El 31 de octubre de 2004, el pueblo uruguayo apoyó la Iniciativa Ciudadana de Reforma Constitucional impulsada por un grupo de organizaciones y movimientos sociales nucleados en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. En esa histórica fecha el Derecho Humano al agua quedó consagrado en la Constitución, así como el carácter público de los servicios de agua potable y saneamiento, el imperativo de la gestión sustentable de las cuencas y la participación ciudadana en todos los procesos de gestión.
Sin embargo, habiendo transcurrido 10 años de aquella histórica conquista, somos testigos de que el vertiginoso avance de los agronegocios y el potencial avance de la minería metálica y la fractura hidráulica amenazan la cantidad y calidad de nuestras aguas. Es por ello fundamental impulsar y facilitar un debate nacional comprometido sobre las implicancias del modelo extractivo minero-energético para el derecho humano al agua, tal como hemos venido haciendo en relación al avance de los agronegocios.
