maíz y soja para ensayos de cultivares y producción de semillas para exportación.

Sobre este punto REDES – AT señala: “Hoy resulta alarmante la celeridad con la que se aprobaron los nuevos transgénicos, aun cuando los técnicos que participaron en la evaluación de riesgos reconocieron que se les dio un plazo muy breve, de una semana en algunos casos, para expedirse”.

Sobre el cierre introductorio, la organización social explica que su objetivo con el nuevo informe sobre derechos humanos y medio ambiente es “aportar a un análisis de nuestra realidad que necesariamente debe ser complejo, diverso, y que no representa una línea única de avances o retrocesos, sino una conjugación de los dos”. “La idea es ser parte de un proceso de construcción de múltiples actores en torno a cuáles son los caminos que le hacen bien al país en términos de soberanía, derechos humanos, justicia ambiental y social”, finaliza.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Karin Nansen
908 27 30 – 098 556 360
urusust@redes.org.uy

La organización ambientalista manifiesta su preocupación por el avance de la concentración y extranjerización de la tierra en el país, principalmente a manos de los agronegocios.

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay quiere conocer de primera mano cuántas veces el ministro Aguerre firmó excepciones, como responsable del ministerio correspondiente, a la ley que restringe la compra de tierras a sociedades anónimas con acciones al portador (Ley 18.092, del 7 de enero de 2007). Por eso realizará en diciembre una solicitud formal de información pública.

El pedido de REDES – AT se basará en la Ley 18.381 sobre “Derecho de Acceso a la Información Pública”. El artículo tercero de esa norma estipula: “El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información”.

La Ley 18.092 concretamente expresa en su artículo primero: “Las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones comprendidas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, podrán ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas”.

Entonces, las sociedades anónimas con acciones al portador no pueden tener tierras. Sin embargo, el régimen normativo vigente en Uruguay establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo realice excepciones a esa ley y permita a sociedades anónimas con acciones al portador la posesión de tierras. Esas excepciones pueden deberse al tipo de titular o al tipo de explotación productiva propuesta.

REDES – AT solicitará al ministro Aguerre, específicamente, la información sobre: cuántas solicitudes de excepción a la Ley 18.092 se han presentado, discriminadas por año; cuántas autorizaciones se terminó otorgando a esas solicitudes, con copia de todas las resoluciones; cuántas solicitudes fueron negadas, también con copia de todas las resoluciones. Con respecto a las autorizaciones conferidas, REDES – AT también pedirá que se le informe cuál es la totalidad de superficie que abarcaron esos permisos, discriminada por departamento y tipo de emprendimiento.

La norma que prohíbe la compra de tierras a sociedades anónimas con acciones al portador tiene como fundamento político que el conocimiento de la titularidad de la tierra y de las explotaciones agropecuarias es una cuestión de interés social, por las implicancias que tiene para la economía y la cultura del país, entre otras cosas.

REDES – AT considera que la aplicación de la Ley 18.092 es fundamental en un país en el que la forestación y sojización, dominadas por el capital privado transnacional, cubrirán en 2011  alrededor de dos millones de hectáreas, en un total de 16 millones que pueden ser cultivadas. La información disponible hasta el momento indica que se firman excepciones a esa norma continuamente. REDES – AT quiere tener de primera mano los datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
Javier Palummo
908 27 30 – 099 680 657
palummo@gmail.com

Organizaciones sociales del departamento de Canelones, constituidas mayoritariamente por productores familiares, han manifestado su preocupación por el avance de emprendimientos agrícolas extensivos que aplican paquetes tecnológicos que ponen en riesgo la salud de la población y son agresivas para el medio ambiente, en particular estas aplicaciones tecnológicas incorporan el uso de semillas transgénicas.

Ante esta preocupación, el Intendente Marcos Carámbula creó en 2008 una Comisión para el estudio del uso del suelo rural en el departamento de Canelones. Luego de un año y medio de trabajo, esta Comisión recomendó tomar medidas cautelares, impidiendo el uso de cultivares transgénicos al sur de la Ruta 11 entre los ríos Santa Lucía y de la Plata. La recomendación propone aplicar esta medida por un plazo de ocho meses, período en el cual definir las restricciones a aplicar respecto del uso de esta tecnología y la zona en que se aplicarán dichas restricciones.

Organizaciones que no participaron en la Comisión mencionada, manifestaron al Intendente su desacuerdo con esta recomendación. En respuesta a esto el Intendente, en resolución del 19 de agosto pasado, reconoce el trabajo de la Comisión para el estudio del uso del suelo rural pero le recomienda “establecer un programa que permita recibir en un tiempo razonable, los aportes de las Instituciones involucradas que han manifestado su interés en participar y de todos los vecinos de Canelones interesados en el tema”.

La Red de Agroecología, articulación que vincula a organizaciones de productores familiares, técnicos y consumidores que promueven el desarrollo de la Agroecología en el país, solicita al Intendente de Canelones, Marcos Carámbula, que cumpla “de inmediato” con la recomendación aprobada por la Comisión para el estudio del uso del suelo rural en ese departamento. Dilatar la toma de decisiones en ese sentido implica permitir el desarrollo de los cultivos transgénicos en el departamento dado que estamos en el comienzo de la zafra de siembra de soja y maíz (los únicos cultivos para los que existen eventos transgénicos comercialmente disponibles en el país). La toma de medidas cautelares no implica no abrir el espectro del debate, pero no tomarlas implica desconocer el trabajo que durante 18 meses realizó esta Comisión con el aporte de representantes de organizaciones de productores que dedicaron mucho tiempo a esta tarea.

Durante ese período las organizaciones que hoy discrepan con la recomendación de esta Comisión no se acercaron para plantear sus puntos de vista. Ante la inminencia de una resolución se reúnen con el Intendente por fuera del ámbito creado para debatir este tema y logran dilatar una toma de decisión que redundará en que se sigan expandiendo los emprendimientos agrícolas extensivos en el Departamento con los mencionados perjuicios para la población y el medio ambiente.

La Regional Sur de la Red de Agroecología, reunida el viernes 10 setiembre en el local de la Sociedad de Fomento Rural de San Jacinto, decidió emitir la Declaración que se adjunta para que la Comuna Canaria actúe en consecuencia y cumpla con la recomendación de la Comisión.

Promueve además un debate que involucre a organizaciones del departamento, centrado en la necesidad de declarar a Canelones libre de cultivos transgénicos. En su Declaración, la Red de Agroecología, respalda la resolución tomada por el Municipio de Atlántida en rechazo a los cultivos transgénicos e invita a otros Municipios de Canelones a obrar en el mismo sentido.

Las organizaciones de la Regional Sur de la Red de Agroecología recogerán firmas en adhesión a su declaración con el propósito de entregarlas al Intendente Marcos Carámbula el próximo 4 de octubre, cuando se celebra el Día de la huerta y de los animales, y por ese motivo convoca a todas las organizaciones de la sociedad civil para que se sumen a la iniciativa durante estas semanas.

Por más información:

Red de Agroecología del Uruguay – Regional Sur

Federico Bizzozero

2924 18 06 – 099 108 610

fbizzozero@gmail.com

Pablo Galeano

2908 27 30 – 098 579 350

pablogaleano71@hotmail.com

Si lo desea acceda aquí a la declaración lanzada el 10 de setiembre por la Regional Sur de la Red de Agroecología.

Una vez más, este 21 de septiembre organizaciones sociales y ambientales, junto a comunidades locales, reiteran en todo el mundo su rechazo al avance de los monocultivos de árboles, que cual ejército invasor avanzan sobre los territorios de los países del Sur.

Este ejército marcha en todo el mundo y los territorios de numerosos pueblos de África, Asia y América Latina están siendo invadidos y apropiados por grandes empresas –nacionales y extranjeras–, para destinarlos a la plantación de monocultivos de árboles a gran escala. El objetivo es producir materia prima abundante y barata para varias industrias (celulosa, madera, energía, caucho), así como para la instalación de “sumideros” negociables en el mercado de carbono.

En Uruguay somos testigos de cómo en los últimos años, latifundios forestales de empresas extranjeras han ocupado enormes áreas de tierra. Esto ha implicado la expulsión del campo de numerosas familias rurales, el acorralamiento de otras, pérdidas sociales, ambientales, culturales y paisajísticas.

El modelo masificado de plantaciones de árboles ha ido cercando a pueblos y ciudades: Tranqueras en Rivera, Greco en Río Negro, Cerro Alegre y Pence en Soriano, Piedras Coloradas, Pandule, Pueblo Gallinal y Cerro Chato en Paysandú, por nombrar algunos. Caminos y rutas de acceso y salida, también bordeados de masas forestales, ponen a estas poblaciones en una situación de enorme riesgo en caso de incendios forestales.

Pero no sólo los pueblos han sido cercados por el avance forestador. En el departamento de Treinta y Tres, la Quebrada de los Cuervos, un área protegida, está siendo rodeada por empresas forestales extranjeras que a ritmo vertiginoso han ido comprando campos para plantar eucaliptos y pinos, utilizando especies que son invasoras en esa región del país.

El problema del latifundio siempre fue grave en el Uruguay ganadero. El problema del latifundio se ha agravado con el Uruguay forestal. Tres empresas transnacionales: Weyerhaeuser (Estados Unidos), Forestal Oriental (Finlandia) y Montes del Plata (Finlandia-Suecia-Chile), poseen más de 600.000 hectáreas de campos en nuestro país (la misma superficie que el departamento de Colonia, u 11 veces la superficie del departamento de Montevideo).

Por esa razón y con motivo del Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, nos unimos al llamado internacional a redoblar esfuerzos para apoyar la lucha de quienes hoy resisten contra la invasión de sus territorios por parte de empresas plantadoras. Y reiteramos a nuestros gobernantes la imperiosa necesidad de evaluar los costos sociales y ambientales que nos está dejando este modelo de producción en manos del capital extranjero.

¿Por qué esta fecha?

En el año 2004, a partir de una iniciativa de la “Red contra el Desierto Verde” de Brasil –que tiene una larga historia de resistencia a las plantaciones forestales–, se escogió el 21 de septiembre como una fecha significativa para conmemorar a nivel internacional la lucha contra los monocultivos de árboles. Otros y otras la siguieron y la fecha fue adoptada inmediatamente por numerosas comunidades y organizaciones que resisten a las plantaciones en sus propios países e internacionalmente. Desde entonces, son cada vez más quienes se suman realizando distintas actividades en esta fecha y ayudando así a crear conciencia sobre los impactos sociales y ambientales de las plantaciones.

En Uruguay, junto a otras organizaciones, el Grupo Guayubira (que REDES – Amigos de la Tierra Uruguay integra) se sumará una vez más a la jornada mundial de resistencia a las plantaciones.

Por más información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
María Selva Ortiz
2 908 27 30 – 099 259 822
agua@redes.org.uy

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) celebra este gran logro y el fiel cumplimiento del artículo 47 de la Constitución nacional en el compromiso asumido desde las organizaciones sociales y representantes del gobierno en 2009, en el marco de un trabajo conjunto que lleva varios años.

Cientos de movimientos sociales alrededor del mundo celebran la aprobación el 28 de julio, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la resolución que declara el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano.

La iniciativa aprobada en la ONU, que había sido presentada oficialmente por Bolivia con el auspicio de más de 30 países, entre ellos Uruguay, declara “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.

Manifiesta además su “profunda preocupación” porque “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”. Agrega su “alarma” porque “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

Uruguay fue el primer país del mundo en declarar en su Constitución que el agua es un derecho humano fundamental, mediante la reforma del Artículo 47 con el plebiscito de octubre de 2004. Con esa enmienda se dispuso además que los servicios de agua y saneamiento del país deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales y que se debe priorizar el uso humano del agua por encima de los intereses de las corporaciones. También se estipuló la participación de la ciudadanía en la gestión y control de las fuentes de agua.

El 15 de septiembre de 2009 la Cámara de Diputados aprobó la Ley Reglamentaria del Artículo 47 constitucional y convirtió en políticas de Estado los principios contenidos en él. Hay que destacar el rol fundamental que las organizaciones sociales nacionales han tenido en todo este proceso.

Un mes más tarde, en el marco de la campaña mundial Octubre Azul 2009 y durante la Mesa Redonda “Política Nacional de agua, territorio y medio ambiente”, organizada por la CNDAV en la sede del PIT-CNT, el  entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Carlos Colacce, fue informado de esta iniciativa en Naciones Unidas y se comprometió a apoyarla.

Los movimientos que han luchado por el derecho humano al agua a nivel internacional tienen claro que el trabajo y la movilización ahora debe seguir, para asegurar que se respete la resolución recién votada. Es que varios países industrializados presionaron hasta último momento para que no se aprobara la nueva iniciativa, aunque a la hora de la votación se hayan abstenido para cuidar su imagen internacional. Entre esos países se destacan el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia.

La CNDAV se enorgullece de haber sido impulsora del plebiscito que garantizó el acceso al agua como un derecho humano fundamental en el país, mojón  para los movimientos sociales que alrededor del mundo han luchado para el logro recién alcanzado en Naciones Unidas.

La CNDAV reitera su compromiso asumido con la ciudadanía que apoyó la Reforma Constitucional con el  64,7 por ciento de los votos, de seguir luchando por su total cumplimiento, para que los privados no lucren con el agua en Maldonado, para que se asuma el cuidado de los Recursos Hídricos y no se permita el lucro con las aguas superficiales y subterráneas.

Tal como sucedió en 2004, el pueblo movilizado es quien garantizará que el derecho humano al agua y al saneamiento se haga efectivo…

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